Marina Velasco Espinosa y Otros.

Expediente 78/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
78/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Jordán Lázaro Pola y Otros.
  • Marina Velasco Espinosa y Otros.
  • Marina Velasco Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de queja contra el auto por el cual se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso d), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Visto, el oficio de cuenta signado por el Jefe de Oficina "B" Adscrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta Ciudad, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante el cual, envía boleta de turno con número de registro 20231581033500016, relativa a la compensación del presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la misiva y anexo de referencia para que obren como legalmente corresponda.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Sala Regional Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante el cual comparece en atención al requerimiento formulado en auto de once de enero de dos mil veintitrés, e informa que mediante auto de doce de enero de dos mil veintitrés, dio cuenta del oficio y anexos de nueve de enero de dos mil veintitrés, exhibidos por la autoridad demandada y se le requirió al aquí quejoso manifestara lo conducente respecto de dicho oficio, remitiendo copias certificadas de lo actuado. Al efecto, se tiene a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento al fallo protector otorgado a la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA... En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. Ahora, antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De la interpretación del citado normativo se advierte que los actos consentidos tácitamente, son aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del plazo que se precisa en el artículo 17, de la Ley de Amparo, que no es otra cosa que la promoción del juicio de derechos de forma extemporánea. Ahora bien, para poder establecer si el juicio de amparo es extemporáneo, debe acudirse a lo que establecen los artículos 17 y 18, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Fracción I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Fracción II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Fracción III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Fracción IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de los Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de entrada en vigor." De los preceptos recién transcritos, se advierte que el término con el que cuentan los justiciables para promover el juicio de amparo es de quince días, contado a partir de que surta sus efectos, conforme a la Ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Esto es, el término genérico para promover el juicio de amparo es de quince días, contado a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la determinación que reclama; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y c) Al en que se haya ostentado sabedor del acto en cuestión. En el caso, se aprecia que se actualiza la hipótesis señalada en el inciso b) indicado, pues la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, desde el año dos mil diecinueve, toda vez que el quejoso Jordán Lázaro Pola, bajo protesta de decir verdad así lo manifestó en el escrito de desahogo de prevención de dieciséis de enero del año en curso, en lo que interesa, se transcribe a continuación: "(...) Lo anterior, pone en evidencia que la parte quejosa manifestó desde que fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, lo que constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo establecido en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en el juicio de amparo. Cobra aplicación, la Tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 193-198 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." De igual forma, la Tesis, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, visible en la página 92, Materia Común, que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.." De lo hasta aquí relatado se arriba a la firme convicción que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el año dos mil diecinueve, data, en la que manifiesta promovió el diverso juicio de amparo 127/2019, de la estadística de este órgano de control constitucional, contra el acto consistente en: auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en el cual, no se acordó de conformidad la solicitud de cancelación de gravamen registrado el trece de noviembre de 2008, con folio real 176996, en el expediente número 1734/2018 por parte del Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (antes 1054/2008 del índice del Juzgado Quinto del Ramo Civil); resuelto el once de abril de dos mil diecinueve, determinándose negar la protección constitucional; de ahí, que los actos que ahora reclama los conoce desde que promovió la primera demanda de amparo, pues como se puede ver de ambas demandas imputa el mismo acto, sólo que lo describe diferente; y siendo así, la presentación de la demanda resulta extemporánea, pues como se dijo, la parte quejosa tenía conocimiento del acto reclamado desde el año dos mil diecinueve y ésta la presentó hasta el diez de enero de dos mil veintitrés . Por tanto, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia señalada por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento tácito del acto reclamado. Es decir, la demanda de amparo se presentó fuera del término que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues trascurrió en exceso el plazo que el citado numeral prevé. Es aplicable, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).." Asimismo, la tesis, cuyo rubro y texto señalan: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidente que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte." Ahora, en la exposición de motivos para la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.", en el apartado referente a los plazos para la promoción del juicio de amparo, el legislador sostuvo: ".El tema relativo a los plazos de promoción del juicio de amparo es de suma importancia, pues se modifican por completo los supuestos de la ley en vigor. En términos generales se busca ampliarlos, lo cual resulta paradójico con el sentir general de que es necesario lograr la más pronta tramitación y resolución de los juicios. La ampliación obedece, sin embargo, a razones mucho más complejas e instrumentales que la rápida tramitación por virtud de la disminución de los plazos. Debe sostenerse que una correcta impartición de justicia requiere de una colaboración amplia y constante entre el juzgador y las partes, debido a que son éstas las que, en principio, presentan los argumentos y fijan los hechos y puntos de derecho sobre los que aquél habrá de resolver. En ese sentido, existen argumentos de peso para considerar la ampliación de los plazos que rigen el juicio de amparo. La Comisión coincidía con las mismas preocupaciones, por ello explica que ampliar los plazos permite "otorgar el tiempo necesario que haga factible que las partes preparen con mayor cuidado y calidad la exposición de los argumentos en que basan sus pretensiones. Lo anterior logrará que la calidad de los litigios se eleve y, con ello, se facilite la función del juzgador sobre los puntos de derecho que habrá de resolver. Asimismo, la ampliación de los plazos, no sólo para la presentación de la demanda sino de aquellos establecidos para la tramitación del juicio, permitirá un cabal acceso a la justicia y que la calidad de ésta se incremente". Estas son razones contundentes que soportan la intención de ampliar los plazos. En cuanto a los plazos en lo particular, la regla general consistió en aumentarlo de quince a treinta días y se establecieron como excepciones las siguientes: de cuarenta y cinco días tratándose del amparo contra normas generales autoaplicativas; de dos años naturales cuando se trate de sentencias condenatorias en un proceso penal o de actos de privación de los derechos agrarios, y en cualquier tiempo, cuando se trate de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional y la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Además de la simple ampliación de los plazos, la innovación más relevante tiene que ver con las sentencias condenatorias en materia penal. La razón de su previsión es, ante todo, por el hecho de que en el país han cambiado las circunstancias que hacían necesaria su falta de fijación, sobre todo en lo que hace a la dificultad de obtener defensor o contar con las defensas adecuadas en el juicio de amparo. En adelante, se contará con un plazo de dos años naturales para la promoción de amparo, mismo que se estima más que suficiente para permitir una debida defensa pero, también, para lograr una adecuada definición sobre la situación de las partes sometidas a un proceso penal." En la anteriores consideraciones, se arriba a la firme convicción que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *****************, de conformidad con el numeral 113 de la Ley de Amparo. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al numeral 2° de la Ley de Amparo...

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