Marina Soto Quiñonez
Expediente 63/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/03/2022
Partes del expediente
- Marina Soto Quiñonez
Actuaciones
- Principal
Certificación. En Tijuana, Baja California, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, Aarón Abraham Rodríguez Agúndez, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, certifica: Que la audiencia constitucional está programada para el día de hoy; asimismo, que aún no comienza a transcurrir el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa, en auto de once de febrero de dos mil veintidós, para cumplir con el requerimiento efectuado a fin de que precise si la promovente también se ostentaba como quejosa por propio derecho y el acto de autoridad que reclama, toda vez que se le notificó el dieciséis de marzo de dos mil veintidós; lo que se certifica para los efectos legales correspondientes. Doy fe. Cuenta. El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún no comienza a transcurrir el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa, en auto de once de febrero de dos mil veintidós, para cumplir con el requerimiento efectuado a fin de que precise si la promovente también se ostentaba como quejosa por propio derecho y el acto de autoridad que reclama, toda vez que se le notificó el dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de febrero de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 63/2022-II. Precisión especial. A fin de salvaguardar el derecho a la reserva de información de los datos personales y sensibles del menor, así como su derecho a la intimidad, de conformidad con el artículo 8º de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores "Reglas de Beijing", en el presente juicio se hará referencia a éstas con las siglas L.K.S.Q.. Personería de la promovente. Previo a pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personería de quien promueve; por ende, con fundamento en el precepto 10 de la Ley Amparo, se reconoce a Mariana Soto Quiñones, como representante legal del menor L.K.S.Q., con base en la impresión con código QR del acta de nacimiento del mismo, firmada electrónicamente por la Directora del Registro Civil de Baja California. Documental a la que se le otorga pleno valor demostrativo en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en la que aparece como su progenitor. Admisión de la demanda. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por Mariana Soto Quiñones a favor del menor L.K.S.Q., contra actos de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; con excepción de las autoridades señaladas como "Agentes a su mando", ya que resulta ser un señalamiento muy ambiguo y no hace posible requerirlos para que rindan sus respectivos informes. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se ordena integrar por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con veinte minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto. Tercero interesado. Con independencia de lo señalado por la parte quejosa en su demanda, este juzgado se reserva reconocer a terceros interesados, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, en términos de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV constitucional y 5, fracción IV de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a las responsables sus informes justificados, que deberán rendir dentro del término de quince días, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se les reclaman; además deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir los actos que se les atribuyen; en el entendido que en el informe de mérito, deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales derivan los actos reclamados; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en los domicilios en los que se encuentren ubicadas las autoridades responsables locales en este juicio de amparo, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Asimismo, en caso de que no rindan sus informes en el plazo concedido se presumirán ciertos los actos reclamados, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se impondrá a las autoridades omisas, en la audiencia respectiva, la multa con la que se les apercibió. Autorización de remisión de constancias vía electrónica. Se autoriza a las autoridades responsables, para que, en su caso, remitan los informes requeridos al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 5jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx; tomando en consideración que el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, privilegia y exhorta al uso de las herramientas tecnológicas al alcance de las instituciones públicas, así como de los justiciables en general durante el presente periodo de contingencia; y dado que en su artículo 2, fracción XII, permite entre otros, la utilización de servicios interconectados, además de oficios generados electrónicamente o digitalizados con firma electrónica y remitidos por correo electrónico institucional. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten. Conocimiento previo. Solicítese a las autoridades responsables para que al rendir sus informes con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se les reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por la misma parte quejosa o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emanan los actos que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 176/2012 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Señalamiento de domicilio y autorizados. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su escrito de demanda; asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Bernabé Valenzuela Ereva y Ricardo Cervantes Fierro, dado que de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que sí cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de las constancias que se glosan; así como únicamente para oír y recibir notificaciones a Alan Denis García Ochoa, por no contar con dicho registro. Pruebas. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza las pruebas documentales que se anexan al escrito de demanda; sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Compulsa de documento para el incidente de suspensión. Tomando en consideración, que la solicitante de amparo, además de la documental que anexa a la demanda, presentó copia simple de ella, la que se estima son para formar parte de los cuadernos incidentales; por tanto, realícese el cotejo de la documental que acompañó y agréguese al expediente incidental respectivo, con la finalidad de que tenga valor probatorio al momento de resolver sobre la suspensión definitiva. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 19/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010). La jurisprudencia citada establece como requisito que el Juez de Distrito, de oficio, ordene la compulsa o certificación de los documentos originales presentados con la demanda de amparo, con las copias simples que se anexen a ésta, a fin de que se tomen en consideración al emitir la resolución relativa a la suspensión definitiva de los actos reclamados. Incluso prevé que respecto a las pruebas documentales aportadas en el expediente principal del juicio de amparo durante el procedimiento, también debe actuar en los términos referidos, con el propósito de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren los mismos elementos probatorios. Ahora bien, dicha actuación corresponde al secretario del Juzgado de Distrito, según los artículos 61, 64, 217 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el 2o. de la Ley de Amparo, que en general establecen que el secretario del órgano jurisdiccional es quien debe realizar la certificación correspondiente, la cual constituye una actuación fundamental e imprescindible para que el Juez de Distrito esté en aptitud legal y material de conocer si se aportaron elementos probatorios con la demanda de amparo o durante el procedimiento del juicio de garantías, con el objeto de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren las mismas pruebas documentales y al dictar la resolución atinente a la suspensión definitiva de los actos reclamados, atienda a todas las pruebas exhibidas por la quejosa, con base en lo cual emita una decisión apegada a la realidad jurídica de ese asunto." Requerimiento especial. Por otra lado, la promovente Mariana Soto Quiñones, señaló en el preámbulo de la demanda que promueve la demanda por propio derecho; sin embargo, del contenido íntegro de la misma se advierte que está encaminada a combatir actos que solo le causan molestia al menor L.K.S.Q.. En consecuencia, se requiere a la promovente para que dentro del término de tres días legalmente computado, señale si también promueve la demanda por propio derecho, y de decir así precise que acto reclama y que autoridades señala como responsables; balo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna se continuara el presente juicio de amparo por lo que hace al menor quejoso. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público adscrito.
- Incidental
Tijuana, Baja California, once de febrero de dos mil veintidós. Apertura del incidente. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha en el juicio de amparo 63/2022-II, promovido por promovida por Mariana Soto Quiñones a favor del menor L.K.S.Q., contra actos de la de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, se abre a trámite por duplicado el presente incidente de suspensión. Precisión de los actos reclamados. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados la orden de detención dictada en su contra. Efectos para los que se solicita la suspensión. La parte quejosa no expreso los efectos para los cuales solicita la suspensión provisional del acto reclamado, pero ello no impide realizar un análisis de los efectos para los cuales, en su caso, puede conceder la suspensión; por lo tanto, se procede al análisis de la medida. Sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2019200, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: La naturaleza de la violación alegada; La dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la parte quejosa con su ejecución; Los que la suspensión origine a los terceros interesados; Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la parte inconforme. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 138 y 139 de la ley de la materia, este órgano de control constitucional debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, ni quede sin materia el juicio. Efectos de la suspensión. Al considerar que se reclama la orden de detención que se haya emitido en contra de la parte quejosa por las autoridades administrativas que precisa, por las que refuta se le pretende privar de su libertad. Conforme al artículo 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y toda vez que se actualizan, en la especie, las hipótesis previstas en el artículo 139 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 138 de la propia ley, pues el aquí peticionario de amparo solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados; además de que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y de no otorgarse la misma, con la ejecución de los actos se causaría al promovente daños y perjuicios de difícil reparación. En lo relativo a la orden de detención reclamada a las autoridades administrativas responsables, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 164 y 165, ambos de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que cese la detención del quejoso; asimismo, para que en el caso de que haya sido materialmente detenido o se trata de detención urgente, la suspensión será para los efectos siguientes: 1. Si la detención del agraviado es efectuada por autoridad administrativa distinta del ministerio público o un particular, en relación con la comisión de un delito, se concede la suspensión para el efecto de que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del ministerio público competente; si la detención no obedece a la comisión de un delito; deberá ponérsele en libertad. 2. Si la detención es por parte del ministerio público en cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de detención urgente, la suspensión se concede para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según sea el caso, contado a partir de su detención ordene su libertad si procediere; o bien, lo ponga a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se emita relativa a la suspensión definitiva. Fijación de garantía. La suspensión que se concede surte sus efectos desde luego en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, garantía por la cantidad de mil quinientos pesos moneda nacional ($1,500.00 pesos), en billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a nombre del peticionario de amparo, ante y a satisfacción de este juzgado. En el entendido que si la garantía se exhibe en póliza de fianza, ésta tendrá que ser expedida bajo el sometimiento expreso de la compañía respectiva a la jurisdicción de este tribunal federal, para el caso de que la garantía que ahí se establezca se hiciera efectiva, y además, por tiempo indeterminado, para los efectos a que se refiere el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables y podrán ejecutar los actos reclamados. Cantidad que se fija de manera discrecional, ya que hasta el momento no existen bases para considerar los requisitos que precisa el artículo 168 de la Ley de Amparo, como la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute al agraviado, situación económica precisa y la posibilidad de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.7o.P.393, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, de conformidad con el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe exigir del quejoso que exhiba una garantía, cuyo monto se fija tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, la situación económica del mismo y la posibilidad de que el impetrante se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, tratándose de la suspensión provisional, en la mayoría de los casos el juzgador carece de los elementos suficientes que le permitan constatar esas circunstancias; no obstante, en este caso, ante el inminente peligro de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, al otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, lo procedente es cuantificar la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, ya que con base en los informes previos podrá modificarse su monto para que surta efectos la suspensión definitiva, pues es hasta ese momento que se cuenta con los elementos suficientes para tal efecto, y tiene de facto plena aplicación el precepto 124 bis." Concepto. Con la precisión de que si la parte quejosa opta por exhibir la garantía señalada a través de billete de depósito, éste deberá contener en el rubro de concepto la siguiente leyenda: "garantía fijada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 63/2022-II, para garantizar la suspensión provisional concedida". Asimismo, el importe que ampare deberá ser exacto. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 162 y 168, de la Ley de Amparo, así como el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se indica al quejosa que deberá comparecer ante la autoridad responsable ordenadora dentro de los tres días siguientes al que tenga conocimiento de la existencia de la orden de detención reclamada, para la continuación del procedimiento penal respectivo. En el entendido que dicho plazo iniciará a partir de que se tenga la certeza en autos de dicha circunstancia y sea notificada para tal efecto; asimismo, deberá comparecer ante la autoridad que haya emitido el acto reclamado, así como ante este órgano de control constitucional cuantas veces le sea exigido; con el apercibimiento que de no hacerlo se revocará la medida otorgada. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 149/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." Supuestos en que dejará de surtir efecto la suspensión provisional concedida. Asimismo, la suspensión que se concede no producirá el efecto apuntado, de concurrir alguno de los siguientes casos: a) Si se pretende privar de la libertad a la parte quejosa en cumplimiento de una orden de privación de libertad librada en su contra por autoridad distinta a las señaladas como responsables; b) Si se le sorprende en la comisión flagrante de delito; y, c) Si deja de cumplir con las medidas de aseguramiento que le fueron impuestas. Audiencia incidental. Se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Informe previo. Pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; enviándoles para ello copia simple de la demanda de amparo; asimismo, deberán precisar si son ciertos o no los actos reclamados, la naturaleza del juicio, las partes en el mismo, el estado procesal que guarda, informar si ya se dictó sentencia; así como expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y demás datos que tengan a su alcance que permitan a este juzgado federal establecer el monto de la garantía correspondiente. Haciéndoles saber que la falta de la rendición de su informe hará presumir de ciertos los actos reclamados, de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, y se impondrá en su contra, a excepción del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, una multa de cien días, con apoyo en lo dispuesto en los preceptos 238 y 260 fracción I, de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Autorización de remisión de informe vía electrónica. Se autoriza a las autoridades responsables, para que, en su caso, remitan el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 5jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx; tomando en consideración que los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, presentan un esquema de trabajo que exhorta al uso de las herramientas tecnológicas al alcance de las instituciones públicas, así como de los justiciables para eficientar la labor jurisdiccional, permitiendo entre otros, la utilización de servicios interconectados, además de oficios electrónicamente o digitalizados con firma electrónica y remitidos por correo electrónico institucional, sin perjuicio de que opten por realizarlo mediante oficio que envíen físicamente a este juzgado. Señalamiento de domicilio y autorizados. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su escrito de demanda; asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Bernabé Valenzuela Ereva y Ricardo Cervantes Fierro, dado que de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que sí cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de las constancias que se glosan; así como únicamente para oír y recibir notificaciones a Alan Denis García Ochoa, por no contar con dicho registro. Pruebas. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su intención la documental que acompaña a su escrito de demanda, sin perjuicio de ser tomada en consideración en su momento procesal oportuno. En cumplimiento al proveído de la propia data emitido en el cuaderno principal del cual deriva este incidente, hágase el cotejo de la documental que acompañó a su demanda. Expedición de copias. Además como lo solicita, expídase una copia certificada del presente proveído, lo anterior de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, recabándose la razón que por su recibo se deje en autos para constancia. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, en caso de presentarse físicamente. Notifíquese.
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