Marina Soledad Gonzalez Villa
Expediente 1749/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1749/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Marina Soledad Gonzalez Villa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. ...Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta testimonio de la ejecutoria pronunciada en los autos del recurso de revisión en materia civil ***********; asimismo, devuelve los autos originales del juicio de amparo ****************. Acúsese de recibido. En virtud de lo anterior, glósese a los presentes autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. Ahora, y toda vez que el órgano revisor confirmó la sentencia recurrida que sobreseyó el presente juicio, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. ...Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Finalmente, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, por medio del cual informa que el recurso de revisión interpuesto por la aquí quejosa Marina Soledad González Villa, por propio derecho, en contra de la sentencia definitiva engrosada el treinta de mayo del año en curso, quedó registrado bajo el número 298/2022 de su índice. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de junio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa ********************, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el presente juicio. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 80 y 88 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que se hace valer, glósese a los presentes autos copia del escrito de agravios. Distribúyanse entre las partes copia del escrito de expresión de agravios y una vez que se encuentre integrado el presente juicio de amparo, remítase junto con el original y copia del mencionado escrito a la Superioridad, para la substanciación del citado recurso. Se instruye a la actuaria que corresponda, que al notificar a las partes y correr traslado, se haga constar que se anexa el escrito de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, una vez que se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de treinta de mayo de dos mil veintidós, el cual dice: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1749/2021; y R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, y turnado a este Juzgado de Distrito el treinta de diciembre siguiente, *************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos reclamados siguientes: III.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: a) COMO ORDENADORA señalo al C. JUEZ PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. b) COMO EJECUTORA al C. Actuario adscrito al JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. IV.- ACTO RECLAMADO (del cual me enteré con fecha reciente del 16 de diciembre del 2021): Reclamo de la ordenadora C. Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, la ilegal orden de embargo con el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras dentro del expediente de origen número 66/2021-2. De la autoridad ejecutora C. Actuario adscrito al Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, se reclama el cumplimiento y ejecución de la citada orden de embargo con el uso de la fuera pública y rompimiento de cerraduras dentro del expediente de origen número 66/2021-2; autoridad que está ejecutando el acto reclamado". Acto que estimó violatorio, entre otros, de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión y trámite del juicio. Por auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito admitió la demanda, reconoció el carácter de tercero interesado a ************ y ordenó su emplazamiento a juicio, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y fijó día y hora para la audiencia constitucional. Cabe mencionar que, en ese mismo auto, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que ninguno haya hecho manifestación al respecto. Una vez tramitado el juicio en todas sus etapas, se celebró la audiencia constitucional el veintinueve de abril de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado emana de una autoridad en materia civil, el cual puede tener ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que los actos reclamados consisten en: El tercero interesado fue emplazado personalmente el seis de enero de dos mil veintidós, conforme al artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y compareció a juicio mediante escrito de once de enero siguiente. Autoridades responsables Acto reclamado 1. Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos. 2. Actuaria adscrita al Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos. La orden de requerimiento de pago y embargo de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ejecutivo mercantil ************, promovido por ************* en su carácter de endosataria en procuración de *************, contra Irma Castrejón Domínguez; así como los actos tendientes a su ejecución. Esto, al ostentarse la quejosa como tercera extraña auténtica al juicio mercantil de origen, por no haber sido parte, toda vez que aduce tener la posesión del inmueble en el cual se llevará a cabo la orden de embargo, derivado de un contrato de arrendamiento que celebró con la demandada en dicho juicio, sobre la planta alta del bien inmueble ubicado en la **************. III. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Actuaria y Jueza, adscritas al Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, pues a pesar de que lo negaron al rendir sus informes justificados, dicha negativa se desvirtúa con las copias certificadas de los autos que integran el juicio ejecutivo mercantil **************, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en razón de que dichas documentales fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. En efecto, de las constancias que integran el juicio de origen, se aprecian la diligencia de requerimiento de pago de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, así como el auto de dos de diciembre de ese mismo año, en los cuales se aprecia, por una parte, que la actuaria responsable se constituyó en el domicilio que aduce la quejosa tiene en arrendamiento a requerir el pago de la cantidad condenada en el juicio de origen y, por otra parte, que derivado de la negativa de la parte demandada a pagar la cantidad requerida, la jueza responsable ordenó el rompimiento de cerraduras y embargo con ayuda de la fuerza pública, en el domicilio de la parte demandada, el cual es coincidente con el que dice la quejosa tiene en arrendamiento; aseveraciones y pruebas que se estiman suficientes para acreditar su existencia. IV. Improcedencia del juicio de amparo. El análisis de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, esta juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, correlacionado con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, referente a la falta de interés jurídico -que es el que interesa en el caso y no el interés legítimo, dado que el acto reclamado no fue impugnado por la especial situación del gobernado frente al orden jurídico-, que exige que, tratándose de actos dictados en procedimientos judiciales, el quejoso deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; y se actualiza esa falta de interés jurídico porque, aunque la quejosa se ostenta como tercera extraña auténtica a juicio -por considerar que se le está afectando sin estar relacionada con el mismo-, no acreditó tener el carácter con el que se ostenta. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legitimas del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 50 de la presente Ley, y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, ya sea en su persona, patrimonio o derechos, y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. De lo anterior, se desprende que, para la procedencia de la acción constitucional, se requiere como presupuesto indispensable que se acredite la afectación de los derechos que se invocan, ya sean patrimoniales o de cualquier otra especie. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se advierte que la quejosa se ostenta como tercera extraña al juicio ejecutivo mercantil *************, del índice del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, promovido por **************, en su carácter de endosataria en procuración de ************, en el cual se ordenó el rompimiento de cerraduras y embargo con ayuda de la fuerza pública, en el domicilio de la parte demandada, ubicado en la calle *************. Inmueble que la quejosa dice poseer, derivado del contrato de arrendamiento celebrado entre ella y la demandada *************. Ahora, tal y como lo sostiene la parte quejosa, es tercera extraña al procedimiento del que emana el acto reclamado, ya que no fue llamada a juicio; por tanto, le corresponde acreditar en forma fehaciente su interés jurídico, es decir, acreditar plenamente el requisito procesal que la legitime para promover el juicio de amparo. Para tal efecto, es menester precisar que la quejosa únicamente ofreció como prueba el original del contrato de arrendamiento celebrado entre ************ y ************** Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida en la Séptima Época, por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 72, Séptima Parte, Materia Común, página 55, registro 245886, de rubro siguiente: INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. ************* -aquí quejosa-, respecto de la planta alta del inmueble ubicado en la calle *************. Ahora, en relación con el acreditamiento de la posesión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que, para que la posesión sea objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando la parte quejosa se ostente como tercero extraño a juicio, debe acreditar su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones relativas. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P.J/. 1/2002, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 5, de rubro siguiente: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. Luego, para que sea procedente el juicio de amparo en dichos casos, constituye requisito indispensable que quien se dice agraviado con el acto de desposeimiento acredite de manera fehaciente lo siguiente: 1. El título justo del cual deriva la tenencia física, esto es, la causa legal que la generó y, 2. Que efectivamente detenta el inmueble respectivo. En ese sentido, conviene establecer que, no obstante que la quejosa ofreció pruebas para acreditar su interés en el juicio de amparo, éstas resultan insuficientes toda vez que el contrato de arrendamiento que anexa no es de fecha cierta, por lo que no tiene valor probatorio suficiente para acreditar su interés jurídico. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, tratándose de documentos privados en los que se genere un derecho a poseer, para tener eficacia probatoria, requieren contar con fecha cierta, cuya razón toral radica en dar legalidad y certeza jurídica a esas operaciones contractuales, evitando así que el juicio de amparo se use con fines desleales, dado que si no se satisface el requisito de certeza, haría imposible determinar si el acto en el cual el quejoso funda sus pretensiones, es anterior o posterior a la afectación del bien litigioso; razonamientos que obran en la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, de rubro y texto siguientes: ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito. En este sentido, la propia Primera Sala del Máximo Tribunal del País, señaló que para que un documento privado produzca eficacia probatoria contra terceros, es necesario que éste sea de fecha cierta, la cual se obtiene cuando el documento se presenta 5 Criterio identificable bajo los datos de localización siguientes: Novena Época, Registro: 169963, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia(s): Civil, Página: 11. ante el registro público, ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. De tal suerte que la parte quejosa que se ostente como tercera extraña al juicio natural está obligada a demostrar que cuenta con un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer el inmueble que defiende. Luego, tenemos entonces que, al ofrecer la quejosa únicamente el original del contrato privado por el que arrendó la planta superior del bien inmueble sobre el que se va a ejecutar el embargo ordenado en el juicio de origen, ese documento carece de fecha cierta anterior al acto que se reclama, en razón de que no ha sido presentado ante algún funcionario que goce de fe pública o reúna alguna de las otras características que den certeza de la fecha en que fue signado el referido contrato. Por tanto, al carecer de fecha cierta la documental enunciada, esta juzgadora considera que no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico de la quejosa y, por ende, proceder con el estudio del fondo del asunto. Apoya al anterior criterio la tesis jurisprudencial 237, emitida por la ya extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, acorde al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo; R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *************, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo.
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