Marina Rocío González Palomares

Expediente 176/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
176/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
21/05/2018

Partes del expediente

  • Marina Rocío González Palomares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    "...Vista la certificación que antecede en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso revisión, contra el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio y carece de relevancia documental. Como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos. Finalmente, devuélvanse al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa Sexta de Tramite, con sede en Tlalnepantla, Estado de México, el anexo que remitió como complemento a su informe con justificación, consistentes en un tomo certificado..."

  2. Principal

    "...Agréguese el escrito de la parte quejosa, así como una copia de éste, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, con excepción de las que tengan el carácter de confidencial o reservada para dicha parte, expídanse las copias solicitadas, previa razón de recibo..."

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de autos, se advierte de la demanda promovida por..., que el acto reclamado lo es la omisión de acordar la promoción presentada ante el Agente del Ministerio Público de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, adscrito al Tercer Turno. Con lo anterior, se colige que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, en concordancia con el 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicables en el caso concreto. Los citados preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo. 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (...) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Del artículo 20, apartado C, fracción VII, se desprende que se deberán impugnar ante autoridad judicial, entre otras, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; mientras que de la interpretación sistemática de los diversos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprecian como derechos de la víctima u ofendido, entre otros, impugnar ante el juez de control las omisiones del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal; ello dentro de un plazo de diez días. Luego entonces la víctima u ofendido, deberá impugnar, entre otras, las omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos ante el Juez facultado para tal efecto dentro del sistema acusatorio, en razón que fue intención del Constituyente Permanente, que el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su contra procederá el juicio de amparo, de conformidad con el actual artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional. Sustenta la anterior afirmación, por analogía el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 118/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, registro 162669, página 17, de la voz y contenido: "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). .." De ahí que en el nuevo proceso penal acusatorio, deba estarse a lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional, el cual constituye una prerrogativa que se otorga al pasivo del delito, la cual no es opcional, ya que se le reconoce a nivel de la Carta Magna como un derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la fase procesal correspondiente e interponer los recursos que establezca la ley, como así se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas se dijo: "El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras. En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad. Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley. Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses. Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución." Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no sólo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Lo anterior, sin soslayar que se habla de la víctima o del ofendido, sin embargo, se debe considerar que tales determinaciones no deben ser limitadas a dicha parte del procedimiento y debe tomarse en consideración que dichas determinaciones deben ser consideradas en general respecto a las actuaciones del Ministerio Publico que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, en este sentido se debe entender que las omisiones del Ministerio Público resultan una conducta de paralización de su función investigadora. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo. De tal manera que en el particular se debió agotar el recurso que la propia Carta Magna consigna a favor de la parte quejosa en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, que retoma el legislador secundario en relación con los numerales 109, fracción XXI, y 258 del código nacional en comento. Entonces, es de concluirse que para que el amparo biinstancial resulte procedente, es indispensable que previo a su promoción, el Juez de Control correspondiente, haya decidido en definitiva sobre las omisiones del agente del Ministerio Público, en la investigación de delitos lo que es así, porque será el pronunciamiento del Juez de Control, la resolución respecto de la cual procederá el juicio de amparo indirecto. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima a la parte quejosa de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Resulta aplicable, el criterio sustentado en la tesis XVIII.1o.P.A.2P(10ª.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2017, Materias Común, Penal, registro 2014279, página 2141, que establece: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO..." Resolución que es acorde al criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, al resolver el recurso de queja 15/2017, derivado del juicio de amparo indirecto 9/2017, del índice de este juzgado. De lo que se sigue que se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, en concordancia con el 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXIII del mismo; lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías 176/2018-I-B, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. .." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las doce horas con cuarenta minutos del siete de mayo de dos mil dieciocho. Finalmente, glósese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual pretende ampliar la demanda de amparo, señalando como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Seis de Trámite del Sistema Acusatorio, Adversarial y Oral con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y como acto reclamado, la omisión de practicar diversas diligencias de investigación tendientes a acreditar la existencia del hecho delictuoso denunciado, así como la determinación de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en la que se decreta el archivo temporal de la carpeta de investigación 344650620136716, sin que se realice mayor pronunciamiento al respecto en virtud a lo acordado en el párrafo precedente, aunado a que los actos reclamados que refiere en su ampliación de demanda, constituyen actos autónomos y desvinculados del inicialmente planteado en esta instancia, relativo a la respuesta otorgada al escrito presentado por la quejosa. Lo anterior es así, toda vez que la omisión y la determinación que constituyen los actos reclamados en la ampliación de demanda -omisión de practicar diversas diligencias de investigación tendentes a acreditar la existencia del hecho delictuoso denunciado, así como la determinación de veintiocho de octubre de dos mil diecisiete, en la cual se decretó el archivo temporal de la carpeta de investigación 344650620136716- como se ha dicho, son actos autónomos y desvinculados del inicialmente planteado en esta instancia, relativo a la respuesta otorgada al escrito presentado por la quejosa, por lo tanto dichos actos carecen de una relación estrecha y, por ende, no se actualiza el supuesto de la fracción II del artículo 111 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    "...Agréguese el oficio signado por la autoridad que lo suscribe, por medio del cual, en atención a lo requerido en auto de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, informa bajo protesta de decir verdad, que sí recibió el escrito presentado por la parte quejosa, y manifiesta la imposibilidad que tiene de remitir las constancias correspondientes. De lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes..."

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