Marina Rico Ruíz

Expediente 1301/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1301/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Marina Rico Ruíz

Actuaciones

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.

  2. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación,1 dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  3. Principal

    ...SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida, según, por Marina Rico Ruíz, contra actos de la Dirección General de Consumo y Comercio de Abasto de León, Guanajuato; y otra autoridad. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, debe examinarse la demanda en su integridad a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que en su caso impida su admisión y conlleve al desechamiento; lo que en el caso sucede: Al respecto se materializa la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6° de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, distinto a los que se mencionan en las veintidós fracciones que le preceden. En efecto, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el llamado principio de instancia de parte agraviada, y es esa disposición rectora del juicio de amparo que se traduce en el normativo transcrito en líneas anteriores, que establece que el juicio de amparo debe seguirse siempre a iniciativa o instancia de la parte agraviada por el acto de autoridad. De igual forma, el artículo 6 de la ley de la materia dispone que la acción constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame; es decir, que resienta un perjuicio, daño o menoscabo sobre él o sobre su patrimonio, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. En el caso, el escrito inicial de demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León y fue remitida a este órgano jurisdiccional sin firma autógrafa, únicamente en copia simple. Como se precisó, el juicio de amparo procede bajo el principio de instancia de parte agraviada, es decir, que se encuentran legitimados para promover la acción constitucional aquéllos a quienes perjudique o cause agravio el acto que se reclama, en otras palabras, se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo aquél a quien el acto de autoridad reclamado le cause una lesión a sus derechos públicos subjetivos, afectación que debe ser real, objetiva y actual que hará valer mediante escrito en el cual haga constar su inconformidad expresando su voluntad a través de la firma autógrafa que estampe en la demanda de garantías, pues constituye un requisito esencial para dar validez a un documento. Por tanto, la carencia de firma autógrafa en original en una promoción o demanda, trae como consecuencia la no apreciación de esa voluntad por parte de quien aparece como accionante, y por tal motivo, los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente... Ahora bien, en el caso en concreto, se desprende que la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, y turnada a este órgano jurisdiccional; asimismo, en el apartado de observaciones, la Oficial de Partes adscrita a este juzgado, asentó: "Recibí copia simple". Asimismo en el sello plasmado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, se hizo constar: "ostenta firma en copia simple"; por tanto, es dable afirmar que la demanda de amparo carece de firma autógrafa. De ahí que, si de la revisión del escrito de demanda, se advierte que la quejosa no estampó su firma autógrafa, ello equivale a un simple documento sin voluntad que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar acto procesal alguno tendiente a darle curso legal. En tales condiciones, se estima que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de firma autógrafa), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Por lo que, si se otorgara al promovente un término para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma autógrafa, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Sin que obste el hecho de que la demanda de amparo contenga impresa una firma en copia simple, pues la encargada de la oficialía de partes de este Juzgado, asentó: "Recibí copia simple", por tanto, no es factible presumir que la exhibió en original y con la signatura referida para conceder valor probatorio alguno... Así, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de inviabilidad prevista en el ordinal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6 del referido ordenamiento, a contrario sensu, acorde con el diverso 113 de la propia normatividad legal, se desecha de plano la demanda de amparo sin firma autógrafa de Marina Rico Ruíz. Sin que el presente asunto se ubique en alguno de los supuestos de excepción contenidos en el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual sería innecesaria la firma original u electrónica de la parte quejosa cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida...

  4. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintidós que en resumen dice: "...SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida, según, por Marina Rico Ruíz, contra actos de la Dirección General de Consumo y Comercio de Abasto de León, Guanajuato; y otra autoridad. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, debe examinarse la demanda en su integridad a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que en su caso impida su admisión y conlleve al desechamiento; lo que en el caso sucede: Al respecto se materializa la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6° de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, distinto a los que se mencionan en las veintidós fracciones que le preceden. En efecto, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el llamado principio de instancia de parte agraviada, y es esa disposición rectora del juicio de amparo que se traduce en el normativo transcrito en líneas anteriores, que establece que el juicio de amparo debe seguirse siempre a iniciativa o instancia de la parte agraviada por el acto de autoridad. De igual forma, el artículo 6 de la ley de la materia dispone que la acción constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame; es decir, que resienta un perjuicio, daño o menoscabo sobre él o sobre su patrimonio, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. En el caso, el escrito inicial de demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León y fue remitida a este órgano jurisdiccional sin firma autógrafa, únicamente en copia simple. Como se precisó, el juicio de amparo procede bajo el principio de instancia de parte agraviada, es decir, que se encuentran legitimados para promover la acción constitucional aquéllos a quienes perjudique o cause agravio el acto que se reclama, en otras palabras, se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo aquél a quien el acto de autoridad reclamado le cause una lesión a sus derechos públicos subjetivos, afectación que debe ser real, objetiva y actual que hará valer mediante escrito en el cual haga constar su inconformidad expresando su voluntad a través de la firma autógrafa que estampe en la demanda de garantías, pues constituye un requisito esencial para dar validez a un documento. Por tanto, la carencia de firma autógrafa en original en una promoción o demanda, trae como consecuencia la no apreciación de esa voluntad por parte de quien aparece como accionante, y por tal motivo, los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente... Ahora bien, en el caso en concreto, se desprende que la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, y turnada a este órgano jurisdiccional; asimismo, en el apartado de observaciones, la Oficial de Partes adscrita a este juzgado, asentó: "Recibí copia simple". Asimismo en el sello plasmado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, se hizo constar: "ostenta firma en copia simple"; por tanto, es dable afirmar que la demanda de amparo carece de firma autógrafa. De ahí que, si de la revisión del escrito de demanda, se advierte que la quejosa no estampó su firma autógrafa, ello equivale a un simple documento sin voluntad que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar acto procesal alguno tendiente a darle curso legal. En tales condiciones, se estima que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de firma autógrafa), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Por lo que, si se otorgara al promovente un término para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma autógrafa, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Sin que obste el hecho de que la demanda de amparo contenga impresa una firma en copia simple, pues la encargada de la oficialía de partes de este Juzgado, asentó: "Recibí copia simple", por tanto, no es factible presumir que la exhibió en original y con la signatura referida para conceder valor probatorio alguno... Así, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de inviabilidad prevista en el ordinal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6 del referido ordenamiento, a contrario sensu, acorde con el diverso 113 de la propia normatividad legal, se desecha de plano la demanda de amparo sin firma autógrafa de Marina Rico Ruíz. Sin que el presente asunto se ubique en alguno de los supuestos de excepción contenidos en el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual sería innecesaria la firma original u electrónica de la parte quejosa cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida..."

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