Marina Pérez Lechuga

Expediente 606/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
606/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2018

Partes del expediente

  • Marina Pérez Lechuga

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se desprende que la notificación del proveído de diecinueve de abril del año que transcurre (fojas 54 a 60), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Marina Pérez Lechuga, por conducto de su apoderada Teresa Sandoval Arciniega, fue practicada el veinticinco del mismo mes y año (foja 63), surtió sus efectos al día hábil posterior, por lo que el término que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veintisiete de abril al cuatro de mayo de esta anualidad, sin que hasta el día de hoy, se haya interpuesto recurso alguno; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los preceptos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal en comento, en su numeral 2°, se declara que el mismo ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el ordinal 214 de la propia Ley, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se desechó de plano la demanda de garantías, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el catorce de marzo de dos mil dieciocho (fojas 93 a 95), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico, manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de quince de marzo del año actual (folio 96), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintinueve de enero de dos mil dieciocho (páginas 50 a 65), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los diversos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso la cantidad de ********************por la inscripción registral del instrumento público y por inscripción de préstamo hipotecario, en relación con los diversos conceptos "FOM. EDUCACIÓN", "ASIST. SOCIAL" y "U.A.N.", al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Ante ello, a través del oficio recibido por este Juzgado Federal el catorce de marzo del año en curso (fojas 93 a 95), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó el reporte de la transferencia efectuada a la cuenta de la parte quejosa por la cantidad de ********************, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de ******************** (diecisiete mil quinientos sesenta pesos con cincuenta y seis centavos), sin embargo el amparo se concedió únicamente para que se le devolviera el numerario de ******************** (********************), que resultó de restar al primer monto citado la diversa cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos) que corresponde al cobro de la cuota fija mínima sin las contribuciones adicionales previstas en la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos de que se trata, sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete y en el mes de marzo de dos mil dieciocho, se efectúo la devolución mediante cheque a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de agosto de dos mil diecisiete a febrero de dos mil dieciocho; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de enero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero del actual año entre el índice para el mes de agosto de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil diecisiete fue de 127.513; y para el mes de enero del año actual de 131.508. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: ********************. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver ******************** (********************), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, ********************; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remante a devolver ******************** (********************), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de ******************** Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad ******************** por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico (fojas 109 a 111), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de doce de marzo de la presente anualidad (foja 112), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. En ese tenor, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el seis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 83 a 98), se determinó por un lado, sobreseer y por el otro, conceder a la quejosa Rocío Romo Mondragón, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los diversos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [.] 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $9,630.72 (nueve mil seiscientos treinta pesos 72/100 moneda nacional), por concepto de la inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública número treinta y seis mil quinientos cuarenta y ocho; que pagó el trece de octubre de dos mil diecisiete, conforme se advierte de la transferencia bancaria respectiva. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto". De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: a) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los ordinales 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal; y b) El remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, respecto de la cantidad de $9,630.72 (nueve mil seiscientos treinta pesos 72/100 moneda nacional), con motivo de la inscripción de instrumento público; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio DJC/1439/2018 de ocho de marzo de la presente anualidad, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el nueve de marzo siguiente (fojas 109 a 111), el Director General de Ingresos y el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó copia del cheque de siete de marzo de la anualidad citada, a nombre de la quejosa Rocío Romo Mondragón y del que se advierte que devolvió la cantidad de $9,613.60 (nueve mil seiscientos trece pesos 60/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $9,630.72 (nueve mil seiscientos treinta pesos 72/100 moneda nacional), menos la suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total de $9,350.72 (nueve mil trescientos cincuenta pesos 72/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $9,350.72 (nueve mil trescientos cincuenta pesos 72/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el trece de octubre de dos mil diecisiete y en el mes de marzo de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante cheque a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre del año próximo pasado a febrero de este año; sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, esto es el mes de enero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero del año actual entre el índice para el mes de septiembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil diecisiete fue de 127.912; y para el mes de enero de dos mil dieciocho de 131.508. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02811. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $9,350.72 (nueve mil trescientos cincuenta pesos 72/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $9,613.56 (nueve mil seiscientos trece pesos 56/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remanente a devolver $9,350.72 (nueve mil trescientos cincuenta pesos 72/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $262.84 (doscientos sesenta y dos pesos 84/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad de $9,630.72 (nueve mil seiscientos treinta pesos 72/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que encuentran fijadas las nueve horas con siete minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, mediante diverso proveído de seis de febrero de la presente anualidad (fojas 40 a 42), entre otras cuestiones, se reservó acordar respecto de la admisión o desechamiento de la prueba testimonial ofrecida por el promovente del amparo, hasta en tanto la totalidad de las partes quedara debidamente notificada de ese auto, circunstancia que ya aconteció; en consecuencia, se procede a proveer conforme a derecho. En ese contexto, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el dos de febrero pasado el quejoso ofreció, entre otras, la prueba testimonial a cargo de los atestes ****************, respectivamente; sin embargo, omitió señalar domicilio de los testigos o en su caso, manifestar si se encuentra en condiciones de presentarlos el día de la audiencia constitucional; por tanto, se requiere a la parte quejosa, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del en que surta efecto la notificación de este acuerdo, proporciones el domicilio de éstos, o bien, informe si se encuentra en posibilidad de presentar de manera personal a los testigos de mérito el día y hora que se fije para llevar a cabo la audiencia constitucional, ello de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia. Luego, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración.

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