Marina Pérez Cruz
Expediente 477/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/05/2019
Partes del expediente
- Marina Pérez Cruz
- Juez del Sistema Penal Acusatorio Y Oral En el Estado de Querétaro En Funciones de Juez de Control En el Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Informa que se declaró firme el auto por el que se desechó la demanda de amparo, con motivo de la incompetencia planteada por este jugado; situación de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Acusa recibo del diverso por el que se le remitieron los autos originales de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes y anexos, y comunica que a fin de estar en posibilidad de determinar lo conducente sobre la competencia de ese órgano colegiado y procedencia del asunto, requirió diversas constancias al juez responsable; situación de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por Marina Pérez Cruz, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la citada ley, al tenor del ocurso de que se trata, se tiene a la parte promovente dando cumplimiento en sus términos al requerimiento contenido en autos. DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA. De una intelección del escrito inicial de demanda, así como del escrito aclaratorio presentado el once de abril del año en curso, se revela que el acto reclamado se hace consistir en: ? La sentencia definitiva dictada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en procedimiento abreviado, relativo a la causa ***, carpeta judicial 49/208, instruida en contra de *** por la comisión del delito de violación, en agravio de la hoy quejosa ****, del índice del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro. Ahora, tomando en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, este Juzgado de Distrito procede a analizar si en la especie si es o no competente para conocer y resolver sobre la demanda de amparo. Al respecto, los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". El subrayado es agregado. De una interpretación literal, sistemática y armoniosa de los artículos transcritos se aprecia, en lo que aquí toma relevancia, que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, conocer del juicio de amparo directo. Que serán materia del amparo directo, las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Entonces, cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito o ante un Tribunal Unitario de Circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Precisado el contexto jurídico que antecede, se aprecia que la demanda de amparo se promueve contra la sentencia definitiva dictada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en procedimiento abreviado, relativo a la causa ****, carpeta judicial 49/208, instruida en contra de Margarito Pérez Pérez, por la comisión del delito de violación, en agravio de la hoy quejosa Marina Pérez Cruz, del índice del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro. Es decir, el único acto que destaca como reclamado en esta instancia constitucional, lo constituye la sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en la causa 4-02213-17, en esas condiciones, es evidente definir que se trata de una resolución de las que deciden el juicio en lo principal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se declina la competencia legal para conocer y resolver de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, por lo que mediante atento oficio, se ordena enviar el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, para lo que a bien tenga determinar. Es menester destacar, que la declaratoria de incompetencia de este Juzgado de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito que por razón de turno corresponda, no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto de la definitiva, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda y reconocimiento del carácter del compareciente del quejoso; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre tales aspectos. Solicítese al Tribunal de Alzada, informe la decisión que asuma en cuanto a la competencia que se declina, como lo prevé el artículo 47 de la Ley de Amparo. Con motivo de ello, se ordena formar cuaderno de antecedentes del expediente en que se actúa y hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En el entendido de que subsisten los autorizados en auto inicial. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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