Marina Núñez Pérez
Expediente 540/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Actuario adscrito de la Junta Especial Número Siete de Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas
- Marina Núñez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Se advierte que por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se declaró sin materia el cumplimiento al fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan interpuesto el recurso de inconformidad, por tanto, queda firme el referido auto, archívese el presente expediente como concluido, previas las anotaciones que se hagan. Notifíquese.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, del estado autos se advierte que ya transcurrió el término de tres días concedido a las partes por auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés (foja 260), para que realizaran manifestaciones respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector, sin que lo hubieren hecho; por tanto, se procede a analizar si la sentencia de amparo ha sido cumplida o no, en su totalidad. De las constancias que integran el presente expediente se advierte lo siguiente: 1.- En sentencia de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional resolvió el presente juicio de amparo 540/2022, y concedió la protección constitucional solicitada por ***, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables (fojas 182 a 188). 2.- En acuerdo de veintidós de junio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia emitida en este juicio al no haber sido recurrida por las partes, por lo que se requirió a las autoridades responsables Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y Actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, para que dieran cumplimiento al fallo protector (fojas 199 y 200). 3.- En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio 769/2023, la junta responsable remitió, entre otras constancias, copia certificada de las diligencias de notificación de once de abril del año en curso, entendidas con ***, en las que les hizo del conocimiento el contenido del proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, en el que señaló hora y fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral **** y su acumulado **** de su índice (fojas 202 a 259). 4.- En proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento informado por la responsable en acatamiento a la sentencia amparadora (foja 260). Efectos de la sentencia Los efectos de la concesión del amparo, según la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, se dictaron en los siguientes términos: "[.] Ante lo fundado del argumento analizado en el considerando anterior, procede conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, respete el derecho de acceso a la impartición de justicia violado, por lo que en cumplimiento a la presente sentencia, deberá, ordenar que de inmediato la actuaria de su adscripción realice las diligencias de notificación a los demandados ***, en el juicio laboral *** y acumulado *** para que las pruebas en dicho asunto tengan el desahogo para el que han sido programadas, lo cual deberá practicar dicha diligenciaría, en términos del numeral 750 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, la Junta responsable deberá vigilar que la actuaria de su adscripción, sin mayor dilación se constituya en los domicilios proporcionados en autos, con la finalidad de realizar las notificaciones respectivas en el juicio laboral de acuerdo a lo establecido en el precepto 750 de la Ley Federal del Trabajo, remitiendo las constancias que acrediten su actuación, o en su defecto asiente la razón de la imposibilidad legal que tenga para llevar a cabo tales diligencias. [.]" (foja 187 vuelta y 188). Sin materia el cumplimiento Atento a lo anterior, se aprecia que los efectos de la sentencia de amparo han quedado sin materia, puesto que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que con anterioridad a la fecha en que se declaró ejecutoria la sentencia de amparo, las autoridades responsables practicaron las diligencias de notificación a los demandados ***, el once de abril de dos mil veintitrés. Esto es, que con anterioridad al dictado de la sentencia constitucional, dentro del procedimiento laboral *** y su acumulado ***, se llevaron a cabo los respectivos llamados a juicio. Por lo que se estima que resulta innecesario compeler a la autoridad responsable a que dé cumplimiento al fallo protector, al haber quedado sin materia. Esto es así, pues no resultaría dable exigir a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia protectora, y llevara a cabo la práctica de las diligencias de notificación a los demandados en el juicio laboral **** y su acumulado ***, cuando dichas diligencias se hicieron con anterioridad, incluso del dictado de la sentencia de amparo. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se declara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Vista a las partes Con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que dentro del plazo de quince días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés legal convenga en relación con el pronunciamiento contenido en este propio auto, en el entendido que de no hacerlo así se tendrá por consentido el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de José Florentino González González, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En virtud de que ha transcurrido el término a las partes para interponer recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida por este juzgado de distrito, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, por tanto, se declara que ha causado ejecutoria para los efectos legales correspondientes, requiérase a las autoridades responsables Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y su Actuario, ambos con sede en esta ciudad, para que den cumplimiento al fallo protector dictado en los presentes autos, hecho que sea deberán remitir las constancias respectivas a fin de hacerlo del conocimiento de las partes. Notifíquese.
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VISTOS; los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto 540/2022, promovido por *** y ***; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE DEMANDA. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós en la Oficialía de partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, *** y ***, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Ordenadora: A.- Presidente de la Junta Especial Número 7 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad (.). B.- El C. Actuario Adscrito a esa Junta Especial Número 7 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad (.). IV.- ACTOS RECLAMADOS: De ambas autoridades se reclama: a).- La denegación de justicia consistente en la omisión de la Autoridad Responsable en notificar a los demandados, de la inspección ocular que se debería de llevar a cabo en la fuente de empleo ***, las 10:00 del 03 de agosto de 2022 y 10:00 horas del 20 de septiembre de 2022 y desahogo de pruebas, programada para los días 04 de agosto de 2022 y 21 de septiembre de 2022, emitido por la propia Junta mediante acuerdos de fechas 03 de junio y 04 de agosto de 2022, del correspondiente al Juicio Laboral deducido en el Expediente *** y acumulado ***, sin motivar y fundar la omisión de sus actos. b).- Hago del conocimiento de usted C. Juez, que la autoridad responsable, ha emitido una nueva fecha para la inspección ocular a la empresa ***, la cual será a las 11:00 del 16 de noviembre de 2022, y desahogo de pruebas, programada para el día 17 de noviembre de 2022, emitido por la propia Junta mediante acuerdo de fecha 21 de septiembre de 2022." SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 540/2022, se admitió a trámite, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, pues el acto reclamado es de naturaleza omisiva, el cual carece de ejecución material, y la demanda se presentó en esta ciudad, por tanto, este juzgado de distrito es competente para conocer sobre este asunto. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Así, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, se concluye que los quejosos *** y ***, reclaman de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y del actuario adscrito a la misma, lo siguiente: La omisión en el juicio laboral *** y su acumulado ***, de notificar a los demandados *** los acuerdos que mandan desahogar las pruebas. Apoya a lo anterior, por identidad de razones, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno del Máximo Tribunal Constitucional en el país, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y Actuaria adscrita a la misma, pues si bien, al rendir su informe justificado fueron imprecisas en negar o aceptar la existencia de la conducta que se les atribuye, lo cierto es que de sus manifestaciones, así como de las constancias que fueron exhibidas, se advierte que no acreditaron haber notificado a los demandados, en el expediente laboral *** y acumulado ***, los autos que ordenaron el desahogo de pruebas, de ahí que deba tenerse por cierto el acto reclamado. Cabe señalar que las referidas documentales, al constituir documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se constata, de oficio, que no se actualizan supuestos de improcedencia, ni las partes hicieron valer alguno, por tanto, procede analizar el fondo de la cuestión planteada. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. En principio, conviene precisar que, en el caso, quien promovió el presente juicio de amparo es la parte trabajadora en el juicio laboral *** y acumulado ***, del índice de la Junta responsable, por lo que, en términos del artículo 79, fracción V , de la Ley de Amparo, opera en su favor la suplencia en la deficiencia de la queja. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la invocan, la jurisprudencia 2a./J. 39/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATANDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA", establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones." En ese sentido, en sus conceptos de violación, los quejosos refieren que se transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales de debido proceso, legalidad, seguridad jurídica y de acceso a la impartición de justicia, contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Lo anterior es fundado, aunque suplido en su deficiencia, debido a que, en el caso, la abstención reclamada se encuentra vinculada únicamente con la dilación en la administración de justicia, cuyo derecho fundamental se encuentra tutelado por el numeral 17 de la Carta Magna; además, porque las autoridades responsables no justificaron que su actuar se apegara a los plazos de ley. Al respecto, el artículo 17 constitucional dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" Del segundo párrafo del precepto en cita se advierte que uno de los derechos ahí consagrados -el de expedita y eficaz administración de justicia-, que es considerado como el complemento del derecho fundamental consagrado en el primer párrafo, impone al Estado la creación de tribunales que se encuentren siempre expeditos para impartir justicia en los términos y plazos fijados por las leyes. Sobre el tema, resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Ahora bien, el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, establece lo siguiente: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." El artículo transcrito dispone que las notificaciones, citaciones o emplazamientos deben realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo que en resolución expresa o en la ley se disponga lo contrario. Precisado lo anterior, resulta conveniente traer a cuenta, de manera sucinta, los antecedentes más relevantes del acto reclamado. 1. Mediante escritos de seis y tres de agosto de dos mil veintiuno, *** y ***, demandaron respectivamente, por despido injustificado, a *** (fojas 41 a 48 y 54 a 62). 2. De dichas demandas conoció la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, quien las radicó respectivamente, bajo los números de expedientes *** y ***, para previo emplazamiento a los demandados, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós celebrar en los expedientes señalados (acumulados), la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (fojas 70 a 73). 3. El veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se celebró en los expedientes laborales acumulados la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que las partes, excepto la moral ***, propusieron las pruebas de su interés (fojas 84 y 85). 4. En acuerdo dictado por la junta responsable el tres de junio de dos mil veintidós, dispuso el desahogo de las pruebas propuestas, señalando fecha para ello, llegada la fecha que fijó, las pruebas no tuvieron desahogo por falta de notificación a los demandados, razón por la que en nuevo acuerdo de cuatro de agosto siguiente, la responsable dispuso nueva data para que las pruebas tuvieran lugar, pero por falta de notificación no se desahogaron. El veintiuno de septiembre del año citado, se fijó nuevo momento para que las pruebas tuvieran lugar y llegada la fecha fijada para ello, de nueva cuenta, por falta de notificación, no tuvo lugar el desahogo; ello motivó el dictado del nuevo acuerdo el diecisiete de noviembre siguiente, en el que de nueva cuenta se fijó fecha para el desahogo de las pruebas, sin que se advierta que se hubiere llevado a cabo la notificación ordenada (fojas 98 a 94, 96 a 105 y 169 a 173). Así, como se advierte de lo relacionado con antelación, las autoridades responsables han sido omisas en notificar a los demandados la fecha para el desahogo de las pruebas admitidas en el juicio laboral *** y acumulado ***, violentando, con ello, lo preceptuado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la parte quejosa, de ahí lo fundado del concepto de violación examinado. SEXTO. DECISIÓN Y EFECTOS DE LA SENTENCIA. Ante lo fundado del argumento analizado en el considerando anterior, procede conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, respete el derecho de acceso a la impartición de justicia violado, por lo que en cumplimiento a la presente sentencia, deberá, ordenar que de inmediato la actuaria de su adscripción realice las diligencias de notificación a los demandados ***, en el juicio laboral *** y acumulado *** para que las pruebas en dicho asunto tengan el desahogo para el que han sido programadas, lo cual deberá practicar dicha diligenciaría, en términos del numeral 750 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, la Junta responsable deberá vigilar que la actuaria de su adscripción, sin mayor dilación se constituya en los domicilios proporcionados en autos, con la finalidad de realizar las notificaciones respectivas en el juicio laboral de acuerdo a lo establecido en el precepto 750 de la Ley Federal del Trabajo, remitiendo las constancias que acrediten su actuación, o en su defecto asiente la razón de la imposibilidad legal que tenga para llevar a cabo tales diligencias. SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *** y ***, por el acto y autoridades especificados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto de la misma. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hasta hoy veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistida de José Florentino González González, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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