Marina Medrano Avíla

Expediente 1317/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1317/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Marina Medrano Avíla

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el licenciado M****, en su carácter de apoderado legal de la parte quejosa "****, mediante el cual amplía la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías por cuanto a los siguientes actos reclamados: "ACTO RECLAMADO: El laudo de fecha 25 de septiembre de 2020 emitido por la autoridad responsable. El cual obra de foja 83 a la 90 del expediente laboral. El auto de fecha 13 de enero de 2021 en el cual la autoridad responsable ordena el requerimiento de pago por el monto de lo condenado en el laudo. El cual obra a foja 98 del expediente laboral. La diligencia actuarial de embargo de fecha 30 de septiembre de 2021. El cual obra a foja 99 a 100 del expediente laboral. Acuerdo de fecha 07 de julio de 2022. El cual obra a foja 101 del expediente laboral. Se amplía señalando: El ilegal emplazamiento realizado por el actuario adscrito por el juzgado exhortante en el juicio laboral de origen, con residencia en la Ciudad de Santiago Papasquiaro, actuario notificador y ejecutor adscrito al juzgado de primera instancia de lo civil del cuarto distrito judicial del Estado de Durango. Diligencias de fechas 16 y 19 de febrero de 2018 que obran a fojas 05 y 12 de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable señalada hechos a mi representada *****, quien es responsable de dicho domicilio como se a (sic) acreditado en el presente juicio de amparo indirecto". Y como autoridades responsables, las ya previamente señaladas: Al actuario ******* adscrito al Juzgado Civil de Santiago Papasquiaro del cuarto distrito judicial en el estado de Durango. El actuario o actuaria adscrita a la junta local de conciliación y arbitraje en la ciudad de Durango capital, responsable de la diligencia de embargo de fecha 30 de septiembre de 2021. De lo asentado en párrafos precedentes, se advierte que el apoderado de la parte quejosa promueve ampliación del escrito inicial de demanda por el acto reclamado consistente en el dictado del laudo dentro del procedimiento laboral 1448/2017, del índice de la Junta responsable y sus consecuencias, así como por las autoridades ya señaladas. Por lo anterior, debe decirse que mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por ampliado el escrito inicial de demanda por cuanto a lo asentado en párrafos precedentes, por lo que la multicitada ampliación respecto a esos actos y autoridades que promueve en el ocurso que se provee, es improcedente, virtud a que ya fue materia de diverso proveído. Sin embargo, en fecha seis de octubre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar por cuanto al apartado relativo a los conceptos de violación (que hace valer en el escrito que se provee). En tales condiciones, se tiene por interpuesta dicha ampliación en lo que hace al referido apartado (conceptos de violación), por lo que con fundamento en el artículo 117 de la citada Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que rindan su informe con justificación en relación con la citada ampliación, anexándoles para tal efecto copia simple del escrito relativo. Apercíbaseles, con que la omisión de rendir dicho informe, generará las consecuencias que establecen los numerales 115 y 117 de la referida ley, esto es, se presumirá cierto el acto reclamado. Con el mismo fundamento, requiéraseles para que al rendir su informe con justificación, remitan a este órgano copia certificada legible de las constancias de las que deriva el acto reclamado en caso de existir; apercibidos que en caso de no hacerlo, se les impondrá, individualmente, una multa equivalente a cien días de salario mínimo (Unidad de Medida y Actualización), con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Con las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humano que ofrece, hágase relación el día y hora de la audiencia constitucional. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte tercero interesada para que esté en aptitud de manifestar lo que a su derecho convenga; córrasele traslado con el escrito de ampliación de demanda presentado por la parte quejosa, para los efectos legales correspondientes e infórmese a las partes que se señalaron las nueve horas con cincuenta y ocho minutos de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. AVISO: PARTE TERCERA INTERESADA. AUTO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 21/2021 signado por la Oficial encargada del Registro Público de la Propiedad del Municipio de Canatlán, Durango, da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, previamente a tener por cumplida la sentencia protectora de garantías, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, expresen lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente en derecho. Por último, y con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, funge como Titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, la licenciada Ruth Haggi Huerta García, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/719/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya esta determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217.de rubro y texto siguientes: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese; y personalmente a las partes.

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