Marina Libreros de Castro

Expediente 1000/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1000/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Castro Martínez, apoderado legal de Julián Javier Castro Durán
  • Marina Libreros de Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General señalado, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. ????? Finalmente, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlo dentro del término de NOVENTA DÍAS legalmente computado; apercibido que de no hacerlo, el referido documento será destruido. Notifíquese; y por lista de acuerdos a la parte quejosa.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General señalado, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. ????? Finalmente, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlo dentro del término de NOVENTA DÍAS legalmente computado; apercibido que de no hacerlo, el referido documento será destruido. Notifíquese; y por lista de acuerdos a la parte quejosa.

  3. Principal

    Vista la razón actuarial que antecede, de la que se advierte que el actuario adscrito no pudo hacer entrega del oficio 4356/2022 dirigido a la autoridad responsable, licenciado Joao Gilberto López Hernández, Titular de la Notaría Número Veintiséis, con residencia en Fortín, Veracruz, por medio del cual se le notifica la sentencia dictada en el presente asunto; en tales condiciones, en obvio de mayores dilaciones procesales, toda vez que constituye un hecho notorio que dicha autoridad cambio de domicilio, reenviase éste al correcto, esto es: - Avenida Córdoba, número cuarenta y ocho (48), fraccionamiento Fortín, Código Postal 94474 (atrás del Súper Ahorros). Cúmplase

  4. Principal

    Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 1000/2021, promovido por ********, por conducto de su apoderado, y Miguel Castro Páez, ambos como herederos del finado José Antonio Castro Páez, contra actos del licenciado Joao Gilberto López Hernández, Titular de la Notaría Número Veintiséis, con residencia en Fortín, Veracruz, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Jugados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a la Oficialía de Partes de este juzgado; Marina Libreros de Castro, quien se ostentó como albacea de la sucesión del finado *************, como apoderado legal de *********** herederos de la sucesión del finado **** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del licenciado Joao Gilberto López Hernández, Titular de la Notaría Número Veintiséis, con residencia en Fortín, Veracruz. SEGUNDO. Prevención de la demanda de amparo. Por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se previno la demanda de amparo para el efecto de que Marina Libreros de Castro, quien se ostentaba como albacea de la sucesión del finado José Antonio Castro Páez, exhibiera copia certificada del documento con el que acreditara fehacientemente que contaba con dicho carácter; y para que dicha promovente, así como Francisco Javier Castro Martínez, como apoderado legal de Julián Javier Castro Durán, y Miguel Castro Páez, como herederos del referido finado, indicaran si también señalaban como acto reclamado la falta de respuesta a sus escritos presentados el veintisiete de septiembre y veintidós de octubre de dos mil veintiuno. TERCERO. Por no presentada la demanda de amparo, admisión y trámite. El diez diciembre del año pasado, al no desahogarse en sus términos la prevención formulada, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el auto de dieciocho de noviembre, y se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto de Marina Libreros de Castro, al no acreditar fehacientemente la personalidad que ostentaba. En esa misma fecha, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto de Julián Javier Castro Durán y Miguel Castro Páez, como herederos de José Antonio Castro Páez, teniéndose como actos reclamados los siguientes: a) La omisión de remitir al Juez de Primera Instancia las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre la sucesión testamentaria a bienes del finado José Antonio Castro Páez. b) La falta de respuesta al escrito de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitaron al Notario responsable que se abstuviera de seguir conociendo del procedimiento de jurisdicción voluntaria de la sucesión testamentaria a bienes de José Antonio Castro Páez y remitiera lo actuado al Juez Especializado en Materia Familiar a efecto de que continuara con dicho procedimiento. Consecuentemente, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo, a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado, consistente en la omisión de remitir al Juez de Primera Instancia las diligencias de jurisdicción voluntaria. No es cierto el acto reclamado consistente en a) la omisión de remitir las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre la sucesión testamentaria a bienes del finado **********, así lo manifestó el Notario Número Veintiséis, con residencia en Fortín, Veracruz, al rendir su informe justificado. Para determinar la inexistencia de dicho acto, se toma en consideración que de las constancias remitidas por el Notario responsable, al rendir su informe justificado, se advierte que mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, a las nueve horas con veintidós minutos, ante la oficialía de partes del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, puso a disposición del titular de dicho órgano jurisdiccional la sucesión testamentaria a bienes del finado José Antonio Castro Páez, con motivo de la solicitud que le hicieron los aquí quejosos mediante escrito de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el sentido de que se abstuviera de seguir conociendo de dicho procedimiento sucesorio y lo remitiera al Juez Especializado para que continuara con él. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En ese entendido, si el Notario responsable puso a disposición del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, las actuaciones de la sucesión testamentaria de trato, previo a la presentación de la demanda; entonces, la omisión reclamada resulta inexistente. Por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto de que se trata en este considerando, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado, consistente en la falta de respuesta al escrito de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Es cierto el acto reclamado del licenciado Joao Gilberto López Hernández, Titular de la Notaría Número Veintiséis, con residencia en Fortín, Veracruz, consistente en b) la falta de respuesta al escrito de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, pues si bien en su informe justificado lo negó, lo cierto es que no exhibió constancia alguna de la que se advierta que, a la fecha de la presentación de la demanda, hubiera dado contestación al referido escrito; por tanto, se desvirtúa su negativa. CUARTO. Improcedencia del Juicio. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este órgano de control constitucional advierte que respecto del acto reclamado consistente en b) la falta de respuesta al escrito de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el citado artículo 61, fracción XXI, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el asunto que nos ocupa, la parte quejosa reclama la falta de respuesta a su escrito de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que solicitó al Titular de la Notaría Número Veintiséis, con residencia en Fortín, Veracruz, que se abstuviera de seguir conociendo del procedimiento de jurisdicción voluntaria de la sucesión testamentaria a bienes de José Antonio Castro Páez y remitiera lo actuado al Juez Especializado en Materia Familiar a efecto de que continuara con dicho procedimiento. Ahora, de las constancias remitidas por el Notario responsable, al rendir su informe justificado, se advierte que mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, ante la oficialía de partes del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, puso a disposición del titular de dicho órgano jurisdiccional la sucesión testamentaria a bienes del finado José Antonio Castro Páez, con motivo de la solicitud que le hizo la parte quejosa en el escrito referido. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En ese entendido, la pretensión de los quejosos, planteada en el escrito de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, cuya omisión de respuesta reclaman, en el sentido de que el Notario responsable se abstuviera de seguir conociendo de la sucesión testamentaria y la remitiera al Juez Especializado en Materia Familiar, fue colmada, pues se observa que el dieciséis de noviembre siguiente, puso a disposición ante la oficialía de partes del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, la sucesión testamentaria a bienes del finado José Antonio Castro Páez; constancias que se pusieron a vista de las partes mediante acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en este juicio de amparo. Luego, al cumplirse la pretensión que los peticionarios de amparo plantearon en el ocurso, cuya omisión de contestar reclaman, se estima que los efectos del acto reclamado desaparecieron, tal y como si se hubiera otorgado la protección constitucional a la parte quejosa. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. En lo conducente, se invoca como apoyo, la Jurisprudencia ..l." En consecuencia, y con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado en análisis, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, lo que impide analizar el fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia ... QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que el auto admisorio se hizo del conocimiento de las partes que se requería de su consentimiento para permitir el acceso a la información confidencial, esto es, la publicación de sus datos personales, con la prevención de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ***** contra los actos reclamados del Titular de la Notaría Número Veintiséis, con residencia en Fortín, Veracruz por los motivos que se exponen en los considerandos segundo y cuarto.

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