Marina Li Vera Villanueva
Expediente 730/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 23/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marina Li Vera Villanueva
- Legislatura del Estado de México
- Titular del Instituto de la Función Registral del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes no interpusieron recurso de inconformidad en contra del auto por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, dentro del término que para tal efecto establece el artículo 202 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME para todos los efectos legales a los que haya lugar. Aunado a lo anterior, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo que establece el artículo 196, párrafo cuarto, de la ley de la materia, en consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa, coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte,y en su oportunidad realícese el trámite para su depuración. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y dese de baja el asunto como totalmente concluido. Notifíquese; por lista a las partes.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que mediante proveído del veintiuno de diciembre de dos veintidós, se dio vista a las partes con el informe de cumplimiento de la autoridad responsable obligada al cumplimiento, Registrador de la Propiedad y de Comercio adscrito a la Oficina Regional de Tlalnepantla del Instituto de la Función Registral del Estado de México, para que, dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniese. Bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Sin que las partes hayan realizado alguna manifestación en ese sentido. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para tenerla por cumplida. Por sentencia con engrose del veintiocho de octubre de dos de dos mil veintidós, dictada por este juzgado, se concedió el amparo y protección para que la autoridad obligada al cumplimiento Instituto de la Función Registral del estado de México, realizara lo siguiente: a) No se aplique en el presente ni en el futuro a la quejosa Marina Li Vera Villanueva, la tarifa contenida en el artículo 95, fracciones I, inciso c) y h), rango 8, y II, rango 8, del Código Financiero del Estado de México y Municipios. b) Dicha protección constitucional, se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la agraviada, pues, la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de aplicación. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el alcance protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deban pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. En auto del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veinte de diciembre de dos mil veintidós, el Registrador de la Propiedad y de Comercio adscrito a la Oficina Regional de Tlalnepantla del Instituto de la Función Registral del Estado de México, informó que mediante oficio 222C0101040200L/1418/2022, de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, el Subdirector Jurídico y representante legal del Instituto de la Función registral, así como el Director General, le informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en razón de que inserto a dicha misiva, obra el cotejo realizado por la Dirección de Administración y Finanzas de dicho instituto, respecto del cheque que se expidió a favor de la quejosa, por la cantidad de $33.739.25 (treinta y tres mil setecientos treinta y nueve pesos 25/100 moneda nacional), quedando a disposición de la quejosa dicho numerario para su entrega y recepción en el Departamento de Tesorería del Instituto de la Función Registral del estado de México. De lo que se advierte que la citada autoridad acató puntualmente los efectos de la sentencia de amparo. Por tanto, la sentencia de amparo ha quedado cabalmente cumplida, sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en su cumplimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio del Registrador de la Propiedad y del Comercio adscrito a la oficina Regional de Tlalnepantla del Instituto de la Función Registral del Estado de México, con el cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con el oficio y anexos de que se trata, para que en el término de tres días siguientes a su legal notificación, manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo que se les concede, se resolverá sobre el cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa ********************, en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la Instituto de la Función Registral del Estado de México, debe realizar lo siguiente: No se aplique en el presente ni en el futuro a la quejosa ********************, la tarifa contenida en el artículo 95, fracciones I, inciso c) y h), rango 8, y II, rango 8, del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Dicha protección constitucional, se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la agraviada, pues, la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de aplicación. En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el alcance protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deban pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. En ese sentido, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente a su notificación, cumpla con la sentencia de amparo; apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J.54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico; además, se concedió la protección constitucional; por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de depuración. Ahora bien, en virtud de que obran documentos que se estiman de valor o interés para la parte quejosa, que exhibió como prueba dentro del juicio de amparo en que se actúa, requiérase a la oferente, para que dentro del término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca a través de quien legalmente la represente en el local que ocupa este juzgado a recoger las constancias referidas, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán depurados junto con el presente expediente. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables; y, por lista al resto de las partes.
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