Marina Jesús Rivera Gómez

Expediente 286/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 23 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
286/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, con sede en Ciudad Guadalupe Victoria, Mexicali Baja California
  • Marina Jesús Rivera Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a diez de abril de dos mil veintitrés. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró sin materia el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. Dado que obran en autos dos discos de formato versátil digital exhibidos por la autoridad responsable al rendir su informe justificado e informe sobre el cumplimiento; por tanto, hágase la devolución de los mismos, solicitándose el acuse de recibo respectivo. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  2. Incidental

    Mexicali, Baja California, a diez de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que el día de hoy se dictó proveído en que se tuvo por consentido el fallo que declaró cumplida la sentencia dictada dentro del presente juicio, y se ordenó el archivo en el juicio de principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No hay para la devolución. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior, dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva en el presente asunto, mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses, de haberse ordenado el presente archivo, conforme con el diverso artículo 20, fracción II, inciso b), del propio acuerdo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a uno de marzo de dos mil veintitrés. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra el acto reclamado a la autoridad responsable, para los efectos siguientes: ****************** Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo, en consecuencia, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector, en los términos precisados con anterioridad. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: 1. Señalar fecha y hora para la celebración de una "audiencia general", con citación de las partes. 2. En dicha audiencia debe: a) solicitar a la defensa designada que mencione el número de su cédula profesional para efectos de que conste en la videograbación respectiva; y, b) verificar que efectivamente la cédula profesional de licenciado en derecho se encuentra registrada ante el órgano jurisdiccional de su adscripción, cuestionando al auxiliar de Sala sobre el cotejo de los datos señalados en los incisos anteriores. 3. En caso de acreditarse que la defensa designada es licenciado en derecho, el juez de Control dejará subsistente la audiencia de vinculación a proceso, incluyendo la determinación de la medida cautelar, y continuará con la secuela procesal; en el entendido de que a partir de la declaratoria que al efecto pronuncie, empezará de nueva cuenta a transcurrir el término legal para la interposición del recurso de apelación o juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso, y la medida cautelar aludidos. 4. Pero si la defensa no logra acreditar la calidad de licenciado en derecho, el juzgador deberá dejar sin efectos todas las actuaciones judiciales que se realizaron sin una defensa adecuada, e iniciar el procedimiento desde la formulación de la imputación, haciendo del conocimiento de la imputada el derecho que le asiste a nombrar defensor en términos del artículo 113, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficios recibidos en este Juzgado de Distrito el dieciocho y veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la Jueza de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, informó que señaló las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia de cumplimiento de ejecutoria de amparo; misma que se llevó a cabo en la fecha y hora designadas, y en la cual la Juez responsable solicitó al licenciado ********************, defensa designada a la parte procesada, aquí quejosa, que mencionara el número de su cédula profesional para efectos de que conste en la videograbación respectiva, lo cual aconteció y asentó que lo es el número de cedula ********************; acto continúo, la responsable verificó que efectivamente la cédula profesional de licenciado en derecho se encuentra registrada ante el órgano jurisdiccional de su adscripción, cuestionando a la auxiliar de Sala sobre el cotejo de los datos señalados en los incisos anteriores, quien manifestó y mostró en pantalla que efectivamente se encuentra dada de alta en sus registros con el número ********************, con lo que estimó se dio cumplimiento a los efectos uno y dos del fallo protector. Seguida la audiencia, una vez acreditado que la defensa designada es licenciado en derecho, la Juez de Control dejó subsistente la audiencia de vinculación a proceso, incluyendo la determinación de la medida cautelar, y continuó con la secuela procesal; por lo que, hizo del conocimiento a las partes que a partir de esa fecha empezó de nueva cuenta a transcurrir el término legal para la interposición del recurso de apelación o juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso, y la medida cautelar aludidos. Lo anterior se advierte del registro audiovisual contenido en un disco óptico en formato de videograbación (DVD) relativo; formato al que se otorga valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que establece: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual manera, se invoca la jurisprudencia de la Primera Sala del Alto Tribunal, que estatuye: "Registro digital: 2004362 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703 Tipo: Jurisprudencia VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Vista con el cumplimento. Con lo anterior, por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes tercero interesada, quejosa y Ministerio Público tercero interesado para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad; lo cual se les notificó en ese orden el siete, ocho y nueve de diciembre de dos mil veintidós; quienes no vertieron manifestaciones al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable señaló fecha y hora para la celebración de una "audiencia general", con citación de las partes en la que solicitó a la defensa designada que mencionara el número de su cédula profesional para efectos de que constara en la videograbación respectiva; y, verificó que efectivamente se encuentra registrada ante el órgano jurisdiccional de su adscripción; por tanto, al acreditarse que la defensa designada es licenciado en derecho, dejó subsistente la audiencia de vinculación a proceso, incluyendo la determinación de la medida cautelar, y continuó con la secuela procesal; en el entendido de que a partir de la declaratoria que al efecto pronunció, empezó de nueva cuenta a transcurrir el término legal para la interposición del recurso de apelación o juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso, y la medida cautelar aludidos; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Sin que haya lugar, a realizar pronunciamiento sobre el punto cuatro de los efectos de la sentencia de amparo, toda vez que los mismos se refieren al supuesto en que no se encontrará registrada la cedula profesional de la defensa, hecho que no aconteció. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En Mexicali, Baja California, a las nueve horas del nueve de marzo de dos mil veintitrés, el suscrito, Luis Erik Salas Martínez, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, hago constar que en virtud de que la parte tercero interesada Antonio Chávez Álvarez, no compareció en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento citado en la razón que antecede y notifico por lista fijada en los estrados de este juzgado, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte tercero interesada el auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 286/2022, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29, ambos de la Ley de Amparo. Doy Fe.-

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