Marina Guillermina Y/O Marina Alvarez Perez
Expediente 914/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 914/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Marina Guillermina Y/O Marina Alvarez Perez
Actuaciones
- Principal
VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 914/2018; SE RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE A... SEGUNDO. EN CUMPLIMIENTO...
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por - en cuanto apoderado jurídico de la parte tercero interesada, carácter que se le reconoce en términos de artículo 11 de la Ley de Amparo, y atento a su contenido se le tiene por apersonado dentro de la presente instancia constitucional y por realizadas las diversas manifestaciones en vía de alegatos; las cuales con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, serán tomados en consideración al resolver el presente asunto; asimismo, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, la prueba documental que adjunta a su escrito, sin perjuicio de que ésta sea relacionada en la audiencia próxima. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado de la Octava Sala Civil Del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que aún no han cesado los efectos del acto reclamado, ni existen causas notorias de sobreseimiento y que de una revisión en el libro de registro de amparos de dicha sala, no se encontró un diverso juicio de amparo promovido dentro del juicio de origen.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, suscrito por ******************** apoderado jurídico de ********************y/o -, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de veinticinco de octubre del año en curso; consecuentemente, con fundamento en los artículos 5, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de garantías que se promueve contra del acto que hace consistir en: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- La sentencia de segunda instancia de fecha 17 de septiembre de 2018, dictada dentro del toca de apelación que promoví en cuanto apoderado jurídico de la parte incidentista, en contra de la sentencia interlocutoria que dictó el C. Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, dentro del incidente de pago de gastos y costas, derivado del juicio ordinario civil número 18/2015 que sobre prescripción adquisitiva de mala fe promovió ********************debido a que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable en el considerando tercero resultan inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos de la parte que representa." Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete. Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable su informe justificado, toda vez que el mismo ya obra en autos, únicamente hágase de su conocimiento el presente proveído, así como de la parte quejosa. Con el informe justificado, rendido por la autoridad señalada como responsable y con las constancias que sustentan dicho informe dése vista a las partes de conformidad con los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, para que en el término de ocho días manifieste lo que a sus intereses convenga. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En términos de lo previsto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado a: ********************albacea definitivo de la sucesión a bienes de ********************, quien puede ser localizado en el domicilio ubicado calle ******************** número ********************, Colonia ******************** de esta ciudad. En consecuencia, se comisiona al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que se constituya en el domicilio antes mencionado en diferentes días y a diferentes horarios y emplace a la parte tercero interesada corriéndole traslado con copia de la demanda y escrito aclaratorio y haga de su conocimiento la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; además, deberá requerirle para que designe domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, en el entendido que de no hacerlo, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le harán legalmente por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de acuerdo a los numerales 26, fracción III y 29 de la ley de la materia, sin perjuicio de que, si es su deseo, designe domicilio para tal efecto, durante la tramitación del presente asunto. En el entendido de que los hechos que narra el quejoso en su demanda, son bajo protesta de decir verdad, y por tanto, en el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la ley de la materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30 Fracción I, de la ley en cita, se hace saber a la autoridad señalada como responsable, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencia de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción 1, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. En términos del precepto 28, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Y, para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga".
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