Marina Griselda Romero Romero

Expediente 1836/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1836/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Marina Griselda Romero Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos una fotocopia sin certificar del escrito de agravios signado por la quejosa ********************, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 99 y 100, de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el auto de quince de noviembre del año en curso (fojas 50 a 55), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo intentada. En consecuencia, ríndase informe en relación a la materia de la queja interpuesta, teniendo como cierto el acto reclamado, y como justificativa de dicho informe remítase el escrito del recurso interpuesto y copia del mismo, así como fotocopia certificada del juicio de amparo indirecto en el que se actúa al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en Pachuca de Soto, en turno, para los fines pertinentes sobre el trámite y resolución del recurso en comento, solicitando el acuse relativo.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado de este circuito acusando recibo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada en autos, informando que se admitió y quedó radicado bajo el número ********************, de su índice. Ahora toda vez que obra un anexo por cuerda separada relativo a las copias certificadas de las constancias que obran en el procedimiento administrativo ********************, remitido por la Magistrada Presidenta del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo; en consecuencia, mediante oficio que derive del presente auto, remítase a la superioridad de referencia, el citado legajo de pruebas, para los efectos legales que haya lugar.

  3. Principal

    A las nueve horas del día de hoy se tiene por legalmente notificada a la parte QUEJOSA, del proveído de QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, toda vez que no se presentó a notificarse ante este juzgado federal, del propio proveído, como se le comunicó en AVISO de DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DEL año en curso, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo... AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DEL ACTUAL... I. Cumplimiento a la prevención. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio suscrito por la quejosa, a través del cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada en treinta de octubre de dos mil veintitrés (fojas 18 a 24); en consecuencia, déjese sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Asimismo, glósese sin mayor proveído para que obre en autos únicamente una de las fotocopias sin certificar del anexo de cuenta, lo anterior en virtud que como se advierte de la certificación secretarial dicho escrito no es una fotocopia del escrito aclaratorio ni del líbelo de garantías. II. Decisión sobre la acción de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la jueza de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte por lo menos un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En el caso, la parte quejosa reclama el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con motivo de su primer acto aplicación consistente en el oficio ********** de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en el que se proveyó que al encontrarse la quejosa en el supuesto de compatibilidad que prevé el artículo de que se trata, por contar con los beneficios de pensión por jubilación y de viudez, y que al ser sumadas dichas cantidades por pensión rebasan los diez salarios mínimos que establece el citado reglamento, por tanto se ajustaría el importe de su pensión, para que al sumarse la de viudez y jubilación no rebasara el importe establecido, lo que originó el descuento concepto cincuenta y cuatro "cobro indebido de pensión", por la cantidad de diecisiete mil ciento cuarenta y tres pesos, con dos centavos, moneda nacional. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. - - - XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: - - - I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; - - - II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;- - - III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;- - - IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Cabe recordar que la parte quejosa reclama en esta instancia el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con motivo del descuento antes citado, y que dio origen a que elevara el doce de abril de dos mil veintitrés, ante la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Hidalgo, razón por la cual se emitió el oficio ********* de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en el que se le informó que dicha situación acontecía debido a que se encontraba en el supuesto de compatibilidad que prevé el artículo de que se trata, por contar con los beneficios de pensión por jubilación y de viudez, oficio que le fue notificado desde el cinco de junio de dos mil veintitrés, como expresamente lo manifestó la quejosa. Cabe aclarar que para la procedencia de un juicio de amparo en el que se reclama la inconstitucionalidad de una norma general con motivo de su primer acto de aplicación (heteroaplicativa), debe analizarse primero, si el juicio constitucional procede contra el acto concreto de aplicación y en caso afirmativo, se estudiará la constitucionalidad de la norma y con posterioridad la del acto autoritario. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "No. Registro: 191,311 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Agosto de 2000 Tesis: 2a./J. 71/2000 Página: 235 LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En la especie, el acto concreto de aplicación consistente en el oficio ********** de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en el que se aplica el numeral tildado de inconstitucional, y se le informa que se encontraba en el supuesto de compatibilidad que prevé el artículo de que se trata, por contar con los beneficios de pensión por jubilación y de viudez, de ahí que se ajustaría su pensión para que no rebasara el límite del monto establecido. Ahora, del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, como acontece en la especie. En ese orden, se precisa que la ley de la materia prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse, a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar, que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley y no inferirse con base en indicios. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora, de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que la parte quejosa reclama el descuento realizado a su pensión, por contar con los beneficios de pensión por jubilación y de viudez, de conformidad con el numeral tildado de inconstitucional, como se proveyó en el oficio ********* de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, suscrito por la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Hidalgo, el cual le fue entregado el cinco de junio de dos mil veintitrés, como lo refirió bajo protesta de decir verdad, lo que constituye confesión expresa que hace prueba plena en su contra, conforme al dispositivo 200 de la ley del enjuiciamiento civil federal en cita, por lo que tuvo conocimiento pleno del acto que aquí reclama desde esa data, es decir, desde el cinco de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, toda vez que los actos reclamados no fueron combatidos dentro del término de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, resultando extemporánea. Lo anterior, en virtud que si la promovente tuvo conocimiento pleno del acto reclamado desde el cinco de junio de dos mil veintitrés, y la demanda de amparo se presentó hasta el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, con domicilio en Pachuca de Soto, evidentemente se hizo de forma extemporánea, pues el plazo para la presentación de su demanda transcurrió en exceso. Por tanto, el acto reclamado se considera como consentido para efectos del amparo, al no haber promovido en su contra el juicio de amparo dentro de los plazos previstos para tal efecto, lo cual de manera manifiesta e indudable torna improcedente su estudio en el presente juicio de derechos fundamentales. En ese orden de ideas, es evidente que en la especie se encuentra actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto del acto concreto de aplicación, por lo que también se actualiza dicha causa de improcedencia respecto de la norma general combatida. Por tanto, con fundamento en el diverso 113 de la invocada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. Sustenta lo anterior el precedente siguiente: "Registro digital: 245899 Instancia: Sala Auxiliar Séptima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 70, Séptima Parte, página 19 Tipo: Aislada LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO EL SOBRESEIMIENTO CONTRA EL ACTO DE APLICACION, DETERMINA EL RELATIVO A LA LEY. Cuando no se impugna la ley por ser autoaplicativa, esto es, a raíz de su sola vigencia, sino por actos concretos de aplicación, y se sobresee el juicio respecto de éstos, el sobreseimiento debe comprender también la ley, porque desaparecidos los actos de ejecución, no tiene por que examinarse la constitucionalidad de ésta." Sustenta lo anterior, por no contravenir a la Ley de Amparo vigente, el criterio de jurisprudencia, cuyos datos de publicación, rubro y texto son: "Novena Época Registro: 194725 Jurisprudencia Tomo IX, Enero de 1999 Materia(s): Común Tesis: XVII.2o. J/11 Página: 648 DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Lo anterior, sin dejar de observar que la quejosa refiere que se encuentra en aptitud de presentar la demanda de amparo indirecto en el momento que ella lo desee, sin observar los plazos que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues refiere que dicho derecho para "interponer" (sic) la demanda de amparo indirecto es imprescriptible y a efecto cita el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulado "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE". Sin embargo, la suscrita estima que no le asiste razón a la quejosa en virtud que para efectos de la promoción del juicio de amparo por cuanto al acto que reclama, el cual tiene relación con el descuento recaído a una pensión ya otorgada, la parte quejosa debió ajustarse al plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de la materia, en virtud que las reglas de imprescriptibilidad de la acción no resultan aplicables para la presentación de la demanda de amparo indirecto. Tiene aplicación el precedente siguiente: "Registro digital: 161798 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: I.7o.A.780 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 1553 Tipo: Aislada PENSIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAMA SU DISMINUCIÓN, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA RESPECTO DE LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA. Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 644, de rubro: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE.", estableció que el derecho para reclamar los incrementos y diferencias de una pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es imprescriptible, también lo es que respecto de la oportunidad de la presentación de la demanda de garantías, cuando se reclama la disminución de una pensión, debe atenderse a las reglas previstas en el artículo 21 de la Ley de Amparo."

  4. Principal

    Agréguese a los autos la promoción de cuenta, y, visto su contenido, téngase a la Magistrada Instructora de la Tercera Ponencia de la Sala Regional de Hidalgo y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acusando recibo del oficio 33733/2023, a través del cual se remitió copia de la sentencia de veintinueve de septiembre del año en curso, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, circunstancia de la cual queda enterado este Juzgado Federal.

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