Marina Díaz Alquisira
Expediente 1371/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1371/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Marina Díaz Alquisira
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que, la parte quejosa no desahogó la vista otorgada en proveído de diecinueve de mayo del año en curso, no obstante de haber sido legalmente notificada del cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado, a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que con base en los elementos existentes en el expediente, y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, se procede a analizar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior además, en observancia a la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, con número de registro digital 192174, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que literalmente reza: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Ahora bien, en la resolución dictada por este Juzgador, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en su único punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Marina Díaz Alquisira, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, realizara lo siguiente: "Desahogue las pruebas consistentes en la confesional e interrogatorio libre a cargo de Diana Aurea Recio Tellez, la testimonial a cargo de María Teresa Montes Medina y Omar Centero Martínez y la inspección a cargo de la parte demandada, ofrecidas por la parte actora; así como la confesional a cargo de la actora María Diaz Alquisira, la testimonial a cargo de María Del Pilar Muñiz Delgado, Ernesto Ereiva Zagal y Dora María Fuentes Salazar, y la inspección, ofrecidas por la parte demandada; siguiendo los lineamientos marcados por el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 01/626/2018." La cual causó ejecutoria el día diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. Previos los trámites conducentes a cumplir con la sentencia de amparo, por oficio recibido en este Órgano Jurisdiccional el once de mayo de dos mil veintidós, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, remitió copia certificada del acta de audiencia de nueve de mayo de la presente anualidad, de la que se advierte que tuvo por desahogada la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de María del Pilar Muñiz Delgado, Dora María Fuentes Salazar y Ernesto Ereiva Zagal. Asimismo, mediante diverso recibido el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable, remitió copia certificada del acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, del que se advierte que certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, por lo que otorgó un término de dos días a las partes para formular alegatos. En consecuencia, el documento mencionado tiene valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara cumplida ejecutoria de amparo Bajo esa tesitura, si la concesión de amparo fue para los efectos de que la autoridad responsable desahogara las pruebas consistentes en la confesional e interrogatorio libre a cargo de Diana Aurea Recio Tellez, la testimonial a cargo de María Teresa Montes Medina y Omar Centero Martínez y la inspección a cargo de la parte demandada, ofrecidas por la parte actora; así como la confesional a cargo de la actora María Diaz Alquisira, la testimonial a cargo de María Del Pilar Muñiz Delgado, Ernesto Ereiva Zagal y Dora María Fuentes Salazar, y la inspección, ofrecidas por la parte demandada; es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía violada, toda vez que el Presidente de la Junta Especial, certificó que no quedaban pruebas ofrecidas por las partes, pendientes por desahogar. Sin que éste órgano jurisdiccional pueda examinar la legalidad del desahogo de las pruebas, ni la actuación de la autoridad responsable en torno a la certificación de que no existen pruebas pendientes de desahogar y la consecuente vista a las partes para imponerse de dicha certificación, pues el análisis del desahogo de las pruebas no fue materia de la sentencia de amparo. En consecuencia, en las narradas condiciones, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Se ordena archivo Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de once de mayo de dos mil veintidós, remite copia certificada de lo siguiente: Acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, del que se advierte certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, por lo que otorgó un término de dos días a la partes para formular alegatos. VISTA CON CUMPLIMIENTO Por tanto, con copia del oficio y anexo en comento, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda; con el apercibimiento que de no realizarlo, este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia del oficio y anexo en comento.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de tres de mayo del presente año, remite copia certificada de lo siguiente: Acta de audiencia de nueve de mayo de dos mil veintidós, de la que se advierte que se tuvo por desahogada la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de María del Pilar Muñiz Delgado, Dora María Fuentes Salazar y Ernesto Ereiva Zagal. Asimismo, otorgó un término de tres días a la parte actora para efecto de que formule tachas respecto de los atestes en comento. En consecuencia, téngase a la autoridad responsable acreditando estar en vías de cumplimiento al fallo protector otorgado a la parte quejosa. Ahora bien, con fundamento en el numeral 192, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a Iván Hernández Flores, Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente: Informe si existe diversa prueba pendiente por desahogar dentro del juicio laboral 01/626/2018-II, ofrecida por las partes; o bien, en su caso remita el acuerdo donde certifique que no quedan pruebas pendientes por desahogar. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, esto en observancia a lo establecido por los diversos numerales 192 y 258 de la ley de la materia en vigor. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del cual, en atención al requerimiento efectuado en acuerdo de veinticinco de abril del presente año, remite copia certificada de lo siguiente: Acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, del que se advierte que, certificó que se encuentra pendiente de desahogar la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de los atestes María del Pilar Muñiz Delgado, Dora María Fuentes Salazar y Ernesto Ereiva Zagal, misma que se señaló para su desahogo las ocho horas con treinta minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós. En consecuencia, téngase a la autoridad responsable acreditando estar en vías de cumplimiento al fallo protector otorgado a la parte quejosa. Ahora bien, con fundamento en el numeral 192, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a Iván Hernández Flores, Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del nueve de mayo de dos mil veintidós, realice lo siguiente: Informe si se desahogó la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de los atestes María del Pilar Muñiz Delgado, Dora María Fuentes Salazar y Ernesto Ereiva Zagal, señalada para las ocho horas con treinta minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós; en caso de ser afirmativo, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, esto en observancia a lo establecido por los diversos numerales 192 y 258 de la ley de la materia en vigor. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. Notifíquese.
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