Marina Clementina Navarro Palacios
Expediente 439/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 27/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Marina Clementina Navarro Palacios
- Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa, previsto en los artículos 201 y 202 de la ley de Amparo, para inconformarse con la resolución de tres de agosto de dos mil veintiuno, en el que se declaró sin materia el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que se interpusiera dicha inconformidad; por tanto, con fundamento en el numeral antes invocado, queda firme el auto de referencia. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la ley de la materia, previa revisión por el Secretario encargado del trámite, de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este asunto como totalmente concluido. fe.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el sobre devuelto por parte de la Administración de Correos de México, el cual contiene el oficio 16865/2021 consignado al Oficial 01 del Registro Civil, de Ensenada, Baja California, derivado del auto de uno de julio de dos mil veintiuno; sobre en el cual obra asentado como motivo de devolución "No existe autoridad que cita". Sin que sea el caso hacer pronunciamiento al respecto, toda vez que la información y constancia requeridas mediante el citado oficio, fueron enviadas por esa autoridad mediante oficio agregado por auto de veinte de julio de dos mil veintiuno.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, trece de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio que firma la Secretaria del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 95/2021 de su índice, testimonio del cual se advierte se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se desecha por improcedente el recurso de queja interpuesto por el delegado del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones y Dirección de Pensiones y Jubilaciones, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, contra el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, pronunciado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en esta ejecutoria ." En ese tenor, acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal oficiante. Luego, bajo la supervisión de la secretaria encargada del trámite, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) Notifíquese.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, tres de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno al autorizado legal de la parte quejosa, sin que al efecto haya hecho manifestación alguna; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese auto y este juzgado procede a pronunciarse respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Antecedentes En el caso, la quejosa Marina Clementina Navarro Palacios, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en esencia en contra de la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta a la petición de pensión por jubilación formulada mediante solicitud presentada en trece de julio de dos mil quince. El catorce de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo a Marina Clementina Navarro Palacios, para efecto de que las autoridades responsables Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones y Dirección de Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, dieran respuesta por escrito en el ámbito de sus facultades, a la solicitud de pensión por jubilación formulada por la parte quejosa de manera congruente, sin que ello las obligara a resolver en determinado sentido. El once de febrero de dos mil veintiuno, el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito confirmó el fallo recurrido; ejecutoria que se agregó el tres de marzo de dos mil veintiuno. Luego, mediante oficio agregado el doce de marzo del año que transcurre, se tuvo al delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Seguidamente, por auto veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, al efectuar un análisis del contenido del citado oficio, se declaró que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida, por lo que se requirió de nueva cuenta a las autoridades responsables para que cumplieran cabalmente con la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Atendiendo a dicho requerimiento, mediante oficio agregado el veintiuno de abril de la presente anualidad, se tuvo al delegado de las autoridades pertenecientes al instituto responsable, informando que la quejosa Marina Clementina Navarro Palacios, causó baja como asegurada de dicho instituto a partir del veintidós de enero de dos mil veintiuno, por defunción. Razón por la cual, se ordenó requerir al Oficial del Registro Civil correspondiente, a efecto de que remitiera la copia certificada del acta de defunción respectiva, la cual fue allegada por el Registro Civil de Ensenada, Baja California, mediante oficio agregado el veinte de julio de dos mil veintiuno. Documental que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2º de la misma Ley, tiene valor probatorio pleno. Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, con independencia de los efectos por los cuales se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, en el caso, resulta innecesario verificar si se cumplió cabalmente con el fallo protector y, en su caso, requerir a las autoridades responsables por su acato en virtud de la muerte de la quejosa Marina Clementina Navarro Palacios. Pues, como se revela de las documentales que se integraron a los presentes autos, está demostrado inequívocamente que existe imposibilidad en el ámbito jurídico y material para que se cumpla el fallo protector respecto de la extinta quejosa Marina Clementina Navarro Palacios; en atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se Ie restituya en el goce del derecho fundamental violado. Por el aspecto señalado, no es factible que sea superada la imposibilidad para concretar el acatamiento del fallo protector, al tratarse de un derecho personal relativo al derecho de petición contemplado en el artículo 8 Constitucional, por el cual se le concedió el amparo y protección a fin de que las responsables dieran respuesta por escrito a la solicitud de pensión formulada por la quejosa Marina Clementina Navarro Palacios, de manera congruente y que dicha determinación la notificaran de inmediato; lo que constituye la materia de la ejecutoria. Resulta conveniente señalar que los lineamientos desarrollados en la presente determinación en relación con la imposibilidad expuesta para ejecutar completamente la sentencia de amparo, es en observancia a la jurisprudencia P./J 54/2014 (10ª.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De igual modo, por las razones que la conforman orienta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 34/2019 (10a.), Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, página 1086, registro 2019390, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral." Así, no obstante que el objetivo primordial de toda sentencia de amparo sea restituir a la parte quejosa en el derecho que se la vulneró y vincular a la autoridad responsable para que en cumplimiento dicte o ejecute las acciones que para tal fin se requieran, en la especie dicho mandato judicial quedó superado por la muerte de la quejosa. En las relatadas condiciones, es palmario que sobreviene causa de imposibilidad material y jurídica para verificar el acato de la sentencia de amparo dictada en este sumario y, en consecuencia, se declara sin materia el cumplimiento a la ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
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