Marina Bolaños Ocampo
Expediente 541/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 63 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 541/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 63
- Última actuación
- 07/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Marina Bolaños Ocampo
- Gobernador Constitucional del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 63.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa; en su atención, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias del cuaderno principal que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en el expediente para constancia legal. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus COVID-19, esto es, mediante cita previa, la cual deberá agendar directamente el interesado, en la fecha y hora generada en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal del Servicios en Línea, micrositios "Servicios jurisdiccionales"; además, una vez que obtenga ésta deberá hacerla saber con la anticipación oportuna a este órgano jurisdiccional a fin de que pueda realizarse la preparación necesaria, tomando en consideración el limitado personal en términos del citado acuerdo. Asimismo, se tiene por autorizado únicamente para los efectos de recoger las copias solicitadas a la persona propuesta para ello. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/4784/2021 de seis de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 541/2017-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que el Jefe de Área de lo Contencioso y Consultivo del Registro Agrario Nacional Delegación Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse del anexo I al III y el Jefe del Departamento de lo Contencioso de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, debiendo formarse el anexo IV; en esas condiciones, devuélvase a las citadas autoridades los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. En otro aspecto, tomando en consideración que mediante proveído de quince de noviembre pasado, este Juzgado Federal se reservó acordar lo conducente en relación a la solicitud de copias realizada por el autorizado de la parte quejosa a virtud de que el presente juicio se encontraba con audiencia celebrada, por lo que una vez que se dictara la sentencia respectiva se acordaría lo conducente, dado que lo anterior ya aconteció, se provee: De conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo y 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias del cuaderno principal que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Finalmente, se tiene conocimiento que las autoridades, gozarán de las vacaciones correspondientes al segundo periodo del año en curso y no será posible entregar los oficios respectivo, por tanto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción para que una vez que reanuden labores las autoridades, procedan a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del Secretario Cliserio Vargas Suárez, quien autoriza y da fe.
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Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 541/2017-III, promovido por MARINA BOLAÑOS OCAMPO, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. La quejosa MARINA BOLAÑOS OCAMPO, por demanda presentada el tres de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada ese mismo día a este juzgado federal, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 21 a 24). Por auto de doce de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por ampliada la demanda de amparo por cuanto a las autoridades responsables Director General de Caminos y Puentes de la Secretaria de Obras Públicas del Estado de Morelos y Subsecretario de Infraestructura de Obra de la Secretaria de Obras Públicas del Estado de Morelos (fojas 126 y 127) y se requirieron los informes justificados. Después de ser diferida la audiencia constitucional, dio inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde residen las autoridades señaladas como responsables y se presentó la demanda. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Presidente Municipal de Emiliano Zapata; Gobernador del Estado de Morelos; Subsecretario de Infraestructura de Obra y Director de Construcción y Mantenimiento de la red Carretera, encargado del despacho de la Dirección General de Caminos y Puentes adscritos a la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, de manera destacada es: La ocupación de tres de sus parcelas ubicadas en el paraje de Santo Domingo Chico, Ejido de Emiliano Zapata, a causa de las obras de la carretera de Emiliano Zapata a Tepetzingo, Morelos, sin que se haya hecho el procedimiento de expropiación ni pago de indemnización. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, no obstante que en sus respectivos informes hayan negado su existencia, su negativa se desvirtúa con los siguientes medios de convicción: Con la inspección judicial de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, desahogada en auxilio de este juzgado federal, por el Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos (fojas 108 a 111), de la cual se advierte que se constituyó en el paraje denominado Santo Domingo Chico, en el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, y durante el desahogo se percató de la obra de una carretera que comunica al Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, con Tepetzingo, Morelos, asimismo, por el dicho de Serafín Méndez Reyna, Director de Obras del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, quien le mostró las tres fracciones de terreno de la que la ahora quejosa a su decir se ostenta como "dueña", y de las cuales observó que colindan con la carretera que comunica el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, con Tepetzingo, Morelos, tal y como se aprecia de las impresiones fotográficas que anexó a la diligencia (fojas 108 a 111). Medio de convicción al que se le otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 212 y 217 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser realizada por un servidor dotado de fe pública, para cuyo desahogo no son necesarios conocimientos técnicos especiales, diligencia a la que acompañó impresiones fotográficas. Prueba que, admiculada con el dictamen general en la especialidad de Ingeniería Civil y Arquitectura, emitido por el perito oficial (fojas 667 a 683), en el que concluyó lo siguiente: "A) Inmueble 1.- Que a la fecha de emisión del presente dictamen, la totalidad de dicho inmueble guarda sobreposición con un camino pavimentado, mismo que se encuentra en sobreposición con la franja de derecho de vía del ferrocarril. B) Inmueble 2.- Que a la fecha de emisión del presente dictamen, una superficie parcial aproximada (979.44 m2) de dicho inmueble guarda sobreposición con un camino pavimentado, mismo que se encuentra en sobreposición con la franja de derecho de vía del ferrocarril. C).- Inmueble 3.- Que a la fecha de emisión del presente dictamen, una superficie parcial aproximada de (804.82 m2) de dicho inmueble guarda sobreposición con un camino pavimentado, mismo que se encuentra en sobreposición con la franja de derecho de vía del ferrocarril." Pericial de la que se advierte la existencia de una vía de comunicación que se superpone con los predios de los que la quejosa aduce ser poseedora y propietaria, por tanto, se le otorga valor probatorio indiciario en términos del artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haberse realizado por el perito oficial en especialidad de Ingeniería Civil y Arquitectura. Así como con la documental pública que remitió el delegado de las autoridades responsables Subsecretario de Infraestructura de Obra y el Director de Construcción y Mantenimiento de la red Carretera, encargado del despacho de la Dirección General de Caminos y Puentes adscritos a la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, consistente en el Contrato de Obra Pública sobre la obra "Boulevard de la Zona Metropolitana de Cuernavaca ubicada en varias localidades en todo el Estado de Morelos", constancias de las que se advierte el contrato de obra pública de la obra denominada "Boulevard de la Zona Metropolitana de Cuernavaca", que se ejecuta en la antigua vía del ferrocarril correspondiente a la línea férrea tramo Cuernavaca-Emiliano-Zapata, que se ubicara en diferentes localidades del Estado de Morelos, entre ellas Jiutepec y Emiliano Zapata. Documentales de las que se acredita la construcción de una obra vial sobre la antigua vía férrea en el Municipio de Emiliano Zapata, entre otros, y que según el dicho de la quejosa se superpone sobre los predios de los que es poseedora y propietaria, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Pruebas que al ser valoradas de manera conjunta crean la certeza de la existencia de los predios materia del presente juicio de amparo, y sobre los cuales existe superposición con un camino pavimentado relativo a la vialidad Boulevard de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, y con las que se acredita la existencia del acto reclamado. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo, se analizarán las causales de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables. El Presidente Municipal de Emiliano Zapata; Gobernador del Estado de Morelos; Subsecretario de Infraestructura de Obra y el Director de Construcción y Mantenimiento de la red Carretera, encargado del despacho de la Dirección General de Caminos y Puentes adscritos a la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, manifestaron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues aducen no existe una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, pues no acredita con documento idóneo la "propiedad" ni posesión de los predios materia del juicio de amparo. Es fundada la causal de improcedencia que invocan las autoridades responsables atendiendo las siguientes consideraciones jurídicas: En primer lugar se trascriben los artículos antes invocados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia..." De la porción normativa reproducida se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, es decir, cuando no se demuestre la titularidad de un derecho subjetivo público tutelado por la ley y la existencia de un agravio personal, inmediato y directo que acredite la violación a ese derecho. Asimismo, se debe atender a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que respectivamente disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De esos preceptos se infiere que la procedencia de la acción de amparo supone que el acto reclamado cause un perjuicio actual y real al quejoso o agraviado en su esfera jurídica, lo que se traduce en la necesidad de contar con la titularidad de los derechos conculcados; de manera que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere que se acredite la afectación por el acto reclamado de los derechos que se invocan, que es lo que legitima la posibilidad de acudir a la instancia constitucional. Por tanto, el criterio general al que debe atenderse para determinar la factibilidad de ocurrir al juicio de amparo, es la afectación al interés jurídico del solicitante, es decir, que el acto reclamado vulnere su esfera de derechos, lo que debe acreditarse fehacientemente en el juicio constitucional conforme a la jurisprudencia publicada en la página 148, del Tomo III, Enero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL. En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones". En interpretación del interés a que aluden los preceptos invocados, es ilustrativa la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), visible en la página 1807, del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa". De ese marco jurídico se sigue que el juicio de amparo es un medio de control de la regularidad de los actos de las autoridades, que se caracteriza por el principio de instancia de parte agraviada, que inspira el contenido del artículo 6 de la Ley de Amparo, y se traduce en que el juicio únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o el acto que se reclame. Por tanto, para que el gobernado esté en aptitud de acudir a la Justicia Federal a plantear la defensa de un derecho, es presupuesto indispensable que sea titular de esa prerrogativa y que éste esté legítimamente tutelado por el orden normativo vigente, además de que precisamente ese derecho haya sido trastocado por el acto de autoridad. De ahí se obtiene que los presupuestos que integran el interés necesario para instar la acción de amparo son los siguientes: a) La existencia y titularidad de un derecho. b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un ente autoritario. Así que el interés para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta de la autoridad, proviene del perjuicio que se ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de control constitucional a exigir el cese de esa violación. Por eso, si el acto autoritario no afecta los intereses del accionante del amparo, el juicio que promueva será improcedente, según lo previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso, la quejosa MARINA BOLAÑOS OCAMPO se ostenta como "propietaria" y "poseedora" de tres predios ubicados en el paraje denominado Santo Domingo Chico, del Ejido de Emiliano Zapata, Morelos, y reclama la ocupación de sus parcelas, a causa de las obras de la carretera de Emiliano Zapata a Tepetzingo, Morelos, sin que se haya hecho el procedimiento de expropiación ni pago de indemnización. Para acreditar la titularidad de dichas parcelas y por ende el interés jurídico en el presente juicio de amparo, exhibió como pruebas, en fotocopias simples: Constancia como productora de maíz, expedida por el Regidor de desarrollo agropecuario, asuntos indígenas y poblados, relaciones públicas y comunicación social, del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, de fecha dieciocho de julio de dos mil once. Constancia de posesión de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, expedida por el Comisariado Ejidal del Ejido de San Francisco Zacualpan, Emiliano Zapata, Morelos, a nombre de MARINA BOLAÑOS OCAMPO, sobre un predio rustico ubicado en el campo denominado Santo Domingo Chico, perteneciente al Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE MIDE: 7.12 MTS Y COLINDA CON PARCELA 774. AL SUR MIDE: 10.87 MTS. Y COLINDA CON BARRANCA. AL ORIENTE MIDE: 418.31 MTSY COLINDA CON CALLE VÍA DEL FF.CC. AL PONINETE MIDE 26.95+45.63+68.27+30.94+8.10+223.27+18.07 MTS Y COLINDA CON PARCELAS 857, 776 Y 774. CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 3,182.90 MTS. Constancia de posesión de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, expedida por el Comisariado Ejidal del Ejido de San Francisco Zacualpan, Emiliano Zapata, Morelos, a nombre de MARINA BOLAÑOS OCAMPO, sobre un predio rustico ubicado en el campo denominado Santo Domingo Chico, perteneciente al Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE MIDE: 12.29 MTS. Y COLINDA CON BARRANCA. AL SUR MIDE: 2.71 MTS. Y COLINDA CON RIEGO. AL ORIENTE MIDE: 131.90 MTS Y COLINDA CON ANT. CALLE VÍA DEL FF.CC. AL PONIENTE MIDE: 39.03+5.03+45.04+4.22+41.04 Y COLINDA CON BARRANCA Y CANAL DE RIEGO. CON UNA SUPERFICIE DE 1,631 MTS. Constancia de posesión de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, expedida por el Comisariado Ejidal del Ejido de San Francisco Zacualpan, Emiliano Zapata, Morelos, a nombre de MARÍA CRISTINA BOLAÑOS OCAMPO, sobre un predio rustico ubicado en el campo denominado Santo Domingo Chico, perteneciente al Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE MIDE 22.22 MTS Y COLINDA CON BARRANCA. AL SUR MIDE: 7.88+9.11 Y COLINDA CON BARRANCA. AL ORIENTE MIDE 139.09 MTS. Y COLINDA CON ANT. CALLE VÍA DEL FF.CC. AL PONIENTE MIDE 14.65+16.06+8.57+10.98+20.12+10.27+10.70+10.36 +18.27+12.96+7.88 MTS Y COLINDA CON BARRANCA. CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE: 1,929.69 MTS. Certificado parcelario de número 000000090487 de fecha dos de agosto de dos mil seis (foja 307), expedido por el Delegado del Registro Agrario Nacional. También exhibió, fotocopia certificada de un certificado de derechos sobre tierras de uso común de número 000000024028, relativos al ejido de Emiliano Zapata (foja 308). Ahora bien, debe decirse que cuando un gobernado, se duele de afectación a su derecho de posesión, a fin de merecer la protección constitucional, se encuentra obligado a justificar tal derecho, pues sólo así se tendría una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la certeza de que tiene un derecho jurídicamente tutelado sobre el bien controvertido, así como la identidad entre dicho bien y el afectado por el juicio de origen para de esta manera lograr la protección de la justicia Federal a su favor. Asimismo, a efecto de dilucidar si la impetrante de amparo cuenta con interés jurídico para acceder al juicio constitucional, debe examinarse la validez de los documentos o probanzas en que se sustente aquella causa generadora de la posesión, aun cuando la determinación que al efecto se vierta solamente tenga efectos para el juicio de amparo donde se analicen y no tenga la consecuencia de declarar la legitimidad de la posesión a favor de la parte quejosa. En ese sentido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, ha emitido criterio al respecto en la tesis 1a./J. 21/2010, de número de registro 164792, del rubro siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO." que establece la facultad del juzgador de analizar si un documento contiene un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable. Para arribar a la convicción de si las documentales exhibidas por la quejosa, resultan suficientes o no, para acreditar de manera fehaciente la propiedad o posesión de los predios que aduce tener, y de esa manera acreditar la afectación a su esfera jurídica, es necesario analizar si éstos contienen un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la certeza de que se encuentra en posesión actual de los predios de las siguientes superficies 3,812.90 metros cuadrados; 1,631.96 metros cuadrados, y con la superficie de 1,929.69 metros cuadrados, que aduce le pertenecen y cuyas medidas se advierten de las fotocopias simples de las constancias de posesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve que acompañó a su escrito inicial de demanda, ubicados en el paraje denominado SANTO DOMINGO CHICO, y de esa manera se acredite la afectación a su esfera jurídica sobre los derecho que ostenta y que hace valer en el juicio de amparo. En ese sentido, se resuelve lo siguiente: Como ya se mencionó, la parte quejosa exhibió diversas constancias para acreditar la posesión de las parcelas de las que aduce ser propietaria y poseedora. a) Sin embargo, por cuanto hace a la parcela referida con una superficie total de 1,929.69 metros cuadrados, en su propio escrito inicial de demanda la parte quejosa aduce que dicho predio lo cedió a su hermana María Cristina Bolaños Ocampo, lo que se constituye en una confesión expresa por parte de la ahora quejosa, en términos del artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y que hace prueba plena que la promovente de amparo no es titular de los derechos del referido predio que aquí defiende. Aunado a lo anterior, es que la propia quejosa exhibió sobre dicho predio fotocopia simple de una constancia de posesión de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, expedida por el Comisariado Ejidal del Ejido de San Francisco Zacualpan, Emiliano Zapata, Morelos, a nombre de MARÍA CRISTINA BOLAÑOS OCAMPO, sobre dicho predio, y si bien dicha constancia fue exhibida en fotocopia simple, tal documento corrobora lo manifestado por la propia quejosa. b) Por otra parte en lo referente a la parcela con una superficie de 3,812.90 MTS, la parte quejosa como ya se mencionó exhibió fotocopia simple de una constancia de posesión de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, expedida por el Comisariado Ejidal del Ejido de San Francisco Zacualpan, Emiliano Zapata, Morelos, así como fotocopia simple de una constancia como productora de maíz, expedida por el Regidor de Desarrollo Agropecuario, Asuntos Indígenas y Poblados, Relaciones Públicas y Comunicación Social, del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, de fecha dieciocho de julio de dos mil once. Sin embargo, dicha constancia de posesión, expedida por el Comisariado Ejidal del Ejido de San Francisco Zacualpan, Emiliano Zapata, Morelos, así como la constancia como productora de maíz, expedida por el Regidor de Desarrollo Agropecuario, Asuntos Indígenas y Poblados, Relaciones Públicas y Comunicación Social, al ser exhibidos en fotocopia simple carecen de valor probatorio, sirve de sustento a lo anterior la tesis de número de registro 227277, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, página: 415, del siguiente rubro: "PRUEBAS. COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES CARECEN DE VALOR PROBATORIO, Y POR LO TANTO NO PUEDE ORDENARSE SU COTEJO." Aunado a lo anterior, de la constancia expedida por el Regidor de Desarrollo Agropecuario, Asuntos Indígenas y Poblados, Relaciones Públicas y Comunicación Social, del Municipio de Emiliano Zapata, si bien refiere que en el año dos mil once se le reconoció como productora de maíz, de dicha constancia ni aun de manera indiciaria se advierte que pueda acreditar la posesión o propiedad de la parcela antes citada, pues en todo caso dicha autoridad carece de la facultad para emitir constancias con las que se acredite la posesión de alguna. Sirve de sustento a lo anterior por analogía jurídica Jurisprudencia de la Octava Época, de registro: 216268, del siguiente rubro y texto: "POSESION. LA CONSTANCIA QUE EXPIDE UN PRESIDENTE MUNICIPAL, NO TIENE EFICACIA PARA ACREDITAR LA. La certificación de un presidente municipal en la que se hace constar que una persona se encuentra en posesión de determinado predio, no tiene eficacia para demostrar lo que ahí se hace constar, por ser ésta una cuestión del todo ajena a sus funciones, y para utilizar su dicho en lo que no se refiere a dichas funciones, es preciso promover la prueba testimonial con arreglo a derecho." No obstante lo anterior, este juzgado federal en suplencia de la queja deficiente, a fin de dilucidar los derechos propiedad y posesión de los que aduce la quejosa cuenta sobre las parcelas materia del presente juicio, por haber exhibido únicamente fotocopias simples, requirió al Registro Agrario Nacional tal información, quien por oficio 1579/2017 (foja 279), informó a este juzgado que por cuanto hace al predio con una superficie de 3,812.90 metros, se refiere a parte de la parcela 776, para lo cual exhibió fotocopia certificada del plano individual de dicha parcela (foja 283), del cual se advierte que se encuentra a nombre del ejidatario Vicente Maldonado Trujillo; de ahí que no corresponde a la aquí quejosa. Documentos a los que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. c) Finalmente, por cuanto hace a la parcela de superficie de 1,631.96 Mts, como ya se mencionó la parte quejosa exhibió para acreditar su derecho sobre dicha predio, fotocopia de una constancia como productora de maíz, expedida por el Regidor de Desarrollo Agropecuario, Asuntos Indígenas y Poblados, Relaciones Públicas y Comunicación Social, del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, de fecha dieciocho de julio de dos mil once, una constancias de posesión expedida por el Comisariado Ejidal del Ejido de San Francisco Zacualpan, Emiliano Zapata, Morelos, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve. Documentos que como ya quedó asentado con antelación, al ser exhibidos en fotocopia simple carecen de todo valor probatorio. Por otra parte, la parte quejosa también exhibió como prueba fotocopia simple del certificado parcelario número 000000090487, que ampara la parcela 18 Z-1 P-2, en el Ejido de Emiliano Zapata. Sin embargo, por oficio 1579/2017, de fecha dos de agosto de dos mil diecisiete (foja 279 a 280), la Jefa de Área de Registro "B", del Registro Agrario Nacional, Delegación Morelos, hizo del conocimiento de este juzgado federal la situación que guarda la parcela 18, Z-1, P-2, e informó que dicha parcela fue enajenada, por lo que ya no forma parte del ejido de Emiliano Zapata, en virtud de que se desincorporó y actualmente cuenta con título de propiedad 1000007, con una superficie de 02-11-82.458 hectáreas a nombre de Mondragón Hernández Jorge. Documento al que se le otorga valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y del cual se advierte que el certificado parcelario exhibido por la quejosa carece de valor, pues a la fecha dicha parcela ha sido enajenada y actualmente cuenta con título de propiedad a nombre de diversa persona. La parte quejosa también exhibió para acreditar su derecho sobre dicha parcela, fotocopia certificada del certificado parcelario 00000024028, y, por oficio 1815/2017 (foja 331), la Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Delegación Estatal Morelos, manifestó que dicho certificado se encuentra vigente y que corresponde a derechos de tierras de uso común del Ejido de Emiliano Zapata, en un porcentaje de 0.230%, a nombre de MARINA BOLAÑOS OCAMPO. Documento a los que se les otorga valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, Documentos de los que se puede advertir que si bien la quejosa acredita tener derecho sobre un porcentaje de 0.230%, sobre tierras de uso común en el Ejido de Emiliano Zapata, ello no es suficiente para acreditar los derechos de posesión o propiedad sobre la parcela de superficie de 1,631.96 Mts. Lo anterior se considera de esta manera pues por escrito recibido el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, en este juzgado federal, y en atención al requerimiento formulado con el fin de obtener información sobre las parcelas relativas al presente juicio de amparo, el Presidente del Ejido denominado SAN FRANCISCO ZACUALPAN, EMILIANO ZAPATA, informó que dicho predio no pertenece a su núcleo ejidal, sino que pertenece al Ejido de Tezoyuca, Morelos, para lo cual adjuntó fotocopia de un plano expedido por el INEGI (fojas 347 a 348). Asimismo, por escrito presentado en este juzgado federal el nueve de marzo de dos mil dieciocho, el Comisariado Ejidal de Santa Ana Tesoyuca, perteneciente al Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, informó que los lotes referidos por la parte quejosa pertenecen al Ejido de Santa Ana Tezoyuca, sin embargo las constancias de posesión que exhibe fueron expedidos por el diverso Comisariado Ejidal de Emiliano Zapata, y hasta la fecha la ahora impetrante no ha acudido ante dicho comisariado de Santa Ana Tesoyuca, para la legalización de la parcela, de ahí que no tenga el alcance pretendido por la quejosa. Oficios a los que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 213 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Asimismo, en el dictamen pericial emitido por el especialista designado por este juzgado, se advierte que determinó que en relación al predio en cita: "C) Inmueble 3.- Que a la fecha de la emisión del presente dictamen, la superficie de dicho inmueble guarda sobreposición con dos distintos ejidos, siendo: 1.- 473.21 m2 (aproximadamente) con polígono del ejido de Santa Ana Tesoyuca; y 2.-1,158.76 m2 (aproximadamente) con polígono de ejido de Tepetzingo." Es decir, no obstante que el certificado parcelario de derechos de tierras de uso común del Ejido de Emiliano Zapata exhibido por la quejosa se encuentra vigente, tal documento no avala los derechos de propiedad o posesión de la parcela en cita, pues como ya se refirió, tal parcela corresponde a un diverso ejido, a saber el ejido de Santa Ana Tesoyuca. Máxime que como ya se mencionó la constancia de posesión expedida por el Comisariado Ejidal del Ejido de San Francisco Zacualpan, Emiliano Zapata, Morelos, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, con la que pretende acreditar la posesión de dicha parcela, fue exhibida en fotocopia simple, por lo que carece de valor probatorio pleno, Aunado a lo anterior en términos de los artículos 23, fracción VIII, y 107, de la Ley Agraria, la Asamblea, es el órgano supremo de la Comunidad y, tiene como de su competencia exclusiva, la regularización de tenencia de posesionarios. Y, el precepto 33, fracción I, de dicho Ordenamiento, dispone que el Comisariado, es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Por lo tanto, tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implica la regularización de tenencia de posesionarios, al ser de competencia exclusiva de la Asamblea, para que el representante de la comunidad pueda válidamente realizar tales actos, es necesario, en principio, que cuente con la autorización de la Asamblea; de tal suerte que resulta inconcuso que dicha constancia de posesión en todo caso también se encuentra viciada, pues del contenido del acta de asamblea de uno de octubre de dos mil ocho (que se cita en la constancia de posesión), no se advierte haya sido validada por dicha asamblea. (fojas 457 a 478). Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Décima Época, de registro 2005053, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 831, del siguiente rubro: "CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA." De tal manera que los documentos exhibidos por la parte quejosa no hacen prueba plena para acreditar la propiedad o posesión de dicho predio; en tanto que de las requeridas por este juzgado tampoco demeritan lo anterior. De lo anterior se obtiene que con las pruebas aportadas al presente sumario, la quejosa no acreditó el requisito de interés jurídico que establece la Ley de Amparo, ello dado a que no se desprende de las mencionadas documentales que el acto reclamado afecte de manera directa, real, objetiva y jurídica los derechos de la hoy quejosa, por ello, aunque alegue ser propietaria o poseedora de dicho predio en cita, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo; de ahí que tal acto no le cause perjuicio en sus derechos subjetivos. En todo caso, dicho medio de convicción se debió de sustentar con diverso material probatorio, o con prueba testimonial, la cual es la idónea para acreditar la posesión, lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Séptima Época, de número de registro 238275, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 90, Tercera Parte, página 35, del siguiente rubro y texto. "AGRARIO. POSESION. LA PRUEBA IDONEA PARA ACREDITARLA ES LA TESTIMONIAL. La Segunda Sala sustenta el criterio de que la prueba testimonial es la idónea para acreditar el hecho de la posesión; de manera que no desahogada esa prueba, los quejosos no acreditan en el juicio que estuvieran en posesión del predio a que se refiere la demanda de garantías, en forma pública, pacífica, continua, en nombre propio y a título de dueños, por un lapso no menor de cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud de dotación; por lo que no satisfacen uno de los requisitos esenciales que condicionan la procedencia del juicio de amparo, consistente en la posesión, con las características indicadas, del predio aludido." Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, tesis de la Décima Época, de número de registro 2011631, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro treinta, mayo dos mil dieciséis, tomo IV, página 2803,del siguiente rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA AGRARIA. LOS DOCUMENTOS PRIVADOS DE FECHA INCIERTA EXHIBIDOS POR QUIEN RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A JUICIO, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRARLO." En ese contexto, como toda vez que la parte quejosa no acreditó el interés jurídico en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por MARINA BOLAÑOS OCAMPO, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, hoy cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron las labores de este juzgado.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil dieciocho. Se tienen por recibidos y se ordenan agregar a los autos, los escritos remitidos por el perito oficial de este Juzgado en materia de topografía Guillermo Guzmán Espinosa; en atención a la promoción registrada bajo el folio 43734 téngase al perito rindiendo el dictamen encomendado y con su contenido dése vista a las partes, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga. En mérito de lo anterior, gírese atento oficio en el que se inserte el presente proveído, a Guillermo Guzmán Espinoza, por conducto del Coordinador de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la Republica Delegación Morelos, para que en el término de tres días, comparezca ante este Juzgado, debidamente identificado en días y horas hábiles, a efecto de ratificar el dictamen pericial en comento, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. En la inteligencia, de que se hace extensivo el apercibimiento a la autoridad requerida, para el caso de que no remita a este Juzgado, las constancias con las que acredite haber notificado al mismo. Por otra parte, en lo concerniente al diverso escrito registrado bajo el folio 43735, por virtud del cual el perito de mérito devuelve las constancias proporcionadas por este Juzgado constantes en los tres anexos formados con anterioridad en el presente juicio ténganse por debidamente recibidos. En lo concerniente a los diversos documentos remitidos por el Jefe del Departamento de lo Contencioso de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se ordena formar el anexo IV, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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