Marina Areli Garcia Salazar

Expediente 140/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
140/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • Marina Areli Garcia Salazar
  • Agente del Ministerio Público Adscrito Al Juzgado Quinto de Distrito En el Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguense a los autos los informes señalados en la cuenta, sin que haya lugar a proveer sobre su contenido; ello, en razón de lo determinado en los párrafos que antecede. Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el escrito señalado en la cuenta por el cual la quejosa *** formula alegatos, sin mayor proveído por resultar extemporáneo, toda vez que la audiencia constitucional se celebró a las nueve horas con veinte minutos del diez de marzo pasado y el referido escrito fue presentado a las nueve horas con treinta minutos de esa fecha. Notifíquese.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 140/2022, promovido por***, en contra de la resolución de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, dentro del expediente*** El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si la determinación de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, dentro del expediente ***resulta o no inconstitucional. ANTECEDENTES En el expediente ***, radicado en el Juzgado Segundo de lo Familiar, el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se requiere a la aquí quejosa para que cumpla con la pensión alimenticia provisional que le fue establecida en ese auto, actuación que constituye el acto reclamado. TRÁMITE DEL JUICIO El cuatro de febrero de dos mil veintidós, ***, presentó un escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro y otra autoridad, por el acto reclamado que más adelantes se precisará. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los reconocidos en los artículos 14y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este juzgado el ocho siguiente, quedó registrada con el número 140/2022, se admitió la demanda, se solicitó el informe justificado y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la que se desahogó en términos del acta que antecede COMPETENCIA Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto de una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha reconocido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda. Bajo esa línea de pensamiento, tenemos que la quejosa reclama del Juez Segundo de lo Familiar del Centro, el acuerdo en el que se fija a la quejosa que cumpla con la pensión alimenticia provisional que le fue establecida en el auto inicial de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente familiar 443/2021. Y del Actuario adscrito a ese juzgado, la ejecución del mismo. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado a la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, quedó acreditada a partir de su informe justificado. En este informe, el Juez responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Por su parte, el actuario adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar del Centro, no rindieron su informe justificado, pese haber quedado legalmente notificados de la petición del mismo; por tanto, con fundamento en el artículo 117, se presumen ciertos los actos reclamados por la quejosa, máxime que está señalada como ejecutora respecto de la cual la ordenadora convino en la existencia del acto. LEGITIMACIÓN La quejosa está legitimada para promover el presente juicio de amparo indirecto, pues está probado que tiene el carácter de demandada en el juicio de origen 443/2021. PROCEDENCIA De conformidad con la Constitución y la Ley Reglamentaria de sus artículos 103 y 107, el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados expresamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, motivo por el cual deben ser analizados previamente al estudio de fondo. En ese sentido, tras un estudio de las particularidades del caso, este juzgador considera que el presente asunto no satisface el requisito de procedencia que deriva del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la norma constitucional citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que previo a instar la acción constitucional de amparo se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etc., no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos. El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el justiciable debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". En el caso concreto, la causal de improcedencia se actualiza, porque el acto reclamado lo constituye el acuerdo en el que se fija a la quejosa la pensión alimenticia provisional que le fue establecida en el auto inicial de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente familiar 443/2021 y contra ese acuerdo procede el recurso de revocación, en términos del artículo 666 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Ese precepto establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. En consecuencia, si en contra el auto acuerdo en el que se requiere a la quejosa que cumpla con la pensión alimenticia provisional que le fue establecida en el auto inicial de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, procede el recurso de revocación. Entonces, con base en el principio de definitividad, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario agotar previamente el citado recurso. Como no se agotó, el juicio de amparo resulta improcedente. Es aplicable, por analogía, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica lo siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011). De los artículos 79, 94, 684, 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la Ciudad de México), deriva que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que no puedan ser revocadas o regularizadas; lo que implica que las identificadas como autos e interlocutorias serán apelables siempre que lo sea la definitiva. Por lo tanto, contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación; pues el código procesal local dispone que contra las sentencias definitivas de esa naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza. Luego, se deduce que al ser procedente la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es contra los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento, porque el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, sino que también abarca a los autos que se dicten en la contienda. Lo anterior, sin que en el caso se actualice la excepción prevista en el último párrafo de la fracción XVIII de numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que el medio ordinario de impugnación está claramente establecido en la norma adjetiva de la materia, no requiere interpretación adicional y su fundamento legal es suficiente para determinarla. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la informan, la tesis 2a-./J. 86/2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo I, visible a página 901, localizable con el registro 2017808, la cual expresa lo siguiente: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla." En síntesis, la aquí quejosa, previamente a la interposición del juicio de amparo, debió haber interpuesto en contra de la determinación dictada el veintidós de octubre de dos mil veintiuno en el expediente 443/2021 por el Juez segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca por el que fija pensión alimenticia provisional el veintidós de octubre de dos mil veintiuno; de ahí que mediante dicho recurso podría obtener la revocación, modificación o nulificación del acto que por esta vía reclama. En consecuencia, si en contra de la determinación reclamada procede el recurso de reclamación antes precisado, la promovente, como parte del juicio de origen está en posibilidad de interponerlo, previo a acudir en el juicio de amparo. Se asevera lo anterior, porque la quejosa el catorce de febrero de dos mil veintidós, cuando se le dio vista con el informe justificado de la responsable, tuvo conocimiento del juicio natural y pudo comparecer a impugnar la omisión en el emplazamiento, por lo que tiene oportunidad legal para acudir a juicio y hacer valer sus derechos, entre ellos, el de reclamación. DECISIÓN En esas condiciones, ante la inobservancia del principio de definitividad, este juzgador determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 del mismo ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, el hecho de que no se haya ordenado el emplazamiento del tercero interesado en este juicio, en razón que al estar acreditada de manera indubitable la causal de improcedencia invocada, en nada cambiaria del sentido del presente fallo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en contra del acto reclamado al juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el juicio de familiar *** Notifíquese.

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