Marina Arce Moreno

Expediente 802/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
802/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/10/2018

Partes del expediente

  • Marina Arce Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; cinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, QUE DICE: "Vista la demanda de amparo presuntamente promovida por MARINA ARCE MORENO, por su propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 802/2018, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." La parte quejosa reclama la ilegal notificación del laudo de catorce de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 571/2013 relativo al juicio ordinario laboral promovido por Marina Arce Moreno, en contra de Operadora Comercial Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Guerrero. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, debido a que en contra del acto reclamado procede el incidente de nulidad de notificación. Sobre el tema, se transcribe el contenido del artículo en mención: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, el acto reclamado debe impugnarse a través del medio ordinario de defensa que al efecto la ley dota ante la propia autoridad laboral; y en este caso, como se adelantó, es el incidente de nulidad, de conformidad con los artículos 752 en relación con el 762, fracción I, 763 y 764 de la Ley Federal del Trabajo. Bajo ese contexto, respecto del acto reclamado, la parte a la que perjudique una notificación o la falta de esta, por no haberse realizado de acuerdo a las reglas establecidas en la citada ley adjetiva, puede solicitar su nulidad, través del incidente previsto por el artículo 762, 763 y 764, de la Ley Federal de Trabajo, previamente a la instauración de la presente instancia constitucional, habida cuenta que esa incidencia procede en contra de la falta de notificación de las determinaciones en el juicio, así como de las notificaciones que no se lleven a cabo conforme a la citada ley laboral, como lo establece el diverso 752; debió agotar el referido incidente, pues a través de éste, la notificación que reclama de ilegal y sus consecuencias, pueden ser nulificadas. Sirve de apoyo por las razones contenidas, la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2013077, consultable en la página 1249, del Libro 36, Tomo II, Noviembre de 2016, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen. En ese sentido, al haberse establecido que la parte quejosa tiene a su alcance un recurso ordinario y medio de defensa legal, por medio del cual el acto reclamado, puede ser modificado, revocado o nulificado, mismo que debió agotar previo a esta instancia constitucional, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, primeramente, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, pues es parte actora en el juicio laboral del cual deriva el acto reclamado; aunado a que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal. Más aún, que la quejosa conoce la legislación aplicable; de ahí que es dable estimar que la procedencia del recurso o medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que éste, en caso contrario quedara en libertad de interponerlos. Asimismo, la promovente al ser actora en lo principal, ésta en aptitud de comparecer y promover el medio ordinario de defensa mencionado. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa. Lo anterior, al ser manifiesta la causa de improcedencia que se analiza, porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto. Sin que pase desapercibido el contenido de la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda al apreciarse del ocurso de referencia un signo que permitió advertir que se firmó de manera autógrafa, misma que genera la presunción de que contiene la manifestación voluntad de la quejosa para realizar actos procesales y si bien, eso es motivo de prevención, resulta innecesario formularla dado que lo anteriormente resuelto no cambiaría el sentido del presente acuerdo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado; y dada la naturaleza del juicio como sus autorizados en términos amplios que faculta el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL...

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