Marimar León Arjona
Expediente 797/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2022
Partes del expediente
- Marimar León Arjona
- Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual, se desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió del siete al once de noviembre de dos mil veintidós, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, que tuvo por 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ desechada de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE 2022, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE CINCO DE OCTUBRE 2022.- CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. RADICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Téngase por recibido el oficio 10495/2022, del Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del trigésimo Primer Circuito del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, mediante el cual, transcribe la resolución de ocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo directo 1388/2021, de cuyo contenido se advierte que ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal, por razón de vía, para conocer del juicio de amparo promovido por Marimar León Arjona, contra actos de la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen y otra autoridad, por ende, remite el expediente formado con motivo de la demanda de amparo y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y anexos. En consecuencia, acúsese recibo y radíquese la demanda de amparo con el número de expediente 797/2022-I, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Por otra parte, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada por el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche y se avoca al conocimiento del asunto. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". De conformidad con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo genérico para presentar una demanda de amparo es de quince días, salvo que se esté en presencia de alguno de los casos de excepción previstos en dicho precepto. Ahora, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar una demanda de amparo, se computa conforme a las reglas siguientes: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día de la entrada en vigor de la norma general autoaplicativa. Sentada la premisa de que para la procedencia del ejercicio de la acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se concluye que el amparo pedido contra el acto reclamado señalado en su demanda de amparo, resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por haberse promovido la demanda de amparo fuera del plazo de quince días, siguiente a aquél en que surtió, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. En la especie, la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se le notificó la resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca 222/20-2021/S.M, por la Sala Mixta del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, que declaró sin materia el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, emitido en el juicio ordinario civil de divorcio incausado 885/17-2018/1F-II, en el que se decretaron medidas provisionales respecto de la convivencia con su menor hija de iniciales J.K.S.L.. En consecuencia, la notificación de la resolución reclamada surtió sus efectos el mismo día en que se practicó, esto es, el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 120 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, que establece que los términos se computan a partir del día siguiente a aquel en que haya tenido lugar la notificación. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 10/2017 (10a.), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, mayo de 2017, Tomo I, página 8, Décima Época, con la voz: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa." Ahora bien, el plazo de quince días para que la parte quejosa promoviera demanda de amparo contra el acto reclamado inició el tres de agosto de dos mil veintiuno, toda vez que el diecisiete y dieciocho de julio de ese mismo año, fueron inhábiles (sábado y domingo) y mientras que del diecinueve de julio al dos de agosto de ese mismo año, correspondió al periodo vacacional de la autoridad responsable Sala Mixta del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, señalado en el calendario oficial del Poder Judicial del Estado de Campeche, tal como se advierte de la certificación realizada por la Secretaria de acuerdos interina de ese tribunal. Por tanto, el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para promover demanda de amparo en contra del acto reclamado, transcurrió del tres al veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, con exclusión de los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de agosto de dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles (sábado y domingo). Bajo ese contexto, si la parte quejosa hasta el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, promovió demanda de amparo contra el acto reclamado, resulta claro que lo hizo después de que transcurrió el plazo de quince días que tenía para ello. Por consiguiente, en razón de que la demanda de amparo contra el acto reclamado, no se promovió dentro del plazo de quince días, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Marimar León Arjona. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 27/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Junio de 1996, página 57, Novena Época, de la voz: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicitan los quejosos, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Esperanza de los Ángeles López Rivero y Georgina del Carmen López Rivero, pues de la certificación de cuenta, se advierte que después de una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se encontró que los autorizados de los quejosos cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, intitulada: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. No ha lugar a tener como domicilio del quejoso para recibir notificaciones los estrados del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, por no satisfacer los requisitos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26 de ordenamiento citado en último término, toda vez que las listas de publicación de acuerdos de ese tribunal no constituye propiamente una "casa" para que se le hagan las notificaciones personales, como lo requieren los dispositivos citados, porque por tal debe entenderse un inmueble diverso al que ocupan las instalaciones físicas del órgano jurisdiccional, que bien pudiera ser un anexo, como sucede en el caso de algunos órganos en los que anexas a sus instalaciones se encuentran las oficinas de la Defensoría Pública Federal, que por ser instalaciones que no ocupa el órgano jurisdiccional, sí pueden ser señaladas como "casas" o "domicilios" para oír y recibir notificaciones personales por parte de los representados por los Defensores o Asesores Público Federales (foja 7). No obstante lo anterior, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad declinante se advierte diverso domicilio particular de la quejosa, con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en predio 109, calle 38, colonia Centro, Ciudad del Carmen. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo 797/2022-I 11 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MARIMAR LEÓN ARJONA, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO FIJADO Y ENTREGADO EL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 797/2022-I, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE .cinco de octubre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Téngase por recibido el oficio 10495/2022, del Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del trigésimo Primer Circuito del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, mediante el cual, transcribe la resolución de ocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo directo 1388/2021, de cuyo contenido se advierte que ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal, por razón de vía, para conocer del juicio de amparo promovido por Marimar León Arjona, contra actos de la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen y otra autoridad, por ende, remite el expediente formado con motivo de la demanda de amparo y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y anexos. En consecuencia, acúsese recibo y radíquese la demanda de amparo con el número de expediente 797/2022-I, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Por otra parte, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada por el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche y se avoca al conocimiento del asunto. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo 797/2022-I 3 Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 4 (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". De conformidad con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo genérico para presentar una demanda de 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo 797/2022-I 5 amparo es de quince días, salvo que se esté en presencia de alguno de los casos de excepción previstos en dicho precepto. Ahora, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar una demanda de amparo, se computa conforme a las reglas siguientes: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día de la entrada en vigor de la norma general autoaplicativa. Sentada la premisa de que para la procedencia del ejercicio de la acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se concluye que el amparo pedido contra el acto reclamado señalado en su demanda de amparo, resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por haberse promovido la demanda de amparo fuera del plazo de quince días, siguiente a aquél en que surtió, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. En la especie, la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se le notificó la resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca 222/20-2021/S.M, por la Sala Mixta del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, que declaró sin materia el recurso de 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 6 apelación interpuesto en contra del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, emitido en el juicio ordinario civil de divorcio incausado 885/17-2018/1F-II, en el que se decretaron medidas provisionales respecto de la convivencia con su menor hija de iniciales J.K.S.L.. En consecuencia, la notificación de la resolución reclamada surtió sus efectos el mismo día en que se practicó, esto es, el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 120 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, que establece que los términos se computan a partir del día siguiente a aquel en que haya tenido lugar la notificación. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 10/2017 (10a.), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, mayo de 2017, Tomo I, página 8, Décima Época, con la voz: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa." 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo 797/2022-I 7 Ahora bien, el plazo de quince días para que la parte quejosa promoviera demanda de amparo contra el acto reclamado inició el tres de agosto de dos mil veintiuno, toda vez que el diecisiete y dieciocho de julio de ese mismo año, fueron inhábiles (sábado y domingo) y mientras que del diecinueve de julio al dos de agosto de ese mismo año, correspondió al periodo vacacional de la autoridad responsable Sala Mixta del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, señalado en el calendario oficial del Poder Judicial del Estado de Campeche, tal como se advierte de la certificación realizada por la Secretaria de acuerdos interina de ese tribunal. Por tanto, el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para promover demanda de amparo en contra del acto reclamado, transcurrió del tres al veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, con exclusión de los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de agosto de dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles (sábado y domingo). Bajo ese contexto, si la parte quejosa hasta el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, promovió demanda de amparo contra el acto reclamado, resulta claro que lo hizo después de que transcurrió el plazo de quince días que tenía para ello. Por consiguiente, en razón de que la demanda de amparo contra el acto reclamado, no se promovió dentro del plazo de quince días, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Marimar León Arjona. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 27/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Junio de 1996, página 57, Novena Época, de la voz: 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 8 DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicitan los quejosos, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Esperanza de los Ángeles López Rivero y Georgina del Carmen López Rivero, pues de la certificación de cuenta, se advierte que después de una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se encontró que los autorizados de los 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo 797/2022-I 9 quejosos cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, intitulada: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. No ha lugar a tener como domicilio del quejoso para recibir notificaciones los estrados del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito del Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, por no satisfacer los requisitos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26 de ordenamiento citado en último término, toda vez que las listas de publicación de acuerdos de ese tribunal no 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 10 constituye propiamente una "casa" para que se le hagan las notificaciones personales, como lo requieren los dispositivos citados, porque por tal debe entenderse un inmueble diverso al que ocupan las instalaciones físicas del órgano jurisdiccional, que bien pudiera ser un anexo, como sucede en el caso de algunos órganos en los que anexas a sus instalaciones se encuentran las oficinas de la Defensoría Pública Federal, que por ser instalaciones que no ocupa el órgano jurisdiccional, sí pueden ser señaladas como "casas" o "domicilios" para oír y recibir notificaciones personales por parte de los representados por los Defensores o Asesores Público Federales (foja 7). No obstante lo anterior, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad declinante se advierte diverso domicilio particular de la quejosa, con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en predio 109, calle 38, colonia Centro, Ciudad del Carmen. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo 797/2022-I 11 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
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