Marilyn Patricia Cisneros Castillo
Expediente 485/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 485/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/05/2021
Partes del expediente
- Marilyn Patricia Cisneros Castillo
- Instituto Nacional de Migración. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que ya obran agregados los acuses de recibo de los oficios en los que se le informó a la autoridad responsable foránea, la sentencia emitida en el presente asunto; en consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, en atención a que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, emitida por este órgano jurisdiccional, por la que se sobreseyó el presente asunto; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo respectivo de la autoridad responsable foránea, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, éstas solo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la misma afectara el acto que les fue reclamado; lo que no acontece en la especie, dado el sentido del fallo dictado y la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Finalmente, se ordena a la Secretaría esté pendiente de recabar los acuses de recibo correspondientes y hecho que sea lo anterior, se resuelva sobre el archivo definitivo de este asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio número DRN-SRN-GPE-TAM-MAT-176-2020 signado por el Encargado de la Administración Postal de esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento que este órgano jurisdiccional le hiciera en auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, informa las gestiones que se encuentra realizando respecto al acuse de recibo del oficio 19020/2020 del índice de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 485/2020-II, promovido por Marilyn Patricia Cisneros Castillo y por su menor hija Marilyn Alejandra Gonzalez Cisneros, contra actos de la Comisión Mexicana de ayuda a refugiados, con sede en Ciudad de México y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Con el escrito presentado el diez de agosto de dos mil veinte, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, turnado el día once del mismo mes y año a este órgano jurisdiccional, Marilyn Patricia Cisneros Castillo y por su menor hija Marilyn Alejandra Gonzalez Cisneros, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de los actos y de las autoridades que a continuación se indican. Autoridades responsables: 1. Comisión Mexicana de ayuda a refugiados, con sede en Ciudad de México. 2. Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: "Lo constituye la omisión y negativa de acordar o admitir a trámite la solicitud de refugio presentada mediante fecha 29 de enero de 2020, ante ventanilla única en el Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad." (sic) Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 8, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante auto emitido el catorce de agosto de dos mil veinte, se ordenó formar expediente; se admitió a trámite; asimismo, se advirtió que la petición cuya falta de respuesta y trámite le aqueja, fue dirigida al Instituto Nacional de Migración de esta localidad, por lo que, fue a ésta última a la que se tuvo con el carácter de autoridad responsable; por ende, se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, la aludida autoridad responsable al rendir su informe justificado indicó que únicamente servía de enlace y recepción de las solicitudes de refugio por razones humanitarias, por lo cual el pasado veintinueve enero de dos mil veinte, recibió formato de solicitud de refugio, mismo que fue enviado y notificado de manera electrónica a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, la que tenía la facultad de resolver las solicitudes de refugio en México; por ello, se se tuvo como autoridad responsable en el presente juicio de amparo a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, con residencia en la Ciudad de México, por lo que se le requirió su informe justificado. Una vez integrado el expediente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: La omisión de admitir a trámite la solicitud de refugio presentada el veintinueve de enero de dos mil veinte. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad y el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclamó. Las quejosas Marilyn Patricia Cisneros Castillo y Marilyn Alejandra González Cisneros no desvirtuaron la negativa a que se ha hecho referencia; consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236 del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." La anterior negativa encuentra sustento, en que, como lo refiere la responsable en su informe, corresponde a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, con sede en Ciudad de México, resolver la solicitud de refugio de las agraviadas, lo que será abordado en el siguiente considerando. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en omisión de proveer la petición formulada por las quejosas. Así se considera, pues con independencia de que la autoridad responsable denominada Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en Ciudad de México, refiriera en su informe justificado que no es cierto el acto de autoridad, lo cierto es que tal negativa se encuentra desvirtuada con la documental que allegó al informe. La documental en mención consiste en el acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, que contiene la respuesta a la petición formulada por la parte quejosa, y de ella se desprende que la respuesta al ejercicio del derecho de petición tuvo lugar con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que data del diez de agosto de dos mil veinte. La prueba citada en el párrafo que antecede, por encontrarse certificada, adquiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211004, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Causales de Improcedencia. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso no será estudiada la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, dado que se actualiza una causa de improcedencia; amén de que, de conformidad con la técnica expositiva de las sentencias de amparo, resulta obligatorio para los tribunales de amparo ocuparse de las causas de improcedencia en atención al carácter de orden público que les asiste, ello, aun ante la existencia del acto que le es atribuido a una autoridad responsable. En la especie, respecto al acto de reproche consistente en la omisión de admitir a trámite la solicitud de refugio, petición formulada por la parte quejosa el veintinueve de enero de dos mil veinte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causa de improcedencia de que se trata, también es importante transcribir el artículo 77 de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia en el juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque lo que se reprocha, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisado lo anterior, en el caso, se tiene que las quejosas Marilyn Patricia Cisneros Castillo y Marilyn Alejandra González Cisneros se duelen de la falta de respuesta al ejercicio del derecho de petición que formularon el veintinueve de enero de dos mil veinte. En dicho escrito, las agraviadas solicitaron de la responsable, en el caso de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, con residencia en Ciudad de México, la solicitud de refugio, sin embargo, con posterioridad a la presentación de la demanda, esto es el diez de septiembre de dos mil veinte, se dio respuesta a dicha solicitud, por lo que es evidente que cesó en sus efectos el acto reclamado. Ciertamente, la parte quejosa satisfizo en su totalidad el ejercicio del derecho de petición, pues la responsable cumplió con su obligación prevista en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al emitir el acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, que contiene la respuesta a la solicitud formulada por la parte quejosa. Respuesta que cabe decir, es congruente con lo pedido, pues en esencia, las agraviadas pidieron solicitud de refugio, y en respuesta a ello, se emitió el acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, en la que la responsable determinó la admisión de tal solicitud, quedando notificadas de su contenido, como se advierte en el correo electrónico que adjuntó dicha autoridad (foja 53). En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia en estudio, procede sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 485/2020-II promovido por Marilyn Patricia Cisneros Castillo y Marilyn Alejandra González Cisneros, lo anterior en términos de los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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