MARILIN DE LA CARIDAD DÍAZ MARTÍNEZ y Otros.
Expediente 478/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- MARILIN DE LA CARIDAD DÍAZ MARTÍNEZ y Otros.
- Juez Séptimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Con Sede En Naucalpan
Actuaciones
- Principal
De certificación se desprende que transcurrió el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009 y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina: No obran documentos originales. Se ordena destruir la presente pieza de actuaciones. archívese y remítase al lugar de su guarda. Requerimiento a la parte quejosa. Para que dentro del plazo de tres días, comparezca ante este Juzgado Federal a recoger el legajo de copias certificadas que allegó al presente juicio de amparo; apercibida que de no hacerlo, el aludido legajo tendrá el mismo destino que este expediente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 17 DE JUNIO DE 2019, QUE REZA: León, Guanajuato, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. I. Se desahoga prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Marilin de la Caridad Díaz Martínez, a través del cual desahoga la prevención formulada en autos, por consiguiente se acuerda: II. Desechamiento de demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Es de orden público y debe decretarse de oficio la causa de improcedencia por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Del estudio de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se deduce que los actos reclamados son: El auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, a través del cual se previene a Víctor Manuel Enríquez Soto, para que exhiba el calendario mediante el cual se establezcan las fechas bajo las cuales se desarrollarán las convivencias con los menores de edad quejosos. El auto de quince de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual Víctor Manuel Enríquez Soto, se le tiene exhibiendo el calendario de convivencia para que se lleven a cabo en términos del auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, y se ordena girar exhorto para su cumplimentación. Las fechas de las convivencias solicitadas por Víctor Manuel Enríquez Soto, son las siguientes: 1.- Del 17 al 19 de mayo del año en curso. 2.- Del 31 de mayo al 2 de junio del año en curso. 3.- Del 14 al 16 de junio del año en curso. 4.- Del 28 al 30 de junio del año en curso. 5.- Del 12 al 14 de junio del año en curso. El auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en el que la Juez responsable con motivo de las manifestaciones vertidas por la parte aquí quejosa (en el sentido de que no se ejecuten las convivencias), provee que se esté a lo acordado en auto de quince de mayo pasado, y se requiere a las partes para que acaten lo ordenado en la resolución dictada el doce de marzo de dos mil catorce, en el toca 67/2014, del índice de la Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, en la cual se establecieron las condiciones bajo las cuales se llevaría a cabo el régimen de visitas y convivencias entre el progenitor y sus hijos menores de edad. Por lo que hace a los autos de ocho y quince ambos de mayo de dos mil diecinueve, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". En efecto, de la interpretación de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Al respecto es aplicable la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, del Tomo XXX, del mes de Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de aplicación en el caso de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso, se presenta la segunda hipótesis relativa a que un nuevo acto de autoridad incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, al ser sustituido procesalmente, como a continuación se demostrará. Como se dijo, los actos atribuidos la Juez Séptimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con residencia en Naucalpan, consisten en los autos dictados el ocho y quince de mayo de dos mil diecinueve, en el expediente 118/2013, relativo a la controversia sobre el derecho familiar sobre guarda y custodia y pensión alimenticia por el que se determinó un régimen de convivencia entre los menores de edad quejosos con su progenitor Víctor Manuel Enríquez Soto; en dichos autos, en el primero se previene a Víctor Manuel Enríquez Soto, para que exhiba el calendario mediante el cual se establezcan las fechas bajo las cuales se desarrollarán las convivencias con los menores de edad quejosos; y en segundo, se le tiene exhibiendo el calendario de convivencia para que se lleven a cabo en términos del auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, y se ordena girar exhorto para su cumplimentación. Empero, de las actuaciones que conforman el presente juicio, se advierte el auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve -también impugnado-, a través del cual la Juez responsable tuvo por receptado el ocurso presentado por Aurora Yacut Salazar Cotne, en su carácter apoderada legal de Marilin de la Caridad Díaz Martínez, a través del cual formula manifestaciones en relación con la ejecución del régimen de convivencias decretada en el juicio de origen; sin embargo, la Juez responsable acordó que se estuviera a lo determinado en auto de quince de mayo de dos mil diecinueve, toda vez que el presente juicio se encontraba concluido al haberse dictado sentencia definitiva, por lo que se requirió a las partes para que dieran cumplimiento estricto a lo ordenado en la sentencia emitida en el toca de apelación 67/2014, de doce de marzo de dos mil catorce, por la Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, en la cual fueron establecidas claramente las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo el régimen de visitas y convivencias entre el progenitor no custodio y sus menores hijos; asimismo, se determinó que como la ocursante es parte del juicio de origen tiene posibilidad en todo momento de promover lo que a su derecho convenga. Lo anterior pone de manifiesto que los acuerdos de ocho de mayo (requiere al progenitor de los menores calendario de visitas), y quince de mayo de dos mil diecinueve (se tuvo por recibido calendario y se ordena la ejecución de convivencias en términos del auto de quince marzo de dos mil diecisiete), dejaron de surtir sus efectos, con motivo del auto de veintidós de mayo siguiente, quedando en consecuencia substituidos procesalmente los actos reclamados, ya que esta última determinación incide en la ejecutividad de los actos reclamados, al sustituirlos procesalmente, pues la Juez responsable en la última determinación reitera que debe tener verificativo el régimen de convivencias de los menores de edad y su progenitor, acordadas en auto de quince de mayo de dos mil diecinueve, asimismo, provee la forma en que se deben llevar a cabo éstas, puesto que aduce que deben de hacerse conforme a lo resuelto en la sentencia dictada por la Sala emitida en el Toca de apelación 67/2014, de doce de marzo de dos mil catorce, en la cual se establecieron las condiciones bajo las cuales se llevara a cabo el régimen de visitas y convivencias entre el progenitor y sus menores hijos; por ende requiere a las partes para que acaten lo anterior. Esto es, el acto que en todo caso le repara perjuicio a la agraviada, es decir, la última determinación en la cual se fija como deben de llevarse a cabo el régimen de convivencia de los menores de edad con su padre, por lo que se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por ende, si los actos en los que se concretizó la afectación que reclama la quejosa en el presente juicio de amparo, dejaron de surtir sus efectos, ya que carecen de vigencia y ejecutividad al haber sido sustituidos procesalmente con la determinación diversa; como se anticipó, el presente juicio resulta improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Además, se estima que en relación a los proveídos reclamados en la especie opera una causal de improcedencia en términos de lo dispuesto en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo para ser procedente, requiere de un elemento sine qua non con relación a que deben agotarse antes de interponer el juicio constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad), salvo las excepciones que la misma establece. Al respecto, el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". Esta fracción, regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo. El principio de definitividad en el juicio de amparo es un requisito sine qua non que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. No obstante esta fracción establece la obligación de acatar el principio de definitividad, de su contexto se advierten dos supuestos de excepción: el primero, alude a los terceros extraños quienes no están obligados a agotar recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, según lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo supuesto de excepción, se refiere a aquellos casos en que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Ahora bien, además de los supuestos de excepción antes referidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que se deben añadir otras hipótesis de excepción que derivan de la fracción XII del artículo 107 constitucional, relativos a la violación de los derechos previstos en los numerales 16, 19 y 20, de la Carta Magna; es decir no hay obligación de agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado sea restrictivo de libertad, ni en el supuesto de que el quejoso se ostente como tercero extraño al juicio o tercero equiparable, pues precisamente al no existir posibilidad de defenderse en el procedimiento ordinario, el gobernado queda en indefensión al desconocer la legislación aplicable. Un punto a destacar, es que las excepciones al principio de definitividad no son aplicables de manera genérica, por el contrario su aplicación es estricta, lo que pone de manifiesto que con excepción de los supuestos inmersos en la fracción XVIII, incisos a), b y c) de la Ley de Amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional debe cumplirse con el principio de definitividad del juicio de amparo. Establecido lo anterior, para demostrar la vigencia de la causal en estudio, respecto de las determinaciones reclamadas es preciso traer a colación el contenido de los artículos 5.74, en relación con el 1.362 y 5.75, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que aducen: "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Artículo 5.75. . La revocación sólo podrá plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta, el juez dará vista a la contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y dictará resolución." De la anterior transcripción se evidencia que, en contra de los proveídos aquí combatidos, la quejosa debió interponer recurso de revocación, el cual se encuentra contemplado en el artículo 5.74 en relación con el 1.362 y 5.75, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En efecto, las partes podrán recurrir las determinaciones ante la propia autoridad que las emitió, ello siempre y cuando en contra de esas actuaciones la ley no establezca la procedencia del recurso de apelación; luego entonces, a través de ese medio de defensa legal, la parte promovente puede lograr la modificación, revocación o anulación de los acuerdos que tacha de inconstitucionales en este momento. Por tanto, si el acto reclamado en esta vía constitucional consiste en los proveídos de ocho, quince y veintidós de mayo de dos mil diecinueve, dictados en los expedientes 118/2013, la aquí parte quejosa debió promover el recurso de revocación, dado que a través de ese medio de defensa legal puede lograr la modificación, revocación o nulificación de esas determinaciones, y para el caso de haberle sido desfavorable esas decisiones pudieron desplegar pretensión constitucional. Cabe precisar que el principio de definitividad, debe observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado como en el presente asunto, pues en ese supuesto en que en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 350, diciembre de 2013, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Además, este tribunal advierte de oficio la actualización de un diverso motivo de improcedencia por lo que hace a las fechas de convivencias señaladas en los puntos 1, 2, 3 y 5, siendo el previsto en la fracción XXII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y.". La Segunda Sala del alto tribunal de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 que enseguida se transcribirá, explicó que dicha causal se actualiza cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. En el caso particular, aun cuando jurídica y materialmente subsiste parcialmente el calendario de convivencias que presentó el tercero interesado Víctor Manuel Enríquez Soto, lo cierto es que en el mundo fáctico aconteció una modificación, consistente en que se hayan agotado las fechas señaladas para que se llevaran a cabo las convivencias correspondientes del diecisiete al diecinueve de mayo (primera convivencia), treinta y uno de mayo al dos de junio (segunda convivencia), catorce al dieciséis de junio (tercera convivencia) y del doce al catorce de junio (quinta convivencia), todos de este año, pues al momento en que se admitió a trámite la demanda de amparo, el periodo del régimen de convivencias fijado por la juez responsable había transcurrido en su totalidad (ya que la primera, segunda, tercera y quinta convivencias estaban pactadas del diecisiete al diecinueve de mayo, treinta y uno al dos de junio, catorce al dieciséis de junio y doce al catorce de junio, todos de este año); de modo que es imposible analizar la constitucionalidad de las aludidas convivencias, pues aun en el supuesto de que se concediere la protección de la justicia Federal, los efectos de éstas no podrían concretarse en la esfera de derechos de la parte impetrante, porque dichas convivencias (primera, segunda, tercera y quinta), son únicas en el año que transcurre; en tanto que la cuarta convivencia (del veintiocho al treinta de junio), es de plazo distinto, ya que ésta no se ha llevado a cabo. En consecuencia, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en la fracción XXII del numeral 61 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia 2a./J. 181/2006, a que se hizo alusión supralíneas es visible en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, registro 173858, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Bajo esa óptica, es indudable que se actualiza la hipótesis normativa abordada, de ahí que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo afecta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado Carlos Armando Salcedo Cordero, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL A´RTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 12 DE JUNIO DE 2019, QUE REZA; León, Guanajuato, doce de junio de dos mil diecinueve. I. Subsiste prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta a través del cual Marilin de la Caridad Díaz Martínez, quien se ostenta representante legal de los menores de edad con iniciales D.E.D., y B.B.E.D., pretende desahogar la prevención formulada en autos y allega diversas documentales. Bajo ese tópico, y previo acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de su escrito de demanda, es menester precisar que mediante auto de cinco de junio de dos mil diecinueve (fojas 20 a 22), este órgano jurisdiccional previno a la parte demandante del amparo, por los motivos siguientes: ".requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad: Acredite la representación que aduce tiene de los quejosos menores de edad con iniciales D.E.D., y B.B.E.D. Lo anterior en razón de que en el proemio de su demanda, refiere que acude en representación de los referidos infantes quejosos; sin embargo, por un lado, no exhibe medio de convicción alguno con el que demuestre tal representación legal; y por el otro, nada aduce en el sentido de que el legítimo representante de dichos menores de edad se halle ausente, o bien, ignore quién tiene esa representación esté impedido o se negare a promover demanda de amparo a su favor, lo anterior en términos del numeral 8 de la Ley de Amparo. Aunado a que dicho acreditamiento es uno de los requisitos de la demanda de amparo. Máxime que, en atención al principio de interés superior de los menores de edad, este Juzgado Federal está conminado a verificar la debida legitimación de quien promueve el juicio de amparo en su nombre, a fin de garantizar, desde luego, su representación adecuada y concretar la igualdad en el acceso a la justicia en todo momento. Al respecto ilustra el contenido de la tesis I.8o.A.9 K (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2011974, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, página 2890, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA EN NOMBRE DE UN MENOR. SI EL SUSCRIPTOR MANIFIESTA TENER RECONOCIDA SU PERSONALIDAD ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PERO NO LO ACREDITA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE LO HAGA Y, ANTE SU INCUMPLIMIENTO, ESTÁ OBLIGADO A RECABAR OFICIOSAMENTE LA CONSTANCIA RESPECTIVA. De los artículos 3, numeral 1 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño se advierte, respectivamente, que en todas las medidas concernientes a los niños que deban tomar los tribunales se atenderá, primordialmente, al interés superior del menor, y que el Estado garantizará el derecho de éste a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo y a proteger el ejercicio pleno de sus derechos, ya sea directamente o por medio de un representante, en concordancia con las normas procedimentales del derecho nacional. En estas condiciones, para garantizar el derecho que tiene el menor a participar, directamente o por conducto de un representante, en los procedimientos judiciales en que pueda afectarse su esfera jurídica, el juzgador debe tomar las medidas legales procedimentales necesarias, en atención, primordialmente, al principio de interés superior del niño. Adicionalmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.", estableció que la figura de la suplencia de la queja en favor de un menor debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, incluyendo, entre otras cuestiones, recabación oficiosa de pruebas, para lograr el bienestar del menor de edad y el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, cuando la demanda de amparo se promueve en nombre de un infante por quien se ostenta como su representante y afirma tener reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, sin que lo acredite, debe requerírsele para que lo haga, porque esa carga procesal, en principio, corresponde al quejoso; sin embargo, el Juez de Distrito también está obligado a constatar fehacientemente esa circunstancia, motivo por el que, previo a desechar la demanda por incumplimiento a dicha prevención, el juzgador está obligado a recabar de la autoridad responsable la constancia respectiva, para proteger el interés superior del menor y permitirle integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tenga una participación efectiva, por conducto de una adecuada representación y garantizar así su acceso efectivo a la justicia y la adecuada defensa de sus derechos." Así como, la tesis I.8o.A.10 K (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2011985, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, página 2969, que se trascribe a continuación: "REPRESENTACIÓN DE UN MENOR EN EL AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE VERIFICAR LA DEBIDA LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De conformidad con la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, el órgano revisor deberá revocar la resolución recurrida cuando por acción u omisión se hayan violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento, siempre que las violaciones hayan trascendido al resultado del fallo. Entre esas reglas se encuentra la relativa a verificar la debida legitimación de quien promueve el juicio de amparo en representación de un menor de edad, a fin de garantizar una representación adecuada del infante y concretar la igualdad en el acceso a la justicia en todo proceso judicial, en observancia al principio de interés superior del niño. En ese sentido, constituye una violación procesal en los términos descritos, que el Juez de Distrito deseche una demanda de amparo indirecto respecto de un menor, con motivo de que quien se ostentó como su representante incumplió con la carga procesal de acreditar su personalidad, la cual afirmó tener reconocida ante la autoridad responsable, sin que lo hubiera requerido para hacerlo y, en su caso, recabar de la autoridad responsable la constancia respectiva, pues ello implica que soslayó la normativa legal, constitucional e internacional, así como los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proteger el interés superior del menor y permitirle integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tenga una participación efectiva, que asegure el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, si se advierte que durante la secuela del amparo no se verificó la debida legitimación de la persona que promovió el juicio en representación del menor quejoso, debe reponerse el procedimiento." Igualmente, la jurisprudencia 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Julio de 1996, página 48, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." 2. Precise el contenido de los autos de ocho y quince de mayo de dos mil diecinueve, que señala como parte de los actos reclamados; asimismo de ser posible deberá allegar copia de los mismos. Lo antepuesto, en virtud de que la parte solicitante del amparo refiere que tales proveídos dictados en el juicio de origen le causan un perjuicio irreparable a los menores de edad quejosos; sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado, así como de diversos apartados de la demanda de amparo, se inadvierte el contenido de los mismos, ya que únicamente se limita a referir que del cumplimiento de los multicitados autos dañan irremediablemente la estabilidad emocional y psicológica de los infantes quejosos de mérito. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que en la parte quejosa refiera que en parte reclama el régimen de convivencias y/o visitas ordenada en el toca de apelación 67/2014, del índice de la Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, sin embargo, al haberse señalado expresamente como acto reclamado los autos de ocho y quince de mayo de dos mil diecinueve, se estima necesario conocer el contenido de tales acuerdos, lo anterior a fin de estar en aptitud de fijar adecuadamente la litis del presente juicio de amparo. 3. Indique el modo, tiempo y lugar en que tendrán verificativo las convivencias y/o visitas que reclama. Dado que la parte solicitante del amparo fue omisa en manifestar con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde tendrán verificativo las aludidas convivencias y/o visitas, es indispensable que se le haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional de dichos datos, a fin de que este Tribunal cuente con un panorama integral del acto reclamado." En el escrito que se provee, se advierte que la parte promovente no da cabal cumplimiento a la prevención formulada en autos, lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto aduce que ella tiene la patria potestad de los infantes quejosos, asimismo, hace del conocimiento de los contenidos de los autos de ocho y quince de mayo del presente año, dictados en el juicio de origen y explica lo relativo a las cuestiones de modo, tiempo y lugar de las convivencias y/o visitas programadas en dicho contradictorio; también lo es que dichas afirmaciones las efectúo sin expresarlo bajo protesta de decir verdad, tal y como se había establecido en el auto preventivo; en ese tenor no se tiene por cumplida la prevención formulada. Sin que sea óbice a lo anterior, que en el libelo constitucional existe la expresión final "Protesto lo necesario", toda vez que la frase "bajo protesta de decir verdad" constituye un requisito legal que tiene bases constitucionales y que por lo mismo no puede ser omitida, ya que además de tener como objetivo responsabilizar al particular, en el sentido de que deberá de conducirse con veracidad en la narración de los hechos que apoyan la demanda de amparo, su omisión puede tener como consecuencia que el juzgador tenga por no interpuesta la demanda, en caso de que el quejoso no satisfaga ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Novena Época; sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; X, Noviembre de 1999; Página: 32, de rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." En ese contexto, se estima que no da cumplimiento a la prevención formulada en autos, por tanto, la parte impetrante deberá, por escrito y bajo protesta de decir verdad: Acreditar la representación que aduce tiene de los quejosos menores de edad con iniciales D.E.D., y B.B.E.D. Lo anterior en razón de que en el proemio de su demanda, refiere que acude en representación de los referidos infantes quejosos; sin embargo, por un lado, no exhibe medio de convicción alguno con el que demuestre tal representación legal; y por el otro, nada aduce en el sentido de que el legítimo representante de dichos menores de edad se halle ausente, o bien, ignore quién tiene esa representación esté impedido o se negare a promover demanda de amparo a su favor, lo anterior en términos del numeral 8 de la Ley de Amparo. Aunado a que dicho acreditamiento es uno de los requisitos de la demanda de amparo. Máxime que, en atención al principio de interés superior de los menores de edad, este Juzgado Federal está conminado a verificar la debida legitimación de quien promueve el juicio de amparo en su nombre, a fin de garantizar, desde luego, su representación adecuada y concretar la igualdad en el acceso a la justicia en todo momento. Al respecto ilustra el contenido de la tesis I.8o.A.9 K (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2011974, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, página 2890, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA EN NOMBRE DE UN MENOR. SI EL SUSCRIPTOR MANIFIESTA TENER RECONOCIDA SU PERSONALIDAD ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PERO NO LO ACREDITA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLO PARA QUE LO HAGA Y, ANTE SU INCUMPLIMIENTO, ESTÁ OBLIGADO A RECABAR OFICIOSAMENTE LA CONSTANCIA RESPECTIVA. De los artículos 3, numeral 1 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño se advierte, respectivamente, que en todas las medidas concernientes a los niños que deban tomar los tribunales se atenderá, primordialmente, al interés superior del menor, y que el Estado garantizará el derecho de éste a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo y a proteger el ejercicio pleno de sus derechos, ya sea directamente o por medio de un representante, en concordancia con las normas procedimentales del derecho nacional. En estas condiciones, para garantizar el derecho que tiene el menor a participar, directamente o por conducto de un representante, en los procedimientos judiciales en que pueda afectarse su esfera jurídica, el juzgador debe tomar las medidas legales procedimentales necesarias, en atención, primordialmente, al principio de interés superior del niño. Adicionalmente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.", estableció que la figura de la suplencia de la queja en favor de un menor debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, incluyendo, entre otras cuestiones, recabación oficiosa de pruebas, para lograr el bienestar del menor de edad y el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, cuando la demanda de amparo se promueve en nombre de un infante por quien se ostenta como su representante y afirma tener reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, sin que lo acredite, debe requerírsele para que lo haga, porque esa carga procesal, en principio, corresponde al quejoso; sin embargo, el Juez de Distrito también está obligado a constatar fehacientemente esa circunstancia, motivo por el que, previo a desechar la demanda por incumplimiento a dicha prevención, el juzgador está obligado a recabar de la autoridad responsable la constancia respectiva, para proteger el interés superior del menor y permitirle integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tenga una participación efectiva, por conducto de una adecuada representación y garantizar así su acceso efectivo a la justicia y la adecuada defensa de sus derechos." Así como, la tesis I.8o.A.10 K (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2011985, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, página 2969, que se trascribe a continuación: "REPRESENTACIÓN DE UN MENOR EN EL AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE VERIFICAR LA DEBIDA LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De conformidad con la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, el órgano revisor deberá revocar la resolución recurrida cuando por acción u omisión se hayan violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento, siempre que las violaciones hayan trascendido al resultado del fallo. Entre esas reglas se encuentra la relativa a verificar la debida legitimación de quien promueve el juicio de amparo en representación de un menor de edad, a fin de garantizar una representación adecuada del infante y concretar la igualdad en el acceso a la justicia en todo proceso judicial, en observancia al principio de interés superior del niño. En ese sentido, constituye una violación procesal en los términos descritos, que el Juez de Distrito deseche una demanda de amparo indirecto respecto de un menor, con motivo de que quien se ostentó como su representante incumplió con la carga procesal de acreditar su personalidad, la cual afirmó tener reconocida ante la autoridad responsable, sin que lo hubiera requerido para hacerlo y, en su caso, recabar de la autoridad responsable la constancia respectiva, pues ello implica que soslayó la normativa legal, constitucional e internacional, así como los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proteger el interés superior del menor y permitirle integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tenga una participación efectiva, que asegure el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, si se advierte que durante la secuela del amparo no se verificó la debida legitimación de la persona que promovió el juicio en representación del menor quejoso, debe reponerse el procedimiento." Igualmente, la jurisprudencia 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Julio de 1996, página 48, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." 2. Precisar el contenido de los autos de ocho y quince de mayo de dos mil diecinueve, que señala como parte de los actos reclamados; asimismo de ser posible deberá allegar copia de los mismos. Lo antepuesto, en virtud de que la parte solicitante del amparo refiere que tales proveídos dictados en el juicio de origen le causan un perjuicio irreparable a los menores de edad quejosos; sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado, así como de diversos apartados de la demanda de amparo, se inadvierte el contenido de los mismos, ya que únicamente se limita a referir que del cumplimiento de los multicitados autos dañan irremediablemente la estabilidad emocional y psicológica de los infantes quejosos de mérito. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que en la parte quejosa refiera que en parte reclama el régimen de convivencias y/o visitas ordenada en el toca de apelación 67/2014, del índice de la Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, sin embargo, al haberse señalado expresamente como acto reclamado los autos de ocho y quince de mayo de dos mil diecinueve, se estima necesario conocer el contenido de tales acuerdos, lo anterior a fin de estar en aptitud de fijar adecuadamente la litis del presente juicio de amparo. 3. Indique el modo, tiempo y lugar en que tendrán verificativo las convivencias y/o visitas que reclama. Dado que la parte solicitante del amparo fue omisa en manifestar con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde tendrán verificativo las aludidas convivencias y/o visitas, es indispensable que se le haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional de dichos datos, a fin de que este Tribunal cuente con un panorama integral del acto reclamado. Ahora, en virtud de que la parte quejosa presentó el escrito que se provee el once de junio del presente año, ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, y el proveído que pretende cumplir le fue notificado el seis de junio de dos mil dieciocho, en consecuencia, del plazo de cinco días que le fue concedido para ese efecto transcurrió solamente dos días, ya que surtió efectos el siete de junio, por lo que indíquese a la parte quejosa que cuenta con tres días, para desahogar la prevención que le fue formulada en los términos establecidos en aquél acuerdo, cómputo que comenzará al día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique. Como se señaló, resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2ª/J.106/2003, visible en la página 133, del Tomo XVIII, de Noviembre de dos mil tres, Novena Época, publicada en el semanario Judicial de la federación y su Gaceta de rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACION DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TERMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATO LA PREVENCION, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TERMINO." Asimismo, cabe invocar por identidad de razonamiento, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". En tal virtud, hágase del conocimiento de la parte quejosa que queda subsistente el apercibimiento formulado en autos, y en caso de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con la documental que allegó la parte quejosa, fórmese el tomo I de pruebas, agregándole la carátula correspondiente para su debida identificación, respetando su folio y sello. En cuanto a su solicitud de que le sea devuelta la documental que allega, dígasele a la ocursante que con base en el momento procesal en que se encuentra el presente proceso de amparo, no ha lugar a acordar de conformidad su petición; en el entendido de que de admitirse su demanda y si de las constancias que remita la responsables inherentes al acto se encuentra la misma, le será devuelta dicha documental; o en caso de no ser así, le será devuelta hasta que el presente juicio se concluya de manera definitiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado Carlos Armando Salcedo Cordero, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por los menores de edad, por conducto de quien se ostenta su representante legal, a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la misma, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones I y II, en íntima vinculación, a su vez, con el artículo 108, fracciones I y V, todos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, por escrito y bajo protesta de decir verdad: Acredite la representación que duce tiene de los quejosos menores de edad. Precise el contenido de los autos de ocho y quince de mayo de dos mil diecinueve, que señala como parte de los actos reclamados; asimismo de ser posible deberá allegar copia de los mismos. Indique el modo, tiempo y lugar en que tendrán verificativo las convivencias y/o visitas que reclama. Apercibida que de no cumplir con el anterior requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. Se ordena protección de identidad de menor de edad. Transparencia de las resoluciones judiciales. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio. POR ESTE CONDUCTO SE NOTIIFICA A LA PARTE QUEJOSA.
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