Marifer Fabiola Cardoso Armas
Expediente 1141/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1141/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Marifer Fabiola Cardoso Armas
- Juez 6° Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal
Actuaciones
- Principal
MESA "1" México, Distrito Federal, a veinticuatro de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo en vigor, concedido a la quejosa MARIFER FABIOLA CARDOSO ARMAS, para interponer el recurso de queja contra el proveído de ocho de diciembre de dos mil quince, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. En esa virtud, hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa; y, con fundamento en el normativo 214 de la Ley de Amparo vigente, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. Asimismo, como de la certificación secretarial que antecede se desprende que el presente expediente carece de documentos originales y de relevancia jurídica, histórica y/o documental, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace constar que el expediente en que se actúa será susceptible de destruirse, previa su desincorporación, una vez que transcurran más de CINCO AÑOS de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado vigésimo quinto del acuerdo conjunto invocado.
- Principal
MESA "1" Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito signado por la quejosa, a través del cual señala que el número correcto de la causa penal del cual emana el acto reclamado, lo es el 181/2015; en consecuencia, dígasele que deberá estarse a lo ordenado en acuerdo de ocho de diciembre del presente año.
- Principal
MESA "8"México, Distrito Federal, a ocho de diciembre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por MARIFER FABIOLA CARDOSO ARMAS, contra actos del Juez Sexto Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal y Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 103, fracción 1º, 107, fracciones I, III incisos b) y c) y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 3º, 5º, fracción I, 37, 75, 107, 108, 112 y 115, estos de la Ley de Amparo en vigor a partir de esta fecha; regístrese en el libro de gobierno con el número 1141/2015-1, fórmese el expediente impreso y expediente electrónico el que alude el artículo 3º de la ley de la materia. Ahora bien, previo a la admisión de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto debe desecharse de plano la demanda. En ese tenor, el artículo 112 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnado, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. ." De igual forma, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Los dispositivos en comento, establecen que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese orden de ideas, la quejosa reclama en esta instancia constitucional la orden dictada por el Juez responsable para que acuda a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a ser identificada. Ahora bien, este órgano de control Constitucional considera que en la especie, es improcedente el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que es procedente desechar de plano la demanda de garantías. Para justificar lo anterior, se estima pertinente citar el texto de los preceptos que se mencionan: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones o tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. .". Por ende, tomando en consideración el precepto legal citado, se debe precisar que previamente al ejercicio de la acción constitucional se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. Bajo esa tesitura, los artículos 414 y 418, ambos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por ser ésta la ley adjetiva aplicable en los procedimientos penales que son del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del fuero común, establecen: "Artículo 414. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia estudie la legalidad de la resolución impugnada. "Artículo 418. Son apelables: I. La sentencias definitivas incluyendo aquellas que se pronuncien en los proceso sumarios; II. Los autos que se pronuncien sobre cuestiones de jurisdicción o competencia; los que mandan suspender o continuar la instrucción; el de ratificación de la detención: el de formal prisión o de sujeción a procesos o el que los niegue; el que conceda o niegue la libertad. III. Los que resuelvan las excepciones fundadas en alguna delas causas que extinguen la acción penal; los que declaran no haber delito que perseguir; los que concedan o nieguen la acumulación o los que decreten la separación de los procesos; IV. Los autos en los que se niegue la orden de aprensión V. Todas aquellas resoluciones en que este Código conceda expresamente el recurso. Así las cosas, la impetrante de amparo debió interponer el recurso de apelación contra la identificación administrativa (ficha signalética) que impugna por esta vía, en observancia al principio de definitividad que rige el procedimiento del presente juicio, pues el citado acto no constituye un acto que implique privación a la vida, la libertad, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Aunado a lo anterior, se precisa que en la demanda de amparo no se encuentra dato alguno que evidencie que la agraviada hubiere interpuesto el recurso de apelación contra la resolución en que se emitió la orden reclamada, pues en el libelo de acción de amparo se combate únicamente la ilegalidad de la identificación administrativa (ficha signalética), circunstancia que pone de manifiesto, que no agotó tal recurso y, por ende, que no observó el principio de definitividad que rige el amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República. Luego, si no se interpuso el recurso de apelación, el amparo es improcedente contra la identificación administrativa reclamada (ficha signalética), en razón de que, los medios ordinarios de defensa están instituidos para que los afectados los hagan valer de acuerdo con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, de modo tal, que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de aquella. En esa virtud, en el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior por identidad jurídica, la tesis de Jurisprudencia con número 60/2006, al resolver el dieciséis de agosto de dos mil seis, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación la contradicción de tesis 188/2005-PS, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 414 y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. Conforme al artículo 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la orden de identificación administrativa del procesado (ficha signalética) es una consecuencia directa tanto del auto de sujeción a proceso como del de formal prisión, y constituye una medida de naturaleza administrativa-procesal que se rige por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejecución tiene por objeto aportar al Juez de la causa y de futuros procesos, elementos suficientes para la individualización de la pena. Ahora bien, al igual que el auto del que deriva, la mencionada orden de identificación es impugnable mediante el recurso de apelación previsto en los numerales 414 y 418 del referido Código, cuando se reclame de manera destacada o como acto independiente del auto de término constitucional del cual emana, siempre que dicha impugnación verse sobre violaciones a dicho artículo 16 constitucional; es decir, cuando se discurran cuestiones de legalidad; ya que el recurso tendrá como finalidad que el tribunal de segunda instancia analice la legitimidad de dicha orden y, en su caso, determine su modificación, revocación o nulificación. En congruencia con lo anterior, y en cumplimiento al principio de definitividad, se concluye que si el ordenamiento aplicable prevé el recurso de apelación como medio ordinario de impugnación, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo; máxime que la orden de identificación administrativa no constituye una pena o una sanción restrictiva de la libertad del procesado, por lo que no se actualiza alguna de las excepciones previstas en el artículo 73, fracción XIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo". De igual forma es aplicable, la tesis de jurisprudencia publicada con el número 573, página 515, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que precisa: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Bajo esa óptica, de conformidad con los artículos 112, 113 y 61, fracción XVIII, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la demanda de garantías promovida por MARIFER FABIOLA CARDOSO ARMAS, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por no haber agotado el principio de definitividad para promover el presente juicio de garantías. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa, el que señala en su escrito inicial de demanda, y por autorizados en términos del artículo 27 de la ley reglamentaria de los ordinales 103 y 107 Constitucionales, a las personas que se mencionan en dicho libelo. Finalmente, agréguese el escrito signado por el autorizado de la quejosa, a través del cual señala que el número correcto de la causa penal del cual emana el acto reclamado, lo es el 181/2015; en consecuencia, dígasele que deberá estarse a lo ordenado en éste acuerdo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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