Marieli del Carmen Ventura Gomez

Expediente 2833/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2833/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Marieli del Carmen Ventura Gomez
  • Instituto Nacional de Migracion de Reynosa

Actuaciones

  1. Principal

    ...Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación secretarial asentada en la razón de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que Arturo Omar Gamboa Barrera, quien promovió demanda de amparo a favor de Eder Manuel López Fuentes, Valeria Marisol Fuentes Pérez y Edgar Enrique Tec Coc, interpusiera recurso de queja contra el proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada tal demanda, por tanto, con fundamento en los artículos 2o., 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Marieli o Marely del Carmen Ventura Gómez, Josué Neemías Rivera Portillo o Josué Nehemías Portillo Rivera, José Manuel Díaz Hernández y Ana Dionisia Ángel Rivas hubieran recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales conducentes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que este asunto se ubica en las hipótesis a que se refiere el artículo 21, párrafo primero, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez cumplidos tres años de haberse dictado este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Finalmente, se destaca que no obran glosados documentos originales importantes o de valor, y no se abrió cuaderno de incidente de suspensión.

  2. Principal

    En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las diez horas con cincuenta minutos del siete de diciembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Luz Soledad Zamudio Rangel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 2833/2022-6-M, promovido por Marieli o Marely del Carmen Ventura Gómez, Josué Neemías Rivera Portillo o Josué Nehemias Portillo Rivera, José Manuel Díaz Hernández y Ana Dionisia Ángel Rivas. Enseguida, el Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su notificación, según constancias que obran en autos. A continuación, la Secretaria da lectura al escrito de demanda (fojas 2 a 7), así como a las demás constancias de autos, y nueva cuenta con el informe de suspensión de plano y justificado rendido por el Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad (foja 27). A lo que el Juez provee: téngase por relacionadas las constancias de autos, y tómese en consideración dicho informe al resolver este asunto. Acto seguido, se declara abierta la etapa probatoria, y la Secretaria da cuenta con la documental que allegó la autoridad responsable al rendir informe (fojas 28 a 32). A lo que el Juez acuerda: se tiene por admitida y desahogada la prueba de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, que se tomará en cuenta en su oportunidad, sin que existan más probanzas por relacionar, se da por terminada esta etapa. Acto continuo, se abre y cierra la fase de alegatos, toda vez que las partes no los formularon. Sin que exista promoción por acordar, el Juez dicta la siguiente: S E N T E N C I A V I S T O los autos que integran el juicio de amparo 2833/2022-6-M; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en Reynosa, turnado a este órgano de control constitucional, Arturo Omar Gamboa Barrera promovió juicio de amparo a favor de Marieli o Marely del Carmen Ventura Gómez, Josué Neemías Rivera Portillo o Josué Nehemias Portillo Rivera, José Manuel Díaz Hernández y Ana Dionisia Ángel Rivas, contra actos del Delegado Local de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1o., 14, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, 7, 8, 9, 22 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (fojas 1 a 7). SEGUNDO. Por auto de tres de noviembre del año en curso, se registró la demanda con el número 2833/2022-6-M, se concedió la suspensión de plano, y en cumplimiento al requerimiento formulado en esa misma fecha, en el acto de la notificación, Marieli o Marely del Carmen Ventura Gómez, Josué Neemías Rivera Portillo o Josué Nehemias Portillo Rivera, José Manuel Díaz Hernández y Ana Dionisia Ángel Rivas ratificaron la demanda de derechos fundamentales promovida a su favor (fojas 8 a 12 y 16). En ese tenor, por proveído de ocho de noviembre siguiente, se admitió la demanda, se pidió informe justificado, dándose intervención a la Representante Social de la Federación adscrita y fue señalada fecha para la audiencia constitucional (fojas 19 a 22), que se desahogó en los términos que se anotan; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que conforme a los preceptos legales invocados, al no ser este Juzgado de materia especializada, le corresponde conocer de todos los asuntos a que se refiere el Título Segundo, Capítulo I, de la Ley de Amparo, aunado a que el acto reclamado tendría ejecución material en esta ciudad, que pertenece a la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que en este asunto los actos reclamados son la privación ilegal de la libertad, incomunicación, emisión e intento de ejecución de orden de deportación, expulsión o retorno asistido o voluntario, omisión de la obligación de garantizar el derecho a la defensa efectiva, ausencias de garantía de representación legal oportuna y adecuada, de otorgamiento de permiso, acorde a lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Migración, y de notificación consular. TERCERO. Al rendir informe de suspensión de plano y justificado, el Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, allegó documental pública que se hace consistir en copia certificada de los oficios de salida del país, de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, deducido del expediente E.A/1S.9/INM/ORTAM/EST.MIG/ORLREY/ 13567/02-11-2022, E.A/1S.9/INM/ORTAM/EST.MIG/ ORLREY/13566/02-11-2022, E.A/1S.9/INM/ORTAM/ EST.MIG/ORLREY/13565/02-11-2022, E.A/1S.9/INM/ ORTAM/EST.MIG/ORLREY/13568/02-11-2022, para el efecto de que los migrantes, aquí quejosos, bajo sus propios medios abandone el territorio mexicano por la frontera sur, en un término no mayor a 30 (treinta) días naturales, por no haber itinerario de viaje a su país de origen (fojas 28 a 32). Tal medio de convicción al ser expedido por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2o., párrafo segundo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro digital 394182, del título: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Ahora bien, no se analizarán los actos que los impetrantes califican de inconstitucionales, toda vez que se actualiza causa de improcedencia, cuestión que es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, este juicio de derechos fundamentales es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Dado que se constituyó una situación idéntica a la que habría existido si se hubiere concedido a los peticionarios el amparo y protección de la Justicia Federal, dado que al emitirse los referidos oficios de salida del país, en los términos precisados, es claro que la autoridad dejó de afectar su esfera jurídica, y con ello no deja huella que amerite ser borrada por la protección constitucional y sea restituido en el goce del derecho fundamental violado. Es aplicable, la jurisprudencia P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 197367, del rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Finalmente, cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada que no se contrapone a lo previsto en la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1o., fracción I, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 2833/2022-6-M, promovido por Marieli o Marely del Carmen Ventura Gómez, Josué Neemías Rivera Portillo o Josué Nehemias Portillo Rivera, José Manuel Díaz Hernández y Ana Dionisia Ángel Rivas, respecto de los actos reclamados, autoridades responsables y motivo anotados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Luz Soledad Zamudio Rangel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. L'LSZR/Glenda

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vistas las constancias actuariales de tres de noviembre del año en curso, se advierte que Eder Manuel López Fuentes, Valeria Marisol Fuentes Pérez y Edgar Enrique Tec Coc no fueron localizados en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, en sus Estaciones conocidas como "La Cucaracha" y "Familia", según informes proporcionados por Luis Fernando Medina y Salvador Martínez Vigil, Agentes Federales de Migración. Ahora bien, en proveído de tres de noviembre del presente año, se previno a quien promovió la demanda de amparo que se tendría como no presentada la misma, en el supuesto que los quejosos directos no fueran localizados como recluidos o albergados en alguno de los lugares que la autoridad responsable destina para tal efecto. Por tanto, se hace efectivo el citado apercibimiento, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de derechos fundamentales promovida por Arturo Omar Gamboa Barrera, a favor de Eder Manuel López Fuentes, Valeria Marisol Fuentes Pérez y Edgar Enrique Tec Coc. Hágase las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, se advierte que Marieli o Marely del Carmen Ventura Gómez, Josué Neemías Rivera Portillo o Josué Nehemias Portillo Rivera, José Manuel Díaz Hernández y Ana Dionisia Ángel Rivas ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor por Arturo Omar Gamboa Barrera, contra actos del Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de derechos fundamentales. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia de la demanda. Sin que se decrete la apertura del incidente de suspensión solicitado, toda vez que por auto de tres de noviembre del año en curso, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. Para la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTIDÓS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al en que reciba la notificación del presente proveído. De conformidad con el numeral 210-A del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se faculta a la autoridad responsable a rendir el informe de ley vía fax al número telefónico (899 926 30 74) de este Juzgado y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que se tomaron en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional. Indíquese a la autoridad responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Dada la naturaleza del acto reclamado, en este asunto no existe tercero interesado. Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 37/2020, de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, para mejor comunicación, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden entablar comunicación no procesal. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia que los demás acuerdos se le notificarán por medio de lista. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 2002576, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese y personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma Iris Ileana de León Martínez, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho por licencia del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Luz Soledad Zamudio Rangel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece, para que las partes interpusieran recurso de queja contra la determinación de cinco de julio de este año, donde se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo, sin que lo hicieran. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este expediente se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Por último, se hace constar que en este asunto no existen documentos originales importantes o de valor. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Eligio Pérez Morales, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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