Mariela Rodríguez Piña
Expediente 440/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 440/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mariela Rodríguez Piña
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. ( Reanudación de procedimiento. Con el estado que guardan los autos, así como con la certificación secretarial que antecede, y de conformidad a lo establecido en la circular CAP/3/2020 emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se aprobó la "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III, y IV del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19; y por ende, se suspendieron los plazos y términos procesales, posteriormente mediante la circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veinte, emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal relativa a la "Propuesta de Medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid19", signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en este circuito judicial, se determinó regresar al esquema previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV2 (COVID-19), cuya vigencia fue ampliada por los diversos acuerdos por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 a partir del doce de enero del año actual. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, que se sobreseyó en el juicio de amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. ( Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. ( Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. ( Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. ( Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 440/2020. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito recibido, el cinco de agosto de dos mil veinte, Mariela Rodríguez Piña por conducto de su apoderado Carlos Humberto Rodríguez Fernández presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 8, 14, 16, 17 Y 123 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de diez de agosto de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió la demanda de amparo a la que se le asignó el número 440/2020; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados son atribuidos a autoridades cuya residencia y actuación se encuentra dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. De los integrantes y del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y el Actuario adscrito: El retraso en la impartición de justicia pronta y expedita puesto que en el juicio ordinario laboral 330/2014, la autoridad responsable no ha proveído sobre lo siguiente: 1.- Sobre la reinstalación decretada en el laudo definitivo. 2.- Resolver sobre la resolución interlocutoria dentro del incidente de liquidación de sentencia y notificar a las partes. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de las autoridades responsables de reinstalar al quejoso. Se dice lo anterior, pues para efectos de calificar sobre la certeza o falsedad sobre la omisión reclamada resulta necesario verificar si la autoridad responsable se encontraba obligada a actuar en la forma en que indica la parte quejosa en la demanda de amparo. En lo conducente resulta aplicable la tesis de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos" Igualmente es aplicable la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". En el caso, acontece que del contenido del laudo dictado el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo directo laboral 61/2018 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, se advierte que la Secretaría de Educación en el Estado fue condenada en los términos siguientes: ".PRIMERO. La parte actora MARIELA RODRÍGUEZ PIÑA, acreditó la procedencia de su acción en tanto la demandada SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO, no acreditó las excepciones y defensas opuestas. SEGUNDO. Se condena a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO, a incorporar a la actora a la clave presupuestal 121205070001080007, expedir nombramiento a su favor y la inscriba en la nómina de pago. Lo anterior de conformidad en con el considerando quinto del presente laudo. TERCERO. Se ordena la apertura de un incidente de liquidación a efecto de determinar el sueldo quincenal percibido por la actora a efecto de estar en condiciones de cuantificar su pago, así como el aguinaldo y vacaciones correspondientes, debiendo las partes en esa vía aportar su planilla o realizar las manifestaciones pertinentes " De esta manera se obtiene que ni el Tribunal Obrero, ni el actuario adscrito se encontraban obligados a reinstalar a la parte quejosa, puesto que del contenido de los resolutivos trascritos no se obtiene que la quejosa daba ser reinstalada. En mérito de lo anterior como las autoridades responsables no se encontraban obligadas a actuar en los términos que señaló la parte quejosa en la demanda de amparo, es inconcuso que dicha omisión deviene inexistente. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados consistentes en la omisión de dictar la sentencia interlocutoria dictada en el incidente de liquidación y su notificación pues así lo reconocieron el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y el Actuario adscrito al rendir sus informes justificados. Lo anterior se corrobora con las constancias que en copias certificadas remitió con su informe de ley, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía de amparo se reclama, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 158, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 262, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, Parte VIII, Quinta Época, cuyos rubros y texto establecen: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, por lo que ve al acto reclamado consistente en la omisión de dictar la resolución en el incidente de liquidación de laudo y su notificación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para sostener lo anterior, en principio, debe decirse que para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto o hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte: Mediante oficio TCA/PRES/AMP/1645/2020 y TCA/PRES/AMP/1744/2020 suscrito por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, informó que mediante resolución de once de septiembre de dos mil veinte dictó la resolución en el incidente de liquidación promovido por la actora Mariela Rodríguez Piña (aquí quejosa) y posteriormente notificó a las partes el contenido de dicha resolución, y al efecto adjuntó las copias certificadas que así lo corroboran. En ese contexto, este órgano de control constitucional advierte que a la fecha en que se resuelve este juicio de amparo, el acto reclamado, ha cesado sus efectos, dado que, dejó de causarle agravio la omisión de la que se dolía la quejosa, ello en virtud de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, resolvió y el actuario notificó el incidente de liquidación en el juicio laboral de origen. Es decir, cesaron los efectos de la omisión en que incurría la responsable. Como sustento a lo anterior tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos aquí impugnados, en virtud de que ya no continúan surtiendo sus efectos, ni los surtirá; y, además, porque no se dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia, procede sobreseer en el juicio de amparo, en relación con el acto reclamado en la omisión de resolver y notificar el incidente de liquidación de laudo. Por último, no se soslaya que la fiscal adscrita formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mariela Rodríguez Piña en términos de los considerandos tercero y quinto del presente fallo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Carlos Fernando Cabrera López, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Manifestaciones. Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, del que si bien se advierte de forma literal, que en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo -como lo señala dicha autoridad responsable-, remite copia certificada de las notificaciones practicadas a las partes, de la resolución de once de septiembre de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación derivado del juicio ordinario laboral 330/2014 de su índice, promovido por la quejosa Mariela Rodríguez Piña contra la tercera interesada Secretaría de Educación en el Estado, con residencia en esta ciudad; lo cierto es que ello no es así, porque en el presente juicio de amparo aún no se ha celebrado la audiencia constitucional y en consecuencia tampoco se ha dictado sentencia definitiva; sin embargo la referida copia certificada se tiene por recibida en alcance a su informe justificado, ya que se trata de constancias que dieron origen al acto reclamado en el mencionado juicio laboral, mismas que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.KOA/CFCL/jjgm
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