Mariela Rodríguez Mendoza

Expediente 1534/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1534/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Mariela Rodríguez Mendoza
  • Comisión Federal de Electricidad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  2. Principal

    Oficio El Tesorero del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta y se toma conocimiento de lo informado, para ser considerado en el momento procesal oportuno. Consecuentemente, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, acuda ante la Tesorería del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, ubicado en la Avenida Dieciséis de Septiembre, número ciento dos, San Andrés Cholula, Puebla a recibir personalmente o a través de quien legalmente lo represente el cheque emitido a favor de ******************** por la cantidad de ********************, en días hábiles, en un horario de nueve a quince horas, apercibido que de no realizarlo en el lapso concedido, se entenderá que el incumplimiento de la sentencia no es atribuible a la autoridad oficiante, sino a la falta de interés de la parte quejosa y se acordará lo que en derecho corresponda Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    .Oficio. La autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, realiza lo siguiente: 1. Rinde su informe justificado. b.- Ofrece pruebas. Trámite y vista. Se tiene por rendido el informe justificado. Pruebas. Se admiten las pruebas ofrecidas. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento por inexistencia respecto del primer acto reclamado. En el caso, se estima que respecto del primer de los actos reclamado se actualiza el contenido del numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo, siendo inexistente ese acto reclamado. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativas. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante 2 escenarios y momentos procesales distintos, es decir: 1.- Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtúe la negativa del acto cuestionado. 2.- En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. En la especie, la autoridad responsable manifiesta y acredita que el diecisiete de abril del año dos mil quince, en el juicio laboral ********************se desechó la prueba marcada con en el apartado 8******************** del escrito de pruebas de la parte demandada******************** (aquí quejosa), consistente en el cotejo del cual se duele el quejoso; hecho que sustenta la inexistencia del acto reclamado. Esto tomando en cuenta la jurisprudencia 99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicación: viernes 19 de octubre de 2018 10:29 h, de la Décima Época de rubro y contenido que enseguida se citan, la cual establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. En la especie, de las constancias remitidas por la junta responsable, se observa que en auto de diecisiete de abril del año dos mil quince, dictado en el expediente ********************se desechó la prueba a la que hace referencia la quejosa en su escrito de desahogo de prevención. Ergo, la omisión reclamada es inexistente porque la prueba que refiere la quejosa ya había sido desechada con anterioridad en el juicio laboral de origen, por lo tanto no está pendiente de deshaogo. Sobreseimiento por cesación de efectos respecto del segundo acto reclamado. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable manifiesta y acredita que en acuerdo de seis de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************señaló las nueve horas con treinta minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, a fin de llevar a cabo la prueba de inspección ofrecida por la parte actora. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el acto reclamado cesó en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la autoridad responsable han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse señalado fecha y hora para el desahogo de la prueba de inspección. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXI, y numeral 63, fracciones IV de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las trece horas con veinte minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la autoridad responsable en acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintitrés, esto es para rendir su informe justificado, el cual transcurre del veinte se septiembre al diez de octubre de la presente anualidad, toda vez que fue notificada el diecinueve de septiembre del año en curso. Diferimiento. En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional. Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las trece horas con veinte minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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