Mariela Reyes Navarrete
Expediente 507/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 507/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mariela Reyes Navarrete
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal de autos se advierte que, ..., en el que se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. .., archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, por haberse sobreseído fuera de audiencia en el juicio de amparo. ..Notifíquese.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Director del Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez", con sede en esta ciudad, mediante el cual, hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que la quejosa Mariela Reyes Navarrete, fue intervenida quirúrgicamente el nueve de octubre de la presente anualidad, a quien se le realizó la cirugía de Colecistectomía por Laparoscópica, quien en ese momento aceptó cubrir el pago por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos cero centavos, moneda nacional) por concepto de renta de equipo de Laparoscopia, sin condicionar en ningún momento su atención; asimismo, refiere que la quejosa egresó el día diez de octubre del año en curso, sin complicaciones y citándosele en diez días para el retiro de puntos; de igual forma, indica que se le agendó cita para el especialista de urología para el día treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve a las diez horas. Asimismo, téngasele ofreciendo las pruebas consistentes en copia de: Nota de egresó y alta de cirugía de la quejosa Mariela Reyes Navarrete de fecha diez de octubre de dos mil diecinueve. Consentimiento de la quejosa, en cubrir el pago por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos cero centavos, moneda nacional) por concepto de renta de equipo de Laparoscopia, y firmado por la misma y un testigo. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Con dichas manifestaciones, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente acuerdo se le practique, manifieste lo que a su interés legal convenga, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se acordará lo que en derecho corresponda, tomando en consideración lo expuesto por la autoridad en su oficio de cuenta. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director del Hospital Gneral "Dr. Pedro Daniel Martínez", con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cuatro de septiembre del año en curso, rinde el informe relativo a la suspensión de plano decretada en autos. Ahora bien, de dicho informe se desprenden datos importantes, que la autoridad hace del conocimiento de este órgano Jurisdiccional, a saber: Que la que quejosa no cuenta con Coledocolitiasis y Litiasis como lo refiere en su demanda, si no con Colecistitis crónica Litiásica, siendo diagnósticos diferentes -como lo refiere la autoridad- El hospital de referencia no cuenta con el equipo para realizar una Colecistectomía Laparoscópica (lo que previamente le fue informado), empero, tiene contratada una empresa subrogada para brindar dicha cirugía laparoscópica, siendo el costo de $4,000.00 (cuatro mil pesos m.n.). La quejosa estuvo de acuerdo en que fuera programada su cirugía con esta última técnica. No obstante haber estado conforme, si ahora no se encuentra de acuerdo con dicha técnica, por alguna circunstancia determinada, se le realizará la Colecistectomía tradicional, sin dejarse de atender. A través de ultrasonido, se le detectó a la quejosa Litiasis Renal Bilaterial, sin embargo no ha acudido a consulta con el especialista en Urología para dicha atención. Por ende, resulta sumamente importante de dar a conocer de manera INMEDIATA a la parte quejosa, dichas manifestaciones, a fin de que se encuentre en condiciones de que determiné y haga del conocimiento de la responsable sobre la decisión que decida tomar para el procedimiento quirúrgico que la autoridad responsable le puede ofrecer. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Mariela Reyes Navarrete, por propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Director del Hospital General de Uruapan "Dr. Pedro Daniel Martínez", con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 507/2019, y SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata; en la inteligencia de que en el presente juicio, los actos reclamados se hacen consistir en: "IV. Acto Reclamado: La negativa de proporcionarme una adecuada atención médica consistente en una cirugía de coledocolitiasis y litiasis renal bilateral necesarias para salvaguardar mi salud y vida, programada para el 09 de octubre de 2019, si no pago previamente la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos cero centavos moneda nacional), es decir, se condiciona la cirugía al pago de la misma." SUSPENSIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Tomando en consideración que la promovente reclama la negativa de proporcionarle una adecuada atención médica consistente en una cirugía de coledocolitiasis y litiasis renal bilateral necesarias para salvaguardar su salud y vida, programada para el 09 de octubre de 2019, si no paga previamente la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos cero centavos moneda nacional), es decir, se condiciona la cirugía al pago de la misma. Determinado lo anterior, se tiene que los citados actos no constituyen actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tampoco están previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Sin embargo, como bien lo invoca la ocursante, el derecho a la salud es fundamental para todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. Además de que el artículo 126 de la Ley de Amparo refiere que procede la suspensión de oficio y de plano cuando, entre otros actos, importen peligro de privación de la vida de una persona, y en el caso, nos encontramos como lo refiere la quejosa directa tiene una necesidad de ser intervenida quirúrgicamente. Por tanto, ello obliga al Juez de amparo a que aborde la cuestión con plenitud y analice las implicaciones pronta y frontalmente, para exigir a las autoridades responsables las acciones médicas correspondientes relativas al estado de salud de la solicitante del amparo. Sobre este tema, la Primera Sala de Justicia de la Nación, emitió la tesis 1ª.LXV/2008, visible en la página 457 del Tomo XXVIII, Julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS..." Además, dichos actos se consideran violatorios del derecho humano a la salud, consignado en el 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 4º. (.) ..." Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "Artículo 2: Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos." "Artículo 12: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental." Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. "Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad." De lo anterior, permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarias para que toda persona tenga acceso a los servicios de salud, porque ese derecho no se limita a la salud física; es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado de salud mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental. Bajo ese tenor, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 48, primer párrafo, 126 y 147 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CON EFECTOS RESTITUTORIOS, para los siguientes efectos: Que se le proporcione la atención médica adecuada a su padecimiento. b) Se realicen las gestiones pertinentes y necesarias a efecto de que a la quejosa Mariela Reyes Navarrete, no se le condicione al pago de la cirugía, para salvaguardar su integridad, tomando en consideración que de ser necesario la responsable debe recurrir de manera coordinada con otras autoridades que puedan auxiliar a su cometido. Lo anterior, con base en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece que: ".cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos." REQUERIMIENTO DE INFORMES EN RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase saber la suspensión de oficio a la autoridad responsable, quien deberá informar a la brevedad posible, dentro de las veinticuatro horas a partir de que sea notificada, como lo establece el artículo 158 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación, apercibida que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá MULTA equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Orden que debe obedecer bajo su más estricta responsabilidad; haciéndole de su conocimiento que la desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora, dada la particularidad del asunto, también requiérase a la autoridad responsable: Informe el estado de salud de la quejosa. Informe el tratamiento médico requerido por la misma, así como si es cierto la condición a la cual le están condicionando la cirugía que comenta en caso de requerirla. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígasele a la autoridad responsable que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Con fundamento en el artículo 15, párrafo segundo de la Ley de Amparo, resulta innecesario tramitar por separado incidente de suspensión, toda vez que como se advierte de párrafos anteriores, se está concediendo de plano respecto del acto que reclama la parte quejosa. Dése la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Respecto al emplazamiento de quién o quiénes les pudiera resultar el carácter de terceros interesados, se reserva acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto obren constancias en autos que así lo acrediten, de ser ciertos los actos reclamados. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE. REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS. Con apoyo en los preceptos 115 y 117, de la ley de la materia, pídase de la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio de notificación correspondiente; asimismo, remita, en su caso, todas y cada una de las constancias en que se basó para emitir el acto reclamado. Asimismo, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe justificado, manifieste si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata promovió algún medio ordinario de defensa o, bien, diverso juicio de amparo en contra del acto que por esta vía constitucional reclama, en el entendido que de no hacerlo se le hará efectivo el apercibimiento citado en el párrafo que antecede. En el caso de que la autoridad responsable no exista o tenga denominación diversa a la señalada por la parte quejosa, de modo tal que impida su plena identificación, se le tendrá por inexistente; sin que ello impida que con posterioridad señale la denominación correcta hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, que en este juicio se llegare a celebrar; en el entendido que de no hacerlo, la resolución se emitirá únicamente por las autoridades responsables que hasta ese momento tengan tal carácter, ello, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 108, fracción III, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se les hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este Órgano Jurisdiccional Federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito inicial de demanda y autorizando en términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Raúl Calzada Ortega, Olivia Benítez Reyes, Santiago Orozco Valencia y Alejandro León Cortes, Brisa Janet González Ramos, Cipriano Rodríguez Sandoval Villanueva, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Norma Guillen Tinoco, Laura Iliana Valladares Vega y Linda Estrella Zamudio Castillo, en razón de que no tiene su cédula profesional registrada en el Sistema en cita; de igual forma, a los pasantes juristas Alma Imelda Anguiano Rentería, Julián Guerrero Juárez, Dulce Eugenia Farfán Bailón, Gloria Edith Montoya Ramírez, Mario Miguel Sánchez Ponce, Azanara Guadalupe Orejel Avalos, Cecilia Flores Ceja, Yereni Medina Chávez, Claudia Ivette Pérez Cruz, Virginia Ortiz García, Irma Arroyo Hinojosa y/o Brenda García García, Andrea Jacqueline Barriga Olvera y Bryan Melgarejo Ortiz. Por otra parte, en atención a su diversa petición en el sentido de que se autorice a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico con el nombre de los usuarios "Rcalzada" y "brisajanet"; no ha lugar a autorizar la consulta del expediente electrónico que solicita, lo anterior, toda vez que de la presente demanda, no se advierte firma alguna que avale el consentimiento de las personas que poseen dicho usuario, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 24, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificaran por medio de lista. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por medio de oficio a las autoridades responsables.
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