Mariela Ramirez Rosas

Expediente 3/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
3/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • Mariela Ramirez Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio signado por el Actuario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; téngasele por insertado el contenido del proveído de cuatro de marzo del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo 2/2021-II, de su índice, por medio del cual remite el escrito signado por la parte quejosa y tomando en consideración el contenido del mismo, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte dicha parte. Así mismo, se le informa a la impretante de garantías que deberá estarse al proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, quedando firme mediante el diverso auto de dieciocho de marzo de la citada anualidad. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y, como de la misma se advierte, que ya transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja previsto en la fracción I, inciso a) del artículo 97 del mismo cuerpo de leyes, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer dicho medio de impugnación en contra del proveído que desechó la presente demanda de garantías, tal como se advierte de la certificación secretarial; en consecuencia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se declara que este expediente susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, inciso d), del citado Acuerdo, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Por lo que en cumplimiento de este último acuerdo general conjunto se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos la demanda de amparo descrita en la cuenta secretarial, únicamente para que obre como corresponda; tomando en consideración, que, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte, que mediante proveído de veintiocho de enero del año en curso, se desechó la de demanda de amparo antes referida. Notifíquese.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el oficio de cuenta y las constancias acompañadas al mismo; ahora bien, tomando en consideración que del contenido del mismo se desprende, que mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expedientillo de varios, del índice de este juzgado, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el Actuario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; asimismo, este órgano jurisdiccional aceptó el conocimiento de la demanda remitida y ordenó remitir dicho oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a efecto de que fuera registrada como un juicio de amparo nuevo y la remitiera de nueva cuenta a este juzgado; en tal virtud se provee en los siguientes términos: Vista la demanda de amparo, promovida por Mariela Ramírez Rosas, por propio derecho, contra actos del JUEZ Y ACTUARIOS, ADSCRITOS AL JUZGADO VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 3/2021. Cabe precisar que al examinar la demanda se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo ordenado por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, al analizar la demanda de amparo, se advierte que la misma fue presentada vía electrónica con la firma electrónica de Julián Reyes, autorizado por la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mas no así con la firma electrónica de la quejosa, la cual promueve por propio derecho y por ende al haberla presentado en esa vía, resulta necesaria la clave que sustituye la firma autógrafa de la parte quejosa y dado que carece de ella, se actualiza la causal de improcedencia que prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, ambos de la Ley de Amparo, según se desprende de la siguiente: En efecto, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" Por su parte, el artículo 6 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. - - - Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Ahora bien, conforme al precepto citado en segundo lugar, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De esa forma, el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o apoderado, o bien, por cualquier persona en los casos previstos por la Ley de la Materia, y cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que Ley de Amparo lo permita. En esas condiciones y toda vez que la demanda de amparo carece de firma electrónica de la parte quejosa, no existe voluntad de dicha parte para iniciar el juicio de amparo; por tanto, al no haber voluntad de la parte quejosa para iniciar la actividad jurisdiccional de amparo, se concluye que en el caso concreto no hay instancia de parte agraviada. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, visible en la página 79, Libro 65, Abril de 2019 Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2019715, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Así como la la jurisprudencia emitida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 181-186, Quinta Parte, página 71, registro 242775, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII, esta última en relación con el artículo 6 y 113, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, tomando en consideración que en el acuerdo general 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase al promovente que la resolución que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del acuerdo general precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. En atención al origen de la causal invocada, y al no admitirse la expresión de voluntad de la parte promovente, en consecuencia, no es posible tenerla por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones ni por autorizados a las personas que menciona; por lo que túrnense los presentes autos al actuario que corresponda para que notifique por medio de lista a dicha parte el presente proveído, en términos del inciso a), de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal. En diverso aspecto, cabe señalar que conforme al artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, desahogo de comparecencias o requerimientos, por lo que sólo se podrán consultar los expedientes en los términos indicados en el dispositivo en cita y cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020. De igual forma, en caso de que la promovente no tenga acceso a medios electrónicos para la consulta de los expedientes electrónicos, se hace de su conocimiento que cuando tenga cita podrá hacer uso del equipo de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrá para tal efecto, el cual podrá destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se exhorta a la promovente para que cuando le sea posible transite hacia la actuación de Servicios en Línea, pues la intención es dar continuidad a la tramitación de los expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; así como a que proporcionen medios de contacto como un número telefónico y correo electrónico. Notifíquese, y por medio del lista a la promovente.

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