Mariela García Sánchez, Sindico Municipal
Expediente 1132/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1132/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Mariela García Sánchez, Sindico Municipal
- Ayuntamiento Municipal de Xalostoc, Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cinco de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído dictado el siete de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente sumario. En consecuencia, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental¿ no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Cúmplase. hhAsí lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, siete de noviembre de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 110/2020-Vll, del índice de este órgano jurisdiccional, así como copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 201/2022, de su índice, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "[.] PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Bertha Pineda Aguilar, contra los actos y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, inciso a), de la sentencia recurrida TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Bertha Pineda Aguilar, contra los actos y autoridades responsables, precisados en el considerando segundo, inciso b), de la sentencia objeto de revisión. [.]." En tal virtud, como lo solicita la superioridad acúsese el recibo correspondiente; asimismo, se ordena destruir las copias con las que se integró el cuaderno de antecedentes con motivo del recurso interpuesto, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto. Además, dese a conocer a las partes la devolución de los presentes autos, mismos que se encontraban en revisión y comuníqueseles que la superioridad confirmó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por haberse por una parte sobreseído y por otra negado la protección constitucional, en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido dicho termino, dentro del pazo de noventa días hágase la depuración del mismo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente. Incidente de suspensión Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida suspensional, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción l, inciso a), del mismo Acuerdo; por tanto, es susceptible de depuración. En consecuencia, una vez transcurrido el plazo de conservación precisado en el penúltimo párrafo del artículo 18 del citado acuerdo (tres años), dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término en comento deberá depurarse el citado incidente; por lo que se conservará la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar. Duplicado del Incidente de suspensión En diverso aspecto, como lo dispone el numeral 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, siete de noviembre de dos mil veintidós. Causa estado auto de desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Mariela García Sánchez; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, (dentro de un horario de ocho a trece horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, catorce de octubre de dos mil veintidós. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por Mariela García Sánchez, en su carácter de Síndico Municipal y representante del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, a través del cual, desahoga la prevención formulada por auto de cinco de octubre del año que transcurre. Desechamiento de demanda Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que respecto de los actos reclamados en esta instancia constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la fracción IV, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De los preceptos legales transcritos se obtiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo efectuados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido en el resultado de la resolución. Ahora bien, en los actos surgidos de una contienda en el juicio de amparo se establecen dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de los emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva. La primera hipótesis genérica, consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia, y por tanto, no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, es decir, que se emitan de manera destacada, autónoma e independiente del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como regla específica, cuya finalidad es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, y que sólo permite la tramitación de la acción de amparo cuando se emita la última resolución de la fase ejecutiva de que se trata; lo que es así, porque de lo contrario, esto es, de permitir la interposición de esta acción de control contra cualquier resolución emitida en fase de ejecución, sería tanto como permitir que una persona que ya ha sido oída y vencida en juicio en el que ya alegó y probó sus defensas sin obtener fallo a su favor, obstaculizara la acción de la justicia e impidiera que las prestaciones de quien obtuvo la razón se vieran denegados o retardados en detrimento de la firmeza del sistema jurídico en su conjunto. Es por ello que el legislador estableció que respecto a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, la acción de amparo debe prosperar sólo si se impugna la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que se reitera, tratándose de los procedimientos de ejecución la sociedad y el estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto al derecho fundamental de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento. Tiene aplicación la jurisprudencia 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Al respecto, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, el registro de los juicios de amparo que se tramitan en este juzgado, de los que se advierte la existencia del diverso identificado con el número 935/2022, del índice de este juzgado en cuyas actuaciones obra la resolución que se reclama en este asunto, la cual se emitió en etapa de ejecución en el expediente laboral de origen, pues en la citada diligencia se hace alusión al cumplimiento del laudo; por tanto, se reitera que el acto en reclamo se emitió en etapa de ejecución. Ahora bien, en la resolución reclamada la autoridad responsable desechó el incidente interpuesto por el Ayuntamiento de Xaloztoc, Tlaxcala (parte quejosa) en los siguientes términos: De lo expuesto se obtiene que el acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria de uno de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 20/2015-B, del índice del Tribual de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala (en la que se desechó por improcedente el incidente de competencia, interpuesto por el Ayuntamiento demandado en el juicio de origen, aquí quejoso), no es la determinación que pone fin al procedimiento de ejecución, pues no es la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que no procede el amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia aunque se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada, sino hasta que se dicte la última resolución del procedimiento de ejecución, menos aún podría admitirse la procedencia del amparo contra un acto netamente procesal. Lo anterior lleva a concluir que no procede el amparo indirecto, sino que ésta debe reclamarse a través del amparo que se promueva en contra de la última resolución dictada en ese periodo, vía conceptos de violación. Aunado a ello, debe decirse que los actos reclamados no pueden considerarse como actos de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, en la medida que no atenta por sí mismos y de manera inmediata, contra algún derecho sustantivo constitucional o convencional, por el contrario, es notorio que sus efectos son meramente intraprocesales, ya que sus consecuencias son susceptibles de extinguirse sin generar menoscabo alguno al gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica. Lo anterior es así, porque como quedó precisado desde el inicio de esta determinación, el solicitante del amparo es parte formal y material en el juicio natural, de ahí que está vinculada a su cumplimentación. Es aplicable al caso, por analogía la tesis II.2o.C.389 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página 1721 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." Por el motivo expuesto, queda evidenciado que los actos reclamados en esta vía de amparo constituyen una actuación intermedia emitida dentro del periodo de ejecución de sentencia; por lo que no puede ser combatidos a través del juicio constitucional, al no constituir la última resolución dentro del mismo, pues no es aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo condenado, no declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente, o en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de bienes rematados. Sin que en el caso se advierta la actualización de una excepción a dicha regla, ya que esta sólo opera en el supuesto de aquellas resoluciones intermedias, dictadas en el procedimiento de ejecución que sí pueden ser combatibles a través del juicio de amparo, en virtud de que, según su naturaleza, no implican la ejecución parcial de lo condenado y poseen autonomía destacada de lo que implica la cosa juzgada, sea porque creen o modifiquen un derecho en el procedimiento de ejecución, y por ende, puedan ocasionar un perjuicio inmediato, como a guisa de ejemplo son: la orden de arresto dictada como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes, o la interlocutoria que fija cantidad líquida. Como criterio orientador se cita la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 644 del Apéndice de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Novena Época, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Por tanto, en el caso concreto, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo XXIII del numeral 61, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, a contrario sensu, de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Olga Viviana López González Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Mmp
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