Mariela Abigail Marroquin Arevalo
Expediente 2583/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2583/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Mariela Abigail Marroquin Arevalo
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado con el oficio 1284, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informó el cumplimiento dado al fallo protector, sin que ninguna de las partes hayan hecho manifestación alguna al respecto, no obstante de estar notificadas de dicho proveído. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Bajo esa premisa normativa, el treinta de agosto de dos mil veintidós, el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz dictó sentencia constitucional en el presente juicio, en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Cristóbal Salomón de Lojo, la cual tuvo como trascendencia jurídica que el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio hipotecario 414/2018, desde el momento del emplazamiento al aquí quejoso y Ordene realizar de nueva cuenta éste, siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Bajo los lineamientos de la ejecutoria mencionada, mediante el oficio 1284, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, dicha responsable remitió las copias certificadas relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las copias certificadas a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, a las que se otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable en cita, emitió un acuerdo dentro del juicio hipotecario 414/2018, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en el citado juicio a partir del emplazamiento y ordenó el emplazamiento del aquí quejoso. Por lo antes expuesto, es claro que la autoridad responsable ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos en que le fue requerido, pues se le restituyó en el pleno goce del derecho violado, y se restablecieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada. Archivo Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veintidós. FOLIO 15461 Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por Efraín Meza Domínguez, por medio del cual solicita el sobreseimiento del presente juicio de amparo; atento a su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad su escrito, dado que en el presente juicio de amparo no funge con el carácter de autorizado de la quejosa María Noemí Domínguez Martínez, dado que únicamente promovió en favor de la impetrante la demanda de amparo. AUTORIZADO En otro orden de ideas, del estado que guardan los autos se advierte que en la demanda de amparo indirecto se señaló como autorizado a Luis Arturo Falcón Garay, en ese tenor, se provee lo siguiente: Téngase como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al citado profesionista dado que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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