Mariel Zenaida Roman Domínguez
Expediente 794/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 794/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 09/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mariel Zenaida Roman Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II inciso a), del Acuerdo General antes mencionado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el Capítulo Séptimo, fracción I, Inciso a) del citado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es depurable y por tal motivo, deberán conservarse todas las resoluciones donde se concedió la suspensión provisional y definitiva. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se Negó la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Asimismo devuélvase a la responsable el anexo que remitió como apoyo a su informe justificado, toda vez que el mismo ya no es de utilidad para este órgano jurisdiccional. Finalmente, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual acusa de recibo el oficio 1930/2023, al respecto, se tiene por hecha la comunicación aluda para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés Visto el estado de los autos, se advierte que a la fecha no obra el acuse relativo al oficio 39135/2022, por el que se notificó la sentencia de dos de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia requiérase al Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para el efecto de que en el término de tres días, informe vía telegráfica a este Juzgado Federal la fecha de recepción del oficio citado, apercibido que en caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento o de no informar la imposibilidad que tuviera para ello, se le impondrá, como medida de apremio una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259; ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Hago constar que notifico las determinaciones de fechas dos y catorce, ambas de diciembre de dos mil veintidós, al tercero interesado Gustavo Gómez Moreno, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional; así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación: Cuernavaca, Morelos, a catorce de diciembre de dos mil veintidós Vista la razón asentada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente al tercero interesado Gustavo Gómez Moreno, por las razones que señala en la misma; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación de la resolución de dos de diciembre de dos mil veintidós, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte tercero interesada, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de Julián Pantaleón Suárez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Resolución de dos de diciembre de dos mil veintidós: VISTO, para resolver el juicio de amparo 794/2022, promovido por Mariel Zenaida Román Rodríguez, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales G.D.G.R.1, contra actos de la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Mariel Zenaida Román Rodríguez, por propio derecho, y en representación de su menor hijo de iniciales G.D.G.R., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Morelos "Reclamo el ILEGAL AUTO Y/O PROVEÍDO dictado en audiencia de PRESENTACIÓN DE MENOR de fecha 27 de mayo de 2022 dentro del número de expediente 206/2015-3 relativo a la CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR SOBRE ALIMENTOS, PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA promovido por la suscrita MARIEL ZENAIDA ROMAN DOMINGUEZ en contra de GUSTAVO GOMEZ MORENO, que transgreden los DERECHOS HUMANOS de mi menor hijo GABRIEL DARÍO GÓMEZ ROMÁN, ya que dicho ACTO DE MOLESTIA viola las reglas esenciales del procedimiento 1 Tomando en cuenta que en el juicio de amparo, la parte quejosa representada por su madre, es una persona menor de edad, debe reservarse la información en cuanto a su nombre o características, en acatamiento de la regla 8.1, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, que al tenor dice: "8. Protección de la intimidad.- 8.1 Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad". familiar.". SEGUNDO. El veintiuno de junio de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 794/2022 y previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda. TERCERO. Por acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, el suscrito admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo2. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la 2 "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Morelos es: ? El acuerdo dictado en audiencia de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dentro del expediente 206/2015-3, relativo a la controversia del orden familiar sobre alimentos, guarda y custodia definitivos, mediante el cual requirió a la Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del municipio de Tlaltizapán, Morelos, a efecto de que designara perito en materia de psicología para brindar terapia psicológica al menor de iniciales G.D.G.R., por un lapso de seis meses. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se desprende del contenido del informe justificado; circunstancia que se corrobora con el legajo que compone las actuaciones del expediente 206/2015-3, a las cuales se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia. Asimismo, el suscrito considera que no se surte ninguno de los supuestos que dispone el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior se hace constar ya que el estudio de las causas de improcedencia es de estudio oficioso, de conformidad con el último párrafo del numeral 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Con el propósito de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe precisarse en primer lugar que, resulta innecesario realizar su transcripción, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, aunado a que no existe algún precepto en la Ley de Amparo que establezca esa obligación, por lo que queda al prudente arbitrio de la persona juzgadora el realizarlo, atendiendo a las particularidades de cada asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/20103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, con número de registro digital 164618. debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para un mejor entendimiento de este asunto, se estima pertinente realizar una breve síntesis de los conceptos de violación expuesto en el escrito de demanda. 1. Síntesis de los conceptos de violación a) Considera que la determinación de la autoridad responsable sitúa al menor en una situación de peligro, pues pasa por alto la solicitud que se planteó en su demanda, respecto de la pérdida de la patria potestad del padre del menor. b) Refiere que el amparo que se conceda en este juicio debe ser para que la autoridad responsable realice las diligencias necesarias y no se le prive de sus derechos. 2. Planteamiento del problema jurídico a resolver Para dar una adecuada respuesta a los conceptos de violación propuestos, se advierte que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si son constitucionales o no las terapias psicológicas ordenadas al menor de iniciales G.D.G.R. 3. Estudio de los conceptos de violación Por cuestión de método, se procede al estudio de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. A criterio del suscrito, son infundados para conceder el amparo solicitado, pues las terapias psicológicas que se ordenaron en favor del menor quejoso tienen como finalidad procurar su bienestar, y en consecuencia, atienden a su interés superior. Para un mejor entendimiento de lo que aquí se sostiene, resulta pertinente analizar en primer lugar el concepto del interés superior de la niñez, para posteriormente, analizar la entrevista con el menor quejoso, asentada en el acta de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, y finalmente, exponer las razones por las cuales no le asiste la razón a la parte quejosa. 3.1. El interés superior de la niñez como eje rector en la toma de decisiones que involucre a personas menores de edad El concepto del interés superior de la niñez es un concepto complejo debido a su indeterminación. Pero debido a su importancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/2014, sostuvo que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, implica que el desarrollo de estos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, garanticen y aseguren que todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. El razonamiento anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 7/20164, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la 4 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 34, septiembre de 2016, tomo I, página 10, con número de registro digital 2012592. necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento". En ese mismo sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3799/2014, sostuvo que el Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad. Así, en atención al interés superior del menor, precisó que es inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas. No obstante, cuando deba hacerse a la luz de una controversia, éstas han de establecerse en función de cada caso concreto, según lo que resulte acorde con dicho interés. Además, en el amparo directo en revisión 553/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que en aras de una protección integral de la infancia, la opinión de las niñas, niños y adolescentes involucrados es solo uno de los elementos relevantes para tomar una decisión. Por tanto, a la luz de los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede concluirse que la persona juzgadora debe ponderar todas las circunstancias del caso -incluyendo, por supuesto, la opinión de las niñas, niños y adolescentes involucrados- para emitir una resolución armónica y respetuosa de sus derechos humanos, aun cuando ello no coincida en todos los casos con la opinión expresada. 3.2. Análisis a la entrevista realizada con el menor quejoso el veintisiete de mayo de dos mil veintidós En el acta levantada con motivo de la audiencia de presentación del menor quejoso, celebrada el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se hizo constar la entrevista que la jueza responsable sostuvo con el menor quejoso, en presencia de la secretaria de acuerdos de su adscripción, de la agente del ministerio público estatal, y de la psicóloga adscrita al Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos. Durante la entrevista libre realizada, el menor expresó su opinión respecto de diversas cuestiones en torno a su ambiente familiar, entre las cuales se advierten las siguientes: ? No ve a su papá desde el año dos mil dieciocho, cuando "se lo llevó la policía". ? Desde los ocho años no convive con su padre, no lo extraña porque siente que a él no le gustó tenerlo ni tampoco la responsabilidad de cuidarlo. ? No desea que su padre participe más en su vida pero considera necesario que acuda a terapia para controlar su ira porque su carácter es fuerte. ? Luego refirió que sí le gustaría convivir con su papá pero que si antes va a terapia para controlar su ira. ? Le tiene más confianza al "señor" -la actual pareja de su madre- que a su papá. Luego de la entrevista, la jueza responsable y compañía, salieron de la sala lúdica en la que se encontraba el menor, para ingresar al privado de la jueza y continuar con la diligencia. Requirió la presencia de los progenitores del menor y concedió el uso de la palabra a la psicóloga adscrita al Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, en la que expresó su opinión profesional respecto de las manifestaciones que hizo el menor quejoso durante la entrevista, las cuales se sintetizan a continuación: ? Observó una rutina familiar establecida en la cual el menor acepta y respeta a la actual pareja de su madre y a su media hermana. ? El menor muestra mayor afinidad por su progenitora que por su padre. ? El menor tiene sentimientos ambivalentes con respecto a su padre, pues si bien conserva gratos recuerdos con él, su relación se ha visto mermada por falta de convivencia. ? Existen sentimientos de abandono por parte del menor en relación con su padre, por lo que considera necesario restablecer la relación paterno filial por medio de convivencias. ? Estimo necesario que se canalice al menor a terapia psicológica por un periodo de al menos seis meses, con la finalidad de que obtenga un apoyo emocional que le permita identificar y manejar de una mejor manera sus emociones. Luego de ceder el uso de la palabra a las demás partes, la autoridad responsable acordó entre otras cuestiones que se enviara oficio a la Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del municipio de Tlaltizapán, Morelos, a efecto de que designara un perito en psicología que brinde atención psicológica al menor por un lapso de seis meses. Ello, con la finalidad de brindarle un apoyo emocional que le permita identificar y manejar sus emociones a fin y le permita transitar la controversia con sus progenitores. 3.3. Las terapias psicológicas ordenadas al menor quejoso tienen como principal objetivo proteger su interés superior Ya que han quedado precisados, de manera breve, los conceptos del interés superior de la infancia y lo acontecido en la diligencia de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, este juzgador considera que la terapia psicológica ordenada tiene como principal objetivo tutelar el interés superior del menor quejoso. Para determinar si en una decisión se ha tomado en cuenta el interés superior de la niñez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, así como en el amparo directo en revisión 1072/2014 y amparo directo 22/2016, determinó que deben reunirse los siguientes factores: i) Que a través de la explicación se logre demostrar que se ha respetado este derecho dentro de la decisión; ii) Que se desarrollen los elementos que se han considerado para atender al interés superior; iii) Que se expongan los criterios en que se basó la decisión, y iv) Que se justifique la forma en que se ponderaron los intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otras consideraciones, ya sea en casos concretos o en cuestiones normativas. En el presente asunto, se colmaron los requisitos anteriores, pues: i) La jueza responsable hizo constar la forma en cómo se llevó a cabo la entrevista con el menor, con base en los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes; aunado a que la plática que sostuvo con el menor quejoso se realizó en presencia de una psicóloga y de la agente del ministerio público estatal. ii) Las terapias ordenadas tienen como motivo las manifestaciones realizadas por el menor quejoso y la opinión proporcionada por la psicóloga, respecto de lo expuesto por el propio menor durante la entrevista. iii) La jueza responsable basó su decisión con el objetivo de que, mediante el apoyo psicológico, el menor pueda identificar y manejar sus emociones, así como a sobrellevar de manera adecuada la contienda judicial que mantienen sus padres. iv) Justificó que, luego de la terapia psicológica por el plazo ordenado, analizará lo conducente respecto de la convivencia con el progenitor del menor. De este modo, puede concluirse que la jueza responsable ponderó adecuadamente el interés superior de la niñez, pues mediante el apoyo profesional de una persona terapeuta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del municipio de Tlaltizapán, Morelos, se pretende el bienestar emocional del menor quejoso. Por tanto, son infundados los argumentos de la parte quejosa, pues lejos de situar al menor en una situación de peligro, se procuró brindarle un apoyo psicológico a cargo de una persona capacitada para tal efecto; además de que la jueza responsable ha demostrado que sí realizando diligencias para resolver en definitiva ese juicio. De ahí que deba negarse el amparo y protección solicitado por la parte quejosa. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Mariel Zenaida Román Rodríguez, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales G.D.G.R., contra los actos de la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Morelos, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria que da fe, hasta hoy dos de diciembre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 794/2022, promovido por Mariel Zenaida Román Rodríguez, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales G.D.G.R.1, contra actos de la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Mariel Zenaida Román Rodríguez, por propio derecho, y en representación de su menor hijo de iniciales G.D.G.R., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Morelos "Reclamo el ILEGAL AUTO Y/O PROVEÍDO dictado en audiencia de PRESENTACIÓN DE MENOR de fecha 27 de mayo de 2022 dentro del número de expediente 206/2015-3 relativo a la CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR SOBRE ALIMENTOS, PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA promovido por la suscrita MARIEL ZENAIDA ROMAN DOMINGUEZ en contra de GUSTAVO GOMEZ MORENO, que transgreden los DERECHOS HUMANOS de mi menor hijo GABRIEL DARÍO GÓMEZ ROMÁN, ya que dicho ACTO DE MOLESTIA viola las reglas esenciales del procedimiento 1 Tomando en cuenta que en el juicio de amparo, la parte quejosa representada por su madre, es una persona menor de edad, debe reservarse la información en cuanto a su nombre o características, en acatamiento de la regla 8.1, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, que al tenor dice: "8. Protección de la intimidad.- 8.1 Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad". familiar.". SEGUNDO. El veintiuno de junio de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 794/2022 y previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda. TERCERO. Por acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, el suscrito admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo2. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la 2 "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Morelos es: ? El acuerdo dictado en audiencia de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dentro del expediente 206/2015-3, relativo a la controversia del orden familiar sobre alimentos, guarda y custodia definitivos, mediante el cual requirió a la Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del municipio de Tlaltizapán, Morelos, a efecto de que designara perito en materia de psicología para brindar terapia psicológica al menor de iniciales G.D.G.R., por un lapso de seis meses. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se desprende del contenido del informe justificado; circunstancia que se corrobora con el legajo que compone las actuaciones del expediente 206/2015-3, a las cuales se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia. Asimismo, el suscrito considera que no se surte ninguno de los supuestos que dispone el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior se hace constar ya que el estudio de las causas de improcedencia es de estudio oficioso, de conformidad con el último párrafo del numeral 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Con el propósito de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe precisarse en primer lugar que, resulta innecesario realizar su transcripción, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, aunado a que no existe algún precepto en la Ley de Amparo que establezca esa obligación, por lo que queda al prudente arbitrio de la persona juzgadora el realizarlo, atendiendo a las particularidades de cada asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/20103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, con número de registro digital 164618. debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para un mejor entendimiento de este asunto, se estima pertinente realizar una breve síntesis de los conceptos de violación expuesto en el escrito de demanda. 1. Síntesis de los conceptos de violación a) Considera que la determinación de la autoridad responsable sitúa al menor en una situación de peligro, pues pasa por alto la solicitud que se planteó en su demanda, respecto de la pérdida de la patria potestad del padre del menor. b) Refiere que el amparo que se conceda en este juicio debe ser para que la autoridad responsable realice las diligencias necesarias y no se le prive de sus derechos. 2. Planteamiento del problema jurídico a resolver Para dar una adecuada respuesta a los conceptos de violación propuestos, se advierte que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si son constitucionales o no las terapias psicológicas ordenadas al menor de iniciales G.D.G.R. 3. Estudio de los conceptos de violación Por cuestión de método, se procede al estudio de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. A criterio del suscrito, son infundados para conceder el amparo solicitado, pues las terapias psicológicas que se ordenaron en favor del menor quejoso tienen como finalidad procurar su bienestar, y en consecuencia, atienden a su interés superior. Para un mejor entendimiento de lo que aquí se sostiene, resulta pertinente analizar en primer lugar el concepto del interés superior de la niñez, para posteriormente, analizar la entrevista con el menor quejoso, asentada en el acta de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, y finalmente, exponer las razones por las cuales no le asiste la razón a la parte quejosa. 3.1. El interés superior de la niñez como eje rector en la toma de decisiones que involucre a personas menores de edad El concepto del interés superior de la niñez es un concepto complejo debido a su indeterminación. Pero debido a su importancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/2014, sostuvo que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, implica que el desarrollo de estos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, garanticen y aseguren que todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. El razonamiento anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 7/20164, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la 4 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 34, septiembre de 2016, tomo I, página 10, con número de registro digital 2012592. necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento". En ese mismo sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3799/2014, sostuvo que el Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad. Así, en atención al interés superior del menor, precisó que es inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas. No obstante, cuando deba hacerse a la luz de una controversia, éstas han de establecerse en función de cada caso concreto, según lo que resulte acorde con dicho interés. Además, en el amparo directo en revisión 553/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que en aras de una protección integral de la infancia, la opinión de las niñas, niños y adolescentes involucrados es solo uno de los elementos relevantes para tomar una decisión. Por tanto, a la luz de los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede concluirse que la persona juzgadora debe ponderar todas las circunstancias del caso -incluyendo, por supuesto, la opinión de las niñas, niños y adolescentes involucrados- para emitir una resolución armónica y respetuosa de sus derechos humanos, aun cuando ello no coincida en todos los casos con la opinión expresada. 3.2. Análisis a la entrevista realizada con el menor quejoso el veintisiete de mayo de dos mil veintidós En el acta levantada con motivo de la audiencia de presentación del menor quejoso, celebrada el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se hizo constar la entrevista que la jueza responsable sostuvo con el menor quejoso, en presencia de la secretaria de acuerdos de su adscripción, de la agente del ministerio público estatal, y de la psicóloga adscrita al Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos. Durante la entrevista libre realizada, el menor expresó su opinión respecto de diversas cuestiones en torno a su ambiente familiar, entre las cuales se advierten las siguientes: ? No ve a su papá desde el año dos mil dieciocho, cuando "se lo llevó la policía". ? Desde los ocho años no convive con su padre, no lo extraña porque siente que a él no le gustó tenerlo ni tampoco la responsabilidad de cuidarlo. ? No desea que su padre participe más en su vida pero considera necesario que acuda a terapia para controlar su ira porque su carácter es fuerte. ? Luego refirió que sí le gustaría convivir con su papá pero que si antes va a terapia para controlar su ira. ? Le tiene más confianza al "señor" -la actual pareja de su madre- que a su papá. Luego de la entrevista, la jueza responsable y compañía, salieron de la sala lúdica en la que se encontraba el menor, para ingresar al privado de la jueza y continuar con la diligencia. Requirió la presencia de los progenitores del menor y concedió el uso de la palabra a la psicóloga adscrita al Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, en la que expresó su opinión profesional respecto de las manifestaciones que hizo el menor quejoso durante la entrevista, las cuales se sintetizan a continuación: ? Observó una rutina familiar establecida en la cual el menor acepta y respeta a la actual pareja de su madre y a su media hermana. ? El menor muestra mayor afinidad por su progenitora que por su padre. ? El menor tiene sentimientos ambivalentes con respecto a su padre, pues si bien conserva gratos recuerdos con él, su relación se ha visto mermada por falta de convivencia. ? Existen sentimientos de abandono por parte del menor en relación con su padre, por lo que considera necesario restablecer la relación paterno filial por medio de convivencias. ? Estimo necesario que se canalice al menor a terapia psicológica por un periodo de al menos seis meses, con la finalidad de que obtenga un apoyo emocional que le permita identificar y manejar de una mejor manera sus emociones. Luego de ceder el uso de la palabra a las demás partes, la autoridad responsable acordó entre otras cuestiones que se enviara oficio a la Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del municipio de Tlaltizapán, Morelos, a efecto de que designara un perito en psicología que brinde atención psicológica al menor por un lapso de seis meses. Ello, con la finalidad de brindarle un apoyo emocional que le permita identificar y manejar sus emociones a fin y le permita transitar la controversia con sus progenitores. 3.3. Las terapias psicológicas ordenadas al menor quejoso tienen como principal objetivo proteger su interés superior Ya que han quedado precisados, de manera breve, los conceptos del interés superior de la infancia y lo acontecido en la diligencia de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, este juzgador considera que la terapia psicológica ordenada tiene como principal objetivo tutelar el interés superior del menor quejoso. Para determinar si en una decisión se ha tomado en cuenta el interés superior de la niñez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, así como en el amparo directo en revisión 1072/2014 y amparo directo 22/2016, determinó que deben reunirse los siguientes factores: i) Que a través de la explicación se logre demostrar que se ha respetado este derecho dentro de la decisión; ii) Que se desarrollen los elementos que se han considerado para atender al interés superior; iii) Que se expongan los criterios en que se basó la decisión, y iv) Que se justifique la forma en que se ponderaron los intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otras consideraciones, ya sea en casos concretos o en cuestiones normativas. En el presente asunto, se colmaron los requisitos anteriores, pues: i) La jueza responsable hizo constar la forma en cómo se llevó a cabo la entrevista con el menor, con base en los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes; aunado a que la plática que sostuvo con el menor quejoso se realizó en presencia de una psicóloga y de la agente del ministerio público estatal. ii) Las terapias ordenadas tienen como motivo las manifestaciones realizadas por el menor quejoso y la opinión proporcionada por la psicóloga, respecto de lo expuesto por el propio menor durante la entrevista. iii) La jueza responsable basó su decisión con el objetivo de que, mediante el apoyo psicológico, el menor pueda identificar y manejar sus emociones, así como a sobrellevar de manera adecuada la contienda judicial que mantienen sus padres. iv) Justificó que, luego de la terapia psicológica por el plazo ordenado, analizará lo conducente respecto de la convivencia con el progenitor del menor. De este modo, puede concluirse que la jueza responsable ponderó adecuadamente el interés superior de la niñez, pues mediante el apoyo profesional de una persona terapeuta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF del municipio de Tlaltizapán, Morelos, se pretende el bienestar emocional del menor quejoso. Por tanto, son infundados los argumentos de la parte quejosa, pues lejos de situar al menor en una situación de peligro, se procuró brindarle un apoyo psicológico a cargo de una persona capacitada para tal efecto; además de que la jueza responsable ha demostrado que sí realizando diligencias para resolver en definitiva ese juicio. De ahí que deba negarse el amparo y protección solicitado por la parte quejosa. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Mariel Zenaida Román Rodríguez, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales G.D.G.R., contra los actos de la Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Morelos, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Karina Vanessa Corona Alday, secretaria que da fe, hasta hoy dos de diciembre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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