Mariel Ríos Rodríguez

Expediente 746/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
746/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
04/01/2024

Partes del expediente

  • Mariel Ríos Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Agréguese el ocurso de la parte quejosa; atento a su contenido, conforme a la certificación de cuenta, se le requiere para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, exhiba dos copias idénticas en todas sus partes con el escrito original de agravios, pues son necesarias para correr traslado, esto es, dos para los Agentes del Ministerio Público de la Federación (el de la adscripción y el de la superioridad), cinco para las autoridades responsables, una para la parte tercera interesada y una para agregar al presente expediente. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado, con apoyo en el artículo 88 de la Ley de Amparo, se tendrá por no interpuesto el medio de impugnación. NOTIFÍQUESE; DE MANERA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de la parte quejosa, en atención a su contenido; en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica correspondiente, con los nombres de usuarios que proporciona, para la consulta del expediente electrónico, así como para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    (AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA DE REFERENCIA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo 746/2023, promovido por ..., por propio derecho; y, como representante común de ...; así como, en su carácter de representante común de ..., ..., ..., ..., ..., ... y ...; contra actos del Director General, Director de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación, Director de Seguridad Aérea, Director Ejecutivo de Transporte y Control Aeronáutico e Inspector Verificador, todos de la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1 y 20 constitucionales. SEGUNDO. Admisión. El Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México admitió la demanda de amparo; ordenó requerir los informes justificados; y, dio intervención a la representación social. Al momento de la celebración de la audiencia constitucional, el juez federal se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio; y, por razón de turno, correspondió el asunto a este órgano jurisdiccional; sin embargo, en auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, este juzgado no aceptó la competencia declinada. En razón de lo anterior, el juez federal remitió los autos para la sustanciación de conflicto competencial del que conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que registró con el expediente C.C.A. ... y, el trece de octubre de dos mil veintitrés, declaró legalmente competente a este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo en que se actúa. Por lo que, el siete de noviembre de este año, este juzgado radicó el asunto, limitándose a reconocer las etapas ya celebradas de la audiencia constitucional por el juez declinante, ordenando pasar los autos para emitir el fallo correspondiente, lo cual se hace en este acto. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37, 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza civil, seguido ante un tribunal del orden común con sede en donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. La parte quejosa reclama la respuesta de las autoridades de la Agencia de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que señaló como responsables, respecto de la información que requirió se les solicitara para el desahogo de la prueba pericial en materia de prácticas aeronáuticas, ofrecida en el juicio ordinario civil , del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México. Lo anterior al considerar que la respuesta no es idónea ni congruente con las facultades de las responsables, respectivamente, en las dependencias a su cargo; particularmente, se duele del contenido del oficio 4.1.3-4176 de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en el que el Director General de la Agencia Federal de Aviación Civil, expuso que se encontraba impedido para remitir la información solicitada en razón de que la agencia no es poseedora o generadora de la misma. La fijación del acto reclamado en esos términos obedece a lo sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución de trece de octubre de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial C.C.A. ..., en la que dispuso que: "A partir de lo anterior -conforme con el criterio que para dilucidar la competencia por materia ha sostenido el Alto Tribunal- este órgano colegiado considera que la naturaleza de las negativas reclamadas es civil porque provienen de un oficio expedido para desahogar un requerimiento efectuado en un juicio ordinario de esa naturaleza y, sobre todo, porque sus consecuencias impactan de forma necesaria en el desarrollo de éste al estar relacionadas con información aparentemente necesaria para el desahogo de una prueba pericial ofrecida por la actora en esa controversia, a efecto de acreditar sus pretensiones. Por ende, con independencia de que las autoridades responsables sean de carácter administrativo, lo cierto es que los actos atribuidos a éstas fueron emitidos en el citado juicio ordinario civil, en particular, en el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la actora. De ahí que tanto la procedencia del juicio de amparo contra tales actos como, en su caso, el estudio de su constitucionalidad, no se pueda analizar de forma independiente a dicho juicio y, por tanto, debe considerarse que su naturaleza es de carácter civil." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Director General, Director de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación, Director de Seguridad Aérea, Director Ejecutivo de Transporte y Control Aeronáutico e Inspector Verificador, todos de la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo de sus manifestaciones se advierte que reconocen la existencia del requerimiento de información, así como que remiten al diverso oficio 4.1.3-4176 de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en el que el Director General de la Agencia Federal de Aviación Civil, expuso que se encontraba impedido para remitir la información solicitada en razón de que la agencia no es poseedora o generadora de la misma. Por tanto, debe tenerse por cierto los actos que se les reclaman, en razón de que queda de manifiesto el requerimiento efectuado, así como la respuesta emitida por el Director General de la Agencia pronunciándose respecto de la información solicitada relativa a las distintas áreas que conforman a dicha institución. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía el criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV- Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo se debe estudiar de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, este juzgado de distrito considera que el juicio es improcedente, pues los actos reclamados no son de imposible reparación, ya que no afectan material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme a la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En primer lugar, se hace necesario acudir al contenido del diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y luego al mismo texto de la Ley de Amparo. Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; tema en que la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. Ahora, el arábigo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, el acto reclamado es la respuesta de las autoridades de la Agencia de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Director General, respecto de la información que requirió se les solicitara para el desahogo de la prueba pericial en materia de prácticas aeronáuticas, ofrecida en el juicio ordinario civil 192/2019, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México. Lo anterior, al considerar que la respuesta no es idónea ni congruente con las facultades de las responsables, respectivamente, en las dependencias a su cargo; y, particularmente, se duele del contenido del oficio 4.1.3-4176 de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en el que el Director General de la Agencia Federal de Aviación Civil, expuso que se encontraba impedido para remitir la información solicitada en razón de que la agencia no es poseedora o generadora de la misma. Lo anterior constituye por ahora una cuestión meramente adjetiva, pues implica cuestiones relativas a la información requerida a efecto de desahogar la prueba pericial en materia de prácticas aeronáuticas; esto es, la respuesta del Director General de la Agencia Federal de Aviación Civil, en el oficio 4.1.3-4176 de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, forma parte de las gestiones realizadas en el juicio de origen al desahogo del medio de convicción aludido; sin embargo, dichos actos son de naturaleza meramente intraprocesal, pues solo envuelven cuestiones adjetivas, en tanto que su efecto se ciñe a un tema probatorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción P./J. 6/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, no. 76, abril de 1994, página 13, en materia común, cuyo rubro y texto es: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En este escenario, existe la posibilidad de que posteriormente el juez en el proceso dicte sentencia favorable a los intereses de la parte quejosa, destruyendo los efectos del acto reclamado en su persona; y en caso contrario, podrá preparar y combatir las violaciones procesales, conforme a las reglas previstas para ello; y exponerlas en el amparo que al efecto se promueva contra la resolución que concluya el asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, octubre de 2002, página 1303, novena época, materia común, registro 185612, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Por lo expuesto, al demostrarse la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRSEER EL PRESENTE JUICIO, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ..., por propio derecho; y, como representante común de ...; así como, en su carácter de representante común de ..., ..., ..., ..., ..., ... y ...; contra actos del Director General, Director de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación, Director de Seguridad Aérea, Director Ejecutivo de Transporte y Control Aeronáutico e Inspector Verificador, todos de la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por los motivos expuestos en este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

  4. Principal

    V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo 746/2023, promovido por ..., por propio derecho; y, como representante común de ...; así como, en su carácter de representante común de ..., ..., ..., ..., ..., ... y ...; contra actos del Director General, Director de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación, Director de Seguridad Aérea, Director Ejecutivo de Transporte y Control Aeronáutico e Inspector Verificador, todos de la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1 y 20 constitucionales. SEGUNDO. Admisión. El Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México admitió la demanda de amparo; ordenó requerir los informes justificados; y, dio intervención a la representación social. Al momento de la celebración de la audiencia constitucional, el juez federal se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio; y, por razón de turno, correspondió el asunto a este órgano jurisdiccional; sin embargo, en auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, este juzgado no aceptó la competencia declinada. En razón de lo anterior, el juez federal remitió los autos para la sustanciación de conflicto competencial del que conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que registró con el expediente C.C.A. ... y, el trece de octubre de dos mil veintitrés, declaró legalmente competente a este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo en que se actúa. Por lo que, el siete de noviembre de este año, este juzgado radicó el asunto, limitándose a reconocer las etapas ya celebradas de la audiencia constitucional por el juez declinante, ordenando pasar los autos para emitir el fallo correspondiente, lo cual se hace en este acto. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37, 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un juicio de naturaleza civil, seguido ante un tribunal del orden común con sede en donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. La parte quejosa reclama la respuesta de las autoridades de la Agencia de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que señaló como responsables, respecto de la información que requirió se les solicitara para el desahogo de la prueba pericial en materia de prácticas aeronáuticas, ofrecida en el juicio ordinario civil , del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México. Lo anterior al considerar que la respuesta no es idónea ni congruente con las facultades de las responsables, respectivamente, en las dependencias a su cargo; particularmente, se duele del contenido del oficio 4.1.3-4176 de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en el que el Director General de la Agencia Federal de Aviación Civil, expuso que se encontraba impedido para remitir la información solicitada en razón de que la agencia no es poseedora o generadora de la misma. La fijación del acto reclamado en esos términos obedece a lo sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución de trece de octubre de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial C.C.A. ..., en la que dispuso que: "A partir de lo anterior -conforme con el criterio que para dilucidar la competencia por materia ha sostenido el Alto Tribunal- este órgano colegiado considera que la naturaleza de las negativas reclamadas es civil porque provienen de un oficio expedido para desahogar un requerimiento efectuado en un juicio ordinario de esa naturaleza y, sobre todo, porque sus consecuencias impactan de forma necesaria en el desarrollo de éste al estar relacionadas con información aparentemente necesaria para el desahogo de una prueba pericial ofrecida por la actora en esa controversia, a efecto de acreditar sus pretensiones. Por ende, con independencia de que las autoridades responsables sean de carácter administrativo, lo cierto es que los actos atribuidos a éstas fueron emitidos en el citado juicio ordinario civil, en particular, en el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la actora. De ahí que tanto la procedencia del juicio de amparo contra tales actos como, en su caso, el estudio de su constitucionalidad, no se pueda analizar de forma independiente a dicho juicio y, por tanto, debe considerarse que su naturaleza es de carácter civil." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Director General, Director de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación, Director de Seguridad Aérea, Director Ejecutivo de Transporte y Control Aeronáutico e Inspector Verificador, todos de la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo de sus manifestaciones se advierte que reconocen la existencia del requerimiento de información, así como que remiten al diverso oficio 4.1.3-4176 de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en el que el Director General de la Agencia Federal de Aviación Civil, expuso que se encontraba impedido para remitir la información solicitada en razón de que la agencia no es poseedora o generadora de la misma. Por tanto, debe tenerse por cierto los actos que se les reclaman, en razón de que queda de manifiesto el requerimiento efectuado, así como la respuesta emitida por el Director General de la Agencia pronunciándose respecto de la información solicitada relativa a las distintas áreas que conforman a dicha institución. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía el criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV- Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo se debe estudiar de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, este juzgado de distrito considera que el juicio es improcedente, pues los actos reclamados no son de imposible reparación, ya que no afectan material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme a la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En primer lugar, se hace necesario acudir al contenido del diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y luego al mismo texto de la Ley de Amparo. Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; tema en que la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. Ahora, el arábigo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, el acto reclamado es la respuesta de las autoridades de la Agencia de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por conducto de su Director General, respecto de la información que requirió se les solicitara para el desahogo de la prueba pericial en materia de prácticas aeronáuticas, ofrecida en el juicio ordinario civil 192/2019, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México. Lo anterior, al considerar que la respuesta no es idónea ni congruente con las facultades de las responsables, respectivamente, en las dependencias a su cargo; y, particularmente, se duele del contenido del oficio 4.1.3-4176 de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en el que el Director General de la Agencia Federal de Aviación Civil, expuso que se encontraba impedido para remitir la información solicitada en razón de que la agencia no es poseedora o generadora de la misma. Lo anterior constituye por ahora una cuestión meramente adjetiva, pues implica cuestiones relativas a la información requerida a efecto de desahogar la prueba pericial en materia de prácticas aeronáuticas; esto es, la respuesta del Director General de la Agencia Federal de Aviación Civil, en el oficio 4.1.3-4176 de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, forma parte de las gestiones realizadas en el juicio de origen al desahogo del medio de convicción aludido; sin embargo, dichos actos son de naturaleza meramente intraprocesal, pues solo envuelven cuestiones adjetivas, en tanto que su efecto se ciñe a un tema probatorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción P./J. 6/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, no. 76, abril de 1994, página 13, en materia común, cuyo rubro y texto es: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En este escenario, existe la posibilidad de que posteriormente el juez en el proceso dicte sentencia favorable a los intereses de la parte quejosa, destruyendo los efectos del acto reclamado en su persona; y en caso contrario, podrá preparar y combatir las violaciones procesales, conforme a las reglas previstas para ello; y exponerlas en el amparo que al efecto se promueva contra la resolución que concluya el asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, octubre de 2002, página 1303, novena época, materia común, registro 185612, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Por lo expuesto, al demostrarse la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRSEER EL PRESENTE JUICIO, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ..., por propio derecho; y, como representante común de ...; así como, en su carácter de representante común de ..., ..., ..., ..., ..., ... y ...; contra actos del Director General, Director de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación, Director de Seguridad Aérea, Director Ejecutivo de Transporte y Control Aeronáutico e Inspector Verificador, todos de la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por los motivos expuestos en este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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