Mariel Martínez Toledo
Expediente 89/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mariel Martínez Toledo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se remitió el recurso de revisión interpuesto por ********************autorizada legal de la quejosa********************, con los anexos ahí especificados. Asimismo, informa que admitió a trámite el referido recurso de revisión, mismo que quedo registrado con el número ********************/2023 de su índice, de lo cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil veintitrés. Incorpórense a los autos, el escrito y anexos, signado por ********************autorizado de la quejosa ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto; por lo tanto, distribúyanse entre las demás partes copia del referido escrito y anexo. Fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias más indispensables. En su oportunidad, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios, al tribunal de alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de mérito. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, pues al ser la recurrente ya tiene conocimiento de la revisión interpuesta; por oficio a las autoridades responsables; y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBICO FEDERAL ADSCRITO."
- Principal
VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el uno de febrero de dos mil veintitrés y remitido al día siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la resolución de nueve de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el Juicio Sumario Hipotecario ******************** por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro (foja 2 vuelta y 3). Narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo en el libro correspondiente con el número ********************, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 12 a 18). Seguido los trámites de ley, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó en los términos que anteceden; y CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 59/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el similar 3/2013, por tratarse de un asunto de naturaleza civil, y el acto reclamado se atribuye a una autoridad responsable que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este juzgado, ejerce competencia. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y apoyo en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Se fijan de forma clara y precisa los actos reclamados, por lo que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro: La resolución de nueve de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el Juicio Sumario Hipotecario ********************, de su índice. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 27). Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, consistentes en copias certificadas del expediente ********************, las cuales que remitió como justificación a su informe, documental a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Procedencia. En el presente asunto no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. Quinto. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben por no ser necesario, ya que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es más que suficiente que se le dé respuesta a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En el presente caso, se tiene que la parte quejosa argumenta que la resolución no fue emitida conforme a derecho, toda vez que no calculó de manera correcta los intereses generados, lo que trajo como consecuencia que se le condenara al pago de la cantidad de trescientos veintidós mil pesos, cero centavos, vulnerándose su garantía de certeza, seguridad, legalidad y debido proceso. Aduce que la autoridad responsable debió declarar improcedente la liquidación de sentencia formulada por la tercera interesada; sin embargo, subsanó los errores de la parte actora y realizó las operaciones correspondientes, violentando el principio de igualdad procesal. Los conceptos de violación planteados, son esencialmente fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada, como se explicará a continuación: El artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, dispone lo siguiente: "Artículo 88.- Las sentencias, que contendrán una sucinta relación de los hechos, deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado y resolviendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Las sentencias deberán estar apoyadas, en cuanto a sus puntos resolutivos, en preceptos legales o principios jurídicos, a falta de aquéllos. Cuando el actor no probare su acción será absuelto el demandado." En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de congruencia que debe regir en toda resolución judicial, y que consiste en la obligación del juzgador de decidir conforme a las promociones, demandas, contestación y demás pretensiones deducidas oportunamente. También se encuentra inmerso el principio de exhaustividad, que debe regir en toda resolución judicial, que consiste en que se resuelva todo lo que las partes hayan pedido o todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Los principios señalados, en lo relativo a la materia que nos ocupa, imponen a la autoridad a decidir las controversias que se sometan a su potestad, tomando en cuenta todos los actos impugnados y las pretensiones que se vinculan a ellos. Luego, si la resolución incidental impugnada no satisface esto último, es incuestionable que resulta contrario al principio exhaustividad que contempla el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, con la consecuente violación al derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, contemplada en el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Resulta aplicable el criterio contenido en la tesis 1a. CVIII/2007, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 793, registro digital: 172517, que dice: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente." Ahora, el artículo 501 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, establece lo siguiente: "Artículo 501.- Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, se tramitará en forma de incidente en los términos del artículo 404 de éste Código. La resolución que se dicté en estos incidentes no admitirá recurso alguno. De su transcripción se advierte que si la sentencia definitiva dictada en el juicio de civil, contiene condena al pago de cantidad ilíquida, la parte vencedora podrá promover incidente liquidación, el que tiene como finalidad, determinar con precisión la cuantía de las prestaciones económicas a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero en ellos, no se puede modificar, anular o rebasar lo decidido en el fallo definitivo. En ese tenor, como la tramitación del incidente de liquidación tiene como función la de cuantificar en cantidad liquida los conceptos de la condena decretada en la sentencia definitiva, al dictar la resolución incidental correspondiente, la autoridad responsable tiene la obligación de verificar que los conceptos contenidos en las planillas de liquidación que presenten las partes coincidan con la condena establecida en el fallo, pues la omisión de la autoridad de verificar esa situación también es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales. Para mayor entendimiento del asunto, se estima necesario señalar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado: En sentencia dictada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, condenó a la demandada a pagar las siguientes prestaciones: La cantidad de ******************** cero centavos moneda nacional, por concepto de capital adeudado conforme a lo estipulado en el contrato de mutuo con garantía hipotecaria celebrado el dieciséis de diciembre de dos mil catorce, así como su convenio modificatorio, de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciséis. Intereses ordinarios a razón de uno punto doce por ciento mensual, sobre la suerte principal adeudada, a partir del veintitrés de abril de dos mil dieciséis, hasta el pago total del adeudo. Costas del Juicio. Por resolución interlocutoria emitida el nueve de diciembre de dos mil veintidós, la juez responsable resolvió aprobar la liquidación de intereses ordinarios generados del veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis al veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve, por la cantidad solicitada por la parte actora incidentista de ********************. Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional Así, tal como la quejosa lo adujo vía conceptos de violación, la autoridad responsable, al resolver el incidente de liquidación, no calculó de manera correcta los intereses generados, lo que trajo como consecuencia que se le condenara al pago de la cantidad de trescientos veintidós mil pesos, cero centavos, vulnerándose su garantía de certeza, seguridad, legalidad y debido proceso. En efecto, la validez del acto dependerá de la precisión exhaustiva de los fundamentos, motivos y razones que le dieron origen, ello, pues la autoridad responsable tiene la obligación de citar los preceptos legales en que apoye su resolución y exponer las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas; lo anterior, a efecto de otorgar certeza y seguridad jurídica frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen la esfera jurídica del destinatario del acto. En ese sentido, basta verificar lo anterior, para que se pueda advertir que la resolución no es exhaustiva, congruente, ni contiene una suficiente motivación, en virtud que en el considerando único de la resolución impugnada, la juez civil señala que el uno punto doce por ciento mensual (********************), sobre la suerte principal de ******************** cero centavos moneda nacional (********************) equivale a la cantidad de ********************, moneda nacional (********************); y que al multiplicar éste último resultado por los treinta y seis meses (36) transcurridos del veintitrés de abril de dos mil dieciséis al veintitrés de abril de dos mil diecinueve, da como resultado el monto de ******************** pesos cero centavos (********************). Agregó que no pasaba desapercibido que en la planilla de liquidación presentada por el promovente, solicitaba por concepto de intereses ordinarios la cantidad de ******************** moneda nacional; y que como dicha autoridad no podía rebasar las pretensiones del actor incidentista aprobaba la cantidad solicitada por el mismo. No obstante, al desarrollar la operación aritmética, y aplicar el porcentaje de ******************** a la cantidad de ********************, se obtiene el resultado de ******************** (********************, cero centavos), no así de nueve mil seiscientos (********************), como lo señaló lo responsable. Luego, al multiplicar ******************** por los 36 meses transcurridos sí se obtiene la cantidad de ******************** moneda nacional (********************) que propuso la parte actora incidentista en su planilla de liquidación (fojas 164 a 167 del tomo anexo). Aunado a lo anterior, en el citado considerando refiere que el periodo calculado comprende del veintitrés de abril de dos mil dieciséis al veintitrés de abril de dos mil diecinueve, sin embargo, al aprobar la liquidación de intereses ordinarios en ese mismo apartado y en el resolutivo primero, señala que éstos fueron los generados del veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis al veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve; de ahí que, no se tenga la certeza de cuál de los periodos tomó en consideración para calcular el monto de intereses ordinarios. Inconsistencias que se deben subsanar en aras de que se emita una resolución que permita al justiciable saber cómo se cuantificó el concepto de intereses ordinarios a los que fue condenado, a fin de reparar la incertidumbre jurídica que se generó por el hecho de que haya omitido justificar ese aspecto. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis I.4o.C.2 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1772, del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2005968, que dice: "EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para expresar algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario de la Lengua Española: "Extraer todo el líquido que hay en una capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, el diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: "Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de los significados destacados, con miras a su aplicación al documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que tenga en la asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de consistencia argumentativa." Dada la determinación arribada, no le asiste la razón a la quejosa cuando aduce que la autoridad responsable debió declarar improcedente la liquidación de sentencia formulada por la tercera interesada; y que al subsanar los errores de la parte actora y realizar las operaciones correspondientes, violentó el principio de igualdad procesal. Lo anterior, porque como se evidenció fue la autoridad responsable quien realizó un cálculo incorrecto de la cantidad a liquidar por concepto de intereses ordinarios, y asentó de manera errónea el periodo comprendido para dicho efecto, además que la nueva determinación que se emita no variará la cantidad aprobada en la resolución impugnada. En ese panorama, lo procedente es conceder el amparo a la parte quejosa, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. Sexto. Precisión de los efectos de la concesión del amparo. En las condiciones relatadas, a efecto de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho constitucional transgredido, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, deberá proceder como sigue: Dejar insubsistente la resolución de nueve de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el Juicio Sumario Hipotecario ********************, de su índice. Deberá dictar otra resolución en la que subsane las incongruencias detalladas en esta resolución y exponga los motivos de cómo arribó a la cantidad que apruebe por concepto de intereses ordinarios, desarrollando las operaciones aritméticas correspondientes. Hecho lo anterior, resuelva como en derecho proceda. Séptimo. Datos personales. Ahora, toda vez que las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, se hace de su conocimiento que al hacer pública esta sentencia, o bien, atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sin ulterior pronunciamiento, se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado, indicando, en su caso, su contenido de manera genérica sin que se omita la información que constituya para este tribunal alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. En consecuencia, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, hecho lo anterior, glósese el acuse de envío correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 77, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos de la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, para los efectos precisados en considerando sexto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días hábiles, otorgado a la parte quejosa en interlocutoria de trece de febrero de esta anualidad, para que exhibiera la garantía que se le fijó a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva que le fue concedida; sin que haya cumplido con lo anterior; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada en la referida interlocutoria y se declara que deja de surtir efectos la suspensión definitiva que le fue concedida; por lo cual, se dejan expeditas las facultades de las autoridades responsables para que ejecuten el acto reclamado. Es de precisarse, que los efectos de la suspensión decretada a favor de la parte quejosa, son susceptibles de volver a surtir efectos si se exhibe la garantía requerida antes de que la ejecución de los actos se lleve a cabo. Sirve de ilustración a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado, del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página 1182, del tomo VII, enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 197003, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. NO DEBE DEJARSE SIN EFECTOS POR NO EXHIBIRSE LA GARANTÍA. El hecho de que la parte quejosa no exhiba la garantía que se le fije en la resolución respectiva para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, legalmente no trae como consecuencia que se declare que ésta dejó de surtir sus efectos, sino que en términos del artículo 139 de la Ley de Amparo, la citada omisión únicamente permite que la autoridad responsable, transcurrido el plazo concedido para la exhibición de la garantía, esté expedita para ejecutar el acto reclamado, debiéndose destacar que no tienen el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues al darse el primero de los casos, deja de tener vigencia la suspensión concedida, y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse cumplido con la condición que para ello se impuso; empero, tales efectos son susceptibles de volverse a surtir si se cumple con esa exigencia antes de que la ejecución de los actos se lleve a cabo; de tal manera que de acordarse que se deja sin efectos la suspensión decretada, de hecho se revocaría la resolución en que se había concedido". Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por ******, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la tercera interesada *****, como se advierte del auto de fecha catorce de marzo del año en curso, pronunciado en el juicio principal de donde deriva esta pieza incidental, del cual se glosa copia con firmas electrónicas a este expediente (FIREL), en atención a su contenido se provee: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele una impresión con firmas electrónicas (FIREL), de las constancias que solicita, incluyendo de este auto, las cuales hacen las veces de copias certificadas; previa copia de su identificación y razón de entrega que obre en autos. Notifíquese por lista electrónica.
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