Mariel Joselin Marin Pevia
Expediente 589/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Mariel Joselin Marin Pevia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que las partes no recurrieron el acuerdo de uno de diciembre del año en curso, que SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1.Como el presente expediente no cuenta con valor jurídico, histórico o documental, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que el presente expediente es DESTRUIBLE, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se SOBRESEYÓ respecto de todos los actos reclamados; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2.Este expediente al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, en virtud de que se dan los supuestos establecidos en los artículos 8, fracción I, y 9, ambos del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General; lo anterior, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. 3.En términos de lo dispuesto en el numeral 21, inciso c)1 , del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2.,apartado 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que tanto la suspensión provisional y definitiva, fueron negadas, se precisa que el cuaderno original del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de esta fecha, lo que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes, y remitir el Acta y listado de destrucción, relativa a la baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar en la carátula del cuaderno original del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. 4.El duplicado del incidente de suspensión es destruible en un plazo de seis meses. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a)2 , del referido Acuerdo General que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.1., apartado 2, inciso a) del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que una vez que transcurran SEIS MESES a esta fecha de archivo como asunto concluido, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, siempre que se cuente con el cuaderno original, por tanto se ordena archivar por separado el duplicado del cuaderno incidental, y una vez cumplido dicho término, se proceda a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, previa formulación del acta de baja documental correspondiente, que se deberá remitir a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el primer párrafo del artículo 20 del acuerdo normativo en mención, así como haciéndose la anotación respectiva en el libro de gobierno. Debiendo hacerse constar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre Notifíquese.
- Incidental
San Francisco de Campeche, Campeche, veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que las partes no recurrieron el acuerdo de uno de diciembre del año en curso, que SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1.Como el presente expediente no cuenta con valor jurídico, histórico o documental, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que el presente expediente es DESTRUIBLE, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se SOBRESEYÓ respecto de todos los actos reclamados; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2.Este expediente al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, en virtud de que se dan los supuestos establecidos en los artículos 8, fracción I, y 9, ambos del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General; lo anterior, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. 3.En términos de lo dispuesto en el numeral 21, inciso c)1 , del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2.,apartado 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que tanto la suspensión provisional y definitiva, fueron negadas, se precisa que el cuaderno original del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de esta fecha, lo que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes, y remitir el Acta y listado de destrucción, relativa a la baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar en la carátula del cuaderno original del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. 4.El duplicado del incidente de suspensión es destruible en un plazo de seis meses. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a)2 , del referido Acuerdo General que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.1., apartado 2, inciso a) del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que una vez que transcurran SEIS MESES a esta fecha de archivo como asunto concluido, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, siempre que se cuente con el cuaderno original, por tanto se ordena archivar por separado el duplicado del cuaderno incidental, y una vez cumplido dicho término, se proceda a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, previa formulación del acta de baja documental correspondiente, que se deberá remitir a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el primer párrafo del artículo 20 del acuerdo normativo en mención, así como haciéndose la anotación respectiva en el libro de gobierno. Debiendo hacerse constar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, uno de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la demanda de amparo fue promovida por xxxxxxx, por sí y en representación de su menor hijo con iniciales x.x.x.x., en contra del acto y las autoridades que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Campeche, 2. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, 4. Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, 5. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, ACTO RECLAMADO: La negativa de recibir y tramitar una demanda relativa a un juicio sumario civil de guarda y custodia de su menor hijo con iniciales x.x.x.x ., promovido en contra de xxxxx. Ahora, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Jueza Interina del Juzgado Segundo Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar de del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que el quince de julio de dos mil veinte, ante la ratificación hecha por la aquí quejosa Mariel Joselin Marín Pevia, admitió únicamente a juicio oral la fijación y aseguramiento de pensión alimenticia, en representación del menor con iniciales F.F.P.M., en contra de Héctor Arturo Jacob Pinto Uribe. Asimismo, mediante oficio 669/20-2021/1F-I de nueve de noviembre del año en curso, el Juez Primero Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, informó que la quejosa Mariel Joselin Marín Pevia, compareció a dicho órgano jurisdiccional a promover un juicio ordinario de fijación y otorgamiento de pensión compensatoria y resarcitoria en contra de Héctor Arturo Jacob Pinto Uribe, desechándose dicha demanda mediante auto de dieciocho de septiembre del presente año y quedando registrado dicho asunto bajo el número 39/20-2021/1F-I; documentales que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su ordinal 2, y de las que resulta indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, dado que el acto reclamado en este asunto, consiste en la negativa atribuida a la autoridad de recibirle y tramitar la demanda relativa a un juicio sumario civil de guarda y custodia de su menor hijo con iniciales x.x.x.x., promovido en contra de xxxxxx. Para ilustrar este aserto, primeramente es menester transcribir el contenido del citado precepto, cuya literalidad es la siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En el caso particular, xxxxxxx, por sí y en representación de su menor hijo con iniciales x.x.x.x., propiamente, reclamó la negativa de la responsable de recibirle y tramitar la demanda relativa a un juicio sumario civil de guarda y custodia de su menor hijo con iniciales x.x.x.x., promovido en contra de xxxxx; por lo tanto, al haberse acreditado que las demandas que promovió fueron recibidas y radicadas tanto por la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, como Juez Primero Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad, pronunciándose respecto a su admisión y desechamiento, resulta inconcuso que han cesado los efectos de los actos negativos reclamados en esta vía a las responsables, ya que cualquier violación que pudo haberse ocasionado a los derechos públicos subjetivos del impetrante con motivo del acto aquí reclamado, han quedado destruidos de manera total e incondicional; de manera que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes del acto reclamado, sin que haya dejado huella alguna en la esfera jurídica de la promovente que amerite ser compensada con la concesión de la protección constitucional. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 59/99, publicada en la página 38, del Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo tanto, ante la notoria, manifiesta e indudable actualización de la causa de improcedencia antes invocada, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo sin necesidad de la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulado: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por consiguiente, este Juzgado de Distrito, decreta de oficio, fuera de audiencia, el SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. En ese orden de ideas, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio, Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). En acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se tiene debidamente notificada a la parte quejosa el acuerdo de uno de diciembre del año en curso cuya síntesis dice: San Francisco de Campeche, Campeche, uno de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la demanda de amparo fue promovida por xxxxxxx, por sí y en representación de su menor hijo con iniciales x.x.x.x., en contra del acto y las autoridades que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Campeche, 2. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, 4. Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, 5. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, ACTO RECLAMADO: La negativa de recibir y tramitar una demanda relativa a un juicio sumario civil de guarda y custodia de su menor hijo con iniciales x.x.x.x ., promovido en contra de xxxxx. Ahora, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Jueza Interina del Juzgado Segundo Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar de del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que el quince de julio de dos mil veinte, ante la ratificación hecha por la aquí quejosa Mariel Joselin Marín Pevia, admitió únicamente a juicio oral la fijación y aseguramiento de pensión alimenticia, en representación del menor con iniciales F.F.P.M., en contra de Héctor Arturo Jacob Pinto Uribe. Asimismo, mediante oficio 669/20-2021/1F-I de nueve de noviembre del año en curso, el Juez Primero Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, informó que la quejosa Mariel Joselin Marín Pevia, compareció a dicho órgano jurisdiccional a promover un juicio ordinario de fijación y otorgamiento de pensión compensatoria y resarcitoria en contra de Héctor Arturo Jacob Pinto Uribe, desechándose dicha demanda mediante auto de dieciocho de septiembre del presente año y quedando registrado dicho asunto bajo el número 39/20-2021/1F-I; documentales que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su ordinal 2, y de las que resulta indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, dado que el acto reclamado en este asunto, consiste en la negativa atribuida a la autoridad de recibirle y tramitar la demanda relativa a un juicio sumario civil de guarda y custodia de su menor hijo con iniciales x.x.x.x., promovido en contra de xxxxxx. Para ilustrar este aserto, primeramente es menester transcribir el contenido del citado precepto, cuya literalidad es la siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En el caso particular, xxxxxxx, por sí y en representación de su menor hijo con iniciales x.x.x.x., propiamente, reclamó la negativa de la responsable de recibirle y tramitar la demanda relativa a un juicio sumario civil de guarda y custodia de su menor hijo con iniciales x.x.x.x., promovido en contra de xxxxx; por lo tanto, al haberse acreditado que las demandas que promovió fueron recibidas y radicadas tanto por la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, como Juez Primero Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad, pronunciándose respecto a su admisión y desechamiento, resulta inconcuso que han cesado los efectos de los actos negativos reclamados en esta vía a las responsables, ya que cualquier violación que pudo haberse ocasionado a los derechos públicos subjetivos del impetrante con motivo del acto aquí reclamado, han quedado destruidos de manera total e incondicional; de manera que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes del acto reclamado, sin que haya dejado huella alguna en la esfera jurídica de la promovente que amerite ser compensada con la concesión de la protección constitucional. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 59/99, publicada en la página 38, del Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo tanto, ante la notoria, manifiesta e indudable actualización de la causa de improcedencia antes invocada, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo sin necesidad de la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulado: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por consiguiente, este Juzgado de Distrito, decreta de oficio, fuera de audiencia, el SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. En ese orden de ideas, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del precepto 113, fracción I, de la de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio, Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). En acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.
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