Mariel Gabriela Juárez Radilla
Expediente 437/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 437/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mariel Gabriela Juárez Radilla
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 437/2023-V y fórmese expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, que establece que el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. Lo anterior, sin que tenga como consecuencia admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el particular, la promovente reclama la omisión de las responsables de dar cumplimiento a lo requerido en el oficio número 449, de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el que solicitó efectuara el descuento del 35 por ciento al salario del trabajador Abraham Isaac Hernández Pino, por concepto de pensión alimenticia; por tanto, a consideración de esta juzgadora, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Los preceptos transcritos, permiten inferir que el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I. Las relaciones de coordinación que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil agrario y laboral y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contenientes; y, II. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Inferencia de lo señalado, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Luego, como se dijo, la impetrante señala como acto reclamado, la omisión de dar cumplimiento a un requerimiento del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, no obstante, dicha conducta omisiva no reúne la característica que se requiere para ser considerado un acto susceptible de ser atacado en vía de amparo, pues el citado juzgador, cuenta con una gama de instrumentos legales a fin de lograr el cumplimiento de sus determinaciones, como se muestra a continuación. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, tiene como objetivo la regulación de los procedimientos que debe substanciarse ante los Juzgados de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con motivo de las controversias que se susciten entre las partes; en específico, respecto al cumplimiento de las resoluciones que emitan los juzgadores, dicha normatividad estable: "Artículo 144. Medios de apremio. Los juzgadores, para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio: I. Multa de veinte hasta doscientos salarios mínimos generales que se duplicarán en caso de reincidencia. La multa deberá pagarse dentro de un plazo máximo de cinco días comprobándose ante el juzgador de su cumplimiento, mediante la presentación de certificado o recibo correspondiente; II. El auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse en el momento en que sea solicitado; III. El arresto hasta por treinta y seis horas, después de haberse aplicado la medida a que se refiere la fracción I; y IV. La ruptura de cerraduras por orden escrita. Si la falta de cumplimiento llegare a implicar la comisión de un delito, se denunciarán los hechos a la autoridad competente. (.)" Este numeral, prevé medidas de apremio para garantizar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por los Juzgadores del Estado de Guerrero, ante la actitud contumaz en el acatamiento de una determinación emitida por el órgano jurisdiccional, pues en la fracción I, contempla una multa hasta de doscientos salarios mínimos generales, que se podrán duplicar en caso de reincidencia, mientras que la fracción III, estipula el arresto hasta por treinta y seis horas, después de haberse aplicado la medida señalada en líneas que anteceden. Corolario de lo anterior, si el acto reclamado surge de una omisión de acatar una determinación dentro de un procedimiento judicial; y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, contiene una gama de instrumentos para lograr el cumplimiento de las resoluciones judiciales emitidas por un juzgador, al prever medios para exigir a la autoridad el cumplimiento de las mismas, como se dijo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el diverso 113 de la Ley en consulta, se desecha la demanda de amparo promovida por Mariel Gabriela Juárez Radilla, por propio derecho. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el señalado en el escrito inicial de demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rutilio Moreno Guevara, Rudi Uriel Yectli Damaso y José Ventura Miranda, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA A LA QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE 4 DE MAYO DE 2023, QUE DICE: Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 437/2023-V y fórmese expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, que establece que el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. Lo anterior, sin que tenga como consecuencia admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el particular, la promovente reclama la omisión de las responsables de dar cumplimiento a lo requerido en el oficio número 449, de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el que solicitó efectuara el descuento del 35 por ciento al salario del trabajador Abraham Isaac Hernández Pino, por concepto de pensión alimenticia; por tanto, a consideración de esta juzgadora, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Los preceptos transcritos, permiten inferir que el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I. Las relaciones de coordinación que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil agrario y laboral y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contenientes; y, II. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Inferencia de lo señalado, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Luego, como se dijo, la impetrante señala como acto reclamado, la omisión de dar cumplimiento a un requerimiento del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, no obstante, dicha conducta omisiva no reúne la característica que se requiere para ser considerado un acto susceptible de ser atacado en vía de amparo, pues el citado juzgador, cuenta con una gama de instrumentos legales a fin de lograr el cumplimiento de sus determinaciones, como se muestra a continuación. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, tiene como objetivo la regulación de los procedimientos que debe substanciarse ante los Juzgados de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con motivo de las controversias que se susciten entre las partes; en específico, respecto al cumplimiento de las resoluciones que emitan los juzgadores, dicha normatividad estable: "Artículo 144. Medios de apremio. Los juzgadores, para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio: I. Multa de veinte hasta doscientos salarios mínimos generales que se duplicarán en caso de reincidencia. La multa deberá pagarse dentro de un plazo máximo de cinco días comprobándose ante el juzgador de su cumplimiento, mediante la presentación de certificado o recibo correspondiente; II. El auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse en el momento en que sea solicitado; III. El arresto hasta por treinta y seis horas, después de haberse aplicado la medida a que se refiere la fracción I; y IV. La ruptura de cerraduras por orden escrita. Si la falta de cumplimiento llegare a implicar la comisión de un delito, se denunciarán los hechos a la autoridad competente. (.)" Este numeral, prevé medidas de apremio para garantizar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por los Juzgadores del Estado de Guerrero, ante la actitud contumaz en el acatamiento de una determinación emitida por el órgano jurisdiccional, pues en la fracción I, contempla una multa hasta de doscientos salarios mínimos generales, que se podrán duplicar en caso de reincidencia, mientras que la fracción III, estipula el arresto hasta por treinta y seis horas, después de haberse aplicado la medida señalada en líneas que anteceden. Corolario de lo anterior, si el acto reclamado surge de una omisión de acatar una determinación dentro de un procedimiento judicial; y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, contiene una gama de instrumentos para lograr el cumplimiento de las resoluciones judiciales emitidas por un juzgador, al prever medios para exigir a la autoridad el cumplimiento de las mismas, como se dijo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el diverso 113 de la Ley en consulta, se desecha la demanda de amparo promovida por Mariel Gabriela Juárez Radilla, por propio derecho. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el señalado en el escrito inicial de demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rutilio Moreno Guevara, Rudi Uriel Yectli Damaso y José Ventura Miranda, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,905 expedientes
- Maricruz Adame Pintor394/2023
- Maricruz Álvarez Velasco949/2021
- Maricruz Morales Chávez424/2020
- Maricruz Moreno Espinoza681/2019
- Maricruz Solano Guzmán1048/2021
- Maricruz Villanueva Salinas1009/2014
- Mariel Karen Cortez Radilla702/2017
- Mariela Herrera Caballero y Otros.309/2016
- Mariella Jaramillo Pineda976/2015
- Marilú Vargas Rodríguez41/2017
- Marilyn Ramirez Genis173/2021
- Marina Amalia Del Blanco Garrido407/2022