Mariel Berenice Lobato Ayala

Expediente 166/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
166/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • Mariel Berenice Lobato Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    En diez de agosto de dos mil veintitrés, la secretaria CERTIFICA: Que en el correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibió un oficio registrado con el número de folio 10244. Doy fe.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, diez de agosto de dos mil veintitrés. ACUSA RECIBO. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán; mediante el cual acusa recibo de la recepción del oficio 11829/2023, mediante el cual este órgano jurisdiccional le remitió dos cuadernos de prueba y un disco DVD, relativo al juicio oral familiar 640/2021. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. A

  2. Principal

    En trece de julio de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: Que el plazo de diez días que disponían las partes para recurrir la sentencia que negó el amparo en el presente asunto, transcurrió para la parte quejosa, del veintinueve de junio al doce de julio de dos mil veintitrés, en virtud a que fue notificada de manera personal el veintisiete de junio de dicho año, y para la autoridad responsable, del veintiocho de junio al once de julio del año que transcurre, toda vez que fue notificada por oficio el veintisiete de junio del año en cita, descontando los días inhábiles, sin que lo hubieran hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta misma fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, trece de julio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no fue impugnada la sentencia definitiva pronunciada en veintiséis de mayo del año en curso, por lo que, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ORDEN DE ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como que las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno electrónico. VALORACIÓN. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente principal ES CONSERVABLE. Una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el expediente principal, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el artículo 17, párrafo primero, del citado acuerdo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Asimismo, acorde con el artículo 20, fracción III, del mencionado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental ES DESTRUIBLE EN UN PLAZO DE TRES AÑOS. De conformidad con el artículo 20, párrafo tercero, del referido acuerdo, una vez que cumpla tres años de archivo, en su oportunidad, destrúyase el citado cuaderno; esto es, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda; debiendo remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregará a este expediente el cuaderno incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE TOMOS DE PRUEBAS. Toda vez que resulta innecesaria la permanencia de los dos tomos de pruebas relativos al juicio ordinario oral familiar 640/2021, así como el disco compacto relacionado con dicho juicio, que anexó la encargada del despacho por ministerio de ley del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, devuélvanse a su lugar de origen y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

  3. Principal

    Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 166/2023, promovido por ********************, contra un acto del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante ocurso depositado el siete de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad ?fojas 8 a 18?, el que fue remitido a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la autoridad que enseguida se transcribe: "III.- La autoridad o autoridades responsables; 1.- El Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán. IV.- ACTO RECLAMADO.- La sentencia interlocutoria de fecha 14 catorce de febrero del 2023 dos mil veintitrés, que se refiere al incidente de cambio de guardia y custodia, que se desprende del juicio ordinario familiar radicado primariamente con el número de expediente ******************** emitido ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán.". La promovente del amparo expuso que se violan sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 4, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló como tercero interesado a ********************; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ANTE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO CON SEDE EN MORELIA, MICHOACÁN. Por auto de quince de marzo de dos mil veintitrés ?fojas 21 a 23?, el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito registró la demanda de como amparo directo civil 194/2023 y, declaró que dicho Tribunal carecía de competencia legal para conocer de la demanda, ya que la misma no encuadraba en alguno de los supuestos en los que resultara procedente la vía de amparo directo para su impugnación, por lo que ordenó remitirla al Juez de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en turno. TERCERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ANTE ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. En acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés ?fojas 26 a 29?, este Juzgado Federal se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, la cual radicó con el número de expediente 166/2023 y, previno a la quejosa para que realizara lo siguiente: a) Manifestara si era su deseo promover la demanda en representación de su hijo menor de edad y, de ser afirmativo, acreditara con documento idóneo la representación de dicho infante; es decir, el registro de nacimiento en el que se advirtiera el entroncamiento entre ésta y el menor de edad. b) Deberá señalar, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado; esto es, manifestar cronológicamente los hechos y abstenciones en relación con el acto impugnado. Lo anterior con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendría por no presentada la demanda por lo que veía a su menor hijo, y se proveería su trámite en los términos de su demanda. Por proveído de diez de abril de dos mil veintitrés ?fojas 32 a 34?, con vista en el estado de autos, y en atención a que la quejosa no dio cumplimiento a la prevención formulada en acuerdo de veintidós de marzo de este año, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, y se ordenó la prosecución del juicio en los términos del escrito inicial de demanda; se admitió a trámite la misma; se pidió el informe justificado de la autoridad señalada como responsable; se reservó proveer lo relativo al emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obrar en autos el informe justificado que rindiera la autoridad responsable que permitiera atribuir esa calidad; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés ?fojas 40 a 44?, se reconoció con el carácter de terceros interesados a ******************** y al menor de edad de iniciales ********************, a quien se le designó como representante especial al licenciado Oscar Alejandro Galeana Corona, asesor jurídico adscrito a la Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, a quien se otorgó el plazo de tres días para que manifestara si aceptaba y protestaba el cargo conferido. Lo cual hizo mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés ?fojas 47 y 48?. La audiencia constitucional tuvo verificativo a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que la ejecución de los actos reclamados corresponde a la circunscripción territorial en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, de su escrito aclaratorio, así como de las demás constancias que integran este asunto se advierte que el quejoso reclama: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán: - La resolución de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en la que se declara procedente el incidente de cambio de guarda y custodia del menor de edad de iniciales ********************, promovido por ********************, dentro del juicio ordinario oral familiar número ********************, que sigue en su contra la aquí quejosa ********************. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, al rendir el informe justificado ?foja 39?, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, consistente en la resolución de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en la que se declara procedente el incidente de cambio de guarda y custodia del menor de edad de iniciales ********************, dictada dentro del juicio ordinario oral familiar número ********************. En tal virtud, se encuentra probada la existencia del mismo, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior, se corrobora la copia certificada de diversas constancias que integran el expediente de origen, la cual por su naturaleza de documento público goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, al haberse expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER. A efecto de dar claridad al problema jurídico planteado, es necesario reseñar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: a) Mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes y Turno del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán ?fojas 1 a 6 del tomo I de pruebas?, compareció ********************, a demandar en la vía ordinaria oral familiar de ********************, las siguientes prestaciones: PRIMERO. - LA DECLARACIÓN JUDICIAL DEL CONCUBINO ya que nos unimos y vivimos juntos, procreamos un hijo durante nuestra unión que actualmente cuenta con - (sic) años de edad y que está registrado y reconocido por el reo de juicio con sus apellidos, tal como lo demuestro en la documental pública en este caso, el acta de nacimiento del padre, HUGO VALENCIA SERRANO. SEGUNDO. - EL 50% DE LOS BIENES DEL SEÑOR HUGO VALENCIA SERRANO en favor de la exponente, en razón de que ayude al demandado durante todo el tiempo que vivimos juntos dedicándome al hogar y trabajando para apoyar al sostenimiento del hogar, ayudando con el total de mi salario íntegro que percibía de mi trabajo y préstamos adquiridos, ello para beneficio de ambos, y no quedar en desventaja económica respecto al demandado. TERCERO. - UNA PENSIÓN ALIMENTICIA DE 40% EN FAVOR DE NUESTRO MENOR HIJO R. Y. V. L., Y que procreamos durante el tiempo que estuvimos viviendo juntos en nuestro domicilio conyugal. CUARTO. - UNA PENSIÓN ALIMENTICIA DE 30% EN FAVOR DE LA EXPONENTE, MARIEL BERENICE LOBATO AYALA, en razón de la unión y el tiempo que sostuvimos durante 8 años con el demandado, ello para no quedar en desventaja económica sobre mi contrario. QUINTO. - LOS GASTOS Y COSTAS POR LA CANTIDAD DE $50,000.00 MN que se generaron con motivo del presente asunto ya que la suscrita no cuento con recursos económicos para solventar los gastos de la presente demanda y el reo de juicio sí tiene los recursos económicos, y siempre me provocó en decirme que él era el único que podía promover asuntos de esta naturaleza jurídica". b) Por auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno ?fojas 18 a 20 del tomo I de pruebas?, el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, admitió a trámite la demanda en los términos propuestos; ordenó emplazar al demandado para que, dentro del plazo de nueve días, compareciera a contestar por escrito la demanda instaurada en su contra; fijó como pensión alimenticia provisional un salario mínimo diario, pagadero en forma mensual a cargo del demandado; respecto de la medida de separación de personas, determinó que la actora debía acreditar la necesidad de la misma, con el apercibimiento que, de no hacerlo, en el plazo de tres días, se procedería al emplazamiento del demandado. c) En acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintiuno ?foja 35 del tomo I de pruebas?, a solicitud de la actora, el Juez responsable, por una parte, decretó la separación del demandado del domicilio que habitaba junto con la promovente y su hijo menor de edad, con el único propósito de salvaguardar su integridad, en atención a los actos de violencia psicológica, emocional y física que ejercía sobre ellos; y, por otro lado, determinó que la custodia provisional del menor de edad de iniciales ********************, la ejercería su progenitora ********************, mientras durara el procedimiento o cambiaran las circunstancias actuales y se decretara su modificación. d) El ocho de febrero de dos mil veintidós, el personal del Juzgado de Primera Instancia, se constituyó en el domicilio que habitaban las partes a efecto de llevar a cabo la diligencia de separación de persona autorizada ?foja 43 del tomo I de pruebas?. e) A través del escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós ?fojas 52 a 57 del tomo I de pruebas?, el demandado compareció a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, solicitando como medida cautelar, se fijaran días y horas provisionales de convivencia con su hijo menor de edad. f) Por proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós ?foja 90 del tomo I de pruebas?, el Juez natural al considerar que en autos no obraba circunstancia alguna que impidiera las convivencias presenciales solicitadas, mandó poner a la vista de la Agente del Ministerio Público adscrita y de la tutora especial designada la propuesta de convivencias para que dentro del plazo de tres días manifestaran lo que a su representación conviniera. g) En auto de treinta de marzo de dos mil veintidós ?foja 197 del tomo I de pruebas?, la responsable decretó un régimen de convivencias de forma provisional, en atención a que tanto la Agente del Ministerio Público como la tutora especial no hicieron manifestaciones al respecto dentro del plazo concedido para ello. h) El veintiséis de abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia preliminar dentro del juicio ?fojas 206 a 208 del tomo I de pruebas?. i) El demandado, por conducto de su autorizado, compareció a promover incidente sobre guarda y custodia de su hijo menor de edad, en el que reclamó de la actora, la guarda y custodia provisional del infante y en su momento la definitiva; y, como consecuencia, el pago de los alimentos provisionales y en su momento definitivos ?fojas 1 a 4 del tomo II de pruebas?. j) Por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós ?foja 68 del tomo II de pruebas?, se admitió a trámite el incidente de cambio de guarda y custodia de su hijo menor de edad, sin suspensión del procedimiento principal, respecto del cual se mandó correr traslado a la actora para que, dentro del plazo de tres días, contestara lo que a sus intereses conviniera. k) Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós ?fojas 75 a 80 del tomo II de pruebas?, compareció la incidentada a dar contestación al incidente interpuesto en su contra. l) El siete de noviembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la escucha del menor de edad de iniciales ******************** ?foja 86 del tomo II de pruebas?. m) El siete de noviembre de dos mil veintidós, el incidentista desahogó la vista que se le dio con motivo de la contestación del incidente realizada por su contraria ?fojas 89 a 91 del tomo II de pruebas?. n) Seguido el procedimiento incidental por su cauce legal, el catorce de febrero de dos mil veintitrés, el Juez responsable dictó la resolución correspondiente ?fojas 170 a 180 del tomo II de pruebas?, en la que declaró fundada la cuestión incidental planteada. Hasta aquí la reseña de antecedentes del acto reclamado. QUINTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir alguna causal de improcedencia que hagan valer las partes respecto del acto reclamado, o que se advierta de oficio (al haberse verificado, entre otras cosas, que la demanda se presentó de manera oportuna), procede entrar al estudio del fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación son infundados. En principio, se acota que la síntesis de los disensos se realizará conforme a la cuestión efectivamente planteada, en términos del numeral 76 de la ley de la materia. En sus conceptos de violación la quejosa señala que la resolución reclamada es violatoria de los artículos 4, 16 y 17 de la Constitución, porque la misma carece de congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación, ya que no se dictó conforme a la ley, ni a la Jurisprudencia, y porque como consecuencia de él, se le molesta en sus derechos fundamentales económicos, sin que el acto reclamado esté debidamente fundado y motivado. Refiere, que en el considerando segundo de la interlocutoria reclamada, al aceptar el incidente de guardia y custodia, a base de calumnias donde el incidentista cuestiona su moral diciendo que tenía varias parejas sentimentales y que exponía a su hijo a dichas parejas, lo que es falso, haciendo hincapié que nunca fue demostrada la veracidad de sus aseveraciones, ejerciendo la violencia de género. Cita como fundamento de sus argumentos, el criterio de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO". Sigue diciendo, que se violaron sus derechos humanos en virtud de que la responsable aceptó pruebas ilegales, las cuales actúan en su perjuicio, pues se ofrecieron fotografías y videos de su domicilio, en el cual radicaba su hijo menor de edad, mediante una cámara de vigilancia que se presume fue puesta por el incidentista, con la finalidad de vigilarlos y acosarlos tanto a ella como al menor de edad. Sostiene, que le causa agravio lo dispuesto en el considerando tercero, ya que ha sido buena madre, nunca ha desatendido a su hijo, siempre está al pendiente de su alimentación, cuidados, educación, por lo que el Juez no está juzgando en relación con el interés superior del menor. Invoca como sustento de sus disensos el criterio de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS". Manifiesta, que se violentaron claramente los derechos de su hijo menor de edad, quien fue manipulado por su progenitor, lo que se puede observar de la escucha del mismo, donde se le realizaron varias preguntas y, de viva voz dio fe de que ella es buena madre, sin embargo, dijo que quería irse a vivir con su papá, sin dar una justificación como tal. Asimismo, en la entrevista que le realizó el DIF Municipal al menor, en su declaración claramente se puede observar que está viciada, ya que sólo habla de cosas malas de ella, mientras que de su progenitor solo dice cosas buenas. También, aduce, el menor dice cosas que materialmente son imposibles, como el hecho de que menciona que el día de la escucha ella lo regañó y lo castigó, cuando ninguna de las partes tenía acceso a la escucha, por lo que, con vista en esas pruebas, y con el antecedente de que el menor fue trabajado por una psicóloga en la Cruz Roja, sin que ella estuviera enterada ni dar su consentimiento, es que pidió al Juez de Primera Instancia que se realizara otra valoración de su hijo, lo cual era visible en las fojas 151 y 152 del incidente, negándole su petición, por lo que el Juez responsable no agotó la exhaustividad donde claramente existía un punto de controversia. Como fundamento de sus argumentos, cita los criterios de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA CIVIL. SU NATURALEZA Y CLASIFICACIÓN" y "DIVORCIO NECESARIO. EN LA SEGUNDA INSTANCIA PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A FAVOR DE LOS MENORES DE EDAD, DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y A FALTA DE LOS PRIMEROS, A FAVOR DE LA FAMILIA MISMA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)". Finalmente expone, que el segundo y tercero de los elementos rectores de la acción se encuentran inconclusos, en virtud de la falta de congruencia y motivación que el Juez provocó al discernir de manera superflua el considerando tercero de la resolución reclamada. Como se anticipó, los conceptos de violación son infundados. En efecto, el artículo 16 de la Constitución Federal, primer párrafo, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De acuerdo con el citado dispositivo, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, la garantía de legalidad (fundamentación y motivación), comprendida en el artículo 16 de la Carta Magna, se traduce en la obligación de citar los preceptos legales, sustantivos o adjetivos en que se apoye toda determinación, así como los razonamientos lógico-jurídicos del porqué el caso concreto se ajusta a esas hipótesis normativas. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó, que para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto, se ajusta en los presupuestos de la norma que invoca. El anterior criterio se sustentó en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 143, del volumen 97-102, tercera parte de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En ese sentido, para que un acto se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se estima de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Lo anterior tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. Luego, no basta que los actos de autoridad contengan una motivación meramente formal, sino que se requiere, además, para cumplir con la finalidad mencionada, que dichos actos sean congruentes, suficientes y precisos; exponiéndose, se reitera, los hechos relevantes, citando la norma aplicable y expresando un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la subsunción realizada. Es sustento de lo argumentado, la jurisprudencia 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162, del tomo XXII, diciembre de 2005, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Así como, la jurisprudencia 43, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 1531, del tomo XXIII, mayo de 2006, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 175082, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". La contravención al mandato constitucional que exige la expresión de la fundamentación y motivación en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal; sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y, en el segundo caso, consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 47, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1694, del tomo XXVII, febrero de 2008, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170307, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo". Ahora, se retoma que, en el caso, la quejosa reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la resolución de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en la que declara procedente el incidente de cambio de guarda y custodia del menor de edad de iniciales ********************, promovido por ********************, dentro del juicio ordinario oral familiar número ********************, que sigue en su contra la aquí quejosa ********************. Dicha determinación se emitió por la autoridad responsable en los términos siguientes: ". Bajo ese contexto, tenemos que las consideraciones anotadas con antelación, nos permiten sostener que, en los asuntos de custodia de menores, es preciso atender a ese interés superior del menor con el ánimo de garantizar plenamente sus derechos, de suerte que, en el caso particular, es preciso valorar las constancias procesales para determinar las especiales circunstancias que concurren; y en esa razón, determinar provisionalmente cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral del menor R.Y. Valencia Lobato, atendiendo a su interés superior. Así tenemos que, para justificar su causa de pedir, el incidentista ofertó la escucha de R.Y. Valencia Lobato, de la que se obtuvo que dicho menor externó de vida (sic) voz y de manera espontánea, que su progenitora fue quien lo llevó a la audiencia, que su mamá se llama Mariel y su papá Hugo; que su papá le compró la playera que llevó a la audiencia; que le gusta el frontón con raqueta, pero dejó de practicarlo por la escuela; que cursa el cuarto grado; que la escuela queda cerca de su casa, en el mismo fraccionamiento, y su papá también vive en dicho fraccionamiento, pero en otra casa; que estudia en el turno matutino, ya se va desayunado y también le ponen lonche; que su mamá lo lleva y lo recoge de la escuela; que se siente bien viviendo con su madre, y a su papá lo ve los martes, jueves, sábados y domingos; además, tiene un celular con el que se comunica con su papá por video llamada, llegando de la escuela y fines de semana en la mañana y en la noche; que su mamá ha tenido problemas porque desde el inicio de todo esto cuando él hablaba con su papá, su mamá no le da privacidad, quiere que le ponga en altavoz y si no, tiene un problema, por eso todo el tiempo tiene que tener el altavoz y él no quiere eso, quiere privacidad, quiere estar solo cuando hable con su papá; que han tenido problemas y él ha querido encerrarse en su cuarto para tranquilizarse, y ella lo sigue hasta su cuarto para que no se encierre; que a él le incomoda que su mamá lo obligue a poner el altavoz; que le gustaría conversar con su papá sin que su mamá escuchara la conversación; que él vive con su mamá; que uno de los problemas que tuvieron llegó y le quitó el teléfono, y otro día se lo aventó; que su mamá le prepara la comida, a veces han tenido buena relación pero otras quiere que le diga lo que platica con su papá; que su mamá es quien le arregla su ropa; que no se siente cómodo con su mamá, quiere irse a vivir con su papá; no quiere ir de visita con su papá sino ir a quedarse ahí con él; que su papá vive con su hermana y su hermano; que dicho menor se quiere ir con su padre porque lo trata bien, con él no tiene problemas, le da su privacidad cuando habla con su mamá; que si su mamá le diera su privacidad, le gustaría seguir viviendo con ella; que su mamá lo ayuda con su tarea, pero cuando le toca irse con su papá él le ayuda; que su papá le compra cosas y lo lleva al cine y al centro comercial. (.) Por cuanto hace al menor hijo procreado por los litigantes, el aludido perito determinó lo siguiente: Que según los resultados obtenidos, el menor presenta signos de conflictos emocionales, ansiedad y hostilidad a su entorno; que según lo mencionado durante la entrevista el menor ha sido violentado psicológicamente por la progenitora, a lo que en los resultados de las pruebas encontramos, sentimiento de indefensión, inseguridad, rasgos depresivos, conflictos emocionales, despersonalización, rasgos de estrés y agobio; que según los resultados obtenidos se encuentra el menor en una relación conflictiva con su madre, dentro de los panoramas expresados verbalmente; según los resultados obtenidos la relación de la madre e hijo se basa en la entrevista semiestructurada y los resultados obtenidos de las diferentes pruebas proyectivas; que según los datos obtenidos por las diferentes pruebas proyectivas; que según los datos obtenidos por las diferentes pruebas, se nota una desvalorización en el menor, respecto la dinámica que maneja con su progenitora en su entorno, además de conflictos emocionales; que existen indicios según lo expresado de manipulación por la progenitora, pero no se encuentran indicios de alienación parental; que derivados a los resultados arrojados en las pruebas aplicadas al menor, presenta buena ubicación de tiempo y espacio, conflictos emocionales, estrés, agobio, conductas impulsivas, sensación de permanecer desprotegido, defensa por temor a la autoridad, desconocimiento de sí mismo, deseo de descansar de la figura de poder, inadaptación, inseguro, hostilidad frente al mundo, deseo de comunicarse; concluyendo que, en relación con los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas, el menor da indicios de conflictos emocionales, agobios, conductas impulsivas, sensación de permanecer desprotegido, las cuales son indicios de afectación de la situación actual de la separación de los padres y donde no se toma como prioridad las necesidades de desarrollo, afectivas del menor más la violencia psicológica ejercida por la progenitora con los datos en la entrevista semiestructurada y los resultados obtenidos en las pruebas proyectivas aplicadas, por lo cual, se recomienda tratamiento psicológico al menor para que llegue a la estabilidad emocional que le permita un buen desarrollo psicoemocional. Medios de prueba que, tienen valor probatorio de conformidad con los numerales 1042 y 1043 del Código Familiar, con los que se pone de manifiesto que, el aludido menor R.Y. Valencia Lobato, desea ir a vivirse al lado de su progenitor, debido a la presión que ejerce su madre sobre él, al grado de no darle privacidad para hablar con su padre, lo que se traduce en el hecho de que, dicho menor ha sido violentado psicológicamente por su progenitora, lo que ha provocado en el menor sentimiento de indefensión, inseguridad, rasgos depresivos, conflictos emocionales, despersonalización, rasgos de estrés y agobio; tornando la relación entre madre e hijo conflictiva; y en esa razón, dicha profesionista determinó que, respecto a ********************, considera que en este momento no existe ninguna alteración cognitiva que impida al señor Hugo Serrano (sic) ejercer su rol parental; mientras que la señora ********************, se presenta inestabilidad emocional, desintegración de la personalidad y huella de un hecho traumático, los cuales pueden ser características para una deficiencia en la crianza psicoemocional, motivo por lo que en este momento no cuenta con los recursos psicológicos necesarios para ejercer un buen rol maternal; aspectos que en su conjunto vienen a colegir la procedencia de la medida de cambio de guarda y custodia solicitada por ********************; máxime que, tanto el tutor designado en este juicio al menor hijo procreado por los litigantes y la fiscal adscrita al Juzgado a mi cargo, cuya participación en el juicio se constriñe a velar por el interés superior de dicho menor, solicitaron de manera uniforme, en la audiencia especial correspondiente, que se respete la voluntad del menor, en torno a su deseo de incorporarse al domicilio de su progenitor, lo que ratifica la procedencia del cambio de custodia solicitado. Robustece lo anterior, la confesión judicial ficta derivada de incomparecencia de la demandada, al desahogo de la prueba confesional a su cargo, la cual cuenta con valor probatorio conforme a los artículos 1008, fracción I, 1009, fracción III, 1042 y 1043 del Código Familiar; por tanto, se tienen por ciertos los hechos vertidos en la demanda incidental. Por otro lado, de la prueba testimonial que estuvo a cargo de María Anabel Rodríguez Caballero, quien manifestó que, es licenciada en psicología desde hace aproximadamente once años, que cuenta con una maestría en psicología forense y una serie de diplomados que tienen que ver con la violencia de género y peritaje psicológico, entre otros, que tiene un diplomado en violencia familiar que le permite determinar si una persona ha recibido algún tipo de abuso, el diplomado le da ciertos lineamientos para esas cuestiones, que el señor ********************, es padre del menor, R.Y. Valencia Lobato; que dicho testigo estuvo trabajando en el Hospital General de esta Ciudad, aproximadamente hasta el año dos mil veintiuno o dos mil veintidós, pero ahorita está en consulta particular; que el menor hijo procreado por los litigantes es su paciente, lo empezó a atender el veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Lo que se refuerza con la documental consultable a fojas cinco del incidente en trato, de la que se desprende que, la licenciada María Anabel Rodríguez Caballero, labora para la Cruz Roja Mexicana de esta ciudad; asimismo, que en ejercicio de sus funciones, realizó valoración psicológica al menor hijo procreado por los litigantes; pero hasta ahí su alcance demostrativo; dado que, al haber sido recabado fuera de juicio dicho elemento probatorio, no puede considerarse como un dictamen pericial, sino como una prueba documental privada; de suerte que, de dichos medios de prueba se pone de manifiesto que la testigo, ha brindado ayuda psicológica al menor hijo procreado por los litigantes, pero hasta ahí su alcance demostrativo. En otro contexto del asunto, tenemos que, ********************, al momento de producir contestación al incidente argumenta vía excepción, que su contraria nunca había tenido buena relación con su hijo, eso solo es ahora que tiene una pensión en su contra, y que ella tiene la guarda y custodia de dicho menor, que empieza a tener más acercamiento con él, lo que hace para confundir al menor o poder convencerlo de que se vaya a vivir con él, debido a que también ha estado aprovechando sus tiempos de convivencia para ejercer acciones desleales, como de llevar a su hijo bajo engaños a unas supuestas terapias; argumentos que son infundados porque no los justifica con ningún medio de prueba, a excepción de que su contraria ha llevado a su menor hijo a recibir terapia psicológica, sin que ello controvierta la procedencia del incidente que nos ocupa. No pasa inadvertido para este Juzgador, la placa fotográfica que obra visible a fojas ochenta y uno del expediente, de donde se puede apreciar una construcción con una ventana, y una construcción enfrente, un objeto de color blanco en el suelo, pero hasta ahí su alcance demostrativo, lo cual, resulta inofensivo en el caso en estudio, dado que, dicho medio de prueba es insuficiente para controvertir la procedencia de la medida de cambio de guarda y custodia en trato. (.) En suma, se declara procedente la medida cautelar que sobre cambio de guarda y custodia provisional del menor R.Y. Valencia Lobato, promovido por ********************, por conducto de mandatario judicial, frente a ********************; consecuentemente, se concede al incidentista la guarda y custodia de su citado hijo; y en esa razón, se conmina a la citada Lobato Ayala; consecuentemente, se concede al incidentista la guarda y custodia de su citado hijo; y en esa razón, se conmina a la citada Lobato Ayala para que, en un plazo no mayor a tres días, entregue a su contraria a su citado hijo, conjuntamente con su ropa, zapatos, uniformes, útiles escolares y artículos personales; apercibida que de no hacerlo, se emplearan los medios de apremio establecidos por nuestra legislación familiar en su contra; y en esa razón, resulta innecesario el estudio del resto de los medios de prueba ofertados por el incidentista, dado que, con los hasta aquí justipreciados, se justifica plenamente la incidencia en estudio.". De lo expuesto se puede advertir que en la interlocutoria impugnada, la autoridad responsable declaró fundado el incidente de cambio de guarda y custodia del menor de edad de iniciales ********************, por las siguientes razones: - En los asuntos de custodia de menores, era preciso atender a ese interés superior del menor con el ánimo de garantizar plenamente sus derechos, de suerte que, en el caso particular era preciso valorar las constancias procesales para determinar las especiales circunstancias que concurrían y, en esa razón, determinar provisionalmente cuál era el ambiente más propicio para su desarrollo. - Para justificar su causa de pedir, el incidentista ofreció la escucha de menor, así como la pericial en psicología, probanzas que tenían valor probatorio, y con los que se ponía de manifiesto que el infante deseaba irse a vivir al lado de su progenitor, debido a la presión que ejercía su madre sobre él, al grado de no darle privacidad para hablar con su padre, lo que se traducía en que el niño había sido violentado psicológicamente por su madre, lo que había provocado en el menor sentimientos de indefensión, inseguridad, rasgos depresivos, conflictos emocionales, despersonalización, rasgos de estrés y agobio, lo que tornaba la relación entre madre e hijo en conflictiva. - Que, la profesionista en relación con el padre, determinó que en ese momento no existía ninguna alteración cognitiva que le impidiera ejercer su rol parental, mientras que la madre presentaba inestabilidad emocional, desintegración de la personalidad y huella de un hecho traumático, los cuales podían ser características para una deficiencia en la crianza psicoemocional, motivo por lo que en ese momento no contaba con los recursos psicológicos necesarios para ejercer un buen rol maternal. - Que, esos aspectos, en su conjunto venían a colegir la procedencia de la medida de cambio de guarda y custodia solicitada, máxime que, tanto el tutor designado en el juicio al menor y la fiscal adscrita al Juzgado, cuya participación se constreñía a velar por el interés superior de dicho menor, solicitaron de manera uniforme, en la audiencia especial correspondiente, que se respetara la voluntad del menor, en torno a su deseo de incorporarse al domicilio de su progenitor, lo que ratificaba la procedencia del cambio de custodia solicitado. - Lo anterior se robustecía con la confesión judicial ficta derivada de la incomparecencia de la demandada al desahogo de la prueba confesional a su cargo, la cual al contar con valor probatorio traía como consecuencia que se tuvieran por ciertos los hechos vertidos en la demanda incidental. - Respecto a la prueba testimonial a cargo de María Anabel Rodríguez Caballero, quien manifestó ser licenciada en psicología, y que el menor de edad era su paciente, la misma se reforzaba con la documental de la que se desprendía que la citada profesionista laboraba para la Cruz Roja Mexicana, y que en ejercicio de sus funciones realizó valoración psicológica al niño, la cual, al haber sido recabada fuera de juicio no podía considerarse como un dictamen pericial, sino como una prueba documental privada, con lo cual solo se ponía de manifiesto que la testigo había brindado ayuda psicológica al infante. - Que, la incidentada, al momento de producir contestación argumentó vía excepción, que su contraria nunca había tenido buena relación con su hijo, eso solo era ahora que tenía una pensión en su contra, y que ella contaba con la guarda y custodia de su hijo, que empezaba a tener más acercamiento con él, lo que hacía para confundir al infante para convencerlo de que se fuera a vivir con él, debido a que también había estado aprovechando sus tiempos de convivencia para ejercer acciones desleales, como llevar a su hijo bajo engaños a unas supuestas terapias. - Que, dichos argumentos eran infundados porque no los justificaba con ningún medio de prueba, a excepción de que su contraria había llevado a su menor hijo a recibir terapia psicológica, sin que ello controvirtiera la procedencia del incidente. - No pasaba inadvertida la placa fotográfica que obraba visible a fojas ochenta y uno del expediente, de donde se podía apreciar una construcción con una ventana, y una construcción enfrente, un objeto de color blanco en el suelo, pero hasta ahí su alcance demostrativo, lo cual, resultaba inofensivo en el caso, dado que ese medio de prueba era insuficiente para controvertir la procedencia de la medida de cambio de guarda y custodia en trato. Las referidas consideraciones se estiman objetivamente correctas y suficientes para estimar que la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, además de que cumple con los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior se estima de ese modo, ya que la autoridad responsable para emitir la resolución en los términos que lo hizo, tomó en consideración elementos objetivos, concordantes con la voz del niño; esto es, atendió a lo manifestado por éste en la audiencia de escucha respectiva, así como a lo expuesto en el dictamen emitido por la experta en psicología y, la opinión del tutor designado al niño y la fiscal adscrita al juzgado. Aunado a que, contrario a lo argumentado por la quejosa, el Juez natural para emitir su determinación no tomó en consideración cuestiones relacionadas con la moral de la impetrante, pues nada dijo tocante al tema de si ella tenía una o varias parejas sentimentales, ni que expusiera al niño a dichas parejas. Tampoco puede estimarse, como lo aduce la impetrante, que la autoridad responsable aceptó pruebas ilegales, ya que, si bien es cierto, al resolver hizo alusión a una placa fotográfica donde se apreciaba una construcción con una ventana, y una construcción enfrente, un objeto de color blanco en el suelo; también lo es, que a la misma no le dio valor probatorio, pues estimó que era insuficiente para controvertir la procedencia de la medida solicitada. Por otra parte, con relación al hecho de que la quejosa era buena madre, nunca había desatendido a su hijo, siempre estaba al pendiente de su alimentación, cuidados y educación y, que por ello, el Juez no estaba juzgando en relación con el interés superior del menor, cabe señalar que los hechos relativos a la cualidades de la peticionaria de amparo como madre no se ponen en duda; sin embargo, en el caso, es de tomarse en consideración que la atmósfera en que se desenvolvía el menor de edad (al lado de su progenitora, como se puso de manifiesto durante la tramitación del incidente), era la que le generaba ansiedad, depresión, estrés y baja autoestima. En ese sentido, se estima que la determinación del Juez natural de declarar fundado el incidente de cambio de guarda y custodia del niño, tiene como fin, resguardar al infante de esa atmósfera dañina para él, a efecto de que pueda recuperar un estado de ánimo óptimo, sin que ello signifique que si a la postre cambian las circunstancias, pueda la quejosa obtener de nueva cuenta la custodia del infante, en el caso de que se someta a terapia psicológica que la haga apta para el cuidado de su hijo menor de edad. Con lo cual, se puede concluir, que contrario a lo que señaló la peticionaria de amparo, el Juez de origen, al resolver sí atendió al interés superior del niño. Además, tampoco es dable considerar como lo sostiene la impetrante, que el infante fue manipulado por su progenitor por el hecho de que lo llevó a terapias psicológicas sin su consentimiento, pues, al contrario, a juicio del suscrito juzgador, dicha circunstancia pone en evidencia la preocupación del ahora tercero interesado en la estabilidad emocional del menor de edad. Aunado a que, es erróneo lo referido por la quejosa en el sentido de que su hijo menor de edad no había dado una justificación, como tal, de su manifestación en el sentido de que quería irse a vivir con su padre, pues de la escucha del infante se desprendía que lo manifestado se debía a la presión que ejercía su madre sobre él, al grado de no darle privacidad para hablar con su padre, lo que a juicio del juzgador se traducía en que el infante había sido violentado psicológicamente por aquélla. Por otra parte, en autos no quedó acreditado que la entrevista que le realizó el DIF Municipal a su hijo menor de edad estuviera viciada, sin que el hecho de que la experta hubiera expuesto que la madre no contaba con los recursos psicológicos necesarios para ejercer un buen rol maternal y, por su parte, respecto del padre, que en ese momento no existía ninguna alteración cognitiva que impidiera que ejerciera su rol parental, sea razón suficiente para considerarla con vicios y, en consecuencia, restarle valor probatorio a la misma, pues se trata de la opinión de la experta, que obtuvo de las pruebas practicadas tanto a las partes del juicio como al niño. Finalmente, en relación con lo que la impetrante señala en el sentido de que el niño dijo cosas que materialmente eran imposibles, como el hecho de que el día de la escucha ella lo regañó y lo castigó, cuando ninguna de las partes tenía acceso a la diligencia, tales manifestaciones resultan irrelevantes, pues como se puede ver de la resolución reclamada, esas cuestiones no fueron tomadas en consideración por el Juez natural para resolver en el sentido que lo hizo, sino que, como se dijo, basó su determinación en las manifestaciones del niño en la diligencia de escucha, de las razones por las cuales quería irse a vivir con su progenitor, así como el resultado de la prueba pericial en psicología y, la opinión del tutor del niño y la Fiscal adscrita al Juzgado. En ese orden de ideas, se corrobora que, los argumentos de la quejosa resultan infundados. De este modo, al haberse desestimado los planteamientos que constituyen los conceptos de violación, se pone de manifiesto la inaplicabilidad de los criterios jurisprudenciales invocados en el escrito de demanda. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación y al no advertirse deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa ********************, contra el acto reclamado del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, consistente en la resolución de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en la que se declara procedente el incidente de cambio de guarda y custodia del menor de edad de iniciales ********************, promovido por ********************, dentro del juicio ordinario oral familiar número ********************, que sigue en su contra la aquí quejosa ********************, por los motivos y fundamentos expuestos, en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta el día de hoy en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante Marcela Cortez Ruíz, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En quince de mayo de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, CE********************TIFICA: Que el término de tres días concedido a los terceros interesados ******************** y su hijo menor de edad de iniciales ********************.********************.********************.********************., en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, a efecto de que señalaran domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, transcurrió del diez al doce de mayo de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, en virtud a que fueron notificados personalmente, el seis del mismo mes y año, sin que lo hubieran hecho. Asimismo, que se encuentra transcurriendo el plazo a que se refiere el artículo 117 de la ********************ey de Amparo, de que disponen los terceros interesados, para imponerse del informe con justificación. ********************o que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el oficio y anexos registrado con el número de folio 6027. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, quince de mayo de dos mil veintitrés. SE ********************ECIBE DESPACHO. Téngase por recibido el oficio signado por la Encargada del Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de ********************ázaro Cárdenas, Michoacán, mediante el cual devuelve, diligenciado el despacho 149 con número de orden 283, en el que se ordenó practicar el emplazamiento a los terceros interesados ******************** y su hijo menor de edad de iniciales ********************.********************.********************.********************., por conducto de su progenitor. Dese de baja la comunicación oficial que se recibe y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SE TIENE A TE********************CE********************OS INTE********************ESADOS EMP********************AZADOS A JUICIO. Ahora bien, en término de la diligencia practicada en la comunicación oficial que se recibe y con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la ********************ey de Amparo, se tiene por emplazado a juicio a los citados terceros interesados, para todos los efectos legales conducentes. EFECTI********************O APE********************CIBIMIENTO ******************** SE O********************DENAN NOTIFICACIONES PO******************** ********************ISTA. Por otra parte de la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de tres días concedido a los terceros interesados, en auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, a efecto de que señalaran domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la ********************ey de Amparo , se ordena practicarles las subsecuentes notificaciones, aún las personales, por lista de acuerdos que se publica en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación; para el efecto legal conducente, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción I******************** del artículo 26 de esta ********************ey. SE DIFIE********************E AUDIENCIA. Por otra parte, de la certificación que antecede se desprende que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117, de la ********************ey de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido en autos. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, fijándose en su lugar las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma ********************ené Castro ********************ara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez ********************uíz, quien da fe.

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