Mariel Abril Mora Molina

Expediente 1229/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1229/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
08/03/2021

Partes del expediente

  • Mariel Abril Mora Molina

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el oficio número 1108, de fecha tres de marzo pasado, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictada por ese Tribunal, en autos del toca 5/2021, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo dictado el ocho de diciembre de dos mil veinte. Ejecutoria en la que aparece que la citada superioridad resolvió: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por Mariel Abril Mora Molina, contra del auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, en autos del juicio de amparo 1229/2020-V-A." Acúsese recibo; hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo; y en su oportunidad, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio en el que sin haberse decidido en lo principal, carece de relevancia documental. Hágase lo anterior, del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: se tiene por recibido de la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 62, de trece de enero del presente año, recibido vía electrónica en este Juzgado, mediante el uso de la FIREL; del que se advierte que en autos del toca de queja ********************, dicha Superioridad admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por David Alejandro Patrón Bianchi, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa Mariel Abril Mora Molina, en contra del proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte dictado en este juicio. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido el oficio número 5128/2020, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia autorizada de la resolución de once de marzo de dos mil veinte, dictada por el Ministro Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, en el incidente de inejecución de sentencia 133/2019, en la que el Máximo Tribunal del país, declaró infundado el incidente de inejecución de sentencia y dejó sin efectos el dictamen emitido el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán; asimismo, devuelve el expediente principal del presente juicio de amparo 594/2015-V-A (dos tomos). Acúsese recibo vía interconexión al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán. Ahora bien, dado el volumen de las constancias que integran el presente juicio, procédase a la destrucción de las copias certificadas que integran el cuaderno de antecedentes respectivo y respecto de las constancias originales restantes, fórmese por razones prácticas, un tercer tomo, a fin de que pueda continuarse actuando en este asunto. Por último, es menester precisar que, por acuerdo de veintidós de septiembre del año en curso, se proveyó lo conducente respecto del trámite de la ejecución y cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este asunto, siguiendo los lineamientos plasmados en la resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ***, en contra del acto que reclama del Consulado General de México en Nueva York, Estados Unidos, con sede en dicha ciudad, Director General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Director General Adjunto de Derecho Familiar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ambos con sede en la Ciudad de México, Tribunal de Familia del Estado de Nueva York, Condado de Westchester, con sede en dicha localidad, como autoridades ordenadoras, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, Juez y actuario, ambos del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado y con sede en Tizimín, y Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, como autoridades ejecutoras, que hizo consistir esencialmente en: El requerimiento realizado mediante oficio PME-109264-20, de veinte de octubre de dos mil veinte, relativo al procedimiento de restitución internacional del menor de edad L.M.R.M. derivado del expediente PME/750-14(EUA-NEY/MEX-YUC)079, notificado el veinte de noviembre pasado. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1229/2020-V-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En la especie, a criterio de quien esto resuelve, debe decirse que en el caso se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los artículos transcritos se desprende que el amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el acto reclamado establecido en párrafos que anteceden, no afecta de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, como enseguida se desarrollará. Se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutela la Constitución y los tratados, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etc., porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así las cosas, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación a la parte quejosa, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los tratados, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que no acontece en el caso. Así es, el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la existencia de la parte quejosa, con sus propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, etcétera, ya que se advierte que de lo que se duele la promovente es el oficio PME-109264-20 relativo al procedimiento de restitución internacional del menor de edad L.M.R.M. derivado del expediente PME/750-14(EUA-NEY/MEX-YUC)079, que dio origen al expediente 267/2020, el cual le fuera notificado el veinte de noviembre pasado; mismo que, por su naturaleza, no afecta directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esto es, del artículo 531 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, se desprende el procedimiento a seguir ante una restitución solicitada por otro país, la cual, debe de reunir tanto requisitos de forma como de fondo para ser tramitado de forma procedente; por lo cual, la simple emisión del oficio reclamado, así como su ejecución, que se traduce en el emplazamiento ordenado por parte del Juez Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, no resultan ser un acto de imposible reparación contra el cual proceda el amparo indirecto, puesto que, como ya se señaló, éste únicamente tiene efectos de carácter intraprocesal. Esto es, el emplazamiento al procedimiento especial de restitución internacional número 267/2020, que se le realizó el veinte de noviembre pasado, no implica en forma necesaria que la resolución con la que culmine dicho procedimiento vaya a ser contraria a sus intereses, pues aún existe la posibilidad de que le sea benéfica, aspecto en que descansa la calificativa de que no se está en presencia de un acto que tenga una ejecución irreparable. En apoyo de lo expuesto, por analogía, se cita la jurisprudencia, siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Asimismo, en cuanto a lo irreparable de los actos reclamados, nuestro máximo tribunal se ha pronunciado en diversos criterios, la primera de ellas sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. LVII/2004, que se localiza en la página nueve, tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, cuyo rubro y texto establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Siendo el caso que, de dictarse la sentencia en autos del procedimiento de restitución internacional, y ésta resultare contraria a los interés de la aquí quejosa, ésta podrá combatirla mediante la vía directa, toda vez que la resolución recaída tendrá el carácter de definitiva, en términos de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Sirve de apoyo, la tesis jurisprudencial 1a./J. 71/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, del Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2021022, al tenor siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DECIDE EN FORMA DEFINITIVA SOBRE LA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES DE EDAD, SOLICITADA CONFORME A LA CONVENCIÓN DE LA MATERIA. De lo establecido en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170, fracción I, y 171 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo directo procede en dos casos: 1) contra sentencias definitivas o laudos; y, 2) contra resoluciones que ponen fin al juicio; en ambos casos, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. De éstas, las que deciden el juicio en lo principal constituyen sentencias definitivas o laudos, mientras que resoluciones que ponen fin al juicio, son las que, sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Por otro lado, esta Suprema Corte ha concebido al "juicio", como un procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquiera forma, hasta que se dicta sentencia o resolución que le ponga fin, en la inteligencia de que el juicio está condicionado a la existencia de un litigio, esto es, de un conflicto entre partes; además, que debe entenderse por sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo la que define el juicio en lo principal, es decir, la que establezca el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio. En tales condiciones, las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales, en las que se decide en forma definitiva sobre la solicitud de restitución internacional de menores de edad, en términos de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, constituyen sentencias definitivas, puesto que su impugnación a través del juicio de amparo presupone la existencia de una contienda, cuya litis generalmente se centra en determinar la procedencia de la restitución del menor a su entorno habitual cuando ha sido trasladado o retenido de forma ilícita, frente a la actualización o no de alguna de las excepciones extraordinarias previstas en la Convención para negar la restitución, a saber, la integración del menor al nuevo ambiente (artículo 12), las excepciones previstas en el artículo 13 o la violación a los principios fundamentales del Estado requerido (artículo 20); por tanto, en contra de ellas procede el juicio de amparo en la vía directa." De tal manera, que el acto reclamado en cita, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no ser un acto de imposible reparación, en su contra resulta improcedente la promoción del juicio de amparo. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, se desecha la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda, y como sus autorizados a David Alejandro Patrón Bianchi, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Luis Jorge Balam May y David Adrián Patrón Iturralde, con las limitantes que establece la parte final del segundo párrafo del aludido artículo, hasta que no acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. COMUNICACIONES NO PROCESALES Asimismo, se tiene por proporcionado el correo electrónico que indica la parte promovente en su escrito de demanda, a efecto de establecer comunicaciones no procesales, de resultar necesario. Sin embargo, en relación a su solicitud para que las notificaciones del presente juicio se le realicen por medio del correo electrónico proporcionado, no ha lugar a acceder favorablemente a lo solicitado; lo anterior, toda vez que dicho medio electrónico no cumple con los requisitos previstos en el artículo 55, en relación con el 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el considerando Noveno, artículos 28, 29 y 314 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19; se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; estando a su disposición el aplicativo de firma electrónica en los enlaces señalados en el Transitorio Décimo Primero, del referido Acuerdo General 21/2020. Así como deberán proporcionar un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I, del multicitado Acuerdo General 21/2020, para establecer comunicaciones no procesales. Lo anterior a fin de estar en la posibilidad de continuar en todo momento con el juicio de amparo, pues de no ser así podría llegarse al supuesto de excepción de no poder continuar con el trámite del mismo hasta su conclusión, pues de presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 del citado Acuerdo General 21/2020, eventualmente, podría suspenderse el trámite del presente juicio de amparo. TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y regístrese.

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