Marie Paul Escalera Bourillon
Expediente 14/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 14/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/06/2018
Partes del expediente
- Marie Paul Escalera Bourillon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad de México, a seis de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Tribunal Colegiado de Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida en el conflicto competencial CCP.- 6/2018 de su índice. Acúsese recibo y estese a lo resuelto por el tribunal que determinó: "ÚNICO. Es COMPETENTE el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, para conocer de la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxxxxxx." En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluído. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes formado por incompetencia y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Atento a lo ordenado en el segundo párrafo del punto Decimoprimero del citado acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en la sentencia dictada en el presente asunto, este órgano jurisdiccional concedió el amparo a la quejosa en contra del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, así como su reforma publicada el dieciocho de noviembre de dos mil quince. Asimismo, del análisis de las constancias que integran este expediente, así como del hecho de que la sentencia de amparo causó estado o, en su caso, de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se desprende que la situación de la solicitante de amparo respecto del cumplimiento del fallo protector es la que se expone en el siguiente esquema: ¿La parte quejosa tiene concesión de amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y/o Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2014, 2015 y 2016? Quejosa 53-B, f. IV, 2º p., CFF TCC revocó concesión de amparo contra el 53-B CFF ¿Concesión contra Anexo 24 de la RMF de 2014, 2015 y 2016? Juicio de Amparo Sentencia de Amparo Sentencia TCC 1990/2014 1.-*********************** NO Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomara en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En tal sentido, a efecto de determinar si existe o no materia para el cumplimiento de la sentencia de amparo, se requiere al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, precise lo siguiente: A cuáles de las quejosas que se enuncian a continuación les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación: Juicio Quejosa 1.-1990/2014 ********************* En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar el presente requerimiento o manifieste su imposibilidad para ello, se le impondrá una multa consistente en la cantidad que resulte equivalente a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, treinta de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio que remite el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual informa la respuesta dada por parte del Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos a la consulta formulada por dicho cuerpo colegiado a efecto de que determinara qué tribunal colegiado es el competente para conocer del conflicto competencial suscitado, en lo que interesa, se transcribe lo siguiente: "Del contenido de los Acuerdos Generales 5/2015 y 4/2017, se aprecia que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal dotó al Primer y Cuarto Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región de una competencia ordinaria, en principio para conocer de todos los recursos interpuestos en los juicios en donde se reclamó la contabilidad electrónica; y posteriormente para llevar a cabo el trámite de los recursos interpuestos contra las sentencias definitivas dictadas por los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región; y, para resolver los recursos interpuestos contra determinaciones diversas a la sentencia dictada en audiencia constitucional, esto, aunado a su carga de trabajo como órgano auxiliar. De los cuerpos normativos en cita, se advierte que los referidos órganos jurisdiccionales carecen de competencia para conocer y resolver, como tribunal ordinario, asuntos diversos a los precisados; por lo tanto, al ser el juicio de amparo del que deriva el conflicto competencial 351/2018 de naturaleza diversa, deberán devolverse los autos al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, para que determine lo que corresponda." De lo transcrito, se advierte que la oficiante carece de competencia legal para conocer y resolver el mencionado conflicto, por lo que remitió los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, a efecto de que este juzgado determine lo que corresponda; acúsese recibo de estilo correspondiente. En ese contexto, es preciso destacar que la parte promovente acude a esta instancia constitucional a reclamar en esencia la resolución de revocación del ejercicio de la acción penal de la averiguación previa TAB/COL/02/0528/2015, así como del resolutivo primero del proyecto de resolución del ejercicio de la acción penal de la averiguación previa TAB/COL/02/0528/2015. Ante esas circunstancias, es indudable que el acto reclamado se encuentra estrechamente vinculado con el no ejercicio de la acción penal, emitido por una autoridad dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, lo cual incuestionablemente deberá ser analizado bajo la óptica de las normas sustantivas y adjetivas que rigen la materia penal, toda vez que dichos actos reclamados, si bien son formalmente administrativos, su naturaleza intrínseca es materialmente penal. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 91/97, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 5, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN PENAL, RESOLUCIÓN DE NO EJERCICIO, EMANADA DE UNA AUTORIDAD DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN ACTO MATERIALMENTE PENAL Y DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN SU CONTRA DEBE CONOCER UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su fracción I, dispone, entre otros supuestos, que los Jueces de Distrito de amparo en materia penal conocerán de los juicios de garantías que se promuevan "... contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal ...". Ahora bien, como donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, es válido interpretar en forma extensiva la fracción de mérito y sostener que la competencia también se surte cuando la sentencia que se dicte en el amparo pueda producir la consecuencia de afectar la libertad personal del tercero perjudicado que, en el caso de un juicio promovido en contra de una resolución de no ejercicio de la acción penal, lo sería, por supuesto, el indiciado o inculpado. Aun cuando no todos los delitos se sancionan con la privación de la libertad, la afectación debe entenderse en sentido amplio, pues aun tratándose de delitos que se sancionan con pena alternativa o con pena no privativa de la libertad, la orden de comparecer al juicio y, en su caso, el auto de sujeción a proceso que pudiera dictarse en el supuesto de que se ejerciera la acción penal por tales delitos con motivo de un juicio de amparo, de conformidad con el artículo 304 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, afectan la libertad de la persona, pues se le obliga a comparecer ante la autoridad que la requiere, aun cuando la restricción tenga el límite precario indispensable para el desahogo de las diligencias respectivas, tales como la declaración preparatoria, la identificación administrativa, entre otras. Por otro lado, interpretando en forma sistemática las fracciones del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con los artículos 19, 20, 21, primer párrafo, constitucionales; 94 a 108, 111 a 114, 118 a 121, 122, 124, 135, 136, 139, 140, 141, 144, 147, 152, 189, 191, 262, 268 bis y 273, entre otros, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; 13 y 15 del Código Penal para el Distrito Federal, se obtiene que si en el propio precepto 51 se contemplan las atribuciones de los Jueces de Distrito en los juicios de amparo para conocer de actos materialmente penales, la competencia de que se trata no sólo se actualiza con fundamento en la fracción I antes examinada, sino en dicho numeral. En estas condiciones, si bien la naturaleza de la resolución de no ejercicio de la acción penal es, por el órgano que la realiza, formalmente administrativa, por su naturaleza intrínseca es materialmente penal, por lo que la competencia para el conocimiento del juicio de amparo en su contra le corresponde a un Juez de Distrito en dicha materia, no sólo por la circunstancia de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera afectar la libertad del tercero perjudicado, sino también porque al tratarse de una resolución materialmente penal, la competencia se ubica en el propio numeral interpretando sus fracciones sistemáticamente. La interpretación de mérito respeta el principio de especialización que justifica la creación de tribunales especializados y, por ende, el artículo 17 constitucional, en cuanto garantiza la expeditez en el fallo. Por otra parte, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su artículo segundo, establece que el primer circuito se integrará por sesenta y dos tribunales especializados, diez en materia penal, veintiuno en materia administrativa, catorce en materia civil y diecisiete en materia de trabajo, todos con residencia en la ciudad de México. "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: PRIMER CIRCUITO: Ciudad de México. (.) SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: PRIMER CIRCUITO: Sesenta y dos tribunales colegiados especializados: diez en materia penal, veintiuno en materia administrativa, catorce en materia civil y diecisiete en materia de trabajo, todos con residencia en la Ciudad de México. (.) TERCERO. La jurisdicción territorial de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito es la que enseguida se indica: PRIMER CIRCUITO: Distrito Federal. (.)" En consecuencia, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, remítase el expediente que envió el órgano colegiado oficiante, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito que corresponda, para que se envíe al Tribunal Colegiado de turno y resuelva lo que en derecho corresponda en relación con el conflicto competencial tramitado en autos. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio que remite el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del oficio con el que se remitió el expediente principal relativo al juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, con motivo del conflicto competencial suscitado entre este juzgado federal y el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asimismo, informa que dicho órgano colegiado no tiene competencia para conocer del asunto de que se trata por los motivos que expone, circunstancia por la cual giró oficio a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal para que determine qué tribunal colegiado es el competente para conocer del conflicto competencial suscitado, a efecto de darle el trámite correspondiente. De lo anterior, se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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