Marie Nicole Brutus Higuita y Otros.

Expediente 1220/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1220/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
25/02/2021

Partes del expediente

  • Marie Nicole Brutus Higuita y Otros.
  • Marie Nicole Brutus Higuita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y tercera interesada en auto de cuatro de noviembre del año pasado, para que hicieran manifestación de lo que a su derecho conviene en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en este sumario constitucional, respecto de lo cual no hicieron valer dicha prerrogativa; consecuentemente, se procede a decidir sobre el acatamiento de la sentencia protectora, pues ello es de orden público y el tribunal de amparo tiene la facultad de resolver con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la legislación de la materia. Bien, en la sentencia emitida el dieciocho de agosto de dos mil veinte, se sobreseyó en el juicio de amparo respecto del acto reclamado a la Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de esta ciudad y se determinó que para restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, debía realizar lo siguiente: "[- - -] 1. Dejará insubsistente la resolución de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación 2107/2019. 2. En su lugar dictará otra, en la que observará las consideraciones expuestas en esta ejecutoria con efectos vinculatorios y sobre esa base, resolverá la litis planteada en el "incidente de reducción de pensión alimenticia" deducido del juicio -ordinario civil, divorcio incausado- seguido por ********************, expediente 562/2012. [- - -]" En la ejecutoria de amparo se determinó -en forma medular- lo siguiente: Las consideraciones expuestas en la determinación reclamada son inconstitucionales, pues contrario a lo referido por el tribunal de apelación, *********************** no demostró de manera fehaciente dentro del "incidente de reducción de pensión alimenticia", que el cambio en las circunstancias que dieron origen a la fijación de la pensión alimenticia decretada en el procedimiento natural, tornara imposible la ministración de los alimentos en la proporción en la que se realizaban. Lo anterior, puesto que el monto de la pensión alimenticia que se estableció en el convenio de divorcio *********************, mensuales con un incremento anual-, se realizó únicamente con base en las manifestaciones de los promoventes, sin considerar el salario que en su momento percibía el deudor alimentario. En ese sentido, si bien el actor incidentista demostró la existencia de una causa posterior a la data en que se fijó la obligación -cambio de empleo con un sueldo menor al que obtenía al momento de celebrar el convenio de divorcio-, la cual ocasionó un cambio en sus posibilidades económicas; también lo es que el deudor alimentario no acreditó que el deterioro o merma de sus ingresos lo imposibilita para ministrar la pensión alimenticia decretada en favor de su menor hija, pues si bien acreditó que sus ingresos disminuyeron respecto de aquéllos que obtenía al momento en el que celebró el convenio de divorcio; empero, no demostró que su actual empleo fuese el único o que los ingresos que obtiene provienen únicamente de su actual fuente laboral. Y, es que *******************, al suscribir un convenio de pago de la pensión alimenticia de que se trata -entrega de una cantidad mensual- a favor de la parte acreedora, se obligó a efectuarla en los términos acordados sin limitación al respecto, por lo que el hecho de que ahora aduzca que actualmente recibe un ingreso inferior al que obtenía al momento de celebrar el pacto, no demuestra alguna imposibilidad para que sufrague la cantidad de ************************* -pensión alimenticia con incremento anual- máxime que dicha suma, en su caso, correspondería a un 36.7% de sus ingresos. Asimismo, los medios de convicción referidos por la sala responsable, consistentes: (i) tres recibos de pago expedidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a favor de ********************, así como (ii) el informe rendido por *********************, son insuficientes para justificar la reducción de la pensión alimenticia pactada por los exconsortes. De igual manera, algunos gastos referidos por el actor incidentista tampoco pueden servir de sustento para decretar la reducción de la pensión alimenticia, toda vez que en relación con las erogaciones concernientes a pensión alimenticia de *****************, el aquí tercero interesado no exhibió aquéllas determinaciones a través de las cuales, se le obliga a cubrir la cantidad de ******************* mensuales, para cada una, por dicho concepto. En relación con los créditos de nómina ******************, debe decirse que a través de los mismos existe la posibilidad de que el deudor se coloque voluntariamente en una nueva situación de hecho, que afecte su haber patrimonial, esto es, la adquisición de un crédito no puede ser invocada como una condición necesaria para la reducción de la pensión alimenticia previamente fijada. Por lo anterior, las consideraciones plasmadas por la sala responsable en la resolución debatida se encuentran en disonancia con el contenido de la interpretación realizada por nuestro Máximo Tribunal en relación con la figura jurídica de reducción de pensión alimenticia, puesto que para la procedencia de dicha acción, el actor debió acreditar de manera fehaciente la existencia de causas posteriores -a la data en que se fijó la obligación- que ocasionaron un detrimento en las posibilidades económicas del deudor, lo cual no se demostró. La sentencia de amparo causó ejecutoria en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte. Así, en oficio con número de registro 9644, la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dejó insubsistente la determinación de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación 2107/2019. Posteriormente, por comunicación registrada con el arábigo 10005, la sala responsable remitió copia certificada de la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veinte, a través de la cual -en acatamiento a la sentencia protectora- revocó la interlocutoria de cinco de agosto de dos mil diecinueve pronunciada por la Juez Vigésimo Tercero de lo Familiar de esta entidad federativa, en el "incidente de reducción de pensión alimenticia", deducido del juicio -ordinario civil, divorcio incausado- seguido por ****************, expediente 562/2012 de su registro, para absolver a la demandada inidentista de la disminución solicitada. Lo anterior, con base en las consideraciones siguientes: De la lectura de la interlocutoria apelada no se advierte que la juez hubiera valorado las pruebas ofrecidas por las partes, motivo por el cual, se procede a su estudio en los siguientes términos: Los tres recibos de pago expedidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a favor de ****************, así como el informe rendido por *************************, son aptos para demostrar un cambio en los ingresos del actor incidentista. No obstante, algunos gastos referidos por ****************** no pueden servir de sustento para decretar la reducción de la pensión alimenticia, cuenta habida que en relación con las erogaciones concernientes a pensión alimenticia de ********************, aquél no exhibió aquéllas determinaciones a través de las cuales, se le obliga a cubrir la cantidad de ****************** mensuales, para cada una, por dicho concepto. Asimismo, en relación con los créditos de nómina *******************, debe decirse que a través de los mismos existe la posibilidad de que el deudor se coloque voluntariamente en una nueva situación de hecho, que afecte su haber patrimonial, esto es, la adquisición de un crédito no puede ser invocada como una condición necesaria para la reducción de la pensión alimenticia previamente fijada. En ese sentido, si bien el actor incidentista demostró la existencia de una causa posterior a la data en que se fijó la obligación -cambio de empleo con un sueldo menor al que obtenía al momento de celebrar el convenio de divorcio-, la cual ocasionó un cambio en sus posibilidades económicas; también lo es que el deudor alimentario no acreditó que el deterioro o merma de sus ingresos lo imposibilita para ministrar la pensión alimenticia decretada en favor de su menor hija, pues si bien acreditó que sus ingresos disminuyeron respecto de aquéllos que obtenía al momento en el que celebró el convenio de divorcio; empero, no demostró que su actual empleo fuese el único o que los ingresos que obtiene provienen únicamente de su actual fuente laboral. Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; se entiende por lo primero, cuando la autoridad responsable se extralimita en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria; esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme con lo ordenado por el órgano de amparo. Conviene destacar que la protección de la Justicia Federal se concedió en los términos establecidos en párrafos que anteceden y que la autoridad responsable acató la sentencia de mérito, tal como se precisó en líneas anteriores; por lo que es dable determinar que la misma no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas, a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su dispositivo 2°, se aprecia que la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México -en acatamiento a la sentencia protectora- dejó insubsistente la determinación de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación 2107/2019 y dictó otra en la que revocó la interlocutoria de cinco de agosto de dos mil diecinueve pronunciada por la Juez Vigésimo Tercero de lo Familiar de esta entidad federativa, en el "incidente de reducción de pensión alimenticia", deducido del juicio -ordinario civil, divorcio incausado- seguido por ********************, expediente 562/2012 de su registro, para absolver a la demandada incidentista de la disminución solicitada. Por lo tanto, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable, con el oficio citado, acreditó haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, con lo cual se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho violado. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada." En consecuencia, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, es susceptible de depuración, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en el presente asunto, se concedió la protección constitucional; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable; lo anterior en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, la demanda; las resoluciones recurridas; la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el presente proveído y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. En atención a que en el caso en particular, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, el cuaderno original del incidente de suspensión debe depurarse en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General plurimencionado, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, o en su caso, las inherentes a su violación y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Así, una vez cumplido el plazo de tres años de conservación, se procederá a la depuración del expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión y una vez acontecido lo anterior, se transferirá el mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En relación con el duplicado del cuaderno incidental, el mismo es destruible en términos del arábigo 20, fracción II, inciso a) del mutireferido Acuerdo General; por lo que una vez cumplido el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de este acuerdo, se procederá de inmediato a su destrucción, ello en términos de lo dispuesto en el numeral en cita. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, AUTO DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2020.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO EL AUTO DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2020

  4. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, manifiesta haber dado cumplimiento a la sentencia protectora dictada en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada con el oficio referido, para que en el plazo de TRES DÍAS legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga en cuanto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; en la inteligencia de que agotado el plazo para ello, se determinará lo que corresponda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada y por lista a las demás partes.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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