Maricruz Velasco Nájera

Expediente 908/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
908/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Maricruz Velasco Nájera

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Maricruz Velasco Nájera. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por la quejosa susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante David Vázquez Ruiz, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de octubre de dos mil veintiuno. REGISTRO Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 908/2021-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Para efecto de la admisión de la demanda de garantías de que se trata, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo,1 que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.2 Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama del Juez de Control Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, lo siguiente: ? La resolución de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, que desechó el recurso de revocación, interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio, de la Fiscalía General del Estado, contra la determinación de no justificar la incomparecencia de una antropóloga para rendir su declaración testimonial, dentro de los autos de la causa penal 174/2018. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.3 Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.4 Atento a lo anterior, se considera que en el caso concreto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Para sustentar la anterior consideración, se tiene presente que los dispositivos de la Ley de Amparo invocados en el párrafo que antecede, señalan lo siguiente: "Artículo 61. . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los preceptos transcritos se obtiene que los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio; y en este caso, el amparo indirecto es procedente. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Ahora bien, previo a explicar los motivos por los cuales se verifica dicho motivo de improcedencia, resulta de suma importancia precisar que en sesión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País resolvió el amparo directo en revisión 669/2015, y al efecto, sostuvo que el objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. Dicha sala precisó que en la etapa intermedia del proceso penal se discute si los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio -dijo-, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, la Primera Sala determinó que en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral. No obstante -resaltó-, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Por tanto, la aludida sala concluyó que el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva si durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación de derechos fundamentales del acusado, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 Constitucional, establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas. A la par de lo anterior, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País expuso múltiples argumentos relativos a la imposibilidad que en la audiencia de juicio oral se realice un pronunciamiento en torno a la exclusión de medios de prueba derivados de una violación a derechos fundamentales ocurrida supuestamente en etapas previas; a saber: - De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución, así como con la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; ya sea que la violación se cometiera en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afectara las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. - A través de la reforma de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el legislador distribuyó las hipótesis en las que se debían considerar violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso dentro de los juicios del orden penal dentro de dos apartados: un apartado A (para el sistema de justicia penal mixto) y un apartado B (para el sistema de justicia penal acusatorio y oral) - En el apartado B permanecieron -como reminiscencia del funcionamiento del juicio de amparo directo durante de la vigencia del sistema mixto- diversas hipótesis que no resultan acordes a la estructura, naturaleza y fines del sistema penal acusatorio. - De la lectura a las fracciones VIII, IX, XII y XIII, apartado B, del mencionado artículo 173, se desprendía que el legislador: o Previó como violaciones a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso -para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo- supuestos que se materializaban en las etapas preliminar o intermedia del juicio oral6. o En el resto de los supuestos previstos, no aclaró si la violación procesal debía cometerse exclusivamente durante la etapa de juicio oral, o si la misma era impugnable mediante juicio de amparo directo si sucedió en cualquiera de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio. - Con la finalidad que el juicio de amparo funcionara acorde a la estructura y naturaleza del procedimiento penal acusatorio y oral, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 20 constitucional, era necesario optar por una interpretación de los preceptos aludidos conforme con la Constitución, en el sentido que sólo podría ser objeto de revisión constitucional en sede de juicio de amparo directo la violación al derecho en cuestión, cuando la misma se materializara durante la tramitación de la etapa de juicio oral. Ello, sin que resultara posible su estudio en esta instancia cuando hubiera sido cometida durante las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal. - Esto, en virtud que el juicio de amparo directo tiene por objeto la revisión constitucional de resoluciones que pongan fin a un juicio; es decir, en el contexto del sistema penal acusatorio, el acto reclamado consistirá en la resolución dictada en apelación, a través de la cual se examina la sentencia emitida por el juez o tribunal de juicio oral. Así, era evidente que la materia del juicio de amparo directo tratándose del nuevo sistema de justicia penal deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral; sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a cuestiones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. - No pasaba desapercibido que dicho tribunal había mantenido hasta el momento el criterio que los actos relacionados con la admisión de pruebas -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar- por regla general constituyen violaciones procesales que deben ser reclamadas en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva que ponga fin el juicio. - No obstante, debía tomarse en consideración que dichos criterios fueron emitidos conforme a la lógica del sistema tradicional o mixto, en el que los elementos probatorios se formalizaban durante la averiguación previa, se enviaban las constancias correspondientes al juez penal -sin la intervención de una autoridad jurisdiccional intermedia- y a partir de ellas, se resolvía sobre la existencia del delito y la responsabilidad del imputado. - Se deberán ir emitiendo nuevos criterios mediante los cuales se ajuste la procedencia del juicio de amparo en las vías indirecta y directa, partiendo de las bases expuestas en torno a la estructura y naturaleza del sistema penal acusatorio, de forma que el imputado cuente con los medios necesarios para impugnar las decisiones sobre la exclusión probatoria y no quede en estado de indefensión. Al tenor de dichos argumentos, este juzgado de distrito advierte que el acto reclamado consistente en la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, que desechó el recurso de revocación, interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio, de la Fiscalía General del Estado, contra la determinación de no justificar la incomparecencia de una antropóloga para rendir su declaración testimonial, dentro de los autos de la causa penal 174/2018. No es un acto de autoridad dictado dentro del proceso penal cuyos efectos sean de imposible reparación. Ello, porque se trata de un acto que solamente produce efectos intraprocesales, que de ninguna manera implican vulneración a los derechos sustantivos del quejoso. En efecto, el hecho que el Juez responsable desechara el recurso de revocación respecto a no tener por justificada la incomparecencia de la antropóloga para efecto de desahogar la prueba testimonial, y con ello la promovente del amparo (ofendida), no tuviera oportunidad de incorporar al proceso dicho medio probatorio, podría ser reparable ya sea en el recurso de apelación o en amparo directo al reclamarse la sentencia definitiva que se dicte en el proceso penal. Ello, al considerarse como una violación a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, en términos del artículo 173, apartado B, fracción XIX de la ley de Amparo. Lo anterior, ya que será hasta ese momento (sentencia definitiva) que pueda evidenciarse la afectación o no, que pueda ocasionarle la determinación que desechó el recurso de revocación interpuesto respecto a dicha prueba testimonial, tomando en cuenta que el juzgador penal ponderará los medios de prueba que se desahogarán durante el proceso, ya sea para condenar o absolver al procesado. De manera que, la resolución por la cual la promovente del amparo instó esta vía constitucional, no constituye un acto de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. Pues en todo caso, solamente produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de actos que no afectan algún derecho sustantivo, que, al considerarse como una violación a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas de la promovente, puede hacer valer dicha vulneración en el amparo directo. Orienta lo anterior por analogía la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con número de registro digital 2019536, Décima Época, Materias Común y Penal, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2662 de rubro y texto siguientes: DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL SER UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. En el artículo 113 de la Ley de Amparo se faculta al juzgador para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y -de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Aunado a ello, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en cada caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Asimismo, en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V -en sentido contrario- del artículo 107, ambos de la ley de la materia, se establece que los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto, cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. En estas circunstancias, cuando se reclame una determinación emitida en la etapa de juicio oral mediante la cual se inadmita una prueba ofertada por la defensa, el amparo indirecto es improcedente, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo, al contrario, ese acto constituye una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece, por un lado, que las violaciones procesales (como es el acto reclamado) deben ser impugnadas en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, de ser ésta desfavorable a los intereses del quejoso y, por otro, dispuso que en los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, entre otras, cuando no se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, como lo reclamado en el caso. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Por las razones que informa se invoca la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.7 Asimismo, en el caso ha quedado evidenciado que existen diversos criterios jurisprudenciales que apoyan esa conclusión, esto es, la improcedencia y desechamiento de la demanda de amparo. Al respecto es aplicable la tesis del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMENTE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXI/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O DE TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.", definió que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, será motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de jurisprudencia exactamente aplicable al caso, en la que se define cierto aspecto que directamente da lugar a la actualización de una causa de improcedencia de ese medio de control constitucional, no desvirtuable con posterioridad a la admisión de la demanda, porque si la aplicación de la jurisprudencia, la cual es obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, presupone el examen de su adecuación concreta al asunto que mediante ella pretende fundamentarse o directamente resolver, entonces, es precisamente ese solo ejercicio de subsunción el que dará pie a que el juzgador de amparo advierta de manera clara y evidente que, por sus elementos, la pretensión que se somete a su potestad tiene las mismas características que el asunto que originó la formación de la jurisprudencia, de suerte que si en ésta se dilucida un aspecto que directamente produce la improcedencia del juicio, para efectos del desechamiento de la demanda, tal hipótesis debe considerarse como manifiesta e indudable respecto del caso concreto.8 Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para recibir oír y notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda, en esta ciudad. Se tiene como autorizado a la persona que señala, en términos amplios que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, en virtud de tener registrada su cédula profesional en la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación. Por otro lado, respecto del número de teléfono que proporciona, toda vez que tal como lo establece el artículo 22, fracción II,9 del Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, éstos sólo son medios para entablar comunicaciones no procesales con las partes. Por tanto, téngase al promovente proporcionando el teléfono que al efecto señala, para que a través del mismo se pueda entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de octubre de dos mil veintiuno. REGISTRO Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 908/2021-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Para efecto de la admisión de la demanda de garantías de que se trata, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo,1 que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.2 Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama del Juez de Control Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, lo siguiente: ? La resolución de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, que desechó el recurso de revocación, interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio, de la Fiscalía General del Estado, contra la determinación de no justificar la incomparecencia de una antropóloga para rendir su declaración testimonial, dentro de los autos de la causa penal 174/2018. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.3 Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.4 Atento a lo anterior, se considera que en el caso concreto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Para sustentar la anterior consideración, se tiene presente que los dispositivos de la Ley de Amparo invocados en el párrafo que antecede, señalan lo siguiente: "Artículo 61. . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los preceptos transcritos se obtiene que los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio; y en este caso, el amparo indirecto es procedente. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Ahora bien, previo a explicar los motivos por los cuales se verifica dicho motivo de improcedencia, resulta de suma importancia precisar que en sesión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País resolvió el amparo directo en revisión 669/2015, y al efecto, sostuvo que el objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. Dicha sala precisó que en la etapa intermedia del proceso penal se discute si los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio -dijo-, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, la Primera Sala determinó que en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral. No obstante -resaltó-, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Por tanto, la aludida sala concluyó que el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva si durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación de derechos fundamentales del acusado, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 Constitucional, establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas. A la par de lo anterior, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País expuso múltiples argumentos relativos a la imposibilidad que en la audiencia de juicio oral se realice un pronunciamiento en torno a la exclusión de medios de prueba derivados de una violación a derechos fundamentales ocurrida supuestamente en etapas previas; a saber: - De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución, así como con la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; ya sea que la violación se cometiera en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afectara las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. - A través de la reforma de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el legislador distribuyó las hipótesis en las que se debían considerar violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso dentro de los juicios del orden penal dentro de dos apartados: un apartado A (para el sistema de justicia penal mixto) y un apartado B (para el sistema de justicia penal acusatorio y oral) - En el apartado B permanecieron -como reminiscencia del funcionamiento del juicio de amparo directo durante de la vigencia del sistema mixto- diversas hipótesis que no resultan acordes a la estructura, naturaleza y fines del sistema penal acusatorio. - De la lectura a las fracciones VIII, IX, XII y XIII, apartado B, del mencionado artículo 173, se desprendía que el legislador: o Previó como violaciones a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso -para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo- supuestos que se materializaban en las etapas preliminar o intermedia del juicio oral6. o En el resto de los supuestos previstos, no aclaró si la violación procesal debía cometerse exclusivamente durante la etapa de juicio oral, o si la misma era impugnable mediante juicio de amparo directo si sucedió en cualquiera de las etapas que conforman el procedimiento penal acusatorio. - Con la finalidad que el juicio de amparo funcionara acorde a la estructura y naturaleza del procedimiento penal acusatorio y oral, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 20 constitucional, era necesario optar por una interpretación de los preceptos aludidos conforme con la Constitución, en el sentido que sólo podría ser objeto de revisión constitucional en sede de juicio de amparo directo la violación al derecho en cuestión, cuando la misma se materializara durante la tramitación de la etapa de juicio oral. Ello, sin que resultara posible su estudio en esta instancia cuando hubiera sido cometida durante las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal. - Esto, en virtud que el juicio de amparo directo tiene por objeto la revisión constitucional de resoluciones que pongan fin a un juicio; es decir, en el contexto del sistema penal acusatorio, el acto reclamado consistirá en la resolución dictada en apelación, a través de la cual se examina la sentencia emitida por el juez o tribunal de juicio oral. Así, era evidente que la materia del juicio de amparo directo tratándose del nuevo sistema de justicia penal deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral; sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a cuestiones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. - No pasaba desapercibido que dicho tribunal había mantenido hasta el momento el criterio que los actos relacionados con la admisión de pruebas -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar- por regla general constituyen violaciones procesales que deben ser reclamadas en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva que ponga fin el juicio. - No obstante, debía tomarse en consideración que dichos criterios fueron emitidos conforme a la lógica del sistema tradicional o mixto, en el que los elementos probatorios se formalizaban durante la averiguación previa, se enviaban las constancias correspondientes al juez penal -sin la intervención de una autoridad jurisdiccional intermedia- y a partir de ellas, se resolvía sobre la existencia del delito y la responsabilidad del imputado. - Se deberán ir emitiendo nuevos criterios mediante los cuales se ajuste la procedencia del juicio de amparo en las vías indirecta y directa, partiendo de las bases expuestas en torno a la estructura y naturaleza del sistema penal acusatorio, de forma que el imputado cuente con los medios necesarios para impugnar las decisiones sobre la exclusión probatoria y no quede en estado de indefensión. Al tenor de dichos argumentos, este juzgado de distrito advierte que el acto reclamado consistente en la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, que desechó el recurso de revocación, interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio, de la Fiscalía General del Estado, contra la determinación de no justificar la incomparecencia de una antropóloga para rendir su declaración testimonial, dentro de los autos de la causa penal 174/2018. No es un acto de autoridad dictado dentro del proceso penal cuyos efectos sean de imposible reparación. Ello, porque se trata de un acto que solamente produce efectos intraprocesales, que de ninguna manera implican vulneración a los derechos sustantivos del quejoso. En efecto, el hecho que el Juez responsable desechara el recurso de revocación respecto a no tener por justificada la incomparecencia de la antropóloga para efecto de desahogar la prueba testimonial, y con ello la promovente del amparo (ofendida), no tuviera oportunidad de incorporar al proceso dicho medio probatorio, podría ser reparable ya sea en el recurso de apelación o en amparo directo al reclamarse la sentencia definitiva que se dicte en el proceso penal. Ello, al considerarse como una violación a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, en términos del artículo 173, apartado B, fracción XIX de la ley de Amparo. Lo anterior, ya que será hasta ese momento (sentencia definitiva) que pueda evidenciarse la afectación o no, que pueda ocasionarle la determinación que desechó el recurso de revocación interpuesto respecto a dicha prueba testimonial, tomando en cuenta que el juzgador penal ponderará los medios de prueba que se desahogarán durante el proceso, ya sea para condenar o absolver al procesado. De manera que, la resolución por la cual la promovente del amparo instó esta vía constitucional, no constituye un acto de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. Pues en todo caso, solamente produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de actos que no afectan algún derecho sustantivo, que, al considerarse como una violación a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas de la promovente, puede hacer valer dicha vulneración en el amparo directo. Orienta lo anterior por analogía la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con número de registro digital 2019536, Décima Época, Materias Común y Penal, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2662 de rubro y texto siguientes: DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL SER UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. En el artículo 113 de la Ley de Amparo se faculta al juzgador para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y -de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Aunado a ello, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en cada caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Asimismo, en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V -en sentido contrario- del artículo 107, ambos de la ley de la materia, se establece que los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto, cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. En estas circunstancias, cuando se reclame una determinación emitida en la etapa de juicio oral mediante la cual se inadmita una prueba ofertada por la defensa, el amparo indirecto es improcedente, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo, al contrario, ese acto constituye una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece, por un lado, que las violaciones procesales (como es el acto reclamado) deben ser impugnadas en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, de ser ésta desfavorable a los intereses del quejoso y, por otro, dispuso que en los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, entre otras, cuando no se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, como lo reclamado en el caso. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Por las razones que informa se invoca la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.7 Asimismo, en el caso ha quedado evidenciado que existen diversos criterios jurisprudenciales que apoyan esa conclusión, esto es, la improcedencia y desechamiento de la demanda de amparo. Al respecto es aplicable la tesis del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMENTE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXI/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O DE TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.", definió que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, será motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de jurisprudencia exactamente aplicable al caso, en la que se define cierto aspecto que directamente da lugar a la actualización de una causa de improcedencia de ese medio de control constitucional, no desvirtuable con posterioridad a la admisión de la demanda, porque si la aplicación de la jurisprudencia, la cual es obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, presupone el examen de su adecuación concreta al asunto que mediante ella pretende fundamentarse o directamente resolver, entonces, es precisamente ese solo ejercicio de subsunción el que dará pie a que el juzgador de amparo advierta de manera clara y evidente que, por sus elementos, la pretensión que se somete a su potestad tiene las mismas características que el asunto que originó la formación de la jurisprudencia, de suerte que si en ésta se dilucida un aspecto que directamente produce la improcedencia del juicio, para efectos del desechamiento de la demanda, tal hipótesis debe considerarse como manifiesta e indudable respecto del caso concreto.8 Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para recibir oír y notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda, en esta ciudad. Se tiene como autorizado a la persona que señala, en términos amplios que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, en virtud de tener registrada su cédula profesional en la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación. Por otro lado, respecto del número de teléfono que proporciona, toda vez que tal como lo establece el artículo 22, fracción II,9 del Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, éstos sólo son medios para entablar comunicaciones no procesales con las partes. Por tanto, téngase al promovente proporcionando el teléfono que al efecto señala, para que a través del mismo se pueda entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

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