Maricruz Uribe Rosales
Expediente 936/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 936/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maricruz Uribe Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, en la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el oficio 38566/2019 dirigido a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos (Lic. Arturo Ampudia Amparo), por los motivos que expone. En tales condiciones, se instruye al Actuario adscrito a este Juzgado, con el fin de que se constituya en las instalaciones que ocupa la citada autoridad a efecto de notificar el oficio de mérito, asimismo, haga del conocimiento a la encargada de la Oficialía de Correspondencia Común de dicho Juzgado, que en caso de negarse a recibir se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con la fracción I, Artículo 28 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual la Actuaria de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de trece de diciembre de dos mil diecinueve, a la parte tercera interesada AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO CON INTERVENCIÓN EN LA CAUSA PENAL JO/074/2019, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe...SENTENCIA QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: ...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 936/2019-V, promovido por MARICRUZ URIBE ROSALES; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de julio de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitida en la misma fecha a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, MARICRUZ URIBE ROSALES, promovió demanda de amparo indirecto, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia de Control, Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único, con sede en Xochitepec, Morelos (denominación correcta) y del Tribunal de Enjuiciamiento. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda. Por auto de once de julio de dos mil diecinueve (fojas 29 a 32) este juzgado registró el escrito de garantías con el expediente 936/2019-V; y desechó la demanda de amparo considerar que se actualizaba de forma notoria y manifiesta causal de improcedencia; inconforme el quejoso, interpuso el recurso de queja que fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por resolución emitida en sesión de uno de octubre del mismo año en el recurso de queja 211/2019, en el sentido de declarar fundado el recurso, por lo que ordenó admitir la demanda a trámite. En cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, por auto de uno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 81 a 84), este juzgado admitió la demanda; por lo que requirió informes justificados a las autoridades responsables, dio al agente del Ministerio Público la intervención legal que le compete y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional que inició en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, que tiene ejecución material, se atribuye a autoridades residentes en el lugar del juicio, que es el señalado también como el de ejecución. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuál es el acto que se reclama. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el impetrante reclama: ? La negativa de exclusión probatoria, decretada en la audiencia intermedia de fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, desahogada ante el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal del Estado de Morelos, en la causa penal JC/1003/2018. ? La resolución dictada en audiencia intermedia de veinte de junio de dos mil diecinueve, donde dicho juez dictó auto de apertura a juicio oral, sobre la admisión de pruebas; además, combate la ejecución de éste que reclama al Tribunal de Enjuiciamiento de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. Lo anterior es así, porque la determinación de admisión de las pruebas sobre las cuales la defensa del quejoso solicitó la exclusión de pruebas, es una consecuencia de que se declarara improcedente la solicitud de dicha exclusión, aunado a ello, de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que la causa de pedir del impetrante de amparo estriba en inconformarse de que no se excluyeron las pruebas a pesar de que considera ilegal su desahogo. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Primera Instancia de Control, Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en virtud de que así lo admitió en su informe justificado, lo que se corrobora copia certificada del disco óptico en formato "DVD" que contiene la audiencia intermedia en la causa penal JC/1003/2018. En tanto que el Tribunal de Enjuiciamiento también aceptó el acto reclamado y quien radicó el juicio oral JO/074/2019, como se acredita con el disco óptico en formato "DVD" al rendir su informe al recibir (foja 110). A las constancias de mérito se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Tal como lo establece la jurisprudencia 1ª./J. 43/2013 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro electrónico 2004362, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de estudio oficios preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo En la especie, el suscrito Juez, advierte que se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Los dispositivos legales, en lo que interesa, establecen que el juicio de amparo resulta improcedente, en aquellos casos en que aquella improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo; de igual forma, señalan que el amparo biinstancial, procede en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio, que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución, que se pronuncie en éste o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por el estado Mexicano, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, entre otros. Esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución definitiva que llegue a pronunciarse en el juicio. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso, los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen. En la materia penal en particular, resulta pertinente señalar el contenido del artículo 334, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio" Del precepto indicado, se advierte que el objeto de la etapa intermedia consiste en el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Ahora bien, en el caso en estudio los actos que se combaten consisten en la resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictada en la etapa intermedia en la causa penal JC/1003/2018, del índice del Juez de Primera Instancia de Control, Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del entonces Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de exclusión de medios de prueba ofrecidos por la fiscalía; así como el auto de apertura a juicio oral sobre la admisión de pruebas y la ejecución de éste reclamada al Tribunal de Enjuiciamiento; no ocasionan a la peticionaria de amparo una afectación de imposible reparación, puesto tales actos solamente definen cuestiones de carácter procesal, como la admisión de medios probatorios de la representación social en el juicio de origen que serán materia del juicio oral penal, y que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del eventual procedimiento oral penal con vista a obtener un fallo; sin que ello, implique, que la parte quejosa sufra en su esfera jurídica una ejecución de imposible reparación, pues en todo caso, podría interponer el medio ordinario de defensa, en contra de la sentencia que ponga fin al juicio oral natural, en el cual, podría reclamar las violaciones que estime le producen no solo las pruebas que se tuvieron por admitidas en la etapa intermedia, sino la justipreciación que al respecto efectúe el Tribunal de enjuiciamiento en el momento procesal oportuno; habida cuenta que por disposición constitucional en términos del artículo 20, será hasta dicho estadio cuando se esté en posibilidad de incorporar las pruebas de cargo y descargo y a su vez la obligación del Juez de Juicio de imponerse de las mismas. Es conveniente resaltar, que para la procedencia del juicio de amparo, la ley vigente establece como requisito primordial, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía, afecten materialmente a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, se insiste, los actos reclamados no colman los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte, no constituyen una violación de carácter irreparable, ya que sólo tienen efectos dentro del proceso de origen sin afectar de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." [lo resaltado no es de origen] Así, la etapa intermedia del procedimiento penal, inicia con la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público y tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijando de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y los medios de prueba que deberán ser desahogados. En ese sentido, una de las principales funciones del Juez de control durante esta etapa consiste en asegurarse que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral. Resulta ilustrativa la tesis 1ª. LII/2018 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 962, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. UNO DE SUS OBJETIVOS ES DEPURAR EL MATERIAL PROBATORIO QUE SE VA A DESAHOGAR EN JUICIO ORAL, EXCLUYENDO AQUEL QUE SE HAYA OBTENIDO CON VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES." Siendo evidente que la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral; sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a cuestiones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. Resulta aplicable la jurisprudencia 1ª./J. 74/2018 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 175, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL." En tales condiciones, los actos que se impugnan no son de aquéllos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que no cuentan con la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto, existe la posibilidad de que los efectos de aquellos actos reclamados, no trasciendan a la esfera jurídica del quejoso, ya que por disposición constitucional lo pronunciado en la etapa intermedia no condiciona el juicio de valor que al respecto emita el juez de enjuiciamiento respecto a los medios de prueba que se admitieron para ser incorporados a la etapa de juicio, ni en su caso en el sentido que se emita en el mismo. Cierto, la valoración de la prueba constituye la fase decisoria del procedimiento probatorio, pues es el pronunciamiento judicial sobre el conflicto sometido a enjuiciamiento. Regularmente se define como la actividad jurisdiccional en virtud de la cual el juzgador, mediante algún método de valoración, aprecia la prueba delimitando su contenido, a fin de establecer si determinados hechos han quedado o no probados, debiendo explicar en la sentencia tal proceso y el resultado obtenido. Así, a partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujeron los elementos para un proceso penal acusatorio y oral, destacando la modificación al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establecieron las directrices correspondientes. La fracción II del apartado A de dicho precepto constitucional, dispuso esencialmente que el desahogo y la valoración de las pruebas en el nuevo proceso, recae exclusivamente en el Juez, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. En ese tenor, bajo la nueva óptica del proceso penal acusatorio, el Constituyente consideró que las pruebas no tuvieran un valor jurídico previamente asignado; de ahí que, el punto toral de dicha valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en la sentencia en torno al alcance y valor probatorio que confiera a la prueba para motivar su decisión. Lo anterior, conforme al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 2020480, del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 23 de agosto de 2019, Materia Penal, tesis: 1ª. LXXIV/2019 (10ª.): "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU VALORACIÓN LIBRE Y LÓGICA POR EL JUZGADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." En tal virtud, resulta válido concluir que en el presente caso al determinarse la no exclusión de pruebas solicitada por el quejoso en el controvertido de origen y haberse decretado apertura a juicio oral, no produce consecuencias en la esfera de derechos de imposible reparación como al respecto lo exige el numeral 107 fracción V de la Ley de Amparo, en la medida que sin soslayar la imposiblidad de plantear presuntas violaciones procesales acaecidas en etapas previas al juicio oral tanto en esta etapa, medio de defensa ordinario como en el juicio de amparo directo que pueda promoverse contra el fallo definitivo; en el particular dicho supuesto no conduce a calificar el acto aquí reclamado como de imposible reparación. Lo anterior, pues como se indicó dicha calificación no depende de la posibilidad de que se haga valer como agravio en apelación o concepto de violación vía amparo directo, la indebida inclusión de medios de prueba en la etapa de juicio oral, pues sin soslayar que éstas hayan sido o no obtenidas con violación de garantías en perjuicio del entonces imputado, enjuiciado dependiendo el estado procesal de que se trate, en el particular asumir que tales medios de convicción invariablemente serán justipreciados en perjuicio del quejoso y más aún que éstos sustenten un fallo de condena, resulta contrario a los principios que rigen el debido proceso y el sistema de justicia penal previsto en el artículo 20 Constitucional, degenerando la inmediación y continuidad que en éste se debe respetar, al imprimirle consecuencias al reclamo indicado que en lugar de respetar los derechos humanos del impetrante, le generan una afectación frente a la situación que guarda en el aludido procedimiento, prolongando incluso la falta de resolución del controvertido de origen ante la suspensión al procedimiento que se impone por disposición del artículo 61 de la Ley de Amparo, afectando de ser el caso la medida cautelar incluida la de prisión que pudiera éste guardar. En efecto, una vez superada la etapa intermedia prevista en el procedimiento acusatorio y oral, se procederá a la realización del juicio oral. Ésta es la etapa principal de todo proceso penal, pues es en ella donde se resuelve de modo definitivo -aunque revisable- sobre la existencia del delito y la responsabilidad del acusado. Al respecto, es importante recordar que del artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución se desprende una regla en el sentido de que la etapa de juicio oral debe celebrarse ante un juez que no haya conocido del caso previamente. Lo anterior se justifica, pues se busca evitar que los jueces del juicio oral prejuzguen sobre la responsabilidad del acusado con motivo de las actuaciones practicadas en la indagatoria, preservando con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En este sentido, será a través de la producción o desahogo de las pruebas señaladas en el auto de apertura a juicio, que el juez o tribunal del juicio se haga de toda la información necesaria para resolver sobre la responsabilidad del acusado. Así, un principio básico del sistema penal acusatorio - vinculado con los deberes de objetividad e imparcialidad antes señalados- es que la información que se puede utilizar para determinar la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión, sólo puede ser aquella que ha ingresado válidamente al debate principal a través del auto de apertura a juicio y es desahogada conforme a los principios de inmediación y contradicción. Sin embargo, como sucede en el presente caso, la determinación mediante la cual se calificó improcedente la exclusión de determinados medios de prueba de cargo, se dice en perjuicio del quejoso entonces imputado; no tiene como consecuencia colocar el justiciable ante un acto de imposible reparación, cuenta habida que el hecho de que la exclusión de pruebas, según refiere producto de la violación a derechos fundamentales no pueda plantearse de nueva cuenta en el juicio oral, de ninguna manera impide que la defensa del acusado cuestione el valor de éstas con la finalidad de desvirtuar la hipótesis de la acusación. Lo anterior al estar previsto constitucional y procesalmente que si durante el desahogo de las pruebas en la etapa del juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado o surgen dudas sobre esa cuestión, por disposición expresa del artículo 20, apartado A, fracción IX, constitucional, el justiciable sujeto a reproche cuenta con la prerrogativa de exigir que éstas probanzas sean totalmente excluidas de toda valoración en el fallo definitivo. En esta línea, una cosa es que el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia; y otra distinta que la defensa no pueda plantear argumentos que cuestionen el valor de las pruebas que se desahogan durante la audiencia de juicio oral en las que la acusación pretende basar la condena y mucho menos asegurar que el desahogo de dichas probanzas irremediablemente conduzcan al dictado de una sentencia de condena. En la medida que lo primero puede ocurrir especialmente en aquellos escenarios en los que del desahogo de las pruebas durante la audiencia de juicio oral se desprendan elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales: en tanto que lo segundo implicaría desplazar la potestad jurisdiccional del Tribunal de Enjuiciamiento para valorar bajo los principios de sana crítica y buena fe guardada los medios de convicción que sólo puestos o desahogados ante él puede valorar, ya que implicaría asumir de manera indudable que emitiría sentencia condenatoria y que por esa sola prueba o pruebas no inadmitidas se destruya totalmente la presunción de inocencia del encausado. Lo que de suyo hace que la determinación en la que de manera previa se rechaza el planteamiento de excluir determinado medio probatorio para ser incorporado a la etapa de juicio oral, no revista el carácter que exige el numeral 107 fracción V de la Ley de Amparo, para hacer procedente el juicio de derechos en su contra, al no constituir un acto de imposible reparación; pues como se indicó la resolución en el sentido de no excluirlos en la etapa intermedia, no condiciona ni restringe la potestad del juez de enjuiciamiento de restar valor probatorio o incluso excluir expresamente de toda valoración, aquella pruebas afectadas por violación a derechos humanos en perjuicio del ahí enjuiciado. Lo indicado se concluye sobre la base que si bien en la audiencia de juicio oral no es posible excluir una prueba admitida previamente por el juez de control, pues esta discusión debió tener lugar durante la etapa intermedia; sin embargo el tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en consideración esa violación a derechos fundamentales al momento de realizar la valoración probatoria respectiva en la sentencia definitiva y en su caso por imperativo del artículo 20, apartado A, fracción IX, constitucional prescindir de su valoración para el dictado del fallo definitivo. En el entendido que la limitación apuntada no puede dotar de efectos para la procedencia del juicio de amparo indirecto a la resolución que como en el caso, determina la no exclusión de medios de prueba solicitado por el imputado aquí quejoso, cuenta habida que si bien se considera que para que el nuevo sistema de justicia penal funcione adecuadamente es necesario que las cuestiones relativas a la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales, queden definitivamente dilucidadas de forma previa a la apertura del juicio oral; de tal manera que el juzgador en esta última etapa tenga como función exclusiva el análisis de las pruebas para determinar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, sin que en ningún caso sea posible retomar aquel debate. Ello no conduce a dotar de efectos a los actos aquí reclamados para emprender su análisis de constitucionalidad en este controvertido, ya que el no resolver favorable la exclusión de pruebas en la forma que aquí se combate no significa de ninguna manera que se le reste importancia a la eventual introducción de pruebas ilícitas al juicio y por ende que el juez de enjuiciamiento no las califique de esa manera y les reste todo mérito convictivo, al considerar que la nulidad de la prueba ilícita es un derecho sustantivo que le asiste al imputado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales, encontrándose bajo rango constitucional e incluso se le otorgó la condición de principio general del nuevo sistema de justicia penal, tal como se desprende del artículo 20, apartado A, fracción IX, constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1ª. LIII/2018 (10ª.), Décima Época, con registro 2017055, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 958, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Penal, Penal, de rubro y texto: "DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. El objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. En la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral. Con todo, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Esto último puede ocurrir especialmente cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión -por ejemplo, al advertirse durante el contrainterrogatorio o con algún otro medio de prueba que las autoridades mintieron o incurrieron en contradicciones en relación con lo que hubieren manifestado en etapas preliminares- o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales. En estos casos, el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta esta cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas." Sin embargo, como se indicó la determinación por la que se resolvió improcedente la exclusión de pruebas en la etapa intermedia del procedimiento de origen no vulnera derechos humanos de imposible reparación de la parte quejosa; pues pese a la imposibilidad de plantear en la etapa de juicio como violación procesal lo resuelto en dicho estadio, ello no limita sus derechos al debido proceso, en la medida que de conferirle esos efectos al acto indicado, implicaría por ese solo hecho concluir que el juez de enjuiciamiento sustentará su fallo en las probanzas no excluidas, formulando una conclusión a priori de lo que resolverá en la audiencia de juicio, siendo que como se dijo, por imperativo de la constitución éste no ha tenido conocimiento previo de lo sucedido en el procedimiento y solo las pruebas que sean debidamente incorporadas ante él podrán ser sujetas a valoración al dictado de la sentencia. Máxime que como se indicó, al constituir un principio del mismo sistema de justicia penal acusatorio, que no puede ser condenado con base en pruebas ilícitas, ello obliga al juez de juicio a tomar en consideración cualquier transgresión que al respecto se formule, para efecto de emitir el juicio de valor que al respecto desarrolle en torno a la totalidad de probanzas que le sean expuestas en la etapa de juicio, lo que de suyo genera que la resolución en la que se determinó la no exclusión de pruebas en perjuicio del quejoso, entonces imputado, no produzca efectos de imposible reparación, dado que estimarlo de otra forma, implicaría concluir que el juicio oral que al respecto se desarrolle se encuentra afectado de nulidad de manera previa incluso a su inicio. Cabe mencionar que las consideraciones de improcedencia vertidas sobre el auto que niega la excusión de medios de prueba, son extensivas al auto de apertura a juicio oral, porque no se combate por vicios propios sino con motivo de la admisión de los medios de prueba cuya exclusión no fue concedida. Por ello se actualiza en la especie, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por tal motivo resulta procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V, del artículo 63, de la ley de la materia. Por último, debe decirse que en la resolución del recurso de queja 211/2019, si bien el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, declaró fundado dicho medio de impugnación, señaló que en la sentencia podían reiterarse las mismas razones de improcedencia que se consideraron en el auto desechatorio de la demanda. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR MARICRUZ URIBE ROSALES, contra los actos y autoridades señalados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy trece de diciembre de dos mil diecinueve, que las labores del juzgado lo permitieron, ante Jadilson Alonso Navarro, Secretaria que da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 936/2019-V, promovido por MARICRUZ URIBE ROSALES; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de julio de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitida en la misma fecha a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, MARICRUZ URIBE ROSALES, promovió demanda de amparo indirecto, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia de Control, Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Único, con sede en Xochitepec, Morelos (denominación correcta) y del Tribunal de Enjuiciamiento. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda. Por auto de once de julio de dos mil diecinueve (fojas 29 a 32) este juzgado registró el escrito de garantías con el expediente 936/2019-V; y desechó la demanda de amparo considerar que se actualizaba de forma notoria y manifiesta causal de improcedencia; inconforme el quejoso, interpuso el recurso de queja que fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por resolución emitida en sesión de uno de octubre del mismo año en el recurso de queja 211/2019, en el sentido de declarar fundado el recurso, por lo que ordenó admitir la demanda a trámite. En cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, por auto de uno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 81 a 84), este juzgado admitió la demanda; por lo que requirió informes justificados a las autoridades responsables, dio al agente del Ministerio Público la intervención legal que le compete y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional que inició en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, que tiene ejecución material, se atribuye a autoridades residentes en el lugar del juicio, que es el señalado también como el de ejecución. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuál es el acto que se reclama. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el impetrante reclama: ? La negativa de exclusión probatoria, decretada en la audiencia intermedia de fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, desahogada ante el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Materia Penal del Estado de Morelos, en la causa penal JC/1003/2018. ? La resolución dictada en audiencia intermedia de veinte de junio de dos mil diecinueve, donde dicho juez dictó auto de apertura a juicio oral, sobre la admisión de pruebas; además, combate la ejecución de éste que reclama al Tribunal de Enjuiciamiento de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado. Lo anterior es así, porque la determinación de admisión de las pruebas sobre las cuales la defensa del quejoso solicitó la exclusión de pruebas, es una consecuencia de que se declarara improcedente la solicitud de dicha exclusión, aunado a ello, de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que la causa de pedir del impetrante de amparo estriba en inconformarse de que no se excluyeron las pruebas a pesar de que considera ilegal su desahogo. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Primera Instancia de Control, Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en virtud de que así lo admitió en su informe justificado, lo que se corrobora copia certificada del disco óptico en formato "DVD" que contiene la audiencia intermedia en la causa penal JC/1003/2018. En tanto que el Tribunal de Enjuiciamiento también aceptó el acto reclamado y quien radicó el juicio oral JO/074/2019, como se acredita con el disco óptico en formato "DVD" al rendir su informe al recibir (foja 110). A las constancias de mérito se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Tal como lo establece la jurisprudencia 1ª./J. 43/2013 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro electrónico 2004362, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de estudio oficios preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo En la especie, el suscrito Juez, advierte que se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Los dispositivos legales, en lo que interesa, establecen que el juicio de amparo resulta improcedente, en aquellos casos en que aquella improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo; de igual forma, señalan que el amparo biinstancial, procede en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio, que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución, que se pronuncie en éste o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por el estado Mexicano, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, entre otros. Esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución definitiva que llegue a pronunciarse en el juicio. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso, los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen. En la materia penal en particular, resulta pertinente señalar el contenido del artículo 334, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio" Del precepto indicado, se advierte que el objeto de la etapa intermedia consiste en el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Ahora bien, en el caso en estudio los actos que se combaten consisten en la resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictada en la etapa intermedia en la causa penal JC/1003/2018, del índice del Juez de Primera Instancia de Control, Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del entonces Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de exclusión de medios de prueba ofrecidos por la fiscalía; así como el auto de apertura a juicio oral sobre la admisión de pruebas y la ejecución de éste reclamada al Tribunal de Enjuiciamiento; no ocasionan a la peticionaria de amparo una afectación de imposible reparación, puesto tales actos solamente definen cuestiones de carácter procesal, como la admisión de medios probatorios de la representación social en el juicio de origen que serán materia del juicio oral penal, y que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del eventual procedimiento oral penal con vista a obtener un fallo; sin que ello, implique, que la parte quejosa sufra en su esfera jurídica una ejecución de imposible reparación, pues en todo caso, podría interponer el medio ordinario de defensa, en contra de la sentencia que ponga fin al juicio oral natural, en el cual, podría reclamar las violaciones que estime le producen no solo las pruebas que se tuvieron por admitidas en la etapa intermedia, sino la justipreciación que al respecto efectúe el Tribunal de enjuiciamiento en el momento procesal oportuno; habida cuenta que por disposición constitucional en términos del artículo 20, será hasta dicho estadio cuando se esté en posibilidad de incorporar las pruebas de cargo y descargo y a su vez la obligación del Juez de Juicio de imponerse de las mismas. Es conveniente resaltar, que para la procedencia del juicio de amparo, la ley vigente establece como requisito primordial, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía, afecten materialmente a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, se insiste, los actos reclamados no colman los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte, no constituyen una violación de carácter irreparable, ya que sólo tienen efectos dentro del proceso de origen sin afectar de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." [lo resaltado no es de origen] Así, la etapa intermedia del procedimiento penal, inicia con la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público y tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijando de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y los medios de prueba que deberán ser desahogados. En ese sentido, una de las principales funciones del Juez de control durante esta etapa consiste en asegurarse que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral. Resulta ilustrativa la tesis 1ª. LII/2018 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 962, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. UNO DE SUS OBJETIVOS ES DEPURAR EL MATERIAL PROBATORIO QUE SE VA A DESAHOGAR EN JUICIO ORAL, EXCLUYENDO AQUEL QUE SE HAYA OBTENIDO CON VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES." Siendo evidente que la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral; sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a cuestiones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. Resulta aplicable la jurisprudencia 1ª./J. 74/2018 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 175, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL." En tales condiciones, los actos que se impugnan no son de aquéllos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que no cuentan con la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto, existe la posibilidad de que los efectos de aquellos actos reclamados, no trasciendan a la esfera jurídica del quejoso, ya que por disposición constitucional lo pronunciado en la etapa intermedia no condiciona el juicio de valor que al respecto emita el juez de enjuiciamiento respecto a los medios de prueba que se admitieron para ser incorporados a la etapa de juicio, ni en su caso en el sentido que se emita en el mismo. Cierto, la valoración de la prueba constituye la fase decisoria del procedimiento probatorio, pues es el pronunciamiento judicial sobre el conflicto sometido a enjuiciamiento. Regularmente se define como la actividad jurisdiccional en virtud de la cual el juzgador, mediante algún método de valoración, aprecia la prueba delimitando su contenido, a fin de establecer si determinados hechos han quedado o no probados, debiendo explicar en la sentencia tal proceso y el resultado obtenido. Así, a partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujeron los elementos para un proceso penal acusatorio y oral, destacando la modificación al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establecieron las directrices correspondientes. La fracción II del apartado A de dicho precepto constitucional, dispuso esencialmente que el desahogo y la valoración de las pruebas en el nuevo proceso, recae exclusivamente en el Juez, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. En ese tenor, bajo la nueva óptica del proceso penal acusatorio, el Constituyente consideró que las pruebas no tuvieran un valor jurídico previamente asignado; de ahí que, el punto toral de dicha valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en la sentencia en torno al alcance y valor probatorio que confiera a la prueba para motivar su decisión. Lo anterior, conforme al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 2020480, del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 23 de agosto de 2019, Materia Penal, tesis: 1ª. LXXIV/2019 (10ª.): "PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU VALORACIÓN LIBRE Y LÓGICA POR EL JUZGADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." En tal virtud, resulta válido concluir que en el presente caso al determinarse la no exclusión de pruebas solicitada por el quejoso en el controvertido de origen y haberse decretado apertura a juicio oral, no produce consecuencias en la esfera de derechos de imposible reparación como al respecto lo exige el numeral 107 fracción V de la Ley de Amparo, en la medida que sin soslayar la imposiblidad de plantear presuntas violaciones procesales acaecidas en etapas previas al juicio oral tanto en esta etapa, medio de defensa ordinario como en el juicio de amparo directo que pueda promoverse contra el fallo definitivo; en el particular dicho supuesto no conduce a calificar el acto aquí reclamado como de imposible reparación. Lo anterior, pues como se indicó dicha calificación no depende de la posibilidad de que se haga valer como agravio en apelación o concepto de violación vía amparo directo, la indebida inclusión de medios de prueba en la etapa de juicio oral, pues sin soslayar que éstas hayan sido o no obtenidas con violación de garantías en perjuicio del entonces imputado, enjuiciado dependiendo el estado procesal de que se trate, en el particular asumir que tales medios de convicción invariablemente serán justipreciados en perjuicio del quejoso y más aún que éstos sustenten un fallo de condena, resulta contrario a los principios que rigen el debido proceso y el sistema de justicia penal previsto en el artículo 20 Constitucional, degenerando la inmediación y continuidad que en éste se debe respetar, al imprimirle consecuencias al reclamo indicado que en lugar de respetar los derechos humanos del impetrante, le generan una afectación frente a la situación que guarda en el aludido procedimiento, prolongando incluso la falta de resolución del controvertido de origen ante la suspensión al procedimiento que se impone por disposición del artículo 61 de la Ley de Amparo, afectando de ser el caso la medida cautelar incluida la de prisión que pudiera éste guardar. En efecto, una vez superada la etapa intermedia prevista en el procedimiento acusatorio y oral, se procederá a la realización del juicio oral. Ésta es la etapa principal de todo proceso penal, pues es en ella donde se resuelve de modo definitivo -aunque revisable- sobre la existencia del delito y la responsabilidad del acusado. Al respecto, es importante recordar que del artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución se desprende una regla en el sentido de que la etapa de juicio oral debe celebrarse ante un juez que no haya conocido del caso previamente. Lo anterior se justifica, pues se busca evitar que los jueces del juicio oral prejuzguen sobre la responsabilidad del acusado con motivo de las actuaciones practicadas en la indagatoria, preservando con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En este sentido, será a través de la producción o desahogo de las pruebas señaladas en el auto de apertura a juicio, que el juez o tribunal del juicio se haga de toda la información necesaria para resolver sobre la responsabilidad del acusado. Así, un principio básico del sistema penal acusatorio - vinculado con los deberes de objetividad e imparcialidad antes señalados- es que la información que se puede utilizar para determinar la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión, sólo puede ser aquella que ha ingresado válidamente al debate principal a través del auto de apertura a juicio y es desahogada conforme a los principios de inmediación y contradicción. Sin embargo, como sucede en el presente caso, la determinación mediante la cual se calificó improcedente la exclusión de determinados medios de prueba de cargo, se dice en perjuicio del quejoso entonces imputado; no tiene como consecuencia colocar el justiciable ante un acto de imposible reparación, cuenta habida que el hecho de que la exclusión de pruebas, según refiere producto de la violación a derechos fundamentales no pueda plantearse de nueva cuenta en el juicio oral, de ninguna manera impide que la defensa del acusado cuestione el valor de éstas con la finalidad de desvirtuar la hipótesis de la acusación. Lo anterior al estar previsto constitucional y procesalmente que si durante el desahogo de las pruebas en la etapa del juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado o surgen dudas sobre esa cuestión, por disposición expresa del artículo 20, apartado A, fracción IX, constitucional, el justiciable sujeto a reproche cuenta con la prerrogativa de exigir que éstas probanzas sean totalmente excluidas de toda valoración en el fallo definitivo. En esta línea, una cosa es que el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia; y otra distinta que la defensa no pueda plantear argumentos que cuestionen el valor de las pruebas que se desahogan durante la audiencia de juicio oral en las que la acusación pretende basar la condena y mucho menos asegurar que el desahogo de dichas probanzas irremediablemente conduzcan al dictado de una sentencia de condena. En la medida que lo primero puede ocurrir especialmente en aquellos escenarios en los que del desahogo de las pruebas durante la audiencia de juicio oral se desprendan elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales: en tanto que lo segundo implicaría desplazar la potestad jurisdiccional del Tribunal de Enjuiciamiento para valorar bajo los principios de sana crítica y buena fe guardada los medios de convicción que sólo puestos o desahogados ante él puede valorar, ya que implicaría asumir de manera indudable que emitiría sentencia condenatoria y que por esa sola prueba o pruebas no inadmitidas se destruya totalmente la presunción de inocencia del encausado. Lo que de suyo hace que la determinación en la que de manera previa se rechaza el planteamiento de excluir determinado medio probatorio para ser incorporado a la etapa de juicio oral, no revista el carácter que exige el numeral 107 fracción V de la Ley de Amparo, para hacer procedente el juicio de derechos en su contra, al no constituir un acto de imposible reparación; pues como se indicó la resolución en el sentido de no excluirlos en la etapa intermedia, no condiciona ni restringe la potestad del juez de enjuiciamiento de restar valor probatorio o incluso excluir expresamente de toda valoración, aquella pruebas afectadas por violación a derechos humanos en perjuicio del ahí enjuiciado. Lo indicado se concluye sobre la base que si bien en la audiencia de juicio oral no es posible excluir una prueba admitida previamente por el juez de control, pues esta discusión debió tener lugar durante la etapa intermedia; sin embargo el tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en consideración esa violación a derechos fundamentales al momento de realizar la valoración probatoria respectiva en la sentencia definitiva y en su caso por imperativo del artículo 20, apartado A, fracción IX, constitucional prescindir de su valoración para el dictado del fallo definitivo. En el entendido que la limitación apuntada no puede dotar de efectos para la procedencia del juicio de amparo indirecto a la resolución que como en el caso, determina la no exclusión de medios de prueba solicitado por el imputado aquí quejoso, cuenta habida que si bien se considera que para que el nuevo sistema de justicia penal funcione adecuadamente es necesario que las cuestiones relativas a la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales, queden definitivamente dilucidadas de forma previa a la apertura del juicio oral; de tal manera que el juzgador en esta última etapa tenga como función exclusiva el análisis de las pruebas para determinar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, sin que en ningún caso sea posible retomar aquel debate. Ello no conduce a dotar de efectos a los actos aquí reclamados para emprender su análisis de constitucionalidad en este controvertido, ya que el no resolver favorable la exclusión de pruebas en la forma que aquí se combate no significa de ninguna manera que se le reste importancia a la eventual introducción de pruebas ilícitas al juicio y por ende que el juez de enjuiciamiento no las califique de esa manera y les reste todo mérito convictivo, al considerar que la nulidad de la prueba ilícita es un derecho sustantivo que le asiste al imputado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales, encontrándose bajo rango constitucional e incluso se le otorgó la condición de principio general del nuevo sistema de justicia penal, tal como se desprende del artículo 20, apartado A, fracción IX, constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1ª. LIII/2018 (10ª.), Décima Época, con registro 2017055, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 958, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Penal, Penal, de rubro y texto: "DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. El objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. En la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral. Con todo, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Esto último puede ocurrir especialmente cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión -por ejemplo, al advertirse durante el contrainterrogatorio o con algún otro medio de prueba que las autoridades mintieron o incurrieron en contradicciones en relación con lo que hubieren manifestado en etapas preliminares- o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales. En estos casos, el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta esta cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas." Sin embargo, como se indicó la determinación por la que se resolvió improcedente la exclusión de pruebas en la etapa intermedia del procedimiento de origen no vulnera derechos humanos de imposible reparación de la parte quejosa; pues pese a la imposibilidad de plantear en la etapa de juicio como violación procesal lo resuelto en dicho estadio, ello no limita sus derechos al debido proceso, en la medida que de conferirle esos efectos al acto indicado, implicaría por ese solo hecho concluir que el juez de enjuiciamiento sustentará su fallo en las probanzas no excluidas, formulando una conclusión a priori de lo que resolverá en la audiencia de juicio, siendo que como se dijo, por imperativo de la constitución éste no ha tenido conocimiento previo de lo sucedido en el procedimiento y solo las pruebas que sean debidamente incorporadas ante él podrán ser sujetas a valoración al dictado de la sentencia. Máxime que como se indicó, al constituir un principio del mismo sistema de justicia penal acusatorio, que no puede ser condenado con base en pruebas ilícitas, ello obliga al juez de juicio a tomar en consideración cualquier transgresión que al respecto se formule, para efecto de emitir el juicio de valor que al respecto desarrolle en torno a la totalidad de probanzas que le sean expuestas en la etapa de juicio, lo que de suyo genera que la resolución en la que se determinó la no exclusión de pruebas en perjuicio del quejoso, entonces imputado, no produzca efectos de imposible reparación, dado que estimarlo de otra forma, implicaría concluir que el juicio oral que al respecto se desarrolle se encuentra afectado de nulidad de manera previa incluso a su inicio. Cabe mencionar que las consideraciones de improcedencia vertidas sobre el auto que niega la excusión de medios de prueba, son extensivas al auto de apertura a juicio oral, porque no se combate por vicios propios sino con motivo de la admisión de los medios de prueba cuya exclusión no fue concedida. Por ello se actualiza en la especie, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por tal motivo resulta procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V, del artículo 63, de la ley de la materia. Por último, debe decirse que en la resolución del recurso de queja 211/2019, si bien el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, declaró fundado dicho medio de impugnación, señaló que en la sentencia podían reiterarse las mismas razones de improcedencia que se consideraron en el auto desechatorio de la demanda. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR MARICRUZ URIBE ROSALES, contra los actos y autoridades señalados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy trece de diciembre de dos mil diecinueve, que las labores del juzgado lo permitieron, ante Jadilson Alonso Navarro, Secretaria que da fe.
- Principal
AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN de trece de diciembre de dos mil diecinueve, CUYO PUNTOS RESOLUTIVO establece: Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR MARICRUZ URIBE ROSALES, contra los actos y autoridades señalados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy trece de diciembre de dos mil diecinueve, que las labores del juzgado lo permitieron, ante Jadilson Alonso Navarro, Secretaria que da fe.
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