Maricruz Santiesteban Zaldivar

Expediente 221/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
221/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Maricruz Santiesteban Zaldivar

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Autoridad solicita. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita la devolución de los autos originales del toca de apelación *** de su índice. Por tanto, dado el estado procesal del presente juicio, se ordena devolver a la autoridad remitente las constancias que solicita, por resultar innecesaria su retención; lo anterior para los efectos legales correspondientes.(...) Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, quince de abril de dos mil diecinueve. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja el auto de uno de abril dos mil diecinueve, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, por devolver a las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, uno de abril de dos mil diecinueve. Se recibe incompetencia. Se tiene por recibida la boleta de turno 000030/2019, de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, al cual anexa el oficio 3917/2019 firmado por el actuario judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa los autos originales del juicio de amparo directo 333/2019, promovido por Virginia María Chávez Silvas, en su carácter de procuradora judicial de Maricruz Santiesteban Zaldivar, y un cuaderno auxiliar de pruebas por separado, dado que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación 19/2019 del índice de la Sala de Circuito Zona Sur del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, la cual confirmó el auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil en el expediente 59/2007, la cual considera no constituye una sentencia definitiva, que haya puesto fin a un juicio del que emana; por ende, no encuadra en la hipótesis previstas por el artículo 170 de la Ley de Amparo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para combatirse a través del juicio de amparo en la vía directa, por lo que es reclamable en vía indirecta ante un juez de Distrito. Se acepta competencia. En consecuencia, por las razones que invoca el tribunal colegiado declinante, con fundamento en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada. Acúsese recibo y anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes y acúsese recibo. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 221/2019. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, debe desecharse como se verá. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexados; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5°, de la Ley de Amparo, porque la promovente carece de afectación jurídica al reclamar un acto con agravio hacia diversa persona, como se verá: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Como es de advertirse, de la fracción antes transcrita se deduce que el juicio de control constitucional resulta improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, en los términos que se establecen en el artículo 5o de la propia Ley de Amparo. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que es indudable que la resolución que confirma una diversa en la que se aprobó el convenio de dación en pago celebrado entre la parte vencedora y sus abogados patronos, respecto de los derechos que le corresponden al pago de los gastos y costas del juicio, no ocasiona un agravio personal y directo en la esfera jurídica de quien resultó condenado a dicho pago, por tener como único efecto un cambio en el sujeto activo, dejando insubsistente la obligación de aquél contenida en la condena. Asimismo, de la jurisprudencia en trato se desprende que no se actualiza la afectación de su interés jurídico para acudir al juicio de garantías reclamando la referida resolución, toda vez que durante la tramitación del incidente de liquidación respectivo, la parte condenada podrá manifestar lo que a su interés convenga y agotar los medios de defensa que en su caso procedan. En la especie, la promovente reclama, por propio derecho, la resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación 19/2019 del índice de la Sala de Circuito Zona Sur del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, donde confirmó el auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el que el Juez de origen tuvo a Angélica Hernández Valdez, como parte actora el juicio sumario civil hipotecario 59/2007, la cual no ocasiona un agravio personal y directo en la esfera jurídica de la aquí quejosa, dado que fue condenada en sentencia de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el juicio sumario civil hipotecario 59/2007, al pago relativo al contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, por tener como único efecto un cambio en el sujeto activo, esto en virtud del contrato de cesión de derechos de crédito y litigiosos celebrado con Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Bancas Múltiple, Grupo Financiero Santander México, antes Santander México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander. Por tanto, en el caso, no se actualiza la afectación de su interés jurídico para acudir al juicio de constitucional reclamando la referida resolución, toda vez que durante la tramitación del incidente de liquidación respectivo, la promovente podrá manifestar lo que a su interés convenga y agotar los medios de defensa procedentes. Aplica al respecto la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO DEL DEUDOR. NO SE ACREDITA PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA UN CONVENIO DE DACIÓN EN PAGO, RESPECTO DE LOS DERECHOS LITIGIOSOS DERIVADOS DE LA CONDENA AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS DEL JUICIO. Dado que el juicio de garantías podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, es indudable que la resolución que confirma una diversa en la que se aprobó el convenio de dación en pago celebrado entre la parte vencedora y sus abogados patronos, respecto de los derechos que le corresponden al pago de los gastos y costas del juicio, no ocasiona un agravio personal y directo en la esfera jurídica de quien resultó condenado a dicho pago, por tener como único efecto un cambio en el sujeto activo, dejando insubsistente la obligación de aquél contenida en la condena. Por ende, no se actualiza la afectación de su interés jurídico para acudir al juicio de garantías reclamando la referida resolución, toda vez que durante la tramitación del incidente de liquidación respectivo, la parte condenada podrá manifestar lo que a su interés convenga y agotar los medios de defensa que en su caso procedan." (Novena Época; Registro: 178709; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXI, Abril de 2005; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 122/2004; Página: 320). Consecuentemente, al actualizarse en la especie, de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la citada legislación. VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda, y como autorizados para tal efecto, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Luis Alberto Garzón Gómez, Virginia María Chávez Silvas, Juan Manuel López Medina, Saraí Lizárraga Caperón; y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Claudia Paulina Ramírez, en términos del segundo párrafo del citado precepto legal, en virtud de no tener cédula profesional ni permiso temporal para ejercer la abogacía registrado en este Juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Notifíquese en términos de Ley.

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