Maricruz Ruiz Ruiz
Expediente 1169/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1169/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Maricruz Ruiz Ruiz
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos sin mayor determinación el oficio de cuenta que suscribe el juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, lo anterior en virtud de que mediante proveído de trece de octubre pasado se ordenó el archivo del presente cuadernillo de antecedentes.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Actos tendentes. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, mediante el cual remite el oficio SSA/2361/2021, firmado por el encargado del despacho de la Subdirección de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; por medio del cual informa sobre la suspensión de plano decretada en el presente juicio. Por otra parte, en virtud de que el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, aceptó la competencia planteada y ordenó el trámite correspondiente, previa copa que se deje en autos para constancia, remítase el oficio SSA/2361/2021, al homólogo federal para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y por oficio a la Subdirección de Servicios Administrativos. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de octubre de dos mil veintiuno. Acepta Competencia. Se tiene por recibido el oficios mediante el cual informa aceptó la competencia planteada y ordenó el trámite correspondiente. Por otra parte del estado de autos se advierte que mediante proveído de seis de octubre del año en curso, se recibieron los informes remitidos por las autoridades responsables, registrados con folios 14030 y 14029; en consecuencia, previa copia que se deje de los referidos oficios para constancia, transfiéranse de inmediato al homólogo federal para los efectos legales conducentes. Archivo de expediente. En atención a lo expuesto, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en el artículo 21, inciso i), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena la destrucción de este cuaderno de antecedentes una vez que transcurran tres años; además, una vez analizadas las constancias que lo integran, este juzgador estima que no reúne los requisitos de relevancia documental, conforme lo dispone el último párrafo del punto de acuerdo vigésimo primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, este juzgado de Distrito concluye que por razón de turno corresponde conocer del asunto al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena remitir las actuaciones del presente juicio al citado órgano jurisdiccional, para que provea lo conducente y lo haga del conocimiento de este juzgado. 3. Suspensión de plano. Tomando en consideración que del estudio integral de la demanda, se desprende que, en esencia, la quejosa reclama de las responsables la omisión de suministrar los medicamentos necesarios para tratar las enfermedades de hipertensión arterial, diabetes mellitus, colitis, hígado graso, colesterol y triglicéridos, prescritos en las siguientes recetas: a) Receta vale pendiente de medicamento número 707, relativo a la receta 7604742MF: 1) Cincuenta y seis tabletas de candesartan cilexetilo de dieciséis miligramos. 2) Ácido acetilsalicílico tabletas de liberación prol. 3) Sesenta tabletas de metformina de ochocientos cincuenta miligramos. b) Receta vale pendiente de medicamento número 706, relativo a la receta 9604742MF: 1) Cincuenta y seis tabletas de candesartan cilexetilo de dieciséis miligramos. En términos de lo dispuesto por el artículo 4 constitucional y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para que cese el acto omisivo del reclamo constitucional, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, que las autoridades responsables le proporcionen al directamente agraviado el tratamiento y medicamento adecuados a sus padecimientos. Por lo que, las responsables dentro de su respectivo marco de atribuciones, deberán adoptar las medidas pertinentes para que el aquí quejosa pueda contar con los medicamentos, consultas médicas y tratamientos que requiera, de forma constante, sin intermitencia en el servicio, a fin de garantizarle el derecho a la salud al más alto nivel posible y proporcionarle un servicio con atención y calidad, en el centro hospitalario que se atiende. Significando lo anterior, que las autoridades responsables de inmediato deberán cumplir debidamente con la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de la quejosa, esto es, actúen con una diligencia reforzada y lleven a cabo todas las medidas que estén a su alcance para cumplir con la atención medica requerida, por lo que, se reitera, deberán tomarse todas las medidas razonables y conducentes para proporcionarle los medicamentos y tratamientos necesarios, así como todos los demás tramites que los padecimientos que se le diagnosticaron ameriten, y demás estudios que se consideren necesarios, a efecto de procurar en todo momento la salvaguarda de su integridad física y evitar un deterioro irreversible en la salud. En virtud de lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 158, en relación con el diverso 262, ambos de la Ley de Amparo, gírense los oficios, que deberán entregarse de manera inmediata a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del término de ocho horas, informen sobre el cumplimiento dado a la citada medida cautelar, debiendo agregar a su informe copia certificada de las constancias correspondientes; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, su conducta equivaldrá a la comisión del delito previsto en el citado artículo 262 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se comisiona al actuario judicial adscrito, a fin que se constituya ante las responsables y las requiera, para que con base en la suspensión de plano decretada, se brinde el servicio médico requerido para el bienestar de su salud. Además, deberá apercibir a la autoridad que de persistir en su actitud, se procederá a dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación, con tales hechos constitutivos de delito. Para otorgar de oficio y de plano esta medida cautelar se tiene en consideración, sustancialmente, que el párrafo tercero, del artículo 4º Constitucional, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, los servicios de salud, a los que alude el precepto antes citado, deben entenderse como una responsabilidad social para el Estado Mexicano, precisamente porque además de ser un derecho fundamental del ser humano, la ley de la materia establece las bases y modalidades para su aplicación en el ámbito público, social y privado. Así, el derecho a la salud debe interpretarse atendiendo al principio pro persona, como aquél que la institución de seguridad social debe proporcionar hasta que se encuentre totalmente recuperado el asegurado o sus beneficiarios de las causas por las que hubieren solicitado sus servicios. En estas condiciones, si algún sujeto (asegurado o beneficiario) acude a solicitar atención médica y ésta se prolonga, no debe dejar de proporcionarse el servicio, en razón de que se atentaría contra el derecho a la salud, entendido como un estado de completo bienestar físico y mental, que se encuentra regulado, a nivel interno, también en los preceptos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" -instrumentos internacionales de los que México forma parte-, sin que deba limitarse a la salud física del individuo, sino que atento a la propia naturaleza humana, se traduce en un estado de bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, cuyo pleno disfrute constituye una condición para gozar de los demás derechos. En esa virtud, en aras de privilegiar el derecho a la salud contemplado en el numeral 4º Constitucional, la autoridad responsables deberán ordenar, proporcionar y suministrar, de manera inmediata e incondicional el tratamiento y cuidado que resulte indispensable para salvaguardar la integridad física del solicitante del amparo, en razón de sus padecimientos. Resulta aplicable la tesis aislada P. XIX/2000, que se encuentra visible en la página 112, tomo XI, marzo de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS." El sentido y alcance de la suspensión del acto reclamado está perfilado por los criterios jurídicos que orientan las tesis de rubros: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL SERVICIO MÉDICO QUE SE SUMINISTRABA A QUIEN FUE DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO ACTIVO COMO MILITAR Y A SUS DERECHOHABIENTES."; "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA CONCEDIDA AL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL EFECTO DE QUE SE LE SIGA PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO PUEDE CONDICIONARSE AL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD." y "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO, PROCEDE CONCEDERLA AL QUEJOSO DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE SE LE SIGAN PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO." Cabe destacar que la atención médica que deberá brindarse a la parte agraviada debe ser acorde a lo que haya determinado el médico responsable en función de los padecimientos que se encuentran efectivamente diagnosticados a la parte quejosa. 4. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 5. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la promovente señaló para cuestiones no procesales los números telefónicos que indica en el ocurso que se atiende. 6. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 7. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "MEC88", el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica. Ilustra lo anterior el criterio I.1o.P.34 K (10a.), con registro digital 2017924, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." En este apartado, debe precisarse que no se soslaya el señalamiento que realiza la parte promovente, en el sentido de proporcionar domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, dígasele que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, al haber señalado el usuario de referencia, pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" -electrónica- surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. Además, atendiendo a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, se toman en cuenta las diversas medidas de sana distancia establecidas en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender dicha emergencia sanitaria, emitido por la Secretaria de Salud y publicado por el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, razón por la cual debe privilegiarse la actuación vía electrónica, a fin de evitar el contacto persona-persona, lo que implica, entre otras cuestiones, la sana distancia entre los intervinientes, con el fin de mitigar el brote y propagación del virus. 8. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 9. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 10. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria encargada del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 11. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 12. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. 13. Copias. Como lo solicita la promovente, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del ordinal 2, expídasele por duplicado a la parte quejosa copia certificada de esta determinación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por oficio al Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de Sonora, y a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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