Maricruz Pérez Y Torres
Expediente 924/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Maricruz Pérez Y Torres
Actuaciones
- Principal
En diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la licenciada Teresa Rosado de Loza, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, le fue notificado a la parte quejosa el veintiséis siguiente, por lo que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del treinta de agosto al doce de septiembre de dos mil dieciséis, sin que haya sido recurrido el mencionado acuerdo.- DOY FE. En la misma fecha la Secretaria, da cuenta a la Juez, con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por la Secretaria, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el sobreseimiento fuera de audiencia, dictado mediante auto de veintidós de agosto pasado; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. En tales condiciones, al no requerir ejecución material el fallo de que se trata, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otro lado, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo General, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, ello en consideración a que en los autos del presente juicio de amparo, se sobreseyó fuera de audiencia. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá transferirse el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al citado Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Teresa Rosado de Loza, Secretaria que autoriza. Doy fe. /manuelcc
- Principal
En veintidós de agosto de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, doy cuenta a la Juez, con un oficio y anexo registrado con el número 14564.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, remitido por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada del auto de quince de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ordinario laboral 312/2014 promovido por la aquí quejosa Maricruz Pérez y Torres, contra la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas. Atendiendo a las constancias descritas, esta Juzgadora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Lo anterior se trae a cuenta en virtud a que la autoridad responsable remitió con el oficio de cuenta, copia certificada del auto de quince de agosto actual, por el cual tuvo por admitidas la totalidad de pruebas ofrecidas por la parte aquí quejosa, dentro del expediente laboral ya mencionado. Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 77, ambos de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera concedido la protección constitucional; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica de la quejosa, o en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la promovente, que amerite ser eliminada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Así las cosas, si la quejosa en su escrito inicial de demanda, señaló como acto reclamado la omisión de dictar el auto de admisión de pruebas dentro del expediente laboral 312/2014, que se atribuyó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado del Zacatecas, con residencia en esta ciudad y, considerando que a la fecha del presente proveído, la autoridad responsable acreditó que el quince de agosto de dos mil dieciséis, emitió auto por el que admitió la totalidad de pruebas ofrecidas por la parte actora y aquí quejosa Maricruz Pérez y Torres, remitiendo copia certificada de tal determinación; es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, y con ello se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe. /manuelcc
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 22 DE AGOSTO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. "En veintidós de agosto de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, doy cuenta a la Juez, con un oficio y anexo registrado con el número 14564.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, remitido por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada del auto de quince de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ordinario laboral 312/2014 promovido por la aquí quejosa Maricruz Pérez y Torres, contra la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas. Atendiendo a las constancias descritas, esta Juzgadora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Lo anterior se trae a cuenta en virtud a que la autoridad responsable remitió con el oficio de cuenta, copia certificada del auto de quince de agosto actual, por el cual tuvo por admitidas la totalidad de pruebas ofrecidas por la parte aquí quejosa, dentro del expediente laboral ya mencionado. Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 77, ambos de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera concedido la protección constitucional; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica de la quejosa, o en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la promovente, que amerite ser eliminada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Así las cosas, si la quejosa en su escrito inicial de demanda, señaló como acto reclamado la omisión de dictar el auto de admisión de pruebas dentro del expediente laboral 312/2014, que se atribuyó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado del Zacatecas, con residencia en esta ciudad y, considerando que a la fecha del presente proveído, la autoridad responsable acreditó que el quince de agosto de dos mil dieciséis, emitió auto por el que admitió la totalidad de pruebas ofrecidas por la parte actora y aquí quejosa Maricruz Pérez y Torres, remitiendo copia certificada de tal determinación; es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, y con ello se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe. /manuelcc
- Principal
En nueve de agosto de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Luz Adriana Puga Magaña, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con la demanda de amparo registrada con el folio 14098 y copias que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de agosto de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve MARICRUZ PÉREZ Y TORRES, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; por considerar que transgreden en perjuicio de su representada las garantías consagradas en el artículo 17 constitucional; en esas condiciones, fórmese el expediente respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y asígnesele el número 924/2016-2. Con fundamento en los artículos 112, 115, 116, y 117 de la Ley de Amparo, se admite la presente demanda de garantías; por tanto, a la autoridad responsable pídasele su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación del presente proveído, asimismo, debe señalarse que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto o la improcedencia del juicio acompañando en su caso, copia certificada de las constancias que haya tomado en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, o de no serle posible, manifieste el impedimento legal que tenga para remitirlas. Ahora bien, dado que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, en términos del artículo 17 de la Carta Magna, se apercibe a la autoridad responsable que si alguna de las constancias que remita en apoyo a su informe, está incompleta o ilegible, total o parcialmente, lo rinde sin remitir las constancias necesarias para apoyarlo o no manifiesta el impedimento legal que tuviese para tal efecto, se le impondrá multa de cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, conforme a lo establecido en el citado artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia. Es aplicable a lo anterior: "INFORME JUSTIFICADO. PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO LAS COPIAS QUE SE ACOMPAÑAN SON ILEGIBLES. Si algunas de las constancias que remitió la autoridad responsable al Juez de Distrito como justificación de su informe son ilegibles, y éstas son esenciales para la resolución del asunto, es obligación del juzgador requerir nuevamente el envío de esas constancias, a fin de estar en aptitud de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues es indispensable que el órgano de control constitucional tenga a su alcance los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada. La omisión de esta obligación por parte del Juez de amparo trae consigo una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, por lo que se debe ordenar la reposición del procedimiento en términos de la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo.". Asimismo, hágase saber a la parte quejosa y a la autoridad responsable que si cesan los efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deben manifestarlo así, apercibidos que de no cumplir con esa obligación se les impondrá una multa de TREINTA DÍAS de salario mínimo general en la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 251, en relación con el numeral 64, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 29, de la Ley de Amparo, notifíquese al Agente del Ministerio Público de la adscripción, el trámite del presente asunto por medio de lista, quedando a su disposición copia de la demanda en la secretaría de este Juzgado. Se señalan las NUEVE HORAS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con apoyo en lo dispuesto por el numeral 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, se tiene como tercero interesado a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, a quien de acuerdo a lo previsto por el ordinal 28, fracción I, de la ley de la materia invocada, con copia de la demanda de amparo deberá emplazársele por medio de oficio. Para evitar dilaciones innecesarias respecto de la imposibilidad que pudiese tener el Actuario Judicial de laadscripción al llevar a cabo las notificaciones personales que se susciten dentro del presente procedimiento, con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le habilitan días y/u horas inhábiles para que realice las notificaciones que fueren necesarias, sin necesidad de acuerdo respectivo, previa constancia actuarial, en que se acredite que se asistió en días y horas inhábiles. Como lo solicita el quejoso, téngase por autorizado en los amplios términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al licenciado Raúl Enrique Domínguez Pérez (cédula 4677822) y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Cerro del Grillo número 6, interior B, del fraccionamiento Los Pirules, en Guadalupe, Zacatecas. No se tramita incidente de suspensión por no haberse solicitado. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria que autoriza. Doy fe. /manuelcc
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