Maricruz Avila Morales

Expediente 717/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
717/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
04/08/2021

Partes del expediente

  • Maricruz Avila Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de queja contra el auto de trece de julio de dos mil veintiuno por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. IV. No existen documentos originales. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. Notifíquese.

  2. Principal

    Querétaro, Querétaro, trece de julio de dos mil veintiuno. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Coordinadora de Asesores Jurídicos de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Legislatura del Estado de Querétaro, informando que se aprobó el dictamen relativo a la jubilación de ......................, y de las constancias que allegó se desprende que remitió dicho decreto al Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, a efecto de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Se vincula Gobernador. Previo a realizar pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia dictada en autos y en aras de la pronta impartición de justicia y tomando en consideración que todas las autoridades están obligadas a realizar dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de las sentencias, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo se tiene como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro; por tanto, se requiere para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, informe a ese Juzgado Federal lo relacionado a la publicación del dictamen antes precisado. En el entendido que el plazo otorgado, se fija tomando en consideración la fecha recepción del dictamen aludido En la inteligencia que dicha autoridad deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho, tendiente a cumplir con la sentencia dictada en autos, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello, lo que en su caso, deberá acreditar fehacientemente. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido, con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa recibes; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el ocho de enero de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 57/2007, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XXV, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica" Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a. XXI/2019 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1343, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva consagra los siguientes principios: 1) de justicia pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia gratuita. Ahora, si el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. En ese contexto, es factible concluir que dentro del principio de justicia completa, se puede incardinar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente." Sobre la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades que se ven vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que, conforme a lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.

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