Maricela Varela Mejía
Expediente 791/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/10/2023
Partes del expediente
- Maricela Varela Mejía
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a tres de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Toda vez que por auto de veintinueve de junio del año en curso se tuvo al Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, informando que radicó el juicio de amparo directo 229/2023 de su índice, con motivo de la competencia declinada por este órgano jurisdiccional mediante acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés; sin que hasta al momento se haya ordeno el archivo y destino del presente cuaderno. Incidente. No se ordenó su apertura. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Valoración documental. Este expediente es destruible, conforme a los artículos 14 y 19, fracción I, inciso b) , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que fue sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Carátula. Se ordena que la carátula de expediente físico contenga mediante sello, la anotación de "destruible", acorde con lo que establece el artículo 34 del Acuerdo General recién invocado. Certificación de incorporación de la totalidad de las constancias recibidas de manera física al expediente electrónico. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el artículo 9 del mencionado Acuerdo General, todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran debidamente digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico en su totalidad; exceptuadas, las constancias y documentos electrónicos de conformidad con los fundamentos antes mencionados, y artículo 22, párrafo sexto, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, en cumplimiento de los parámetros institucionales más recientes en materia de gestión documental; lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 9, del citado Acuerdo General, se ordena su archivo como asunto total y definitivamente concluido, aunque deberá resguardarse en el "archivo de trámite" de este Juzgado de Distrito por un plazo de tres años, contados a partir de la presente fecha; de igual manera, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Oficio. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite por la delegada autorizada de las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias que le fueron requeridas en relación al cumplimiento del fallo protector. Vista. Con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista y correr traslado a la parte quejosa, con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial; es decir, practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, en virtud del día de asueto autorizado a Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, titular de este Juzgado Federal, por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial comunicado mediante oficio CCJ/ST/3544/2023, de diecinueve de junio del año en curso, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintidós de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo presentada por ********************, por su propio derecho, promovida contra actos del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 791/2023, que es el que le corresponde. Incompetencia por razón de vía (amparo directo). Vistas las manifestaciones de la quejosa en su escrito de demanda y anexos que acompaña, este Juzgado carece de competencia para conocer del presente juicio de amparo, por las siguientes consideraciones. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, acorde al criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza lo siguiente: "Registro digital: 192097 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000, página 32 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado resolución dictada el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual el Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, estimó procedente inhibirse del conocimiento del juicio Oral Mercantil ******************** de su índice, por carecer de competencia legal por razón de territorio, lo que procedió a desechar la demanda. Establecido lo anterior, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Por tanto, las cuestiones de competencia, por ser de orden público y de estudio preferente, deben ser estudiadas de oficio a efecto de no violar las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo. Luego, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. Por su parte, los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Por su parte, el artículo 38, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fracción I, inciso b), en la parte que aquí interesa, dispone: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: .b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales; ." En este orden de ideas, cabe destacar que en los preceptos citados se fija la competencia en materia de amparo directo con base en un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si se trata de una sentencia definitiva que decida el juicio en lo principal o de una resolución que ponga fin al juicio; es decir, que sin decidirlo en lo principal, lo dé por concluido. Siendo en el caso que nos ocupa, que el acto reclamado consiste en la resolución dictada en un juicio Oral Mercantil - ********************- en la cual el Juez Segundo de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, estimó procedente inhibirse del conocimiento del citado juicio por considerar que no era competente para conocer del asunto por carecer de competencia legal por razón de territorio y por consiguiente procedió a desechar el mismo. Máxime, el artículo 1390 bis, en su segundo párrafo del Código de Comercio no prevé un recurso o medio ordinario de defensa que deba agotarse a fin de observar el principio de definitividad que rige en el amparo. Orienta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación, rubro y de rubro y texto siguiente: "Registro digital: 2023078 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materia(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 10/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1570 Tipo: Jurisprudencia JUICIO ORAL MERCANTIL. EL ARTÍCULO 1390 BIS, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO PREVÉ UN RECURSO O MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE DEBA AGOTARSE A FIN DE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL AMPARO DIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de diversos amparos directos sostuvieron criterios distintos al analizar si el artículo 1390 Bis, tercer párrafo, del Código de Comercio prevé un recurso o medio ordinario de defensa que deba agotarse a fin de observar el principio de definitividad que rige en el amparo directo, como condición para emprender el estudio de violaciones procesales. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que el artículo 1390 Bis, tercer párrafo, del Código de Comercio no prevé un recurso o medio ordinario de defensa que deba agotarse a fin de observar el principio de definitividad que rige en el amparo directo, como condición para emprender el análisis de violaciones procesales. Justificación: El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General, impone como requisito para el estudio de violaciones procesales en el amparo directo, la observancia del principio de definitividad; y para ello exige que el quejoso agote todos los recursos o medios de defensa existentes en la ley que rige el acto reclamado, antes de instar la acción de amparo, dicha exigencia es reiterada en el artículo 171 de la Ley de Amparo, con algunas excepciones allí especificadas. Ahora bien, para efectos del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo directo, un recurso o medio ordinario de defensa es todo aquel medio de impugnación previsto en la ley que rige el acto y que puede dar lugar a que la determinación jurisdiccional controvertida sea reformada (modificada), revocada o nulificada. Bajo esa lógica, es factible concluir que el artículo 1390 Bis, tercer párrafo, del Código de Comercio no prevé un recurso o medio ordinario de defensa que deba agotarse como condición para emprender el análisis de violaciones procesales en el amparo directo, ello debido a que en el mencionado precepto sólo se prevé un mecanismo para regularizar el procedimiento y subsanar alguna inconsistencia procesal menor o alguna omisión en la sustanciación del juicio oral mercantil, de modo que la solicitud que con base en esa norma permisiva llegase a formular alguna de las partes al Juez que conoce del litigio oral no tendrá por efecto o consecuencia el reformar (modificar), revocar o nulificar las determinaciones procesales, sino simplemente dar al proceso su correcta conducción, o aclarar algún dato o aspecto adjetivo pero sin cambiar su sustancia." En esas condiciones, al tratarse de una determinación que pone fin al juicio, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Amparo y el diverso 38, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, atendiendo al Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se ordena remitir los autos originales del presente juicio al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en Turno, a fin de que tenga a bien determinar lo que en derecho proceda. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad, a fin de que manifieste si acepta la competencia declinada. Acuse. Se solicita el acuse de recibo correspondiente. Cuaderno de antecedentes. Asimismo, fórmese el cuaderno de antecedentes que quede en sustitución del original. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a, (A) ********************y (B)********************, toda vez que se encontraron registradas sus respectivas cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Consulta al expediente. En estricto acatamiento y con sustento en el artículo 261 y Considerando Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, quienes acudan presencialmente al recinto oficial de este órgano jurisdiccional, podrán consultar el presente juicio únicamente desde el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de contar con un expediente físico en sus manos. Juicio en línea. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en el presente asunto, constituye el eje rector de la actividad del presente juicio el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con sustento en las bases establecidas en el invocado dispositivo; por lo que, en caso de que el asunto se promueva como "juicio en línea", las partes deberán continuar la tramitación mediante el referido esquema. Libros de control electrónicos. Con sustento en lo previsto en el Título Tercero, Capítulo Primero, inherente a las disposiciones generales de "Libros de Control Electrónico" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se ordena a la Oficial encargada el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, mantenga totalmente actualizados los rubros requeridos en los libros electrónicos de registro, especificados en el módulo "Libros de Control", del invocado Acuerdo General. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y personalmente.
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