Maricela Torres Perales
Expediente 16/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 16/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Maricela Torres Perales
Actuaciones
- Principal
C.A. ARCHIVESE COMO ASUNTO CONCLUIDO
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio signado por la Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en esta ciudad; en su atención, se le tiene acusando de recibo el oficio 777/2018, por virtud del cual se le remitió el cuaderno principal del juicio en que se actúa, quedando radicado como amparo directo 42/2018, así mismo, téngasele informando que se reservó a acordar lo conducente a la competencia plantead por este juzgado federal; circunstancia de la cual queda enterado este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por José Medrano Jasso en su carácter de representante de Maricela Torres Perales, contra actos del Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 16/2018-1, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Del mismo modo, a fin de cumplir con el artículo 3º de la Ley de Amparo, y con el objeto de facilitar el acceso a los expedientes mediante el empleo de los medios electrónicos fórmese el expediente electrónico relativo. DETERMINACIÓN En principio, debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al respecto conviene citar por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Del estudio íntegro del escrito inicial, se advierte que se reclama la sentencia interlocutoria dictada en el recurso de revocación promovido en los autos del juicio ejecutivo mercantil 1698/2016. Bien, conviene precisar que los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo establecen en lo conducente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. - - - La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. - - - [.] - - -" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. - - - [.] - - -." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: - - - I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. - - - Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. - - - Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. - - - Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. - - - Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; - - - II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. - - - En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. - - - [.] - - -" De los preceptos legales transcritos se colige que tratándose de las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. De manera que, es preciso definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, a saber: 1) Se está ante una sentencia definitiva cuando la determinación resuelve el juicio en lo principal. 2) Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. 3) Los laudos son las resoluciones conclusivas dictadas en los juicios del orden laboral. Precisado lo anterior, se puede colegir que los supuestos de procedencia del amparo directo son únicamente dos: I) sentencias definitivas y laudos; así como II) resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal -supuesto éste en el que se subsume el acto reclamado-. En el caso particular, el juez de primera instancia el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, decretó la caducidad de la instancia por inactividad procesal en los autos del juicio ejecutivo mercantil 1698/2016, respecto del cual se promovió recurso de revocación, mismo que confirmó el acuerdo recurrido; mismo que constituye una determinación que, sin decidir en lo principal el fondo del asunto, puso fin al juicio, por lo que este juzgador es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata. En efecto, en relación con las resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, contra las que no proceda recurso alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Robustece lo anterior, la tesis número III.3o.(III Región) 4 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 2, enero de 2014, tomo IV, página 2953, que al rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME A LOS SUPUESTOS LEGALES PREVISTOS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 170 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 170, fracciones I y II de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo directo está sujeta a dos reglas, a saber: una general y otra especial. La regla general se surte cuando en el juicio natural el quejoso obtiene un fallo desfavorable, o bien, uno parcialmente en su favor -fracción I del artículo 170-. En tal supuesto, lo jurídicamente trascendente es la afectación a la esfera de derechos del impetrante, derivada de haber obtenido un fallo desfavorable a sus intereses, o de no alcanzar todo lo que persiguió en el juicio, con lo cual, sin duda, se colma el interés jurídico necesario que justifica la procedencia del juicio de amparo directo, cuya materia de análisis puede involucrar temas tanto de legalidad como de constitucionalidad. Por su parte, la regla especial opera respecto de fallos definitivos y resoluciones que pongan fin a los juicios contenciosos administrativos, pronunciados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal -fracción II del artículo 170-. Esta hipótesis cobra aplicación cuando el fallo recaído en algún juicio contencioso administrativo del conocimiento de los tribunales de que se trata, es de tal modo favorable que acoge íntegramente la pretensión perseguida por el actor en el propio juicio, de ahí que, en tal evento, el juicio de amparo directo procede sólo para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, siempre y cuando, a su vez, resulte procedente y fundado el recurso de revisión que interponga la autoridad demandada en el juicio natural. Por tanto, para efecto de la procedencia del juicio de amparo directo, no deben confundirse los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 170 de la nueva Ley de Amparo, pues la regla general es que el juicio de amparo directo procede cuando el quejoso haya obtenido una sentencia desfavorable, o una parcialmente en su favor, con independencia de la materia que involucre el asunto -fracción I-, mientras que la regla especial se surte en el caso de que el impetrante -actor en un juicio contencioso-, obtenga un fallo de tal modo favorable que acoja íntegramente la pretensión buscada en el juicio, y resulte fundado y procedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada, en términos del artículo 104 de nuestra Carta Magna, en cuya hipótesis el juicio de amparo directo procede exclusivamente para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, ya que en esa hipótesis, el impetrante está en posibilidad de obtener un beneficio mayor al inicialmente alcanzado en el juicio contencioso -fracción II-." En mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto; por tanto previo cuaderno de antecedentes, remítase de inmediato la demanda y sus copias, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Noveno Circuito, para que determine lo que en derecho proceda. En otro tenor, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el ocursante y por facultados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que cita, lo anterior, por no contar con registro de cédula en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Atento a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Acorde al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año dos mil dieciséis, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente a la quejosa
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