Maricela Torres Ortega
Expediente 918/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/03/2021
Partes del expediente
- Maricela Torres Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
IV.- se reanuda la tramitación del presente juicio de amparo para los efectos legales correspondientes. En el entendido de que se emite el presente acuerdo hasta el día de hoy, en virtud de las medidas de ampliación de plazos para la reanudación escalonada establecido en el punto 17 del apartado II de la Circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, en relación con el artículo 2°, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19; cuya fecha límite se fijó para el quince de marzo de dos mil veintiuno. Establecido lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación de cuenta para conocimiento de las partes. Ahora bien, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra la determinación de siete de diciembre de dos mil veinte, por la que se sobreseyó el presente asunto fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado estado. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 29 de la Ley de Amparo; se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.
- Principal
IV.- El estado procesal de los presentes autos evidencia que en el escrito de demanda la quejosa autorizó a diversas personas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, sin que se haya hecho alusión alguna de las mismas en el auto admisorio; por tanto, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Alberto Grajales Gutiérrez y Karen Alicia Grajales Martínez; pues de la certificación de cuenta, se advierte que cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y conforme con la última parte del citado precepto legal, esto es, únicamente para oír notificaciones, a las personas restantes que se cita en la demanda de amparo hasta en tanto acrediten tener el citado registro. Ahora bien, visto el escrito de cuenta por medio del cual el autorizado en términos amplios de la quejosa Maricela Torres Ortega, proporciona un usuario, señala como domicilio el Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación y proporciona un correo electrónico para oir y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), toda vez que se encontró registro del usuario "CarlosGrajales59". en ese sentido, comisiónese al Analista Jurídico de dicho sistema a fin de que realice la habilitación correspondiente. Por lo que respecta al correo electrónico que proporciona, se tiene para los efectos que precisa, a través del cual de ser necesario, se podrá entablar un contacto oportuno para las comunicaciones no procesales, en el entendido de que el mismo no hará las veces de notificación oficial, en términos de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Amparo.
- Principal
I.- El estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no se ha logrado obtener el cabal y total cumplimiento de la ejecutoria de amparo, circunstancia que podría actualizar el supuesto establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo; sin embargo, previo a emitir el pronunciamiento correspondiente, de manera destacada se estima necesario relatar los siguientes antecedentes del procedimiento de ejecución del cumplimiento sustituto del presente juicio: Previo el trámite de ejecución relativo a la sentencia concesoria de amparo en el presente juicio, el seis de noviembre de dos mil dieciocho, se resolvió procedente y fundando el incidente de daños y perjuicios para cuantificar el monto relativo al cumplimiento sustituto; dado lo cual, se requirió al Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, actuara en consecuencia. Inconforme con lo anterior, el tercero perjudicado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en su carácter de liquidador de Luz y Fuerza del Centro, interpuso recurso de queja del cual tocó su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el cual, mediante ejecutoria de treinta y uno de enero del año en curso, declaró infundado dicho medio de impugnación. Así, el ocho de febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo abrogada, se requirió a la citada autoridad responsable Juez Primero Mercantil de Toluca, Estado de México, para que emitiera una resolución en el expediente 274/2008 de su estadística, a fin de que la parte aquí tercera perjudicada y demandada en el juicio de origen, reponga a la quejosa Margarita Velázquez Colín, la cantidad de $64´960,172.08 (sesenta y cuatro millones novecientos sesenta mil ciento setenta y dos pesos 08/100 moneda nacional), monto relativo a los daños sufridos en su patrimonio, en vía de cumplimiento sustituto a la sentencia protectora emitida en el presente juicio de amparo. Mediante oficio registrado con número de control interno 2684, el citado juez responsable, hizo del conocimiento las gestiones realizadas para dar cumplimiento sustituto a la sentencia protectora y al efecto, adjuntó copia certificada del proveído de once de febrero de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 274/2008, del que se advierte que giró exhorto al Juez Civil competente en la Ciudad de México, a fin de requerir al aquí tercero perjudicado y demandado en el juicio de origen, reponga a la quejosa Margarita Velázquez Colín, la cantidad de $64´960,172.08 (sesenta y cuatro millones novecientos sesenta mil ciento setenta y dos pesos 08/100 moneda nacional), monto relativo a los daños sufridos en su patrimonio y concedió un plazo de treinta días para su diligenciación. Posteriormente, por auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se recibió comunicado signado por el juez responsable al que adjuntó copia certificada de diversas constancias relativas al convenio de cesión de derechos litigiosos, celebrado por la quejosa Margarita Velázquez Colín, Inmobiliaria Max-Ren, Sociedad Anónima de Capital Variable y Niknelia, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, respecto de los derechos de cobro que corresponden al juicio ordinario civil del que emana el acto reclamado y el presente juicio de amparo, así como de la determinación que emitió. Como consecuencia de lo anterior, el diecinueve de marzo del mismo año, se recibió diverso comunicado al que se adjuntó copia certificada de diversas constancias, de las que se desprende que por auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve, se giró nuevamente exhorto al Juez Civil competente en la Ciudad de México, a fin de requerir al aquí tercero interesado y demandado en el juicio de origen, reponga a las actuales actoras Inmobiliaria Max-Ren, Sociedad Anónima de Capital Variable y Niknelia, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (en su carácter de cesionarias, con motivo del convenio de cesión de derechos litigiosos celebrado entre éstas y la quejosa Margarita Velázquez Colín), la cantidad de $64´960,172.08 (sesenta y cuatro millones novecientos sesenta mil ciento setenta y dos pesos 08/100 moneda nacional), monto relativo a los daños sufridos en su patrimonio y concedió un plazo de treinta días para su diligenciación. El tres de octubre de dos mil diecinueve, se recibió el oficio con registro interno 5823, al que se adjuntaron diversas constancias de las que se advierte que el uno de abril de dos mil diecinueve, el juez responsable ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que informara a las instituciones de crédito que se encuentren bajo su supervisión, que todas las cuentas bancarias a nombre de la demandada aquí tercero interesada, fueron embargadas por el monto que alcance a cubrir la cantidad de $64´960,172.08 (sesenta y cuatro millones novecientos sesenta mil ciento setenta y dos pesos 08/100 moneda nacional); asimismo, solicitó se restringa la disposición de dinero por la referida cantidad y se ponga a disposición de dicho juzgado mediante billete de depósito, además de diversa información en relación a las cuentas bancarias de la demandada, dado lo cual, concedió un plazo de tres días. Previos requerimientos, por auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, se recibieron comunicados signados por el Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México, por medio del cual informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento sustituto a la sentencia dictada en el presente juicio, pues manifestó que la institución Bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en cumplimiento a los requerimientos realizados en autos del juicio 274/2008 de su índice, exhibió dos billetes de depósito, el primero S604370 por la cantidad de $16´713,079.06 (dieciséis millones setecientos trece mil setenta y nueve pesos 06/100 moneda nacional) y el segundo S604371 por la cantidad de $48´247,092.92 (cuarenta y ocho millones doscientos cuarenta y siete mil noventa y dos pesos 92/100 moneda nacional) cantidad retenida y embargada de las cuentas 2201180479 y 2201169297 a nombre del Servicios de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en su carácter de liquidador de Luz y Fuerza y reiteró la existencia de los juicios de amparo indirecto 357/2019-VII y su acumulado 718/2019-VIII del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil del Ciudad de México, entre otras cosas. Por auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve, ante el evidente retraso y obstaculización en la ejecución de la sentencia de amparo, se vinculó a su cumplimiento al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en su carácter de liquidador del extinto organismo Luz y Fuerza del Centro, por lo cual se le requirió para que repusiera a la quejosa en el expediente natural 274/2008 de la estadística del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México, la cantidad de $64´960,172.08 (sesenta y cuatro millones novecientos sesenta mil ciento setenta y dos pesos 08/100 moneda nacional), monto relativo a los daños sufridos en su patrimonio, en vía de cumplimiento sustituto a la sentencia protectora emitida en el presente juicio de amparo. Seguido el trámite de ejecución, mediante oficios registrados con números de control interno 21886, 22238, 22818, 24336, 24722, 297, 802 y 1838, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en su carácter de liquidador de Luz y Fuerza del Centro, informó las gestiones que se encontraba realizando a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, en ningún momento se evidenció que realizara diligencia alguna de la cual se pudiera advertir la disposición de los recursos necesarios para efecto de pagar la cantidad a la que se le condenó. Mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veinte, se vinculó a las autoridades Titular de la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear de la Secretaría de Energía y al Titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto "B" de la Secretaría de Hacienda, a fin de que también colaboraran con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, específicamente, para que informaran sobre diversas circunstancias relacionadas con la puesta a disposición de la autoridad responsable de los recursos necesarios para hacer pago a la parte quejosa de lo condenado en el presente juicio de amparo. De la misma manera, el once de agosto, siete de septiembre, veintiséis de octubre, todos de dos mil veinte, se dictaron acuerdos donde se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a diversas autoridades para que informaran las determinaciones emitidas encaminadas a proporcionar los recursos suficientes para estar en posibilidad de hacer frente a la obligación de pago a la que se condenó a la extinta Luz y Fuerza del Centro. A través de los oficios registrados con números de control interno 4327, 6301, 7988, 10152, 10447, 11363, 13831, 14084, las autoridades Subdirectora de Procedimientos "2", en suplencia por ausencia del Director de Procedimientos de la Dirección General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación; la Directora General Adjunta de lo Contencioso, adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía; la apoderada legal de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación por conducto de su liquidador Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (actualmente Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado "INDEP") y el Director de Procedimientos de la Dirección General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, informaron las diligencias realizadas encaminadas a lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que hayan remitido constancia alguna que evidencie la disposición de la cantidad y diligencia alguna encaminada a realizar el pago respectivo. Tomando en consideración lo anterior, queda evidenciado el hecho de que la ejecutoria de amparo no ha quedado cumplida, dentro del plazo establecido para tal efecto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, no obstante los múltiples requerimientos que se han formulado y las diversas autoridades a las que se ha vinculado con la finalidad de lograrlo. Máxime que de autos se desprende que las diversas autoridades no han llevado a cabo todas y cada una de las acciones necesarias tendentes al cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, pues únicamente se han limitado a informar que se encuentran en espera de que diversas autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas; sin embargo, con ello no queda evidenciado que se agoten todas la medidas que tienen a su alcance para acreditar que la conducta contumaz y omisiva corresponda a diversas autoridades. En consecuencia, en primer lugar, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, como las autoridades responsables: Luz y Fuerza del Centro por conducto de su Liquidador Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (actualmente Instituto de Administración de Bienes y Activos); Titular de la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear de la Secretaría de Energía; y Titular de la Dirección General de Programación y Presupuesto "B" de la Secretaría de Hacienda. No acreditan estar realizando las gestiones necesarias y suficientes para el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se hace efectivo el apercibimiento con el que se les conminó mediante los diversos proveídos donde se les requirió el cumplimiento al fallo protector y se les impone una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México; la que asciende a la cantidad de $12,322.00 (doce mil trescientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), misma que resulta de multiplicar $123.22 (ciento veintitrés pesos 22/100 moneda nacional) cantidad que equivale al salario mínimo general vigente a partir del uno de enero de dos mil veinte, establecido mediante una resolución emitida por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, consultado en la página de Internet www.gob.mx por cien días; la cual deberá hacerse efectiva por conducto de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de México "1", México, una vez que quede firme el presente auto. Por otra parte, toda vez que quedó evidenciado que la ejecutoria no ha sido cumplida en los plazos establecidos para tal efecto en la ley de la materia, pese a los múltiples y constantes requerimientos formulados a diversas autoridades, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo se apertura el incidente de inejecución de sentencia; consecuentemente, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, el cuaderno original del juicio de amparo 777/2010-I, en ocho tomos, para la substanciación del citado incidente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para continuar procurando el cumplimiento de la ejecutoria. Finalmente, se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.
- Incidental
III.- Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintidós de octubre del año en curso, se ordenó la devolución del presente expediente a su lugar de resguardo, una vez que se contara con el acuse de recibo del envío de las constancias solicitadas por el Consejo de la Judicatura Federal, y toda vez que ha acontecido lo anterior, devuélvase el presente sumario constitucional a la Extensión del Centro Archivístico Judicial La Noria, con residencia en Lerma, Estado de México, para los efectos legales a que haya a lugar.
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