Maricela Santamaria Betanzos
Expediente 1015/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/08/2018
Partes del expediente
- Maricela Santamaria Betanzos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dentro del recurso de queja Q.-130/2018, de la que se desprende que el citado tribunal colegiado tuvo a bien resolver: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se desecha la demanda de amparo a que este expediente se refiere." Acuse de recibo En consecuencia, acúsese el recibo correspondiente al oficio de cuenta. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 8 y 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete; gírese el oficio correspondiente vía electrónica. Se ordena el archivo del expediente En vista de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Clasificación del expediente. En cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. ...
- Principal
.. se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, al que adjunta copia certificada del oficio que giró al representante legal de********* Sociedad Anónima de Capital Variable, para que rindiera el informe respecto del sueldo y demás prestaciones que percibe el quejoso, necesario para emitir la resolución interlocutoria de liquidación dentro del juicio natural. Por consiguiente, se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo, sin que se esté en el caso de requerir nuevamente el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, ya que al día de hoy se encuentra transcurriendo el plazo concedido para ello en proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 90 a 92). ..
- Principal
... R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por ********, en contra de los actos que quedaron precisados en el considerando segundo y en términos de los apartados tercero y quinto de este fallo. ...
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha han transcurrido los cinco días que se le otorgó al quejoso **********, para que exhibiera la garantía que se le fijó en la resolución interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida.****************************************En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, deja de surtir sus efectos la medida de suspensión decretada en la resolución interlocutoria de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, hágase del conocimiento lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.47 K (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Reg. 2008029, página: 3040, que a continuación se invoca:****************************************"SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER EX OFFICIO DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. La autoridad de amparo (trátese de Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito), como perito en derecho y rector del procedimiento, tiene el deber ex officio de estar al pendiente del debido cumplimiento de los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo, en relación con la suspensión para, en caso de que el quejoso incumpla el requisito de efectividad consistente en exhibir la garantía fijada, informar a la autoridad responsable, inmediatamente fenecido el plazo de gracia que estableció el legislador (cinco días), que está en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Deber que se justifica, por lo que atañe al amparo judicial civil, en el respeto a la cosa juzgada; el derecho a ejecutar la sentencia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, integrante de la tutela judicial efectiva que tiene la parte vencedora y la protección a su efecto útil, para evitar que la justicia se torne ilusoria, pues sin interés del condenado para suspender la ejecución, ni garantía de los posibles daños y perjuicios que llegaren a producirse si no obtiene un fallo favorable, no existe una razón válida para el mantenimiento de esa situación de hecho. Una interpretación contraria desnaturalizaría el noble propósito que tuvo el legislador al establecer la medida cautelar en mención, puesto que por simple inacción de la autoridad responsable, que como parte del juicio también debe estar al pendiente del procedimiento, la suspensión surtiría sus efectos de facto, esto es, sin ningún requisito legal de por medio, lo que es jurídicamente insostenible."****************************************De igual forma, tiene aplicación la tesis aislada I.15o.A.31 K, Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Reg. 170577, página: 1823, que dice:****************************************"SUSPENSIÓN. EL DERECHO DE EXHIBIR LA GARANTÍA EXIGIDA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS NO SE PIERDE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS FIJADO EN EL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO. Este precepto legal previene que la determinación que concede la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el agraviado no cubre dentro del plazo de cinco días los requisitos que se hayan exigido para suspender el acto reclamado, esto es, los conocidos como de efectividad a que se refieren los artículos 125, 135 y 136 de la Ley de Amparo, que dependen de la naturaleza del acto reclamado y se constituyen por aquellas condiciones que el quejoso debe cumplir para que surta efectos la suspensión, es decir, para que opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias; requisitos que, a diferencia de los de procedencia, se refieren a la generación de los efectos de dicha medida. En esos términos, es posible que se conceda la suspensión por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse cumplido los señalados en la ley para su efectividad; de ahí que no tiene el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues en el primer caso, deja de tener vigencia y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse acatado la condición que se impuso. Por consiguiente, tratándose de la garantía que se requiere para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, si la parte quejosa deja de exhibirla dentro del mencionado plazo, esto no significa que la medida cautelar quede anulada o revocada, sino sólo que no puede surtir sus efectos y que se encuentran expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado. Sobre tales premisas, no debe entenderse que la parte quejosa pierde el derecho de otorgar la garantía requerida una vez transcurridos los cinco días que contempla el artículo 139 de la Ley de Amparo, sino que la medida sólo dejará de surtir efectos y los recobrará cuando se cubra ese requisito exigido para su efectividad....
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