Maricela Samayoa Zavaleta

Expediente 788/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
788/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
09/11/2016

Partes del expediente

  • Maricela Samayoa Zavaleta

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el expediente número 16/2016, con motivo del conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, y el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil, con residencia en la Ciudad de México; en tal virtud, agréguense al cuaderno de antecedentes que se formó en sustitución del expediente principal, el oficio y testimonio de referencia. Acúsese recibo. Hágase saber a las partes que único punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial entre el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, Guerrero y el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. SEGUNDO. Es competente para conocer de la demanda promovida por Maricela Samayoa Zavaleta, el Juez de Distrito en turno en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a quien deberán remitirse los autos por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de México, para que se avoque al conocimiento del asunto. TERCERO. Remítase copia certificada de la presente resolución, a los Jueces Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, Guerrero y Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México para su conocimiento." En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo, fracción I, en relación con el apartado segundo, fracción XX, de dicho acuerdo, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurrido seis meses a partir del presente proveído, aunado a que carece de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, mediante el cual comunica que admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y este órgano jurisdiccional, el cual se registró como Conflicto Competencial 16/2016. Notifíquese

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio número 13323/2016 mediante el cual el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, hace saber que no se aceptó la competencia declinada mediante auto de cinco de agosto del presente año y devuelve el escrito de demanda que dio origen al juicio de amparo 788/2016 del índice de este juzgado de Distrito, promovido por Maricela Samayoa Zavaleta, contra actos del Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil en el Distrito Federal y de otras autoridades; exponiéndose las razones por las que se estima que a dicho órgano no le resulta la competencia para conocer del asunto; acúsese el recibo correspondiente.... Por tanto, con el objeto de que se resuelva lo procedente respecto al conflicto competencial suscitado, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en Chilpancingo, Guerrero a efecto de que determine lo conducente, y en su caso, resuelva a que órgano jurisdiccional compete el conocimiento del presente asunto, en acatamiento al criterio jurisprudencial sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, visible en la página 284, tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:...

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; cinco de agosto de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Maricela Samayoa Zavaleta, por su propio derecho, contra actos del Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil en el Distrito Federal y de otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 788/2016, y fórmese expediente. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la quejosa reclama todo lo actuado dentro del expediente 647/2013, del índice del Juzgado Sexagésimo Tercero de lo civil en el Distrito Federal, teniendo como acto destacado el emplazamiento realizado por el Actuario adscrito al citado Juzgado, en auto del sumario de referencia. Atendiendo a lo anterior, este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, para demostrar lo anterior, es menester traer a contexto lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la transcripción del anterior artículo se desprenden tres hipótesis que determinan cuando es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, las cuales son las siguientes: a) Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de tales jurisdicciones, ante quien se presente la demanda. c) Es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, aquél del lugar donde se presenta la demanda, siempre y cuando el acto reclamado no revista ejecución material. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de garantías un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Una vez precisado lo anterior y atendiendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda, se considera carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, debido a que la promovente señala como acto reclamado todo lo actuado dentro del expediente 647/2013, del índice del Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil en el Distrito Federal, desde la diligencia de emplazamiento, actuación que adjudica al Actuario adscrito a dicho juzgado, sin que designara autoridad alguna que resida en esta ciudad o algún acto que tuviera ejecución dentro de esta jurisdicción; por ello, la competencia para conocer de la presente demanda se fija con base en las reglas de ejecución, dado que del escrito de demanda se advierten datos objetivos que revelan la forma y el lugar en que se ha ejecutado los actos aquí reclamados, por lo tanto, en la especie, resulta que este Juzgado Federal no es legalmente competente por cuestión territorial para conocer de la demanda que nos ocupa. Aunado a que en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha considerado que la ratio legis de las normas que fincan la competencia atendiendo al lugar de ejecución de los actos reclamados, se debe a la facilidad que tendría el juez de Distrito de ese lugar para que la orden de suspensión sea eficiente y se acate sin demora, puesto que en principio, la ejecución del acto reclamado es la que ocasiona el perjuicio que afecta los derechos fundamentales del gobernado y que amerita un remedio inmediato; por lo que, la competencia para conocer de la demanda de amparo, se surte a favor del Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde residen tanto las autoridades que se señaló como responsables ordenadoras y las ejecutoras. En las anotadas condiciones, remítase la demanda con sus copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para que la turne a cualquiera de los Juzgados de Distrito con sede y materia en esa ciudad, a fin de que en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, resuelva dentro de cuarenta y ocho horas, si acepta o no el conocimiento del asunto y acuse el recibo de estilo correspondiente; sin que se decida sobre la suspensión de los actos reclamados porque no se ubican en alguno de los supuestos precisados en el citado numeral antes mencionado. Fórmese cuaderno de antecedentes. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente acuerdo, ya que es obligación de la misma informarse de la situación que guarda su demanda dentro de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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